En un mundo donde el capital circula libremente, las políticas de desarrollo económico dominan la agenda de los gobiernos locales. Las obras y los programas más disímbolos se justifican bajo la premisa de generar y retener empleos. La palabra “competitividad” se utiliza igual para justificar la construcción un distribuidor vial que un subsidio millonario a una empresa privada; lo mismo para exentar impuestos, donar terrenos y construir ciudades satélite que para  intervenir en negociaciones sindicales. En nuestros estados y municipios, la paternidad de la llegada de nuevas industrias se disputa entre los políticos y se utiliza para calificar la eficacia del gobierno.

Esto es un tanto paradójico, pues las administraciones locales controlan pocas herramientas para impactar significativamente la actividad económica. Su voluntarismo es importante, pero están condenados a operar en los márgenes. No manejan la política monetaria, no regulan la entrada y salida de bienes de sus fronteras y no controlan los impuestos más importantes. Además, las estrategias locales son casi imposibles de evaluar. Cuando las cosas salen bien, se presumen como éxitos propios. Cuando no, siempre es posible culpar al Gobierno Federal o a las vicisitudes de la economía global.

Dada la dificultad para ligar una política pública específica a un número de empleos, los gobiernos locales sucumben a una terrible tentación: medir el éxito de sus intervenciones por el monto de los recursos invertidos. Esto es tan ridículo como evaluar un tratamiento médico por la cantidad de medicamento ingerido. Va un ejemplo reciente: El Gobierno de Coahuila anunció en Febrero un apoyo de $1.5 millones de dólares para evitar despidos en la planta de GM en Ramos Arizpe, sin poder decir a ciencia cierta si esta medida salvó 10 o 100 o 1000 empleos.

Lo que es peor, en los últimos años las oficinas estatales de “desarrollo económico” se han transformado casi exclusivamente en oficinas de “promoción de inversión extranjera”. Los funcionarios se dedican a armar paquetes para inversionistas, prometiendo siempre más que el estado vecino. Si Jalisco exenta el predial, Querétaro dona el terreno. Si Chihuahua subsidia la capacitación de los empleados, Coahuila construye una carretera hasta la puerta de la empresa. Inmiscuidos en esta dinámica, los gobiernos locales negocian desde una posición de desventaja. No saben, ni pueden saber, que ofrece el estado vecino y que tan cierta es la flexibilidad de la empresa para localizarse en otro sitio.

Los detalles de las negociaciones con las empresas se guardan bajo llave. Esta práctica podrá justificarse de mil maneras, pero marca un terrible precedente en términos de rendición de cuentas. Nunca he visto un reporte en el cual un gobierno local transparente el costo al erario por cada empleo atraído. Una vez cerrado el trato con el inversionista, nadie se preocupa por revisar si en verdad generó los empleos que prometió, o si cumplió sus promesas de utilizar proveedores locales. ¿Para qué?, si el éxito de la gestión está a la vista de todos, inmortalizada en esa foto del Gobernador inaugurando la nueva fábrica.

Este modelo de promoción industrial rindió frutos en una época de bonanza exportadora.  Sin embargo hoy representa una estrategia cara, poco sustentable y de alto riesgo. Así como un entrenador no puede poner toda su esperanza en el fichaje de un jugador estrella, los estados y municipios no pueden depender de la llegada del inversionista extranjero. Para triunfar, ambos requieren desarrollar a sus propias fuerzas básicas.

Y en esto estamos fallando. Los ingenieros mexicanos que trabajan en firmas como GM ya no sueñan con crear empresas o registrar patentes, sino en obtener su pase hacia los corporativos de Detroit o Nueva York. Me resisto a aceptar que esta crisis de emprendedurismo es característica cultural del subdesarrollo. Otros factores evitan que México siga los pasos de India, China y Brasil como gigante que despierta.

¿Falta de crédito? ¿Ausencia de tecnología? ¿Riesgos elevados para empresarios pioneros? Las causas son diversas, y por ello requerimos de una política de desarrollo económico dispuesta a experimentar con distintos remedios. El Gobierno Federal es demasiado pesado para hacer esto con suficiente agilidad, abriendo espacio para una contribución importante de los estados y municipios.

Tenemos 32 entidades federativas, y 32 laboratorios para probar diferentes estrategias. El único límite lo impone la creatividad local: fondos de capital semilla, programas de vinculación, subsidios a la investigación y desarrollo, establecimiento de misiones comerciales, y un largo etcétera. Replicando lo que funciona y compartiendo experiencias, los estados dejarán de ser competidores y comenzarán a ser competitivos.

Las ideas de este tipo me gustan, pues convierten el espacio y los servicios públicos (como parques y transporte) en detonadores de competitividad.

Haz click en la imagen para ver un resumen gráfico de las ideas de Richard Florida:

The term itself conjures a command center for the cognoscenti. It means power, sophistication, wealth, and influence. To call a global city your own suggests that the ideas and values of your metropolis shape the world. And, to a large extent, that’s true. The cities that host the biggest capital markets, elite universities, most diverse and well-educated populations, wealthiest multinationals, and most powerful international organizations are connected to the rest of the world like nowhere else. But, more than anything, the cities that rise to the top of the list are those that continue to forge global links despite intensely complex economic environments. They are the ones making urbanization work to their advantage by providing the vast opportunities of global integration to their people

La definición me parece angosta, y sumamente ideologizada. Parece más bien un ranking de centros de negocios. Pero aún aceptando la definición como válida, la lista es “chistosa” por decir lo menos. De acuerdo con FP, ¡el DF es más “global” que Zurich y que Boston!

Por protección ambiental, ¿debemos entender que las compañías mexicanas que hoy exportan deberán cambiar su maquinaria o modificar sus procesos para cumplir con los estándares de EUA? Por derechos laborales, ¿debemos de entender que las plantas en México deberán de pagar los mismos sueldos que en EUA? Ambas ideas suenan deseables, pero el resultado de una aplicación a rajatabla puede ser que el productor en México -sobre todo el pequeño y mediano- enfrente costos más altos y salga del mercado.

Por otra parte, el debate reveló que una nueva ola de proteccionismo nortemericano viene con fuerza. Por ejemplo, Obama sugirió que el prestamo recientemenre autorizado a los productores automotrices (ojo, le prestaron a GM y no a Toyota), obliga a las armadoras a mantener la producción dentro de Estados Unidos. ¿Se vale entonces exigir a las compañías privadas que favorezcan la producción en nuestro territorio? ¿Se vale entonces exigirle a las armadoras que las partes que se ensamblan en México sean diseñadas en laboratorios dentro de México?

Obama será Presidente salvo que en los próximos días se coma un niño. Será interesante observar cual será la respuesta de nuestras autoridades ante la idea de renegociar el TLCAN. Si la administración de Obama va a abrir la caja de pandora, México debe preparar la lista de “ajustes” deseables bajo la óptica de nuestro interés nacional.

El transporte urbano es un servicio primordial; un enlace entre las personas y el lugar al que quieren llegar. El transporte urbano no produce bienes de consumo tangibles, pero hace posible que éstos se produzcan al trasladar diariamente a millones de trabajadores, bienes y mercancías. No educa, pero lleva hasta sus centros de estudio a miles de estudiantes. No proporciona salud, diversión ni espacrimiento, pero apoya y hace posible el desarrollo de estas actividades

Imran Muhammad y Nicholas Low (2003) “Time to change the old paradigm: Promoting Sustainable Urban Transport in Lahore, Pakistan”, pg. 3

Los países que en el presente nos rebasan en calidad de sus maestros, son los países que en el futuro nos rebasarán en competitividad.

Y pensé: Lástima que México no está en esa lista

En el corto plazo, esta situación pronostica mayor crecimiento de las operaciones de GM en México. De acuerdo con algunos estudios, la calidad y productividad de las plantas mexicanas de GM es igual o superior a la de sus plantas en Estados Unidos (Corbett, ver pg 66), con sueldos significativamente menores. El reciente anuncio de una inversión por 900 millones de dólares para expandir la planta de Ramos Arizpe puede ser la punta del iceberg. Bienvenidos a México.

Sin embargo, ¿Qué pasara en el largo plazo en lugares como Saltillo-Ramos Arizpe si el desempeño negativo se mantiene a pesar de trasladar su producción a México? Una opción es que la calidad de nuestra mano de obra sea reconocida por quien termine comprando la empresa. Cerramos como GM y abrimos como Toyota. Otra opción, menos agradable, es similar a lo que vivió hace unos años la ciudad de Flint, Michigan.

Vaya que se enojó el Señor Subsecretario. ¿Cómo tolerar que alguien diga que la competitividad de Saltillo es menor que la de la inmaculada concepción? Cualquiera que lo haga, hereje irresponsable, es merecedor de una larga lista de insultos personales. Si alguien quiere leer el tipo de argumentos que esgrime este alto funcionario, y evidenciar la manera en la que ocupa su tiempo, puede leer la carta completa aquí.

Todavía no se si siento más pena ajena o tristeza, no solo por los insultos, sino por lo que las palabras del Subsecretario sugieren sobre el nivel de crítica que está dispuesto a tolerar el Gobierno de Coahuila: ninguna. Parece que el Subsecretario preferiría trabajar para una ciudadanía muda, complaciente y conformista. Siento decepcionarlo. Como Saltillense, seguiré ejerciendo mi derecho a opinar, criticar y aportar ideas.

Como la carta fue enviada a mi editor, tuve la oportunidad de responder públicamente (los dos textos fueron publicados hoy en el “Foro de Vanguardia”). La versión corta de mi respuesta es que el Subsecretario de Promoción Económica no entendió mi artículo, ni supo leer las implicaciones del estudio del CIDE. Ni hablar; lo que natura no da, el cargo público no presta. El punto central del argumento es que Saltillo sería mucho más competitivo (y la chamba del Subse Durán más sencilla) si contáramos con mejores instituciones en áreas como transparencia, servicios públicos, catastro, planeación urbana y soporte para la investigación. ¡Precisamente las áreas en las que el CIDE nos califica en el lugar 53º de 60!

La versión completa de mi réplica, con las respuestas más educadas que pude escribir dado el nivel del enojado funcionario, está disponible aquí.

El Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) presentó este mes su “Índice de Competitividad de las Ciudades Mexicanas 2007”. El simple hecho de que se mida la competitividad de las ciudades y no de las empresas refleja un reconocimiento del importante papel que juega el ambiente urbano en la generación de crecimiento económico. A pesar de las predicciones de los futurólogos, las empresas no flotan en el ciberespacio. Para triunfar, necesitan del capital humano, infraestructura y ambiente propicio para la innovación que ofrecen las ciudades. En la era de la información, las ciudades actúan como nodos en una red global, facilitando u obstaculizando la productividad de las empresas.

El índice del CIDE ofrece una herramienta de fácil interpretación para medir como vamos. El área metropolitana de Saltillo obtuvo el noveno lugar entre 60 ciudades analizadas. Este resultado no es malo, pero hay que destacar que caímos cuatro lugares respecto de la evaluación recibida en la edición anterior del reporte, publicada en 2003. Dado que un noveno lugar no es tan sexy como el título de “mejor ciudad para vivir” que otorgó en 2005 a Saltillo la Revista Inversionista, es difícil que el reporte del CIDE sea retomado por la maquinaria de comunicación social del gobierno. Es una lástima que no se hable del tema, pues este estudio representa una oportunidad importante para iniciar una reflexión autocrítica.

El índice de competitividad del CIDE se calcula promediando cuatro componentes muy diferentes entre si. Saltillo es de las ciudades mejor evaluadas del país en los componentes económico y socio-demográfico, pero según los evaluadores tiene poco de que presumir en los aspectos institucional y urbano-ambiental. Nuestra calificación global, un resultado sin pena ni gloria, es producto de que ponemos todos los huevos en la misma canasta. Como cualquier niño de primaria sabe bien, no importa que saquemos 10 en matemáticas si reprobamos en geografía.

El componente económico mide el dinamismo productivo de la ciudad, usando indicadores como el grado de especialización de la industria y la producción bruta per cápita. Aquí, Saltillo mantiene en 2007 su calificación de 2003: el primer lugar de todo el país. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Reprobamos claramente el componente institucional, que evalúa aspectos como la calidad del catastro, planeación urbana, transparencia y capacidad financiera del municipio. Triste historia, en este rubro Saltillo se ubica ¡en el lugar 53 de 60!

Un contraste similar se observa al comparar las calificaciones recibidas en las otros dos “materias” que integran el índice del CIDE. Al evaluar el aspecto sociodemográfico, utilizando indicadores tales como el grado de marginación y desarrollo humano de la población, el CIDE distingue a Saltillo con la quinta posición nacional. Sin embargo, nuestro lado oscuro emerge cuando se evalúa la calidad de la infraestructura y de los servicios ofrecidos en la ciudad. Alguna deficiencia seria detectaron los evaluadores, pues en este rubro Saltillo cae hasta el nada distinguido lugar 22.

En resumen: aprobamos matemáticas pero reprobamos geografía. Desgraciadamente, lo que cuenta al final es el promedio. Sin duda Saltillo muestra aspectos competitivos que nos colocan a la vanguardia y que muchas ciudades envidiarían. Un ejemplo es la calidad de nuestra mano de obra y el grado de especialización de nuestra industria. Sin embargo, los contrastes hechos evidentes en la evaluación del CIDE muestran claramente de que pata cojeamos: instituciones sólidas y servicios de calidad para la vida diaria. Ambos aspectos son responsabilidad directa del gobierno. Si nuestras autoridades quieren de verdad hacer de Saltillo la ciudad más competitiva de México, tienen que ponerse las pilas.

Estoy seguro de que no veremos ningún espectacular en las calles anunciando que “somos la novena ciudad más competitiva de México”. La razón es clara: tras leer a detalle el reporte del CIDE, los funcionarios del gobierno saben que no tienen cara para presumir.

No hay huelga, incentivo o suplica capaz de cambiar la decisión. La economía global es fulminante; hoy encumbra y mañana olvida. El rostro de los obreros es intercambiable y la ubicación de las plantas sustituible. Yazaki cierra sus instalaciones en Cuatro Ciénegas porque le resulta más rentable producir en Centroamérica. No es casualidad que hace tan solo once meses dicha empresa inauguró una nueva planta en El Salvador, dedicada a producir el mismo producto para servir al mismo mercado.
Estas son las reglas del juego, y no queda más que adaptarse. Los países, estados y ciudades del mundo reaccionan o son arrasados por la vorágine. Todos se esfuerzan por convertirse en la sede que ofrece más infraestructura, más flexibilidad laboral o más exenciones fiscales. El equilibrio ambiental, los derechos laborales y el gasto social son frecuentes damnificados. No importa, todo sea por ser competitivos.

Pero resulta que ninguna de estas ventajas es permanente, pues la mayoría de los gobiernos del mundo trabaja para ofrecer lo mismo. A medida en que los costos de transporte se desvanecen y la calidad de mano de obra se equilibra, la diferencia entre una ubicación y otra se vuelve marginal. Si un municipio perdona el pago de predial a un inversionista, otro responde regalándole el terreno. Si un estado subsidia la capacitación de sus empleados, otro reacciona colocando una terminal eléctrica cerca de sus instalaciones. Si un país disminuye sus tasas fiscales, el otro flexibiliza su regulación. Es una guerra de nunca acabar, y el inversionista se aprovecha de ella.

Haciendo un balance, lo cierto es que hasta hoy a Coahuila no le ha ido mal con esta dinámica. El cluster automotriz Saltillo Ramos Arizpe crece y se consolida casi al mismo tiempo en que Detroit y sus alrededores se transforman en un cementerio industrial. Pero el cierre de Yazaki en Cuatro Ciénegas debería recordarnos que en una economía globalmente integrada el capital siempre puede reconsiderar sus decisiones.

Por lo tanto, si busca dar resultados sostenibles, la política de fomento económico no puede concentrarse exclusivamente en atraer nuevas fuentes de empleo. Hacerlo es tan grave como alinear un equipo de fútbol con once delanteros y ningún defensa. Para evitar que nos goleen como en Cuatro Ciénegas, requerimos concentrarnos también en la retención y consolidación de las industrias que ya están aquí.

Para que una empresa se quede indefinidamente -aun a pesar del surgimiento de alternativas en otros rincones del mundo- tenemos que poner a su disposición recursos difíciles de replicar en otros lados. Estos pueden ir desde la existencia de mano de obra especializada hasta disponibilidad de servicios profesionales de calidad internacional. Desde infraestructura de transporte y telecomunicaciones hasta la creación de un ambiente propicio para la innovación.

Crear estos recursos no es sencillo, y resultaría muy caro si pensamos generarlos rápidamente a nivel ciudad. Por ello bien haríamos en pensar regionalmente. En otras palabras, entender que Saltillo no compite con Ramos Arizpe, y que Coahuila no es rival de Nuevo León. Toda la región, junta, compite con el mundo.

La actividad de cada empresa que opera en el noreste de México hace más atractiva a la región en su conjunto. Nuevo León es más competitivo porque GM está en nuestro estado. Coahuila es más competitivo porque tenemos cerca el aeropuerto de Monterrey. La economía de la región esta tan entrelazada, que en lugar de disputar cada proyecto de inversión, deberíamos coordinar nuestras estrategias. En la medida en que profundicemos nuestra integración regional, haremos más costosa la salida de las empresas que ya han invertido aquí.

Yazaki cerró su planta en Cuatro Ciénegas porque le resulta más barato producir en Centroamérica. Con el paso del tiempo, el incentivo que recibió para instalarse en medio del desierto resultó insuficiente. Aprendamos de la experiencia. Sin una política coordinada para convertir a la región en un incentivo por si mismo, la presencia de las empresas recién llegadas podría ser efímera.

En la gran mayoría de las ciudades del mundo los centros están perdiendo población y empleos. A medida en que los costos de transporte bajan, la necesidad de cercanía física se vuelve trivial. Primero se va la industria, que no puede expandirse en espacios tan densos, requiere acceso rápido a carreteras y prefiere pagar rentas baratas. Después se van los vecinos. Al expandirse el nivel de ingreso las familias prefirieren casas mas grandes, particularmente si sus coches garantizan acceso rápido a cualquier parte. Finalmente, se va el comercio, pues poco puede hacer la tienda de la esquina ante la competencia de grandes cadenas como Soriana y Wal-mart. Por cierto, estas cadenas ofrecen mejores precios, entre otras cosas, porque transfieren el costo de transportar su mercancía al consumidor. Hoy gastamos tiempo y gasolina en ir hasta un supermercado que vende lo que antes nos traían hasta la puerta de nuestras casas.

Las consecuencias de este éxodo no se observan de un día para otro, pues el proceso es lento y a veces casi invisible. Inicialmente, el Centro mantiene su vitalidad gracias a que los estratos de menores ingresos de la población lo siguen utilizando para abastecerse. Finalmente, sigue siendo el lugar más conectado de la ciudad para una población dependiente del transporte público. Cualquiera que transite por la calle de Aldama un domingo podrá atestiguar esto. Sin embargo esta fuente de actividad tampoco es sostenible, pues incluso en ciudades como la nuestra el uso del coche ha crecido hasta ser casi universal. De acuerdo con las últimas cifras a las que tuve acceso, Saltillo tiene un promedio de un coche por familia. ¿Y quien quiere subirse a un camión viejo e inseguro para ir al Centro cuando puede manejar cómodamente hasta Casa Ley o Aurrerá?

El resultado es un inevitable deterioro pues sin usuarios pierde sentido mantener el espacio público. Las señales están por todos lados: edificios abandonados, fachadas descuidadas, grafitti permanente, inseguridad y cierre de comercios. El último –muy triste por cierto- fue el cierre de Casa Cabello. Por ello, causa tanto entusiasmo conocer los planes del gobierno para rescatar el Centro de Saltillo. Sin duda aquellos paseos dominicales que nuestros padres recuerdan con nostalgia y que hoy se han desplazado a la Plaza Sendero o al internet, son una tradición que debemos defender. La primera etapa de este proyecto, consistente en ampliar el espacio peatonal y mejorar la imagen urbana de la Calle de Victoria, merece nuestro reconocimiento. Dicha obra es necesaria e impostergable.

Sin embargo, para realmente “rescatar” al Centro Histórico no es suficiente embellecerlo. El deterioro físico no es causa sino síntoma del abandono de la población. No se trata de arreglarlo para que sea una bonita imagen en el recuerdo de los turistas, sino de convertirlo en un espacio permanente de actividad económica e interacción social. Para ello, necesitamos empleos en el Centro que atraigan actividad para los comerciantes y para devolverle su atractivo como lugar de residencia.

¿Pero como hacerlo, si ya hemos discutido que hay una tendencia mundial que saca los empleos de los centros? Sorprendentemente, el Gobierno tiene parte de la solución en sus manos. El único empleador que en teoría es inmune a esta fuerza centrifuga es el Gobierno. El Centro sigue y seguirá teniendo una vocación como espacio para la toma de decisiones públicas y para la construcción de consensos.

Y sin embargo, el Gobierno del Estado parece decidido a mantener a la mayoría de sus empleados fuera del Centro. La política de trasladar importantes oficinas públicas hacia el Centro Metropolitano, originada en sexenios anteriores, se ha cimentado con el proyecto de reubicar 800 burócratas en el desolado Centro de Convenciones. Sorprende saber que solo 4 de las 14 Secretarias se mantienen en el Centro Histórico, y que tanto la de Desarrollo Social como la de Recursos Naturales ya tienen sus maletas hechas.

El Gobierno del Estado manda señales encontradas. Embellece al Centro al mismo tiempo en que le da el tiro de gracia.

Los números son fríos. El crecimiento promedio anual del PIB mexicano tras la firma del TLC ha sido menor al que se observaba una década antes. De hecho, en el periodo 2001-2006 México creció significativamente menos que del resto de Latinoamérica. Por supuesto, existen muchos culpables que tienen poco que ver con la política comercial –como la desaceleración de la economía norteamericana y la incapacidad de Fox para negociar con el Congreso-. Sin embargo, vale la pena preguntarnos si algunos aspectos del TLC han sido limitantes y no detonadores de desarrollo.

Vayamos por partes. Nadie puede cuestionar que el TLC desencadenó una avalancha de inversión extranjera directa. La ubicación geográfica del país y el bajo costo de nuestra mano de obra fueron magnetos instantáneos. Sin embargo, quien sólo utilice la cantidad de dólares invertidos para medir el desempeño del tratado esta equivocado.

De hecho, los promotores del TLC buscaban un objetivo mayor: la generación de un círculo virtuoso de transferencia de tecnología y desarrollo de nuevas habilidades. El mexicano no seria solo empleado, sino aprendiz. Con los conocimientos adquiridos, la industria nacional podría integrarse como proveedora de las grandes trasnacionales. Eventualmente dejaríamos de ensamblar productos extranjeros y comenzaríamos a diseñarlos.

Sin embargo, esto no ha ocurrido en la dimensión esperada. El informe del UNCTAD concluye que México continua importando partes para después reexportarlas ensambladas. Es decir, una proporción importante del valor agregado generado por estos productos es celosamente guardado por los dueños extranjeros del capital y del conocimiento.

Es aquí donde cabe una crítica al TLC. Su “letra chiquita” ha limitado la capacidad de México para transformar esta realidad, eliminando prácticamente todos los instrumentos disponibles para una política industrial efectiva. Veamos:

Las reglas acordadas impiden que México distinga con trato preferencial a su industria nacional a través de subsidios. Establecen un régimen de propiedad intelectual mucho mas riguroso que el que se discute con tanta pasión en la Organización Mundial de Comercio. Finalmente, eliminan los requerimientos tradicionalmente impuestos al inversionista. Por ejemplo, el nivel de contenido nacional obligatorio para vehículos ensamblados en México pasó de 34% en 1994 a cero 2004.

El efecto de esto puede observarse localmente. De 33 compañías que la Secretaria de Fomento Económico de Coahuila considera dentro del “sector automotriz y autopartes”, solo 7 cuentan con capital nacional. De estas, cuatro –Walmi, Macimex, Cifunsa y Rassini- nacieron mucho antes de la entrada en vigor del tratado.

Tras 13 anos de supuesta transferencia de tecnología e integración con cadenas productivas internacionales, ¿por qué no han nacido nuevos productores nacionales de autopartes?

Quizá la explicación esta en que hemos “aventado la escalera”. Así describe el economista H. Joon Chang el sorprendente hecho de que países en desarrollo se priven voluntariamente de instrumentos que han demostrado su utilidad. Paradójicamente, el crecimiento económico de los Estados Unidos se basó en muchos de los “obstáculos al libre comercio” eliminados por el tratado. Más recientemente, estas estrategias resultaron indispensables para el exitoso despegue de Corea, Taiwan y China.

No basta lamentar las heridas, debemos despertar pronto. Hay espacios de intervención que no fueron tocados por el TLC o por la Organización Mundial de Comercio. Uno de estos es la inversión en investigación y desarrollo (I&D). El estado mexicano puede subsidiar parques tecnológicos que hagan atractivo el establecimiento de procesos productivos de mayor complejidad.

Sin embargo, la inversión que ha dedicado nuestro país a la I&D es inaceptablemente baja. De acuerdo con la UNESCO, en 2000 dedicamos a este objetivo solo 0.4% del PIB. Menos que el promedio en Latinoamérica. Menos que Estados Unidos y Canadá. Menos que la India y China. Una vez más, estamos dejando que nos coman el mandado.

Hace tiempo que aventamos la escalera. Necesitamos una alternativa, aunque sea aprender a saltar más alto.