Esta semana dos noticias captaron mi atención, y las dos tienen que ver con bardas. Por un lado, la Directora del Instituto de Construcción de Escuelas de Coahuila anunció que levantarán bardas perimetrales en 120 escuelas públicas, para “blindar” a nuestros niños de la escalada de violencia que sufre la entidad. Nadie podría estar en contra de esta medida. Las balaceras son tan habituales que ya no basta enseñarle a los niños a tirarse al piso y ponerse a cantar. Sin embargo, no puedo dejar de observar una tendencia que comienza a impactar la estructura física de nuestras ciudades. Vivimos con miedo, y nuestros edificios lo reflejan.

Imagen: Marc Guerrien

En un par de años, mi ciudad se ha llenado de bardas y de rejas. Ahí están las que hoy rodean a los edificios del Congreso y del Tribunal Superior, a la Universidad Autónoma de Coahuila, al Restaurante La Canasta y a la entrada del Kinder del Colegio Ignacio Zaragoza. ¡Hasta la Delegación de la Fiscalía de Coahuila tuvo que amurallarse! Supongo que esta tendencia es todavía más evidente en Torreón, una ciudad que promedió más de dos homicidios diarios en el 2011. Y esta metamorfosis no es exclusiva de comercios, escuelas y oficinas públicas. Tanto en Saltillo como en Torreón las viviendas ubicadas en colonias tradicionales tienden a depreciarse, pues la gente corre hacia la supuesta seguridad que brindan los fraccionamientos cerrados.
La receta parece obvia: “Nosotros adentro, los criminales afuera”. Dado que la calle, la plaza, el parque y la banqueta son irremediablemente peligrosos, concluimos que hay que evitarlos a toda costa. En lugar de pasear en un parque, vamos al centro comercial. En lugar vivir en un barrio, buscamos desarrollos amurallados y con acceso controlado. Alguna vez nos enseñaron a evitar hablar con extraños. A nuestros hijos no les damos ni siquiera la oportunidad.

Consideramos que nuestra seguridad depende de que nuestros destinos sean impenetrables y nuestros trayectos rápidos y sin escalas. Por ello quienes instalan cámaras y alarmas están haciendo el negocio de sus vidas. Por eso quienes levantan bardas no se dan abasto. La ciudad podrá incendiarse, pero no importa, pues nos hemos resignado a que lo que está afuera de nuestro perímetro privado ya no es “nuestro”. Mientras los invasores avanzan y conquistan, nosotros nos atrincheramos en un refugio.
Ya no hay niños jugando en las calles, pedaleando bicicletas y explorando callejones. Ya no existen mecedoras en las puertas de las casas, donde los viejos intercambiaban historias y tomaban el fresco. Muchos no conocemos a nuestros vecinos. Quizás ni siquiera los hemos visto. La incapacidad de nuestras autoridades nos ha convencido de que estar en la calle es estar en peligro. Por ello, antes de salir, verificamos si hay “código rojo”. Por ello viajamos pegados al retrovisor, preocupados de encontrar camionetas sospechosas. Por ello ya no respondemos a un cerrón con gritos y claxonazos. Hasta eso, el miedo nos ha vuelto civilizados. Aprendimos a vivir como presas en un mundo de predadores.
Este texto peca de nostálgico. Si las autoridades están desbordadas, lo racional es modificar nuestros patrones de vida. Sin embargo vale la pena preguntarnos, ¿será cierto que vivir encerrados equivale a vivir más seguros? ¿No sería más efectivo, como sugirió hace tanto Jane Jacobs, multiplicar los ojos en las calles y cuidarnos los unos a los otros?
Curiosamente, las balaceras, persecuciones y arrestos de alto nivel ocurren más frecuentemente en las grandes avenidas y en exclusivos fraccionamientos. La velocidad de las autopistas, y la privacidad y seguridad que ofrecen las altas bardas benefician también a los maleantes. No hay estadística plenamente confiable, pero de 51 balaceras documentadas por los medios impresos en Saltillo, solo un par ha tocado las zonas más céntricas de la ciudad. Mientras tanto, al menos 17 se han concentrado cerca del Boulevard Colosio y de la Carretera a Los González, avenidas flanqueadas por interminables bardas. Compruébelo usted mismo, visitando el sitio www.balaceras.crowdmap.com

¿Donde estaremos más seguros?

¿Aquí?

¿O acá?

Llegamos así a la segunda noticia que captó mi atención recientemente. Resulta que un operativo de la SEDENA, la Policía Federal y la Fiscalía del Estado demostró que las paredes más resguardadas del Estado son más porosas que un queso Gruyere. Fue necesario movilizar a 435 agentes para catear el penal de Saltillo, a pesar de que supuestamente está bajo control de las autoridades. Aún no sabemos que es lo que buscaban, pero sin duda comprobaron el ingreso cotidiano de drogas, alcohol, muebles de lujo y armamento. En otras palabras, si a pesar de bardas, cámaras y guardias los delincuentes meten (¿y sacan?) lo que quieren de la cárcel, ¿que tanta protección ofrecen unas paredes para nuestras escuelas y casas?

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Este video me hizo pensar en el pequeño pero creciente grupo de personas que pudiendo comprar un automóvil toma la decisión de vivir sin auto. Llamémosle moda, compromiso con el medio ambiente, ganas de hacer ejercicio, hipsterismo o simple practicidad, el hecho es que en ciertos contextos urbanos (caracterizados por ejemplo por altas densidades, usos mixtos, superficies con pocas pendientes, buen clima, déficit de estacionamientos y alta congestión), el uso de la bicicleta va en ascenso. En términos de Gladwell, el ciclismo urbano está  cada vez más cerca de alcanzar el “tipping point”, convirtiéndose en una práctica considerada normal por autoridades, automovilistas y ciudadanos en general.

Quizá el estilo de vida mostrado en este video podría escapar pronto de los dibujos animados y convertirse en parte del paisaje diario en la Ciudad:

(Visto en CityFix)

Si bien esta posibilidad es real, lo cierto es que falta mucho para sacar al ciclismo urbano del doble nicho -geográfico y social- en que se encuentra. Vivir sin coche en una ciudad como el DF implica una de dos decisiones:  O limitas tu vida a una zona geográfica reducida (escogiendo estratégicamente la ubicación de tu vivienda, escuela y trabajo, y rezando para que nada cambie), o asumes los costos que implica vivir multi-modalmente.

(Pueden leer el resto del artículo pinchando aquí).

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1 de diciembre, 2011

Distinguido Señor Gobernador,

Darle la bienvenida al Palacio Rosa sería pecar de ingenuidad. Cualquiera que siga la política del Coahuila, sabe bien que usted gobierna desde hace mucho tiempo. Sin embargo vale la pena resaltar que hoy arranca formalmente su sexenio, pues esta fecha tiene implicaciones que trascienden al ritual. A partir de hoy, usted ya no tiene que compartir aplausos con su hermano ni puede responsabilizar de sus decisiones a quien cubrió el interinato. Hoy termina el interludio que permitió al Gobierno Estatal renegociar una deuda mantenida en secreto, validar créditos contratados ilegalmente, incrementar significativamente los impuestos y recortar burocracia y programas sociales sin que usted o su hermano carguen con el costo político. Si bien puede argumentarse que estas medidas fueron necesarias, también fueron inconsistentes con la oferta política que tanto usted como el PRI pusieron a consideración de la ciudadanía.

¿Se acuerda? En el 2009 el PRI-Coahuila (que usted presidía), ofreció en su Plataforma Electoral “fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación del desempeño de los servidores públicos, para evitar la discrecionalidad y el desvío de recursos” (p. 6). En esa misma Plataforma, los candidatos a diputado del PRI se comprometieron a “fortalecer las finanzas estatales con recursos propios sin afectar a la población con más gravámenes” (pg. 58). Hasta el militante más convencido tiene que aceptar que ambas promesas resultaron huecas. No debemos $8 mil millones como registraba Hacienda en Abril, ni $20 mil millones como afirmaban los panistas durante la campaña, ni $34 mil millones considerados en el decreto aprobado por el Congreso en Agosto. El monto real es mayor, todavía se mantiene en secreto, y aún nadie explica de manera contundente a donde fueron a parar los recursos. Y lo que es peor, nuestros Legisladores tuvieron que faltar a su palabra de no incrementar impuestos.

Cuando usted era diputado federal, reaccionó vigorosamente ante una discrepancia similar. En 2010 el Presidente Calderón negoció con el PRI-nacional un incremento al IVA, “para cubrir un boquete fiscal”, y en lugar de aceptarlo usted encabezó una legítima insurrección de legisladores. Lo vimos indignado dando entrevistas, escribiendo artículos, organizando marchas y usando la tribuna para recordarle a prominentes miembros del partido que las promesas de campaña deben cumplirse.

Dado que usted es desde hace tiempo el líder máximo del PRI en Coahuila, ¿por qué no ha mostrado indignación ante la renegociación de la deuda, ante los aumentos de impuestos, ante los recortes a los presupuestos y sobre todo ante la violación de la plataforma del partido? Es difícil imaginar que estas decisiones no le hayan sido consultadas. De hecho, su complacencia sugiere que fueron adoptadas con su beneplácito, y que usted ha podido deslindarse de ellas aprovechando que aún no comenzaba su sexenio.

Afortunadamente ese argumento deja de tener validez el día de hoy.

Usted llega al poder con 700,000 votos, y con una mayoría abrumadora en el Congreso Local. Podríamos afirmar que usted será coronado rey por aclamación, y resignarnos a que el único sistema formal de pesos y contrapesos en el Estado sea el aportado por su consciencia y vocación democrática. Algo similar ocurrió tras la elección de su hermano Humberto hace seis años, quien lamentablemente se dejó llevar por el canto de las sirenas. Sin temor a ser fiscalizados o a perder una elección, los miembros de su equipo relajaron los controles y se arrogaron el derecho a jugar a ser el Rey Midas. Hoy vemos las consecuencias. Si usted es diferente, anticipará este riesgo, y recordará que 440,000 coahuilenses votaron por otras alternativas, aún antes de conocer los detalles de la deuda. A pesar de que estas voces no tendrán debida representación en el Congreso, son una minoría política que merece respeto y atención.

Si usted tiene estatura de estadista, reconocerá que las críticas de quienes hoy se declaran indignados no necesariamente son malintencionadas ni producto de sesudas conspiraciones. Al contrario, representan el incipiente resurgimiento de una ciudadanía que durante demasiado tiempo vivió aletargada por la apatía y la propaganda. Su decepción y molestia es cuando menos entendible.  Ignorar a quienes se manifiestan en las calles, perseguir a quienes han pedido respuestas y expulsar a los militantes que se han atrevido a disentir puede parecer una manera atractiva para demostrar autoridad, pero no disipará las dudas que aún persisten sobre la legitimidad de su llegada a la Gubernatura. ¿Qué recibirá prioridad en su sexenio, Señor Moreira? ¿Proteger el buen nombre de su antecesor, o servir a los coahuilenses que demandan respuestas?

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A partir de enero, el Gobierno cobrará la entrada a los parques públicos en Coahuila. Lo mismo respecto al acceso a los museos: $5 pesos por persona, $10 pesos por familia.

No puede decirse que lo recaudado por está vía será utilizado para pagar el mantenimiento de los parques y museos. A diferencia de la GRAN mayoría de los organismos del Gobierno de Coahuila, ni el Instituto de Cultura (que administra los museos) ni el Instituto del Deporte (que administra los parques) sufrieron un recorte significativo en el nuevo presupuesto. Pueden verificarlo en este comparativo. Los recursos que tenían el año pasado ya eran suficientes para el mantenimiento de sus instalaciones. Es decir, con este nuevo cobro, los usuarios de los parques y de los museos estarán subsidiando otras actividades del gobierno.

¿Alguna idea de cuales?

Vaya despedida del “Gobierno de la Gente”. Mil veces sería preferible cobrar cuota para que la gente que tiene coche use los puentes que cobrar cuota para que la gente (que quiza no tiene coche) use los parques. La cuestión, al final del día, es ideológica. Ya he escrito sobre este tema antes. Si bien nos gustaría subisdiar todas las cosas todo el tiempo, hacerlo es financieramente imposible. ¿Por qué les parece a los diputados más justo y legítimo cobrar por acceder a un parque que por utilizar los puentes? ¿Por qué es la sociedad entera y no solo los usuarios quienes subsidian el uso de estas infraestructuras viales, y por qué tienen que ser solo los usuarios y no la sociedad entera la que paga por mantener nuestros parques?

Hay mucho que criticar respecto al manejo financiero del Gobierno del Estado de Coahuila. La opacidad, la falta de claridad respecto al destino de los recursos, la posible falsificación de documentos, la docilidad del Congreso, etc. Son tantos temas, que el que aquí discuto parece menor. No lo es.

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Cosas que pasan por twitter. En la víspera del Informe de Gobierno de Jorge Torres (6to del sexenio, 1ro de Torres como interino), hice algunos comentarios sobre mis expectativas sobre el mensaje. Torres había declarado que durante este evento despejaría todas las dudas que han rodeado al manejo financiero del estado, incluído el espinoso tema de la renegociación de la deuda y al destino dado a todos esos recursos. Mencioné que sería interesante ver como la narrativa de Torres cuadraría con lo reportado en los últimos cinco informes de gobierno, que dan cifras claras respecto a lo que ya se gastó. Yo había planteado esta pregunta desde septiembre, y había seguido el caso con bastante curiosidad. ¿Cómo le haría el Gobernador para justificar el diferencial en un solo año sin contradecir documentos previamente publicados y presentados al Congreso?

Bueno, el caso es que Salvador Camarena (@salcamarena), vio alguno de estos tweets, y me invitó a participar en su programa tras el Informe. Aquí pueden escuchar el resultado:

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Hoy dedico esta columna a los diputados del Congreso de Coahuila. A Fernando de las Fuentes. A Francisco Tobías. A Enrique Martínez. A todos los que conforman la súper-mayoría que permitió a Humberto Moreira gobernar con holgura. Me dirijo a Ustedes como ciudadano, como representado y en algunos casos como amigo. Se que mis reclamos pueden resultar injustos. Conozco el innegable talento de muchos de ustedes, y las buenas intenciones que habitualmente guían sus acciones. Entiendo que su trabajo es colegiado, y que lo que aprueban no necesariamente refleja sus opiniones personales. Y me queda claro que su margen de acción está limitado por un sistema político cuyas reglas tácitas castigan la curiosidad y la independencia.

Esto no es un ataque personal, sino una crítica respetuosa. No pretendo insultar, sino poner en la mesa una discusión que buena falta hace sobre la fragilidad de la división de poderes en Coahuila. Y es que tengo que ser claro. Esta Legislatura será recordada como la más dócil y cuestionable de nuestra historia moderna.

Los últimos meses fueron de escándalo. Las campañas electorales y la llegada de Humberto Moreira a la política nacional pusieron a Coahuila bajo la lupa. Semana a semana afloran nuevos detalles, evidenciando lo que muchos suponíamos: Las finanzas del Estado fueron devastadas por el exceso y el descontrol. No solo confirmamos que el monto de la deuda creció exponencialmente durante este sexenio, sino además que el Gobierno Estatal nos mintió sistemáticamente sobre su manejo y tamaño.

Resulta que hay deuda por fuera de los libros, que hay deuda contratada con autorizaciones falsificadas y que hay deuda cuyo destino y propósito no está claro. Hubo muchas obras, pero ni de cerca tantas como para justificar más de 140 mil millones recibidos como presupuesto ordinario en el sexenio, más 33 mil millones adicionales en deuda pública. Resulta que hay que cancelar súbitamente programas sociales, desocupar burócratas, subir impuestos y llegar a acuerdos urgentes y poco transparentes con los bancos.

¿Cómo pudo suceder esto? El culpable favorito es Javier Villarreal, el funcionario que hoy nadie defiende. Lo tildan de maldito, de desleal, de irresponsable. Será el diablo mismo, pero parece ridículo pensar que Villarreal actuó solo, como si trabajara desde la estratósfera, sin jefe, sin pares, sin auditores. En todas las democracias existen contrapesos diseñados para evitar o al menos para detectar a tiempo los errores y excesos. Para encontrar que pasó, debemos preguntarnos por qué fallaron estos mecanismos.

¿Quiénes autorizan los presupuestos? ¿Quiénes estiman los ingresos y fijan el destino del gasto? ¿Quiénes reciben, auditan y aprueban las cuentas públicas del gobierno? ¿Quiénes tienen la facultad constitucional de autorizar los endeudamientos del estado? ¿Quiénes deben velar por el cumplimiento de las leyes? ¿Quiénes realizan la glosa de los informes de gobierno? ¿Quiénes cuestionan a los funcionarios del gabinete? ¿Quiénes crearon el SATEC, el súper-ministerio que dirigió Javier Villarreal?

Ustedes, señores diputados. Nuestras leyes les otorgan atribuciones suficientes para prevenir, identificar o detener problemas. El Congreso existe precisamente para evitar que el Ejecutivo se desboque, pero ustedes jamás jalaron las riendas. ¿Por qué no lo hicieron?

Quizá estaban engañados. Como bien declaró el Presidente del Congreso apenas el 5 de agosto, la deuda autorizada formalmente por ustedes ascendía solo a 7,700 millones. ¿Pero que hicieron al descubrir, en fechas recientes, que existen compromisos por 25 mil millones adicionales? No los vi gritar, ni exigir cuentas, ni siquiera plantear preguntas. Se limitaron a aprobar un decreto urgente (pdf), un cheque en blanco que no solo permitió al gobierno negociar un salvavidas de los bancos, sino que además legitimó retroactivamente todos los compromisos adquiridos a espaldas de ustedes mismos. Si en algún momento fueron víctimas, hoy son cómplices.

Diputado Fernando de las Fuentes, Presidente del Congreso (foto: Vanguardia)

Nunca había visto un decreto tan importante ser aprobado con tanta celeridad. ¿Por qué decir “si” antes de conocer montos, plazos, tasas, garantías y consecuencias de los pagos de la deuda? El gobierno firmó un acuerdo con la banca casi al día siguiente de que ustedes aprobaron su decreto. ¿Pero acaso conocieron oportunamente el costo y las condiciones del refinanciamiento? ¿Discutieron los funcionarios alguna opción con ustedes? Aún ahora, ¿tienen copia del acuerdo que comprometerá las finanzas coahuilenses por 20 años?

En las democracias los grandes planes y sus financiamientos son aprobados por el Legislativo antes de que el Ejecutivo se aventure a gastar un centavo. Acá el gobierno gastó por la libre, involucró al Congreso solo para legitimar y tapar los hoyos, y hasta el final negoció con la banca, ya con la soga en el cuello. El orden de los factores si afecta al resultado.

Me indigna su falta de indignación. Entiendo que algunos de ustedes miden cada paso, cuidando no caer de la gracia de sus jefes políticos. Pero no se equivoquen. Están en el Congreso para representarnos a nosotros.

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Veo un póster en una ventana. Es una invitación gubernamental a una “reunión pública” en la que las autoridades presentarán alternativas de obras para un área importante de la ciudad. Existe la posibilidad de replantear una autopista urbana elevada, que durante décadas ha dividido el barrio en dos. Los estudios de impacto de tráfico están listos, el presupuesto está autorizado, y existen al menos tres diseños conceptuales de lo que quedaría en su lugar.

Solo falta una cosa: la opinión de los ciudadanos.

Este tipo de eventos distan de ser la panacea, pero representan un mínimo indispensable. No solo obligan a las autoridades a refinar y clarificar sus argumentos, sino que también funcionan como una invaluable fuente de ideas. “¿Ya consideraron el efecto en las calles vecinas?”, “aquí falta un cruce peatonal”, “¿cuánto cuesta hacer un túnel?”, ¡Podemos construir un parque en el espacio que se recupere!”.

Nunca falta algún asistente que descalifique todo o algún aspecto del proyecto. La sesión ofrece no solo la oportunidad de ventilar estos puntos de vista, sino que permite entender mejor a los intereses que se consideran afectados. Bien manejada, la ocasión puede transformarse en una rara oportunidad de deliberación, detonando una búsqueda conjunta de ajustes y soluciones. Por supuesto que no siempre se puede darle gusto a todos, pero si podría hacerse un esfuerzo honesto y razonable.

La diferencia es que la conversación pública obliga a la justificación mutua. Quién esté a favor o en contra de alguna alternativa debe presentar argumentos que puedan plantearse y defenderse ante los demás. No puedes pararte ahí y decir que el proyecto beneficia a tu compadre o afecta a la empresa de quien contribuyó a tu campaña. Como mínimo, el gobierno debe explicar claramente que se gana y que se pierde con cada opción, y los ciudadanos explican que elementos les gustan, que les disgusta y con que intensidad. Eso ya representa un avance, pues la construcción de consensos es más factible cuando discutimos y planteamos alternativas que cuando anunciamos hechos consumados.

En este caso particular, existen al menos dos grupos de interés. Estarán quienes usan la autopista solo para regresar a sus hogares después de trabajar. Seguramente pedirán mantener una vía de alta velocidad, preferentemente a desnivel, que minimice cruces y semáforos. También estarán los vecinos, cansados de las barreras físicas que generan las estructuras de concreto y molestos porque no pueden cruzar la calle sin largos rodeos. Exigirán que se bajen los límites de velocidad, que haya más accesos locales en la avenida, y que el segundo piso sea sustituido por un boulevard arbolado.

Ambas son preocupaciones legítimas, que ciertamente se contraponen. Dicha tensión puede llevar al abuso (una se impone, sin considerar la otra) o a la parálisis (una riñe tanto con la otra, que no decidimos nada). Sin embargo, este tipo de reuniones puede ayudar para atemperar estos riesgos. Funcionan de manera opuesta a los mítines políticos, donde todos asistentes están previamente de acuerdo. Al contar con la presencia del “otro”, no son los discursos más radicales los que sobresalen, sino aquellos que proponen ajustes o mecanismos de compensación que nos permiten avanzar.

Por supuesto que es posible manipular estas sesiones. Además, no todos tienen los mismos incentivos o recursos para participar, ni la misma elocuencia, ni la misma calidad de información. Sin embargo, incluir el análisis público de alternativas en el proceso de toma de decisiones urbanas ayuda a mejorar la dinámica. No es lo mismo despertar una mañana y encontrar bulldozers trabajando frente a tu puerta, que haber tenido oportunidad de conocer las opciones e incidir en la decisión. De hecho, esa diferencia distingue claramente a las democracias de los regimenes autoritarios.

La sesión que describo se realizó hace días en el área metropolitana de Boston, donde curso mi postgrado. Me hizo pensar en el Aeropuerto de Texcoco, en la supervía en el DF, en la Vía Express en Guadalajara y en el nuevo estadio de los Rayados en Monterrey. Pensé también en los $1,400 millones de pesos gastados en el Megadistribuidor Vial de Saltillo, sin que nunca hayamos discutido públicamente las alternativas. En todos estos casos la cerrazón y la ausencia de diálogo han sido la norma. El gobernante, que tiene todas las respuestas, decide y después nos avisa. Hacerlo puede ser “eficiente”, pero solo si analizamos el tema de forma superficial. Sin deliberación pública perdemos buenas ideas, tiempo, dinero, legitimidad, transparencia y la oportunidad de construir ciudadanía.

Creo que es un buen tema para los politólogos. Tendremos mucho IFE, y elecciones limpias. Pero si juzgamos la transición democrática mexicana a partir de la manera en que nuestros gobiernos deciden el futuro de nuestras ciudades estamos jodidos.

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Aunque los encargados de implementarlos no lo asuman así, en muchas ciudades de México se impulsan, de manera simultánea, dos proyectos contradictorios de desarrollo urbano. Por un lado está la visión de una ciudad “habitable”, relativamente densa, con usos de suelo mixtos. Esa es la ciudad que busca reflejarse en la polis europea, donde los desconocidos se topan en las banquetas y los enamorados se citan en los parques.

En esa ciudad los espacios son más pequeños, pero todo queda más cerca. La arquitectura privilegia los detalles, esos que solo pueden apreciarse a bajas velocidades. Tomar el camión no es indicador de clase social, y moverse en bicicleta no implica arriesgar el pellejo. Los autos no requieren ir a 80 kilómetros por hora, y sus conductores entienden poco a poco que deben adaptarse a la ciudad en lugar de esperar a que la ciudad se adapte a ellos.

Como es una ciudad diseñada para compartirse, los espacios públicos llevan prioridad sobre los privados. Construir altas bardas para proteger las viviendas no resulta indispensable, pues la constante presencia de vecinos y transeúntes representa un mejor disuasivo contra robos y asaltos. Salimos a esas calles a vivir la vida diaria, no solo viajando de un destino a otro, sino además paseando, conviviendo, y disfrutando de las imágenes y sonidos que nos brinda la ciudad.

Por el otro lado está la visión de la ciudad “moderna”. Quienes la defienden aspiran a reproducir aquí las grandes autopistas de Houston, y han declarado con gusto una guerra sin cuartel contra los semáforos. En esa ciudad la modernidad se mide en minutos de viaje, pues de la casa a la escuela, de la escuela al trabajo y del trabajo a la casa no hay más que desagradables minutos de cemento y asfalto que buscamos minimizar a toda costa.

La razón es que la ciudad “moderna”, así entendida, no es más que un conjunto de burbujas. El parque está adentro de la burbuja de mi fraccionamiento. El restaurante adentro de la burbuja de mi centro comercial. Igual pasa con la escuela o el trabajo. Dentro de estos espacios privados nos sentimos cómodos, seguros, felices. Fuera de ellos existe un espacio físico -la ciudad- que ocupamos pero que no sentimos nuestro. Quizá por ello, para movernos de una burbuja a otra, preferimos utilizar el automóvil, que finalmente es otra burbuja.

Quién aspira a la ciudad “moderna” busca principalmente evitar que las burbujas ajenas se encimen sobre las suyas. El Estado que compra este discurso transforma aquel objetivo en programa de gobierno: Promueve la urbanización de las periferias, levanta vías de alta velocidad y garantiza una sobreoferta de estacionamientos. Pronto tenemos espacios más amplios, pero ubicados más y más lejos, en sitios que nos vuelven dependientes en la movilidad privada.

Son dos ciudades distintas las que resultan de estas visiones contradictorias, como distintas son las políticas públicas necesarias para implementar cualquiera de ellas. Independientemente del tipo de ciudad que prefiramos de manera individual, lo cierto es que promover las dos visiones de manera simultánea es cuando menos problemático, pues las acciones tomadas en un sentido tienden a hacer menos efectivas a las acciones tomadas en contrario.

Hay pasos peatonales, ¿pero cuantos de ustedes cruzarían por gusto a pie una avenida como el Periférico del DF? ¿Cuántos estudiantes recorrerán en bicicleta los 13 kilómetros que separan a Saltillo de la nueva Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila, a pesar de la nueva ciclovía? ¿Cuántos de ustedes pasean con sus hijos en sus colonias, no durante la notable excepcionalidad de las “Rutas Recreativas” que organizan algunas ciudades el domingo, sino de manera cotidiana?

En efecto, en muchas de nuestras urbes hace falta una discusión abierta y plural sobre el tipo de ciudad que desean sus habitantes. Es indispensable alinear la política urbana de los Gobiernos Estatales, que frecuentemente tienen el presupuesto y el control fáctico de la agenda, con la de los Municipios, que no solo tienen la responsabilidad sobre la ciudad, sino también el contacto más cercano con los sueños y aspiraciones de los vecinos. Impulsar dos proyectos contradictorios de desarrollo de forma simultánea no es más que cultivar la esquizofrenia urbana, un camino claro para que los mejores proyectos den resultados desalentadores.

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(Una versión de este artículo, ajustada para Saltillo, apareció publicada en el Periódico Vanguardia)

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(Publicado en Vanguardia el 25 de agosto, 2011)

Terminó la bacanal. La música ya no suena, no queda vino en las botellas y la mayoría de las mujeres y hombres que participaron han perdido su vigor. Exhaustos, los selectos invitados comienzan a despertar del trance. Lo que sucedió a puerta cerrada, durante casi seis años, fue una verdadera orgía, en la que todo se permitió. Los invitados pudieron gritar, bailar, beber y amar sin límite. Tomaron para sí mismos todo aquello que desearon, y mientras lo hicieron, recibieron tantos vítores y aplausos que quedaron convencidos de que el placer era parte de su destino manifiesto.

Muchos de los invitados a la fiesta eran hombres buenos. Los hemos visto, y platicado con ellos. Algunos son ciudadanos comprometidos con nuestras ciudades,  seguramente con futuros promisorios. Pero un día recibieron la invitación para formar parte del círculo rojo. Cruzaron la puerta y lentamente se quitaron la venda. Quizá se sorprendieron, pues el gran proyecto social que defendían no corresponde a la orgía que pudieron atestiguar. Tomaron una copa, pensando que hacer, y luego tomaron dos. Algunos de ellos concluyeron que podrían limpiar la casa por dentro, que podrían convencer al resto de que la degeneración de la pachanga traería un costo para todos. Pero no pudieron -o no quisieron- navegar contra la corriente. Quizá tomaron una tercera copa, y les gustó la música. O quizá calcularon que el costo de salir a la calle y hablar fuerte sobre lo que sucedía adentro de la casa sería demasiado alto.

El caso es que flotaron con el resto. Asumieron que las cosas así son, que la moral es un árbol que da moras, y que quien pierde la vergüenza no sabe lo que gana.  Probablemente concluyeron que solo un loco dejaría pasar la oportunidad de participar en la fiesta del siglo. Algunos hicieron negocios, otros conquistaron puestos públicos. Mejor adentro que afuera, mejor protegido que en la intemperie, mejor violador que violado. Se sintieron intocables, y al menos durante los últimos seis años lo han sido.

Pero poco a poco despiertan y miran a su alrededor. La bacanal ha terminado. Muebles rotos, ventanas quebradas, cuerpos cubiertos de vomito ajeno. Desde afuera les piden cuentas, pues el secreto de la orgía se ha hecho público. La pasión con la que defendían el proyecto del anfitrión es cada vez menos vigorosa, y quizá solo sostenida por el miedo a que los señalen como cómplices. Lo cierto es que muchos tomaron del vino y comieron del banquete que les pusieron enfrente. Hoy les palpita la cabeza, les duele el cuerpo entero, sienten la garganta seca.

Se encuentran ante una encrucijada. Aceptar que sucedió la orgía es validar a los críticos, diciendo que en efecto fueron desordenados, opacos, irresponsables, cínicos o timoratos. Por eso ahora tratan de limpiar la casa con el mayor sigilo. Su esperanza es que la gente mire hacia otro lado, olvidando el episodio. Hoy recortan el gasto, reorganizan la contabilidad, renegocian las deudas. Han seleccionado un par de chivos expiatorios, y parecen listos para crucificarlos en caso necesario.

Unos sonríen como si hubiesen olvidado todo, como si no hubieran visto nada. Otros disparan argumentos simplones a la menor provocación: “se hicieron muchas cosas buenas”, “el jefe es un hombre sensible”, “el gobierno federal anda peor”, “es un perverso ataque”, “las obras están a la vista”.

Pero los vecinos sabemos lo que pasó. Aquí hubo una fiesta, y una fiesta en grande. Algunos ya revisamos las cuentas, y hemos comprobado que los números no cuadran. Basta revisar los informes de gobierno para verificar que la deuda que contrajeron a nombre de nuestros hijos y de nuestros nietos es mucho mayor al costo de todas las cosas buenas que hicieron en los últimos años. Que nadie lo dude: Nos endeudaron para pagar su borrachera.

Me pregunto que más tendría que suceder para que los miembros de mi generación de priístas coahuilenses tomen distancia y cuestionen seriamente a nuestros líderes. ¿Dónde están las voces críticas en ese partido supuestamente democrático? ¿Qué dicen los diputados y los jóvenes funcionarios de la evidente bacanal? ¿En qué momento hipotecaron su libertad, su capacidad crítica, su idealismo y sus valores? ¿Cuándo se volvieron tan ambiciosos que dejaron de distinguir entre lealtad y complicidad? ¿Son víctimas que apenas se dan cuenta del desastre que facilitaron, o colaboradores concientes de que para avanzar sus carreras políticas y empresariales había que someterse y callar?

No lo sé. Lo único claro es que la bacanal ha terminado, y que tanto los funcionarios que entregan como los que reciben tendrán mucho que explicar.

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(Publicado en Vanguardia el 11 de agosto, 2011)

Coahuila no sabe a cuanto asciende su deuda pública. Hacienda dice que debemos $32 mil millones. El titular del SATEC reconoce $22 mil. Las calificadoras Fitch y Standard and Poors prendieron los focos rojos hace meses, estimando la deuda pública del Estado en $14 mil millones y cuestionando la opacidad de su manejo. El Presidente del Congreso, aquel órgano encargado de autorizar el presupuesto y vigilar las cuentas, conoce solamente de $8 mil, mientras que los panistas denunciaron que créditos por al menos $3 mil millones adicionales fueron contratados por el Gobierno con documentos falsos.

Mientras tanto el Gobernador interino, que antes fue Tesorero, no ha validado una cifra específica. En sus declaraciones se ha limitado a explicar que el monto del endeudamiento es “correctamente manejable”. Quizá así sea, pero no podemos estar seguros porque nadie ha clarificado con exactitud y contundencia cuanto debe Coahuila. Por lo pronto, lo único que sabemos es que debemos mucho y que nunca habíamos debido tanto.

Los efectos se perciben cada vez con mayor fuerza. Hay proveedores que no han logrado cobrar sus servicios al Gobierno. Los bancos están nerviosos. Existen rumores crecientes de recortes en la nómina gubernamental. Los programas estrella del Gobierno en turno están siendo acotados o condicionados -como sucedió con el programa de los “uniformes de la gente”-, o de plano cancelados -como pasó con las “tarjetas del hogar”. Y algunos otros compromisos quedan en el aire, como la entrega de las 100,000 computadoras personales que el entonces Gobernador Moreira prometió -sin nunca cumplirles- a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila y a los profesores del SNTE.

Dado el manejo atípico de la contabilidad gubernamental en este sexenio, transformar al “Gobierno de la Gente” en el “Gobierno del Orden” será una tarea complicada y dolorosa. De no ser por la identidad partidista pero sobre todo por la cercanía filial que une a Rubén con Humberto la entrega sería políticamente sangrienta. ¿Quién en su sano juicio recibiría la Secretaría de Finanzas sin chistar? ¿Cuántos asuntos, cuantos problemas, que seguramente rayarán en la línea de lo que no es ético y no es legal tendrán que resolverse lejos de la luz pública para no afectar el legado de quienes entregan?

Hace apenas seis años, la entrega de las finanzas gubernamentales detonó un importante debate público. El entonces Gobernador Enrique Martínez presumió haber dejado la casa en orden, y con deuda cero. No pasaron muchos días después del cambio de administración para que el Moreirismo disputara esos números. El encabezado a ocho columnas del Periódico Vanguardia el día 13 de diciembre de 2005 fue implacable: “Destapan deuda de EMM”. La nota describe como Jorge Torres, recién designado por Humberto Moreira como Tesorero, presentó un informe al Congreso en el que desmentía la existencia de la “deuda cero”. Resulta que al llegar encontró $523 millones de pesos pendientes de pago a proveedores. ¡Qué barbaridad!

Allá en 2005, cuando deber millones era más escandaloso que deber miles de millones

¿Qué habría dicho Jorge Torres en el 2005 si al recibir su oficina hubiese encontrado adeudos por $32,000 millones de pesos en lugar de cuentas por pagar por solo $523 mdp? ¿Habría dicho, como dice ahora, que tal nivel de deuda es “correctamente manejable”? ¿Y por qué ahora que es Gobernador no instruye a su Tesorero acudir al Congreso a presentar un informe igual al que el mismo presentó en el 2005?

Si el Gobernador Interino estuviese comprometido con la transparencia y con la rendición de cuentas podría hacerlo, pues existen argumentos para defender el endeudamiento del sexenio que termina. Podría dar un número concreto y detallar que obras se hicieron con los recursos, cuál será la afectación al margen de acción del próximo gobierno y que providencias “correctas” se están tomando para “manejar” el adeudo.

Al no hacerlo, el Gobernador está permitiendo que crezca la suspicacia. Si no da un número, creeremos que los $32,000 millones es la cifra correcta y si no detalla puntualmente el destino de los recursos, nos obliga a hacer cálculos de servilleta en los que el Gobierno no queda bien parado. Por ejemplo, los puentes en Saltillo, incluyendo el “Mega Distribuidor Vial”, representan una inversión total aproximada de $4,000 millones de pesos. Asumiendo que cada una de las cinco regiones del estado tuvieron una inyección de recursos similar, ¿dónde quedó el resto?

Jorge Torres pasó en seis años de ser el funcionario que “destapó la deuda de Enrique Martínez” a ser quien “tapó la deuda de Humberto Moreira”. Supongo que alguien deberá premiarle su lealtad. Ojala no lo castiguen regresándolo a Finanzas.

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