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11 Apr
2013

Este blog está vivo

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Está vivo pero sin duda un poco descuidado. O un mucho. He estado ocupado escribiendo mi disertación, y preparando el proyecto que me ocupará una vez que me gradúe. Ya les platicaré los detalles. Por supuesto, sigo tuiteando y publicando mi columna quincenal en Vanguardia, Animal Político y El Siglo de Torreón. El archivo de estas columnas está acá. Pueden encontrar textos nuevos cada dos jueves en las páginas web de dichos medios.

Si les interesa recibir mis columnas editoriales por correo electrónico, pueden suscribirse aquí.

 

2 Aug
2012

Londres, más allá de las medallas

Planeacion Urbana

La inauguración de los Juegos Olímpicos fue estupenda y las instalaciones donde los atletas se disputan la gloria lucen majestuosas. El tiempo, dedicación y sobre todo los $14.5 billones de dólares invertidos por el gobierno británico para organizar estos Juegos pueden apreciarse con facilidad. Sin embargo, ¿es una buena idea gastar tanto dinero en un evento que dura solo un par de semanas? ¿Qué queda para la sede tras los Juegos? ¿Infraestructura de clase mundial y una economía inyectada con esteroides o mega-obras semi-abandonadas y ciudades coqueteando con la bancarrota?

La lista de elefantes blancos en las ciudades Olímpicas es larga. El imponente Nido de Pájaro y el impactante Cubo de Agua de Beijing casi no se utilizan y muchas de las instalaciones olímpicas de Atenas están cerradas y en ruinas. La ciudad de Barcelona recién terminó de pagar su deuda de $6 billones de dólares contraída para organizar los Juegos de 1992.

Para que la inversión se justifique, los beneficios de este tipo de eventos deberían ir más allá del sentimiento de orgullo nacional que siembran entre la población. Lo habitual es argumentar que ser sede sirve para detonar actividad económica y para acelerar la construcción de infraestructura. Sin embargo, la evidencia muestra que aún tras contabilizar estos beneficios el saldo neto no siempre es positivo, sobre todo al utilizar horizontes más largos de tiempo. Según ha documentado Andrew Zimbalist, autor del International Handbook on the Economics of Mega Sporting Events y de una decena de libros sobre la economía del deporte profesional, la competencia por ganar la sede olímpica es capturada habitualmente por intereses privados que llevan a prometer mucho más de lo que las ciudades pueden y deben costear. Según sostiene Zimbalist, hay suficientes razones para concluir que ser sede de unos juegos olímpicos representa una “estrategia perdedora”.

 


Para enfrentar esta crítica, los organizadores de estos eventos deben entender y evaluar estas oportunidades como un instrumento y no como un fin en si mismos. Dado que durante una breve ventana de tiempo confluyen intereses privados y voluntad política suficientes para hacer grandes transformaciones en la ciudad sede, es preciso hacer un esfuerzo concertado por orientar parte significativa de esta energía hacia proyectos que trasciendan lo eminentemente deportivo.

Creo que Londres así lo entendió. No es casual que Ricky Burdett, Consejero de Desarrollo Urbano del Comité Organizador de Londres 2012, sostenga desde hace varios años que el objetivo esencial de estos Juegos Olímpicos es

“construir un pedazo de ciudad”.

 


 

(Por cierto, acá hay una entrevista de Burdett en Español)

El Plan puesto en marcha efectivamente va en esa dirección. Mirenlo ustedes mismos. El sitio seleccionado para las competencias está en una zona subutilizada y socialmente segregada del este de Londres, cuya revitalización sería lenta y quizás imposible sin un evento focalizador como los Juegos Olímpicos. Tras el evento, este distrito contará con un parque de 226 hectáreas y acceso directo a la extensa red de metro de la ciudad. Para minimizar el síndrome del “elefante blanco”, serán retirados 20,000 asientos del Estadio Olímpico, y podrían retirarse más si no fructifican los esfuerzos en marcha para encontrarle inquilino permanente. Otras instalaciones deportivas, como el centro acuático, serán transformadas en escuelas, bibliotecas y centros para artes. Este proceso es conducido por la “Corporación para el Desarrollo del Legado de Londres 2012”, un organismo público establecido por el alcalde, cuyos planes incluyen la construcción de cinco nuevos barrios en la zona, con capacidad para 11,000 viviendas y 91,000 metros cuadrados para desarrollo comercial.

Según Burdett, la intención es

“detonar algo tan fuerte que dentro de treinta años podamos mirar hacia atrás y concluir que sin los Juegos del 2012, no habría tanta gente viviendo en esta parte de Londres”.

En otras palabras, la promesa de los organizadores trasciende al éxito deportivo. Las medallas no estorban, pero el verdadero reto explícitamente planteado es utilizar los Juegos como excusa útil para dejar un Londres más habitable, más bello, más verde y menos segregado. Solo el tiempo dirá si la apuesta fue efectiva, pero el comentario es relevante pues establece una nueva métrica para evaluar la organización de justas deportivas internacionales.

¿Cómo cambió Guadalajara, por ejemplo, tras más de $5,500 millones de pesos invertidos por el gobierno mexicano en la organización de los Juegos Panamericanos 2011? ¿Cuál es la oferta para los tapatíos asociada con la postulación de su ciudad para organizar los Juegos Olímpicos Juveniles de 2018? ¿Cuál será el “legado” urbano de las Olimpiadas de Río de Janeiro en el 2016?

(Por cierto, la promesa olímpica de Río no pinta mal…)

Una posible lección de Londres es que el éxito de estos eventos no puede medirse solo por el glamour de las inauguraciones, por el número de medallas obtenidas por atletas locales, o por una lista de inversiones inconexas en infraestructura. Para que el esfuerzo realmente valga la pena, es preciso demostrar que la organización del evento permite generar consensos y atraer recursos necesarios para dejar una mejor ciudad… aún cuando el pebetero se extinga y el mundo encuentre nuevas distracciones.

Twitter: @oneflores

22 Jul
2012

Para mejorar el transporte público

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Uno de los problemas que complica la planeación y regulación del transporte público en nuestras ciudades es la asimetría de información entre concesionarios y autoridades. El Gobierno establece formalmente las rutas, las frecuencias y la calidad de los autobuses que circulan por las calles, pero en la práctica los concesionarios toman las decisiones. Si un concesionario descubre una zona con demanda no satisfecha, extiende sus recorridos. Si un propietario de autobuses determina que en las horas valle no levanta suficiente pasaje, sacará temporalmente sus unidades de circulación. ¿Han visto como los chóferes aceleran en algunos tramos, para después detenerse largos periodos en una parada? Lo que hacen es calibrar su lugar dentro de la ruta, para ganarle pasaje al de adelante, o para quitárselo al de atrás.

El gobierno solo se entera de esto cuando ya sucedió. Algunos creen que existe una oficina llena de expertos que planifica y gobierna el sistema, y que los planes y normas que produce simplemente se cumplen. Ocurre lo contrario. En la mayoría de las ciudades de México el sistema de transporte público crece y se desarrolla de forma orgánica, y la intervención del gobierno se limita a buscar ajustes marginales.

En teoría la autoridad vigila que sus estándares se cumplan, pero en realidad buena parte del sistema se auto-regula. Cuando una ruta extiende sus recorridos, detona conflictos con las rutas vecinas. Cuando un chofer canibaliza el pasaje ajeno, incita pleitos con sus compañeros. La autoridad entra solamente como arbitro de última instancia. Primero se pelea la tropa y después platican los líderes. Solo cuando no llegan a un acuerdo el gobierno interviene para dirimir el conflicto.

Nuestros gobiernos no planifican el sistema de transporte público, simplemente evitan que la explotación del servicio se convierta en una zona de guerra.  Basta ver el perfil de quienes trabajan en las secretarías de transporte o en los departamentos de servicios concesionados de los estados y municipios. Hay más políticos que técnicos, más negociadores que ingenieros. Los aspectos más relevantes se resuelven con amenazas de paros y con “mesas de negociación” y no con sofisticados modelos de generación y distribución de viajes.

Esta forma de operar beneficia a los líderes del transporte que encuentran como maximizar sus utilidades. Sin embargo el sistema que resulta no protege los intereses de los usuarios y de la ciudadanía. Cuando circulan demasiadas unidades, las utilidades bajan y los concesionarios invierten menos en mantenimiento. Cuando los derroteros se definen orgánicamente, el usuario sufre recorridos tortuosos que incrementan sus tiempos de viaje. Una parte de la congestión urbana es producto de los cientos de autobuses empalmados en los recorridos más rentables. Igualmente, la falta de servicio en las zonas más alejadas o en los horarios nocturnos tiene que ver con la reticencia de los concesionarios a incrementar las oferta de autobuses donde hay menor demanda.

El gobierno no sabe con exactitud cuanto pasaje levanta cada ruta, cuántos vehículos están circulando o cuanto cuesta operar y mantener cada camión. En el mejor de los casos tiene estimaciones, que solo actualiza ocasionalmente. Tampoco sabe quien exactamente está tras el volante, o si las unidades cuentan con pólizas de seguros vigentes y mantenimientos actualizados. Tiene padrones y bitácoras proporcionadas por los concesionarios, pero poca capacidad para validarlos.

Por sistema, el concesionario tiene información más certera y oportuna que las autoridades. ¿Adivinen quien cuenta con mejores argumentos cada vez que hay una negociación sobre la tarifa o algún plan para hacer cambios al sistema?

Hace algunas semanas ocurrió un trágico accidente que resume lo anterior. Un microbús chocó en la Ciudad de México, causando la muerte de siete pasajeros. La investigación reveló que la unidad no tenía seguro, que no recibía mantenimiento, y que el chofer no estaba registrado ni capacitado. Pasaron varios días antes de que las autoridades supieran quien era el concesionario responsable. Tras el escándalo, el gobierno optó por cancelar la concesión, una decisión dura, atípica y muy positiva. Sin embargo ahí está, reflejado en todo su esplendor, lo más que podemos esperar un gobierno condenado a actuar reactivamente.

Fuente: Reforma

Para mejorar el transporte público debemos cerrar gradualmente esta asimetría de información. Solo podemos evaluar lo que medimos, y solo podemos mejorar lo que evaluamos. La próxima vez que nos anuncien una reforma al sistema de transporte público, debemos mirar más allá de los camiones nuevos y de los logotipos bonitos. Al final lo que importa es que el esquema propuesto fortalezca a la autoridad y al usuario frente al concesionario.

22 Jul
2012

Del automovilista víctima al automovilista victimario

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Frecuentemente encuentro discusiones donde el problema del tráfico es planteado desde la perspectiva del automovilista. Estas discusiones habitualmente comienzan con la narrativa de un embotellamiento: “En el trayecto de A a B, que habitualmente demora 20 minutos, ¡tardé una hora!”. Después de intercambiar miradas que reclaman compasión y comprensión, los quejosos pasan a una etapa de diagnóstico. “Las vías son muy angostas”… “los camiones avanzan muy lento”… “los peatones cruzan por donde les da su gana”. Siempre hay una prescripción como corolario, porque como bien dijo Anthony Downs, la congestión urbana es uno de los pocos problemas técnicos donde TODO el mundo se asume como experto. “Necesitamos otro segundo piso”… “que no permitan el ingreso del transporte público a esta vía”… “eliminen esos engorrosos ciclo-carriles”… “pongan rejas en los camellones y manden a los peatones por un puente”.

Curiosamente, ni el problema ni la solución típicamente planteada por el automovilista-víctima reconoce que cada automovilista es también victimario. Particularmente quienes viajan solos son más culpables que los inevitables peatones, que los intransigentes ciclistas, que los tercos usuarios del transporte público, y que los odiados microbuseros… y sin embargo su discurso es de víctimas: “Arreglen SU desastre, para que YO pueda disfrutar la ciudad SIN modificar MI comportamiento”.  

Lo cierto es que, lamentablemente, la única manera de reducir el creciente nivel de congestión en nuestras ciudades es utilizar menos el coche. Piénsenlo. Actualmente tenemos aproximadamente 300-400 automóviles por cada mil habitantes, y nuestras calles están saturadas, o próximas a estarlo. ¿Qué pasará en un par de décadas, cuando seguramente llegaremos a niveles que aproximen los 600-700 autos por 1000 habitantes? ¿Qué pasará si somos exitosos, y alcanzamos el nivel de desarrollo de las grandes economías, que ya tienen 900 autos/mil habitantes? El ingreso per cápita va creciendo, los precios de los autos siguen bajando, continuamos subsidiando el auto (ahem… tenencia, ahem… gasolina) y estamos todavía muy lejos del fenómeno conocido como “peak car” (¿cúspide automotriz?). ¿En serio estamos dispuestos a triplicar nuestra infraestructura vial solo para mantener el nivel de congestión que sufrimos hoy?

La discusión sobre este tema es complicada, pues requiere pensar en horizontes de más largo plazo, y considerar alternativas todavía inimaginables por ser notoriamente inferiores.  ¿Caminar con estas banquetas, entre toda esta inseguridad? ¿Subirse a uno de esos camiones que nunca pasan, y que cuando pasan pasan llenos? Pffft. Hoy por hoy, lo racional es esconderse en una burbuja con llantas, encender el radio y mentar madres hasta tu destino. Para lograr que un número importante de citadinos reduzca su dependencia en el automóvil hace falta una combinación de fuertes inversiones públicas y nuevas reglas, que hagan mucho mucho más cómodo, confiable y seguro el transporte público (y la movilidad no motorizada) y que comuniquen (vía precio) el tremendo costo social del uso privado del automóvil.

Lograr el respaldo político necesario para avanzar esta agenda, en una democracia competitiva, requiere de un SERIO esfuerzo de evangelización. Hay que convencer con argumentos, con ejemplos, con paciencia. Hay que convencer a los vecinos, y también a los comunicadores y políticos que habitualmente viajan en coche, que este problema no puede resolverse a partir de la perspectiva del automovilista-víctima. Esa perspectiva atrae simpatía, y quizá votos. Pero transformada en política pública NO resuelve mucho.

Creo que esta entrevista de Juan Carlos Muñoz, Profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director del centro en el que colaboro, es un extraordinario ejemplo de como cambiar los términos del debate. Vean como el entrevistador, durante el primer minuto, plantea el problema desde la perspectiva del automovilista-víctima. El mundo conspira en su contra para que el llegue tarde. Así es como comienzan las pláticas de café, las discusiones en los medios, y los debates entre futuros gobernantes. Aceptar esta premisa como eje de la discusión implica condenarnos a una hoja de ruta que no hará sino profundizar el problema. El reto de los especialistas, activistas y políticos progresistas es lograr (como creo que logra Juan Carlos) que quienes asumen un rol de víctimas comiencen a reconocer que también juegan un rol como victimarios.

Vean la entrevista completa. Igual y los convence.

“Lo que quiero es que tú, cuando estés en el auto, mires el bus y digas… ‘el bus es más rápido’, y no que digas ‘el bus no solamente va a la misma velocidad que yo, sino que además para a cada rato y está lleno’. ¿Cómo se hace esto? Priorizando el transporte público para que sea atractivo para los automovilistas.” (min 6:20)

“Es importante que el automovilista sienta y vea, cuando tiene que elegir la diferencia entre viajar en bus o viajar en automóvil, el costo que tiene viajar en automóvil, y el costo que le representa a los demás. Cuando usted dice, ‘oye, estoy en un taco (embotellamiento)’, uno debiera decir ‘SOY el taco’. Porque el automovilista no ESTA en el taco, sino que ES el taco. Es el quien está causando que toda la gente que viene atrás llegue más tarde a su destino.” (min 14:20)

@oneflores

23 Mar
2012

Dar vuelta a la página (de la deuda de Coahuila)

Animal Político, Coahuila, Vanguardia

(Esta es una versión más extensa del editorial que me publicó ayer El Siglo de Torreón y el Vanguardia de Saltillo, con ligas a los documentos originales que cité. También fue publicado en AnimalPolitico.com)

En Septiembre de 2011 el Gobernador y los acreedores del Estado de Coahuila acordaron el refinanciamiento de la deuda pública de la entidad. Al final, una deuda de $33,700 millones de pesos, incluida la contratada sin debida autorización del Congreso, quedó consolidada en 23 nuevos créditos obtenidos de 9 bancos. Tanto el entonces Gobernador como el Presidente de la Asociación de Bancos de México se congratularon por el resultado, declarando que la negociación “fue acorde a las expectativas e intereses de cada una de las partes”.

Desde entonces el debate sobre la deuda de Coahuila se ha normalizado. Con esto quiero decir que al menos para los funcionarios públicos coahuilenses, el tema ya no es más que parte del paisaje. Debemos mucho, sí, pero “la deuda es legal” (aunque solo sea legal porque fue legalizada). Hay funcionarios prófugos por la contratación de algunos de los créditos originales, pero “ese tema atañe a los individuos involucrados y no a las instituciones”. Aún desconocemos en que se gastó el dinero, pero ya es tiempo de “darle la vuelta a la página”. Tras meses de escándalo, el discurso oficial sobre la mega-deuda en Coahuila se reduce a lo siguiente: Los diputados locales autorizaron la renegociación, los bancos accedieron, y tenemos para pagar. Todo lo demás es intrascendente.

Aparentemente para demostrar que no hay nada que esconder (o confiando en que el hecho pasaría desapercibido), la Secretaría de Finanzas publicó hace un par de semanas los 23 contratos de crédito en su página de internet. Estos contratos permiten conocer por fin los compromisos de política fiscal asumidos por la entidad, así como los plazos, intereses y comisiones acordadas. Algunos de estos documentos hacen referencia a los honorarios pagados a los asesores legales y financieros, y a las penalizaciones debidas a los bancos por el “rompimiento” de compromisos previamente pactados.

Esta información es indispensable para dimensionar la situación financiera de un estado que apenas despierta de un sexenio de excesos y descontrol. Tras considerar amortizaciones de capital, intereses, comisiones, honorarios y penalizaciones, los coahuilenses pagaremos aproximadamente $61,800 millones de pesos por los $33,700 millones que nos prestaron. Es decir, al término de veinte años, habremos pagado $1.83 por cada peso refinanciado. Tan solo en el 2014, primer año después de vencido el periodo de gracia, Coahuila deberá dedicar un aproximado de $4300 millones de pesos al servicio de su deuda, monto superior al costo de todos los puentes y pasos a desnivel construidos en Saltillo durante el sexenio de Humberto Moreira.

(Si están interesados en saber como saqué estos cálculos, pueden revisar este archivo de excel).

Solamente en comisiones bancarias, el Gobierno de Coahuila se comprometió a pagar $1,027 millones de pesos. La mayor parte de estas comisiones fueron para Multiva, que cobró $280 millones de pesos (el 5.7% de lo que le prestó a Coahuila) “por estructuración”, además de una importante anualidad sobre saldos insolutos. En 2012, la anualidad pagada a Multiva representó $62 millones de pesos, y en caso de que este crédito no se liquide anticipadamente, Coahuila terminará pagando a este banco un total de $638 millones de pesos en comisiones por “anualidades”.

Contrato de Crédito con Multiva, pg 15.

Otro banco, Interacciones, cobró $848 millones de pesos por el “rompimiento” de compromisos previamente pactados, ¡más de lo que Coahuila presupuestó en 2012 para los sueldos de su personal dedicado a la seguridad pública!

Cuéntenle los ceros al pago por "rompimiento de fondeo"...

Además del costo del refinanciamiento, destacan en los contratos una serie de compromisos que limitan seriamente el margen de acción del Estado. A pesar de lo declarado previamente por el Secretario de Finanzas, el Gobierno del Estado ya no puede eliminar o bajar la tasa del Impuesto sobre Nómina, ni incrementar más allá del mínimo legal las transferencias de recursos federales a los municipios. Hoy Coahuila no puede renunciar al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y requiere autorización de sus acreedores para adquirir nuevos financiamientos. Si el Estado vende o bursatiliza alguno de sus activos, debe dedicar 30% de los ingresos recibidos a pagar la deuda. Y si alguna autoridad retira, suspende, modifica o deshecha cualquier autorización necesaria para el cumplimiento de los compromisos, el total del crédito se vuelve inmediatamente exigible.

Los bancos legislaron por contrato, y quedaron vacunados contra cualquier supuesto que pudiera afectarles. Para muestra esta cláusula (click para agrandar):

En cambio, la salud financiera del Estado se sostiene con alfileres. Si decrecen las participaciones federales, si incrementan las tasas de interés, o si aumentan los compromisos de gasto (por ejemplo, ante una nueva catástrofe natural), el Gobierno de Coahuila enfrentará una severa contingencia financiera. De hecho, aún bajo las condiciones actuales, el Gobierno difícilmente podrá soportar los compromisos adquiridos sin recurrir pronto a una nueva renegociación.

Los contratos narran una historia de profunda desconfianza de los banqueros hacia nuestras autoridades, seguramente informada por años de mentiras y desorden. Pintan de cuerpo entero a un Gobierno minimizado y francamente arrinconado por acreedores dispuestos a vender caro su amor. Si la deuda fue contratada de forma responsable y con el interés del Estado en mente, ¿por qué hubo que refinanciar apenas un par de años después con tanta urgencia, a un costo tan alto y aceptando condiciones tan desfavorables? Si el refinanciamiento cumplió “con las expectativas e intereses de cada una de las partes”, ¿por qué queda un sabor de boca tan terrible al leer con detenimiento los contratos?

Pocos en Coahuila conocen las respuestas… y curiosamente son los mismos que le piden a la ciudadanía olvidar y dar vuelta a la página.

@oneflores

 

Actualización:

Al terminar de escribir este artículo, alguien me alertó por twitter que los contratos ya no están disponibles al público. Ahora solo aparece la siguiente nota:

Chale. Ya le dieron vuelta a la página.

 

8 Mar
2012

¿Cuánto le pagamos a los medios?

Animal Político, Coahuila, Vanguardia

(Esta es una versión más extensa del editorial que me publicó hoy El Siglo de Torreón y el Vanguardia de Saltillo, con ligas a los documentos originales que cité. También fue publicado ayer en AnimalPolitico.com)

El Gobierno de Oaxaca gastó el año pasado $164 millones de pesos en publicidad oficial. $71 millones fueron pagados a 27 periódicos, incluidos $10 mdp para el “Noticias”, principal diario de su ciudad capital. Los oaxaqueños pagaron $47 millones a 8 canales de televisión, incluidos $26 mdp a Televisa y $12 mdp a TV Azteca. $40.5 millones de pesos fueron repartidos entre 26 estaciones de radio, y el resto alcanzó para cubrir los servicios de 30 portales de Internet y 6 empresas de publicidad exterior. La noticia circuló a nivel nacional. ¡Qué irresponsable administración! ¡Qué egocéntrico gobernador!

Los adjetivos podrán ser merecidos, pero repetirlos no es el punto de este artículo. El hecho es que un ciudadano presentó vía Internet una solicitud de información y semanas después el Gobierno del Estado la entregó. Aquí pueden consultar la respuesta completa (en pdf). A pesar de lo mucho que han legislado los estados en materia de acceso a la información, lo cierto es que pocos gobiernos locales habrían hecho lo mismo.  Hoy los oaxaqueños pueden debatir informadamente si su gobierno gasta mucho o poco, bien o mal en este rubro, y comenzar a entender por qué algunos medios ignoran o minimizan algunos sucesos mientras aplauden o sobredimensionan otros.

Cuando leí la nota pensé en mi estado. ¿Cuánto habrá gastado el Gobierno de Coahuila durante el sexenio anterior para asegurarse un trato condescendiente en las salas de redacción y en las juntas editoriales? ¿Cuántas veces habrá utilizado su calidad de gran anunciante para presionar, amenazar, “sugerir” y reclamar por el trabajo de reporteros, editorialistas y editores? Si bien el gobierno y los medios comparten interés en evitar discusiones sobre este tema, las señales del uso político del presupuesto oficial en estados como Coahuila abundan. Valgan algunos ejemplos:

Grupo Reforma cerró en 2008 el Periódico Palabra, su filial en Coahuila,  argumentando entre las causas presiones que “garantizaban éxito económico a cambio de una línea editorial más cómoda”. Otros medios resistieron sin duda embates similares, buscando equilibrios que permitieran navegar esta época de contracción económica y transformación tecnológica sin sucumbir al canto de las sirenas. Supongo sin embargo que muchos otros lo encontraron imposible, y simplemente se adaptaron a las nuevas reglas del juego: Si quieren que aplauda aplaudo, si quieren que golpee golpeo.

Sin palabras

Allá por el 2009, cuando el ex Secretario de Finanzas Javier Villarreal comenzaba a cucharear las cuentas públicas y a endeudar al estado sin mediar autorización del Congreso, un diario de Saltillo cabeceaba a ocho columnas: “Los Moreira son Otro Rollo”. En 2010, cuando el hoy prófugo hermano del ex Fiscal Torres Charles controlaba las policías del Estado, una televisora insistía que Humberto Moreira era el mejor gobernador de la historia, y otro periódico censuraba columnas críticas de editorialistas nacionales. Si bien tuvimos un Gobernador que nos bailó a todos, no olvidemos que alguien ponía la música, amenizando la fiesta en lugar de sonar las alarmas.

El reportero dejó de hacer preguntas incómodas, el editor dejó de buscar ángulos críticos y el empresario comenzó a competir por ser el vocero consentido. La fórmula era tan clara como tentadora: Me pegas y te cierro la llave. Me ayudas y no te faltará nada.

Entiendo que los medios de comunicación son negocios privados que deben producir retornos a sus inversionistas, como entiendo que todo gobierno necesita influir en el ciclo noticioso para ser efectivo. Me queda claro que los periodistas son ciudadanos libres que tienen intereses y agendas personales, como comprendo que el ciudadano es libre de buscar alternativas para informarse. Sin embargo los lectores, radioescuchas, internautas y televidentes merecemos respeto. El dinero es público, por lo que no sería necesario ningún otro argumento. Pero además, los medios forman opinión pública, ingrediente esencial en la democracia. ¿Cómo podemos contextualizar lo que publican, si no sabemos si responden a un interés comercial o periodístico? ¿Y como podemos evaluar al gobierno, si no sabemos siquiera como y donde gasta nuestros impuestos?

¿Qué compra el gobierno, un espacio para anunciar sus programas o un trato editorial a modo para proteger y catapultar a sus líderes?

Una y otra vez los gobiernos locales burlan con tecnicismos las Leyes de Acceso a la Información que supuestamente habrían de obligarlos a transparentar información como esta. Solamente en Coahuila, entre 2008 y 2012, encontré siete casos en los que diversos ciudadanos solicitaron a la Secretaría de Finanzas o a la Coordinación General de Comunicación Social el listado de empresas que brindaron servicios de publicidad, el contenido de los convenios suscritos con ellas y el monto que han cobrado. Las respuestas rayan en lo ridículo, se contradicen unas a otras y revelan un esfuerzo sistemático por ocultar esta información a la ciudadanía. Juzguen ustedes mismos (los pdfs con los documentos originales están en los hipervínculos):

Los funcionarios coahuilenses responden que la información no existe (lean aquí), que no se encuentra en sus archivos (lean acá), que “no está sistematizada” (es en serio, lean aquí), o que “está en la cuenta pública” (como acá). Otras veces ni siquiera se tomaron la molestia de responder (como aquí o acá). En una ocasión, la Coordinación General de Comunicación Social contestó a un ciudadano que no podía responderle porque la información solicitada compete a la Secretaría de Finanzas. Sorprendentemente, la Secretaría de Finanzas había respondido previamente en una solicitud idéntica que esa información competía a la Coordinación General de Comunicación Social. Mía, tuya, te la presto. Goooooool!  Ahogado entre tanta incompetencia, el ciudadano queda, como siempre, sin información (si, ya se, Kafkiano. Lean el pdf).

Traducción: Se les cruzaron los cables...

Un último caso, más reciente, que vale la pena detallar. Las organizaciones Fundar y Artículo 19 solicitaron la siguiente información a cada entidad federativa:

“los documentos que contienen el gasto total ejercido por el Gobierno del Estado XX, en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 en Comunicación Social y Publicidad Gubernamental, con el desglose del gasto por medio de comunicación al que fueron destinados los recursos, incluyendo medios de comunicación electrónicos y escritos así como la campaña y el mensaje difundido”

Los resultados de este estudio están disponibles en www.publicidadoficial.com.mx, y Coahuila aparece reprobado, junto con otras 17 entidades que no aportaron ningún dato relevante en sus respuestas. A riesgo de saturarlos, creo que el viacrucis seguido por Fundar y Artículo 19 en Coahuila ejemplifica fielmente como los gobiernos justifican de diversas maneras lo que aparentemente deciden de inmediato: No transparentar nada.

En su respuesta original a esta solicitud, el 6 de septiembre de 2011, el Gobierno de Coahuila contestó que la información no existe en “la manera que fue solicitada”, y refirió a los interesados a la cuenta pública, donde no es posible encontrar más de un par de renglones generales sobre el tema. Los especialistas de Fundar y Artículo 19 interpusieron un recurso de inconformidad ante el ICAI, obligando al gobierno coahuilense a defender su respuesta (lo que ocurrió el 10 de noviembre). Ahí, entre líneas, concretamente en la página 6 de este documento, el Gobierno modificó su argumento, señalando que la información solicitada “está considerada como confidencial”, porque “al permitir el acceso a dicha información se vulneraría el derecho a la intimidad de las personas”.

Es decir, los funcionarios involucrados concedieron que lo que días antes consideraban inexistente siempre sí existe, pero aclararon que todo aquello que existe es confidencial. Como diría el sabio Gil Gamés: Aiwei. La creatividad burocrática para negar información al ciudadano no tiene límites.

Pero ahí no acaba la cosa. Los alegatos presentados no fueron convincentes (fiú), y el 28 de noviembre el Consejo del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información resolvió revocar la respuesta del gobierno, ordenando una nueva  “búsqueda exhaustiva” de la información solicitada, y otorgando un plazo de diez díaz hábiles para que el Gobierno de Coahuila presente una nueva respuesta a la solicitud de información (pdf aquí).

En esta ocasión, los funcionarios no se complicaron mucho. Entre el 16 de diciembre y el 4 de enero, la Subsecretaría de Ingresos, la Coordinación General de Administración, la Coordinación General de Entidades Paraestatales, y la Subsecretaría de Egresos realizaron la mencionada búsqueda exhaustiva en sus archivos. Llamémosle Operación Guadalupe-Reyes por la Transparencia. Y aparentemente, quizá porque andaban pensando en las posadas, o quizá porque ya habían coordinado su respuesta, no encontraron absolutamente nada.

En virtud de lo infructuoso que resultó esta gesta navideña, el 10 de enero ¡declararon inexistente la información solicitada! Aquí pueden ver un pdf con la declaratoria de inexistencia y el intercambio de oficios correspondiente. En español, esa declaratoria significa que no hay NINGUN soporte documental en TODA la Secretaría de Finanzas que respalde transferencia financiera ALGUNA entre el Gobierno y algún medio de comunicación entre 2005 y 2010. Increíble, pero lo pusieron por escrito.

Mmmm….

¿Quieres que te de un Norte? Pregúntale a Ernesto Laguardia y a todos los medios que proyectaron su imagen si trabajaron gratis.

En un lapso de seis meses hubo una solicitud, una respuesta, un recurso de inconformidad, una admisión del recurso, alegatos de ambas partes y resolución del recurso a favor del solicitante. Además hubo un nuevo requerimiento a la Secretaría que presumiblemente guarda las facturas, y “búsquedas exhaustivas” en al menos cuatro subsecretarías y coordinaciones. El solicitante cumplió con todos los requerimientos de ley, llevó el proceso con paciencia franciscana, y en todo momento le dieron la razón.  ¡Pero el Gobierno sigue encontrando maneras de no transparentar nada!

¿Qué sigue? ¿Intentar todo de nuevo, ahora preguntando a la Coordinación General de Comunicación Social? Les adelanto un paso: Hace un mes yo metí una solicitud y esto es lo que me contestaron antier:

AAAAAAAAAAARRRRRRRGGGGGGGHHHHHHHH!!!!!!!!

Si alguien gusta ayudarme a preparar el recurso de inconformidad, se aceptan voluntarios, pero no guardo muchas esperanzas.

Digamos lo evidente: Pedir información pública en estados como Coahuila es una carrera de resistencia, cuesta arriba, con el viento en contra, descalzos y con el gobierno burlándose desde la loma.

Quizá la única solución sea que los medios publiquen voluntariamente los montos que reciben del gobierno. No es su obligación, y seguramente pocos estarán dispuestos a hacerlo. Sin embargo creo que los medios que se coloquen del lado de los ciudadanos ganarán credibilidad, dignificarán el oficio, obtendrán una ventaja competitiva y elevarán significativamente el costo político del chantaje gubernamental.

Supongo que se vale soñar.

Los interesados en este tema pueden descargar el reporte completo de Fundar y Artículo 19, leer el artículo de Diego de la Mora (@diegodelam) en Animal Político, revisar la crónica de  Omar Rábago (@rabanovengador) sobre el cúmulo de esfuerzos por obtener información similar del Gobierno de Veracruz, o revisar la denuncia que presentó hace días el Diario de Ciudad Juárez ante un aparente boycott publicitario gubernamental.

También pueden seguir en twitter el hashtag #publicidadoficial.

@oneflores.

17 Feb
2012

Yatta, Ecobici

Animal Político, Peatón y bici

Yatta significa “lo hiciste” en japonés, y por algún extraño motivo fue el eslógan utilizado por la Alcaldía de París para celebrar el viaje 100 millones de Velib, su exitoso programa de préstamo de bicicletas.

Según entiendo, al usuario que sacó la bici número 100 millones le brincó encima una turba de japoneses… quienes le entregaron una Velib dorada, discretona, para recordar el evento.

Supongo que el equivalente sería que un mariachi te recibiera en la estación con una Ecobici color rosa mexicano.

El caso es que Ecobici, el sistema de bicicletas públicas de la Ciudad de México, cumple hoy su segundo aniversario, y creo que hay que felicitarlos. Si bien es una lástima que las estadísticas del sistema no estén a disposición del público (como sucede en otros sitios, como Washington, DC), pocos podrían afirmar que el sistema no es un éxito. Las membresías están agotadas, hay gran cantidad de ecobicis en las calles y muchos esperan con emoción una importante ampliación que duplicará la red actual.

Ecobici no tiene ni de cerca cien millones de viajes (de hecho, lleva poco más de 3 millones, je), pero al menos ya está encaminado hacia metas cada vez más significativas. En su primer año alcanzaron el millón de viajes. En su segundo año completaron dos millones más. Tras la expansión que está prevista en el 2012, es posible que en número anual de viajes llegue a 4 millones. Y esto es solamente el número de viajes con bicis del sistema. Para medir el efecto de Ecobici habría que sumar también el número de viajes realizados en bicicletas privadas. Creo firmemente que la presencia de tantas bicicletas públicas en las calles sirve para educar a los automovilistas a respetar al ciclista y para convencer a la población en general de que pedalear no es arriesgar el pellejo. Es decir, Ecobici motiva a la gente a sacar sus propias bicis.

No fueron pocos los escépticos que predijeron un fracaso rotundo. Juraron que los capitalinos se robarían las bicicletas. Argumentaron que pocos estarían dispuestos a utilizar sus tarjetas de crédito. Sugirieron que el modelo de negocio obliga a la ciudad a soportar niveles insostenibles de subsidio. Afirmaron que quienes viven o trabajan cerca de las estaciones seguirían prefiriendo el coche. Y gritaban que andar en bici en las calles de la Ciudad de México era una operación suicida. Todos estos temores estaban (¿están?) parcialmente justificados, pero ninguno ha demostrado ser lo suficientemente grave como para descarrilar lo que hoy es uno de los programas estrella del Gobierno de la Ciudad de México.

Yatta, Ecobici. Yatta Ebrard. Felicidades.

(Por cierto, la celebración en el DF no incluye japoneses bailando, pero si habrá un par de conferencias el sábado y un rally ciclista el domingo. Aquí pueden ver el programa).

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Nota: Recibí algunos comentarios en Twitter y Facebook respecto a este post, diciendo por un lado que “Ecobici tiene muchas fallas”, y por el otro que el programa solo pretende “lavarle la cara” al GDF por pésimas decisiones como la Supervía. Coincido con ambos puntos. Ecobici podría ser MUCHO mejor (cuando tenga un poco más tiempo escribiré una entrada sobre como el régimen contractual con Clear Channel deja mucho que desear). Y es cierto que su adopción refleja, en el mejor de los casos, una especie de esquizofrenia urbana característica del Gobierno de Ebrard: El Jefe de Gobierno promueve las movilidad no motorizada por la mañana, y por la tarde inaugura y defiende obras que hacen menos conveniente viajar sin coche.

Pero en fin. Ecobici cumple años y creo que lo menos que podemos hacer es felicitarlos por un gran trabajo. Además, creo que no es mala idea demostrarle a políticos pragmáticos como Ebrard que invertirle a la movilidad no motorizada no es solo una gesta de Quijotes, sino que también puede representar réditos políticos.

13 Feb
2012

Gobernadores de los Municipios

Animal Político, Coahuila, Políticas públicas y Urbanismo

Los gobernadores mexicanos cuentan con muchos instrumentos para ejercer su liderazgo y para impulsar políticas públicas. Para empezar, si su partido tiene mayoría en el Congreso, su voluntad es prácticamente ley. La aprobación de presupuestos y cuentas públicas, la glosa de los informes, los ajustes al organigrama del Gobierno y el nombramiento de magistrados, consejeros, comisionados, procuradores y demás funcionarios pasan como mantequilla. Si su mayoría en el Congreso es absoluta (más del 50% de los diputados) no hay debate, sino legitimación. No hay relación entre pares, sino subordinación. No hay división de poderes, sino una especie de monarquía sexenal.

Tal concentración de poder no es excepcional. De hecho, un interesante análisis de Victor Reynoso, publicado en Nexos, muestra que en 22 entidades federativas el partido del Gobernador tiene mayoría, y que en 13 entidades dicha mayoría es absoluta (más del 50% de los escaños). Ser electo gobernador debe ser bonito, pero ser electo emperador debe serlo mucho más.

(Por cierto, hablando de emperadores, me acordé de este artículo que escribí en Octubre del 2008, cuando el PRI en Coahuila ganó 20 de 20 distritos electorales locales. Así nos fue).

Pero aún asumiendo que los Congresos locales pudieran y quisieran actuar con independencia, los gobernadores van de gane. Tienen acceso casi irrestricto a los micrófonos para colocar temas en la agenda. Tienen bajo su mando una amplia estructura burocrática, que sirve tanto para generar e implementar proyectos como para acomodar aliados y premiar a quienes ayudan a destrabar conflictos políticos. Sus proyectos tienen seis años para madurar, más tiempo que ningún otro funcionario local electo. Y sobre todo, tienen dinero, mismo que incluso durante la mas astringente coyuntura económica pueden canalizar casi discrecionalmente a los proyectos de su preferencia.

Los alcaldes, en cambio, son rehenes de su circunstancia. No existe la reelección, por lo que el futuro profesional del Presidente Municipal depende de la buena relación que logre cultivar con el Gobernador. Los regidores, salvo contadas excepciones, deben su cargo al partido y al Gobernador y no a la ciudadanía y al Alcalde. El personal del Ayuntamiento vive inundado por demandas ciudadanas, y por lo mismo pasa más tiempo apagando incendios que planificando el futuro de la ciudad. Y los presupuestos municipales están prácticamente comprometidos para pagar nóminas y servicios, por lo que existe poco margen financiero para obras y proyectos estratégicos.

Por estas razones, el municipio libre es tan real como un unicornio. Más allá de lo que digan nuestras leyes, la autonomía municipal está acotada por limitantes políticas, técnicas y financieras.

Artículo 115 Constitucional procesado y enlatado

Estas son las reglas del juego. Los políticos que aspiran a las alcaldías lo saben y modifican su comportamiento en consecuencia. Trabajan para ganar popularidad, pero trabajan mucho más para ganarse la simpatía del Gobernador. No son tontos. Saben que lo único más difícil que ser electos sin apoyo del Gobernador es ejercer el cargo “por la libre”, definiendo sus prioridades de manera independiente. Por ejemplo, los alcaldes de mi estado han visto como el Gobernador puede financiarse con recursos municipales (como sucedió con los recursos del Programa Hábitat que le corresponden a Torreón), forzar decisiones que le corresponden al Alcalde y a su Cabildo (como sucedió en Saltillo con la autopista urbana o en Torreón con la Gran Plaza), absorber proyectos municipales (como pasó con el Bosque Urbano en Saltillo), ordenar cambios a los reglamentos del Ayuntamiento (como acaba de ocurrir con los horarios de venta de alcohol), o de plano condenar a la inactividad a los municipios dispuestos a defender su autonomía (como sucedió en Torreón durante la gestión panista de José Ángel Pérez).

Quizá por ello es común que los proyectos que anuncia un alcalde sean recibidos con escepticismo. ¿Tendrá el dinero? ¿Podrá convencer a los opositores? ¿Acabará a tiempo? Y, si es tan importante, ¿por qué no lo ha respaldado el Gobernador? En cambio, los anuncios de obras de infraestructura urbana de los gobernadores parecen verdaderamente mágicos. Zim-zalabim: ¡Otro paso de desnivel para aquella ciudad! Abracadabra: ¡Una boulevard para la capital! Supercalifragilístico: ¡Chorromil millones en obra pública para chorromil obras en chorromil municipios!

Todos los astros se alinean con una sugerencia del Gobernador. No ha terminado de leer su discurso, y todos asumen que el Congreso autorizó el presupuesto, que los Cabildos modificarán sus planes de desarrollo urbano y otorgarán los permisos de construcción, que los Alcaldes consideran que la obra es más importante que las alternativas disponibles y que los ciudadanos nos daremos por consultados. No son pocos los estados en los que basta un anuncio del Gobernador para que nadie cuestione la relevancia, oportunidad y conveniencia de estos proyectos. Vamos, muchos estados tienen una democracia tan pero tan eficiente, que los consensos nacen en cuanto el Gobernador decide.

Valga un ejemplo. En mi ciudad, el anterior Gobernador invirtió $3,000 millones de pesos en aproximadamente 30 puentes y pasos a desnivel. Impresionante, ¿no? Pero resulta que el Alcalde tiene atorada la construcción de un importante biblioparque, y sus proyectos de modernización del transporte público, de cambio de luminarias y de expansión del drenaje no parecen avanzar. Las barreras son una mezcla de obstáculos políticos y financieros que nunca afectaron a los proyectos estatales. Las obras del Gobernador se movieron como gacelas (aunque resultaron ser gacelas con esteroides), mientras que los proyectos del Alcalde caminan a paso de tortuga. Y parece que nada ha cambiado. El nuevo Gobernador acaba de decidir de forma absolutamente discrecional que el puente número 31 merece más respaldo técnico, político y financiero que todos los proyectos del Presidente Municipal (que ni siquiera puede quejarse).

Aún sin entrar a valorar cual proyecto es mejor para la ciudad, me parece que hay una discusión de fondo en la mesa. ¿Será de verdad eficiente y adecuado que sean los gobernadores y no los alcaldes y sus cabildos quienes tomen las decisiones más importantes de infraestructura en los municipios de México? ¿En serio deben los Gobiernos Estatales decidir sobre plazas, banquetas y avenidas, proyectos de transporte urbano, reservas territoriales y políticas de desarrollo urbano? ¿Por qué no incrementar las transferencias financieras a los municipios en lugar de hacer las inversiones de forma directa? ¿O por qué no al menos establecer fondos de infraestructura, con reglas de operación claras y transparentes, accesibles a los Ayuntamientos?

Supongo que hay diversos argumentos en contra. Dirán que los gobiernos estatales sean más profesionales. Dirán que en ese nivel de gobierno existen mejores instrumentos de rendición de cuentas. Dirán que los estados están mejor posicionados para impulsar proyectos en zonas metropolitanas.  Y dirán que los alcaldes son capturados más facilmente por grupos de intereses locales, como los terratenientes y los constructores. Cada una de estas amenazas existe, por supuesto, pero todas podrían mitigarse.

Me parece que lo importante es el principio. No me parece congruente que los gobernadores sean paladines del federalismo cuando negocian con el Gobierno Federal, y verdaderos virreyes cuando tratan con los municipios.

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Podemos seguir la conversación en Twitter: @oneflores

26 Jan
2012

La falsa seguridad de unas paredes

Animal Político, politicas publicas, Vanguardia

Esta semana dos noticias captaron mi atención, y las dos tienen que ver con bardas. Por un lado, la Directora del Instituto de Construcción de Escuelas de Coahuila anunció que levantarán bardas perimetrales en 120 escuelas públicas, para “blindar” a nuestros niños de la escalada de violencia que sufre la entidad. Nadie podría estar en contra de esta medida. Las balaceras son tan habituales que ya no basta enseñarle a los niños a tirarse al piso y ponerse a cantar. Sin embargo, no puedo dejar de observar una tendencia que comienza a impactar la estructura física de nuestras ciudades. Vivimos con miedo, y nuestros edificios lo reflejan.

Imagen: Marc Guerrien

En un par de años, mi ciudad se ha llenado de bardas y de rejas. Ahí están las que hoy rodean a los edificios del Congreso y del Tribunal Superior, a la Universidad Autónoma de Coahuila, al Restaurante La Canasta y a la entrada del Kinder del Colegio Ignacio Zaragoza. ¡Hasta la Delegación de la Fiscalía de Coahuila tuvo que amurallarse! Supongo que esta tendencia es todavía más evidente en Torreón, una ciudad que promedió más de dos homicidios diarios en el 2011. Y esta metamorfosis no es exclusiva de comercios, escuelas y oficinas públicas. Tanto en Saltillo como en Torreón las viviendas ubicadas en colonias tradicionales tienden a depreciarse, pues la gente corre hacia la supuesta seguridad que brindan los fraccionamientos cerrados.
La receta parece obvia: “Nosotros adentro, los criminales afuera”. Dado que la calle, la plaza, el parque y la banqueta son irremediablemente peligrosos, concluimos que hay que evitarlos a toda costa. En lugar de pasear en un parque, vamos al centro comercial. En lugar vivir en un barrio, buscamos desarrollos amurallados y con acceso controlado. Alguna vez nos enseñaron a evitar hablar con extraños. A nuestros hijos no les damos ni siquiera la oportunidad.

Consideramos que nuestra seguridad depende de que nuestros destinos sean impenetrables y nuestros trayectos rápidos y sin escalas. Por ello quienes instalan cámaras y alarmas están haciendo el negocio de sus vidas. Por eso quienes levantan bardas no se dan abasto. La ciudad podrá incendiarse, pero no importa, pues nos hemos resignado a que lo que está afuera de nuestro perímetro privado ya no es “nuestro”. Mientras los invasores avanzan y conquistan, nosotros nos atrincheramos en un refugio.
Ya no hay niños jugando en las calles, pedaleando bicicletas y explorando callejones. Ya no existen mecedoras en las puertas de las casas, donde los viejos intercambiaban historias y tomaban el fresco. Muchos no conocemos a nuestros vecinos. Quizás ni siquiera los hemos visto. La incapacidad de nuestras autoridades nos ha convencido de que estar en la calle es estar en peligro. Por ello, antes de salir, verificamos si hay “código rojo”. Por ello viajamos pegados al retrovisor, preocupados de encontrar camionetas sospechosas. Por ello ya no respondemos a un cerrón con gritos y claxonazos. Hasta eso, el miedo nos ha vuelto civilizados. Aprendimos a vivir como presas en un mundo de predadores.
Este texto peca de nostálgico. Si las autoridades están desbordadas, lo racional es modificar nuestros patrones de vida. Sin embargo vale la pena preguntarnos, ¿será cierto que vivir encerrados equivale a vivir más seguros? ¿No sería más efectivo, como sugirió hace tanto Jane Jacobs, multiplicar los ojos en las calles y cuidarnos los unos a los otros?
Curiosamente, las balaceras, persecuciones y arrestos de alto nivel ocurren más frecuentemente en las grandes avenidas y en exclusivos fraccionamientos. La velocidad de las autopistas, y la privacidad y seguridad que ofrecen las altas bardas benefician también a los maleantes. No hay estadística plenamente confiable, pero de 51 balaceras documentadas por los medios impresos en Saltillo, solo un par ha tocado las zonas más céntricas de la ciudad. Mientras tanto, al menos 17 se han concentrado cerca del Boulevard Colosio y de la Carretera a Los González, avenidas flanqueadas por interminables bardas. Compruébelo usted mismo, visitando el sitio www.balaceras.crowdmap.com

¿Donde estaremos más seguros?

¿Aquí?

¿O acá?

Llegamos así a la segunda noticia que captó mi atención recientemente. Resulta que un operativo de la SEDENA, la Policía Federal y la Fiscalía del Estado demostró que las paredes más resguardadas del Estado son más porosas que un queso Gruyere. Fue necesario movilizar a 435 agentes para catear el penal de Saltillo, a pesar de que supuestamente está bajo control de las autoridades. Aún no sabemos que es lo que buscaban, pero sin duda comprobaron el ingreso cotidiano de drogas, alcohol, muebles de lujo y armamento. En otras palabras, si a pesar de bardas, cámaras y guardias los delincuentes meten (¿y sacan?) lo que quieren de la cárcel, ¿que tanta protección ofrecen unas paredes para nuestras escuelas y casas?

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14 Dec
2011

Los coches para los ricos, los micros para los pobres, y las bicis para los locos

Animal Político, Peatón y bici

Este video me hizo pensar en el pequeño pero creciente grupo de personas que pudiendo comprar un automóvil toma la decisión de vivir sin auto. Llamémosle moda, compromiso con el medio ambiente, ganas de hacer ejercicio, hipsterismo o simple practicidad, el hecho es que en ciertos contextos urbanos (caracterizados por ejemplo por altas densidades, usos mixtos, superficies con pocas pendientes, buen clima, déficit de estacionamientos y alta congestión), el uso de la bicicleta va en ascenso. En términos de Gladwell, el ciclismo urbano está  cada vez más cerca de alcanzar el “tipping point”, convirtiéndose en una práctica considerada normal por autoridades, automovilistas y ciudadanos en general.

Quizá el estilo de vida mostrado en este video podría escapar pronto de los dibujos animados y convertirse en parte del paisaje diario en la Ciudad:

(Visto en CityFix)

Si bien esta posibilidad es real, lo cierto es que falta mucho para sacar al ciclismo urbano del doble nicho -geográfico y social- en que se encuentra. Vivir sin coche en una ciudad como el DF implica una de dos decisiones:  O limitas tu vida a una zona geográfica reducida (escogiendo estratégicamente la ubicación de tu vivienda, escuela y trabajo, y rezando para que nada cambie), o asumes los costos que implica vivir multi-modalmente.

(Pueden leer el resto del artículo pinchando aquí).

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