La llamada fue por demás extraña. Después de un intercambio de gracias y de nada, aproveché para preguntarle sobre las condiciones del crédito, y para pedirle detalles específicos sobre el destino del dinero. Finalmente mi texto había pedido eso: claridad y transparencia. Creo que no le gustó el cuestionamiento, como supongo que tampoco le han gustado otras cosas que he escrito en VANGUARDIA desde entonces. Al menos nunca me ha vuelto a llamar.

Hoy recuerdo esta pequeña anécdota pues acabo de leer los reportes que recién publicaron Fitch Ratings y Standard and Poor’s  (S&P), bajando la calificación crediticia de Coahuila. Dado que el Gobierno no es transparente en sus finanzas, estos reportes ofrecen información invaluable. Son breves, están disponibles de forma gratuita en la red y son lo suficientemente claros para dar una idea del manejo económico de nuestro estado.

Este es el resumen: Al 31 de diciembre de 2010, nuestro estado había contratado deuda por un total de 14,636 millones de pesos, de los cuales 8 mil 706 corresponden a deuda directa contratada en cuatro créditos bancarios, 3 mil 750 son factorajes de “cadenas productivas” (relacionada con pagos a proveedores de obra pública) y 2 mil 180 es deuda contraída por organismos descentralizados como PRODEMI y FINCOAH. Fitch registra que tras años de seguir una política de no endeudamiento, “el Estado duplicó su deuda bancaria entre 2009 y 2010, manteniendo asimismo niveles elevados de líneas de crédito de corto plazo y de deuda de sus organismos descentralizados”.

Según Standard and Poor’s, al cierre del 2011 el servicio de la deuda directa absorberá “por lo menos” el 15 por ciento de los ingresos discrecionales del Estado, y según Fitch, un tanto más conservador, Coahuila estará pagando a sus acreedores 500 millones de pesos al año hasta el 2023. Para dar un poco de perspectiva, este monto equivale al presupuesto anual combinado de los municipios de San Pedro y de Monclova.

Si contrastamos el tamaño de la deuda contra los ingresos discrecionales, la deuda directa de Coahuila es cuatro veces la de Querétaro y ya es comparable con la de Nuevo León, un estado largamente atribulado por las malas decisiones financieras de sus gobernantes. Continuar con el rumbo actual, según S&P, “podría requerir de financiamiento adicional o presionaría gradualmente la posición de liquidez”.

Sobra decir que los 3 mil 500 millones del crédito que discutíamos en el 2008 hoy parecen cacahuates. Lo que me sorprende es que se mantenga la misma resistencia a dar explicaciones. Pareciera que lo que era un estilo personal se convirtió en política de gobierno. VANGUARDIA ya lo ha señalado, pero las calificadoras lo resumen de manera contundente. Para S&P, “la política financiera del estado es poco clara y la difusión de su información financiera es parcial”, mientras que Fitch concluye que existe una “falta de claridad en las políticas y prácticas administrativas del Estado en lo relacionado al endeudamiento actual, futuro y su registro contable”.

¿Cómo pasamos de una autorización del Congreso en el 2008 para endeudarnos por 3 mil 500 millones de pesos, a una deuda al cierre del 2010 de al menos 14 mil 600 mdp? ¿Fue parte de un plan, o producto de arrebatadas decisiones de corto plazo? Si la deuda era necesaria, si los recursos estuvieron bien invertidos y si tenemos para pagar, ¿por qué la opacidad? Finalmente el elevado monto y el acelerado crecimiento de la deuda coahuilense no son malos en si mismos. En muchos contextos tiene sentido invertir hoy para cosechar después. ¿Pero qué hizo Humberto, endeudarnos para ayudarnos a crecer o para permitirse el lujo de gobernar como un Rey Midas que un día anunciaba un Distribuidor Vial de 1 mil 400 millones, y el otro prometía regalar 100 mil computadoras personales?

Estamos en época de elecciones, y es buen momento para reflexionar sobre el rumbo del Estado. ¿Cómo afectarán los compromisos adquiridos por esta administración a la capacidad de gestión de los futuros gobernantes? ¿Podrán cumplir los compromisos que hoy están firmando, o tendrán que pasarle nuevamente la factura a las futuras generaciones?

Lea los reportes de Fitch y de Standard and Poors y fórmese su propia opinión. Si no los encuentra en la red, mándeme un email a onesimo@mit.edu y con gusto se los hago llegar.

Por ello, muchas de sus estructuras partidarias están diseñadas bajo una lógica corporativa, vertical, donde los votos de “las bases” se pagaban con puestos y favores para los “cuadros”. Dentro del lenguaje priísta tradicional, el gobernante “da línea” mientras los “liderazgos” “operan” y “movilizan”. El ciudadano representa el eslabón más débil de esta “estructura”, robado de su individualidad y empaquetado para fines propagandísticos bajo definiciones amorfas como “la gente” o “el pueblo”.

Este sistema fue durante décadas profundamente eficaz. Solo gracias a él podemos entender la reinvención priísta de cada sexenio, asociada a la personalidad e identidad ideológica del gobernante en turno. Hay un PRI de Miguel Alemán, uno de Echeverría, otro de Zedillo, todos diferentes. Solo gracias a ese control interno podía mantenerse una especie de congruencia, aunque fuese temporal, en las bancadas del partido en los Congresos, en las alcaldías y gubernaturas. Hoy que Salinas critica la polarización entre “neopopulistas” y “neoliberales” hace falta recordar que el PRI es tan amplio que da cabida a ambos.

Sin embargo, este modelo no funciona bien en ambientes de competitividad electoral. Cuando hay la posibilidad de alternancia, la disciplina se resquebraja, porque cada voto cuenta. El ciudadano se empodera, y quien se arroga representatividad para negociar canonjías se debilita. Para gobernar en dicho entorno, es preciso plantear alternativas, justificar decisiones, rendir cuentas y mantener canales directos con la población.

Tras la derrota electoral del 2000, se abrió la posibilidad de replantear el significado de ser priísta. Soy de aquellos que vio con optimismo esa oportunidad. Quizá por primera vez en su historia, el PRI podría  priorizar al ciudadano antes que a la estructura, y a su programa antes que al candidato. Tal vez la coyuntura de la derrota serviría para definir un moderno proyecto de nación, que sin requerir un retorno al autoritarismo pudiese generar puentes y mandatos capaces de romper la parálisis.

Lamentablemente, dicho proceso de deliberación interna ha estado mediado por quienes llenaron el hueco dejado por el Presidente. Algunos gobernadores han asumido la franquicia como propia, encontrando en los peores excesos del pasado herramientas efectivas para afianzar su cacicazgo. Un ejemplo claro es el PRI de Coahuila, donde no hay mayor programa que aceitar la maquinaria para la elección del hermano del actual Gobernador con licencia. ¿Cuál es la diferencia entre el “dedazo” del PRI de otra época, y el actual en Coahuila? Como antaño, el Gobernante eligió a su sucesor, utilizando los recursos del gobierno y los canales del partido para legitimarlo.

El problema de la candidatura de Rubén Moreira no es el nepotismo. Es coahuilense, y tiene el mismo derecho que cualquier otro ciudadano a ser votado. Sin embargo su candidatura está viciada de origen, pues se construyó artificialmente desde el poder, justo como se hacía en los setenta a nivel nacional.

Hasta en la sopa

Los apologistas afirman que Rubén ganó esa candidatura a pulso, por su trayectoria como Presidente del Partido y como Diputado Federal. Pero eso es mirar la ecuación al revés. Rubén no es candidato porque fue Presidente del PRI y diputado, sino más bien fue Presidente del PRI y diputado porque ya era el candidato.  Su popularidad y margen de acción es producto de su aparente inevitabilidad.

Las señales de su ungimiento fueron claras, sobre todo para quienes sin deberle lealtad filial a Humberto Moreira, podrían construir una alternativa dentro del PRI. A los alcaldes los obligaron a renunciar para irse de diputados locales. Los Secretarios que intentaron brillar con luz propia salieron del Gabinete. A los diputados federales con tamaños les escatimaron sus logros. La “nueva clase política”, esa que los Moreira instalaron en Coahuila, representa bien lo que en otros lares describen como “dictadura de carpa amplia”, “donde todos caben, siempre y cuando no olviden quien es el anfitrión”.

Dicho modelo, aunque efectivo, representa un enorme retroceso democrático, que ya empieza a reflejarse en la cultura política de nuestros funcionarios y en el diseño de nuestras instituciones. Pero además, depende para subsistir de un priísmo dócil y acrítico, incompatible con el ejercicio de una ciudadanía plena. Convencidos de la solidez del castillo de cristal que han levantado, se rehúsan a ver la fragilidad que los rodea. Si ese es el partido que Humberto Moreira busca replicar a nivel nacional, caminamos para atrás.

... Esperando a que les caiga del cielo.

El tiempo se le escapa al panismo en pequeños pleitos, la mayoría de carácter interno. Hace ya 25 días eligieron a su dirigente estatal, y es fecha que este no puede tomar posesión ni conformar su equipo de trabajo. Pero esto no es nuevo. Si en el PRI local solo manda una familia, en el PAN el sello es la balcanización de cualquier decisión. Cada candidatura, cada posicionamiento, cada estrategia, parece una nueva excusa para recordarnos que las tribus del panismo local no saben ponerse de acuerdo. Votan, pero no deliberan. Discuten, pero no se respaldan en sus decisiones. Su vida interna no refleja la “brega de eternidad” que imaginó Gómez Morín, esa que llamaba al debate interno como instrumento para formar consciencia cívica, sino más bien una “brega de vanidad” en la que sus liderazgos luchan solo por ampliar su rebanada del pastel.

Mientras tanto, los panistas con cargo público tampoco demuestran ser una opción atractiva de gobierno. Las delegaciones federales, muchas convertidas en agencias de empleo temporal, no han emergido como fuentes de ideas o como ejemplos de buena administración que inviten al contraste, y la bancada panista en el Congreso sobrevive no a partir de una agenda legislativa que entusiasme y aglutine a la ciudadanía sino en base al activismo de algunas individualidades. Torreón, la joya de su corona, fue entregada al PRI en la última elección por muchos factores, pero uno de ellos sin duda fue el sabotaje de grupos antagónicos hacia el interior del mismo PAN. En Saltillo, los panistas se han dejado apocar, y sus cuadros de mayor peso parecen haber abandonado el barco.

Pero la crisis del panismo coahuilense no es producto únicamente del choque entre sus personalidades, sino de una notoria ausencia de ideas e iniciativa. Este partido parece haber cedido a otros su misión fundacional de “señalar errores, indicar nuevos caminos, limpiar la administración, mejorar las instituciones y formar ciudadanos capaces de ocupar con rectitud y eficacia los puestos públicos”. El último escándalo, la valiente denuncia hecha por el Consejero Electoral Carlos Arredondo sobre posibles actos de corrupción hacia el interior del IEPCC, resume un poco la actitud del PAN: Dormir el sueño de los justos hasta que “alguien” haga “algo”, en lugar de aprovechar presencia, presupuesto y militancia para disputar a base de ideas el control sobre la agenda pública local.

Y el famoso Senador Anaya brilla por su ausencia. Han sido innumerables las ocasiones en las que hubiese podido mostrarse ante la ciudadanía como una alternativa. El profundo problema de inseguridad en Torreón, y el aparente abandono federal de esa plaza es tan solo un ejemplo. Además de defender al Presidente y acusar al Gobernador, ¿qué propone Anaya? ¿Cómo abordaría el problema? ¿Qué es lo que trae a la mesa?

Qué atrevimiento, dirán algunos. Criticar al PAN sin ser panista. Pero lo cierto es que el panismo local es corresponsable de los excesos que puede permitirse el grupo que nos gobierna. Sin oposición, el gobernante deja de considerar la posibilidad de perder el poder. Y al hacerlo, no encuentra razón para humildad, para el autocontrol, para la tolerancia de ideas diferentes y para la búsqueda de consensos más amplios. Cuando no existen alternativas competitivas, la democracia que existe en el papel se transforma en una farsa. El gobernante es electo, si, pero puede comportarse como rey. Y ahí están los síntomas, para quien quiera verlos.

Si los panistas creen que la sola referencia a sus triunfos en Oaxaca y Sinaloa bastan para capturar la imaginación del elector coahuilense, están muy equivocados. Primero tienen que despertar de su aletargamiento, hacer la tarea, levantar la mano y explicarle a la gente por qué merecen una oportunidad.

En cuanto se enteró, el Gobernador de Coahuila declaró esto esto en respuesta:

Y al parecer iba en serio. Horas después de la declaración comenzaron a aparecer bardas como esta en Saltillo.

Foto: Marco Medina y Luis Saucedo, Vanguardia

Foto: Marco Medina y Luis Saucedo, Vanguardia

Sin duda un debate de altura. Chale.

Este país funciona aún bajo la lógica del intercambio de favores. Para obtener un empleo, el currículum no importa tanto como la recomendación. Para resolver un problema buscamos primero a un conocido. Decimos con holgura que “a nadie le amarga un dulce” o que “siempre sirve una conocida en un baile”, y celebramos las excepciones que nos benefician diciendo que “nos hizo justicia la revolución”.

La cooperación se sostiene, como describió Axelrod, a partir de la expectativa de reciprocidad.

Dicho modus operandi está profundamente enraizado en nuestro gobierno. Para que salga el apoyo del Procampo, el campesino asiste al mitin. Para garantizar un ascenso, el funcionario “dona” parte de su sueldo al partido. Para obtener contratos del gobierno, ayuda contribuir a las campañas políticas. Lamentablemente dicha relación de reciprocidad no vincula al ciudadano con el Estado en abstracto, sino con el funcionario en concreto. No genera derechos que den sentido a nuestra ciudadanía, sino que implica un intercambio de favores que  fortalece y perpetúa clientelas.
Este mecanismo es tremendamente útil para quien dispone del presupuesto público. Sencillamente hay pocas maneras tan efectivas para adquirir lealtades. Si te doy un una beca, un empleo o un apoyo, me debes tu voto, tu sentido crítico y tu lealtad. Los funcionarios con ambiciones guardan su lista de favores en cuadernos imaginarios. A aquel le conseguí un empleo, a este lo colé en la universidad, este otro “me la debe”. La relación entre el el funcionario dadivoso y el ciudadano afortunado es de agradecimiento personal y endeudamiento político. Esto no tendría nada de malo, si la deuda fuese un efecto secundario y no el principal objetivo del funcionario.

Pero cuando el presupuesto es utilizado para granjearse voluntades se incurre en injusticias, iniquidades e ineficiencias.

Permítame un ejemplo. El Gobernador anunció la entrega de una computadora portátil a cada estudiante de licenciatura y docentes de la UAdeC. Según el Gobernador, la decisión resultó de una gestión del Rector, que

“no dejó otra salida, mas que decir lo que el corazón nos dictó hacia la Universidad, que fué responderles que si” (el video del discurso está aquí).

Supongo que tampoco pudo negarse con los dirigentes del SNTE, o con el Rector de la Narro o con los directivos de los Tecnológicos. Según la última cuenta, que bien podría incrementarse, el Estado adquirirá este año 100,000 laptops para estudiantes y profesores de todo Coahuila. En solo quince días fueron comprometidos $600 millones de pesos del presupuesto, asumiendo máquinas de $6,000 (un precio razonable, según un intercambio de favores similar).

Pongamos el monto en perspectiva. El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología dispone apenas de $18 millones anuales. De hecho, el gasto en laptops representa 4 veces la aportación del Estado para la Ciudad Universitaria en Arteaga ($152 mdp), es mayor al presupuesto 2010 de la SEDESOL Coahuila ($580 mdp), y superior a la partida anual de sueldos de la Fiscalía General del Estado ($575 mdp).

Lamentablemente así definimos las prioridades de gasto en Coahuila. La aritmética de favores desplaza al análisis costo-beneficio.

¿Se habrán dado por enterados los diputados? El monto es muy significativo, y el artículo 102 de la Constitución del Estado prohibe expresamente gastos fuera del presupuesto o sin la autorización del Congreso. Si el recurso es de un ahorro, ¿dónde está el sub-ejercicio o el recorte a gastos previamente programados? Si hubo ingresos extraordinarios, ¿no hay necesidades mas apremiantes? Hace apenas meses tanto Fitch Ratings como Standard and Poor’s revisaron a la baja la calificación crediticia de Coahuila, por “el mayor dinamismo del gasto operacional respecto a los ingresos disponibles” y dada su “agresiva política de endeudamiento“. ¿A nadie preocupa gastar lo que no tenemos?

Aún quienes aplauden el proyecto deben reconocer que hay mejores maneras de acercar la tecnología a nuestros jóvenes.

Depositando $600 millones en el banco, el Estado obtendría rendimientos por $26.7 mdp anuales (a la tasa de CETES vigente hoy), suficientes para comprar 4,450 computadoras al año. En poco tiempo podríamos transformar todos los centros comunitarios, todas las bibliotecas y todas las escuelas de todos los niveles de Coahuila en verdaderas infotecas. Los equipos podrían renovarse periódicamente, asegurando que las futuras generaciones tengan acceso al mismo beneficio sin afectar nuevamente el presupuesto.

Pero las consideraciones de largo plazo importan poco para quienes prefieren registrar favores en sus cuadernos.

Por eso este país no cambia. Desde muy temprano socializamos a los jóvenes bajo la lógica del intercambio de favores. Les mostramos que las leyes, los criterios contables, y la optimización de recursos pueden ignorarse cuando se trata de pedir y repartir favores con dinero público. Y a diferencia de las laptops que repartirán nuestros gobernantes, esa lección durará para siempre.

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ACTUALIZACION:

Es 14 de Noviembre, y por fin encuentro una nota sobre la licitación (en El Norte, requiere password). Acá mi opinión

“Es cierto, la cosa en Coahuila esta que arde, pero la violencia es culpa de Felipe“.

Pensaba en eso, cuando un amigo que leyó mi texto me alertó de la golpiza que unos policías municipales le propinaron a unos profesionistas que pasaban por Sabinas. El cliché aquel de “ten miedo de quien te cuida” es hoy más realidad que nunca. Sería imposible culpar al Gobierno Federal de las actividades de la policía municipal, ¿no? ¿Qué es esta historia, un caso aislado de policías corruptos, o un síntoma del “Modelo Coahuila” de combate al crimen?

Desgraciadamente, no hay algún lugar que concentre estas historias. Pero todos las conocemos. Circulan en el café, en la escuela, en la reunión de amigos, en la piñata de los niños. Ya no son historias del vecino del amigo del primo. Hablan de uno mismo, de lo que pasó ayer, de lo que pasó enfrente de la casa.

Los coahuilenses tienen miedo. Más miedo que nunca. Ya basta.

Por cierto, el Contador Adrián Ortiz, patrón de los profesionistas golpeados en Sabinas, envió al Gobernador una carta relatando el suceso. Quizá solo por ello el caso no pasó desapercibido. Ojalá que más coahuilenses se animen a exigirle seguridad a nuestras autoridades. Para eso les pagamos.

La carta ya circula como cadena por correo electrónico, y me llegó esta mañana. Pueden leerla abajo.

Prof. HUMBERTO MOREIRA VALDES

Gobernador del Estado

Sr. JESUS MA. MONTEMAYOR

Alcalde de la cd. de Sabinas, Coahuila

Sr. GUSTAVO RESENDIZ

Director de seguridad pública municipal de Sabinas, Coah.

Sr. Gobernador, me dirijo a Usted para poner a su consideración hechos que sucedieron el día de ayer en la carretera a unos pocos kilómetros de Sabinas, Coah.,  que nos muestran una realidad que es terca y testaruda y se empeña en mostrar un Estado diferente al que quisiéramos que los inversionistas conocieran, sabemos que sus declaraciones siempre son con el objeto de dar una imagen de seguridad para que los inversionistas sientan que al venir en nuestro Estado no tendrán los problemas que hay en otras entidades y se generen los empleos que tanto se necesitan para nuestra economía.

Pero, se ha preguntado si los alcaldes y sus directores de seguridad pública comparten los mismos ideales?

El lunes 5 de abril ( ayer ) tres contadores del despacho que dirijo, Ortiz, Leos y Cia., S.C. se trasladaban al norte del estado a realizar trabajos de auditoria en las empresas que son clientes de nuestra firma, en un automóvil con el nombre del despacho en ambas puertas, los logotipos de la firma y de las firmas nacional e internacional que representamos, contadores cuyas edades oscilan entre los 23 y 26 años, egresados de la Universidad; y al pasar por la Cd. De Sabinas aproximadamente a la una de la tarde fueron interceptados por una patrulla de la policía municipal identificada con el número 8246, a la altura de una empresa cervecera, por una supuesta infracción de tránsito; los muchachos fueron bajados del automóvil a golpes y esposados, sin decirles el motivo de su detención, para ser trasladados a los separos de la policía municipal donde fueron incomunicados, desnudados y tratados como los peores delincuentes, golpeados con macanas y pateados por valientes policías que calzan botas, según los muchachos por ocho o mas  “ valientes representantes” de la ley, todo esto ante la mirada y el conocimiento del aún mas valiente Director de Seguridad Pública Municipal.

Afortunadamente uno de los muchachos pudo reportar lo que estaba pasando, al hacer una llamada por su celular que posteriormente le fue retirado y por lo cuál tuvo que resistir una andanada de golpes por su atrevimiento; llamada que nos permitió buscar ayuda tanto de la Policía Federal como de personas conocidas residentes en Sabinas y fue de esta forma como logramos que los liberaran no sin antes amenazarlos para que no dijeran lo que les había sucedido y recomendarles que regresaran a sus casas y que “ahí no había pasado nada”, entregándoles sus pertenencias completas, incluyendo las computadoras y maletas con papeles de trabajo.

Los muchachos fueron atendidos el mismo lunes por la noche en un hospital de Saltillo, después de ir a traerlos a la cd. de Monclova por el riesgo que corrían si seguían en la carretera en el mismo automóvil y con las amenazas que recibieron al ser “liberados”.

El resultado de la revisión médica es el siguiente: fractura de pelvis en uno de ellos, lastimadura de cuello, en otro y en el tercero al que le fue mejor, “solo” un hombro lastimado.

Ayer mismo cuando una de las personas que contactamos en Sabinas, le pidió  al director de seguridad pública una explicación de que estaba pasando este llamó a nuestra oficina para decir que ya estaba arreglado el problema de los muchachos y que los iba a soltar con el pago de una “multilla”, la cuál fue cubierta y el recibo que la ampara no especifica el “delito” o infracción cometida.

Después de lo sucedido los muchachos no quieren saber nada de transitar por nuestras carreteras, no sabemos como vamos a resolver los compromisos de trabajo que tenemos con las empresas que se encuentran fuera de Saltillo.

Sr. Gobernador a quien debemos de denunciar esto que esta sucediendo y que no trasciende por miedo a lo que pueda sucederle a quién lo haga, Usted es la máxima autoridad en nuestro estado y consideramos que es quién debe poner un hasta aquí a los abusos de las autoridades municipales, como en este caso; de otra forma los visitantes e inversionistas se van a alejar del Estado y los que pensaron en venir a invertir lo van a pensar mucho.

Creo que esto no le conviene a nadie.
Saltillo, Coah. Abril 6 de 2010

C.P. ADRIAN H. ORTIZ GAMEZ

Director de

Ortiz Leos y Cia., S.C.

La Embajada Norteamericana mantiene una alerta sobre la situación de inseguridad que se vive en Coahuila. El mensaje a sus ciudadanos es claro: si no tienen a que ir no vayan, y si tienen a que ir piénsenlo dos veces. La alerta llega después de una sangrienta racha que incluyó balaceras en centros comerciales y bares, presuntamente asociadas con la disputa de grupos criminales por el control de la plaza.

No exageren, respondió con aplomo el Gobernador Moreira: “si agregamos 30 años de muertes en Coahuila, nos da a un año de muertes en California”.

La declaración merece un poco de debate, no solo por su inconsistencia con la realidad, sino por su falta de cuidado analítico. No es válido comparar peras como Coahuila con manzanas como California, ni siquiera cuando nos hieren el orgullo. El segundo tiene quince veces más población que el primero, por lo que cualquier comparativo en números absolutos es francamente ridículo. El argumento es tan falaz como decir que un coche de cuatro asientos con seis pasajeros va menos lleno que un autobús de cuarenta asientos con solo diez tripulantes.

Si comparamos la tasa en lugar de comparar el número total de homicidios, aparece un dato que sin ponernos al nivel  de Afganistán (o de Chihuahua), sirve para entender los temores diplomáticos. No solo importa que la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en Coahuila es cuatro veces superior a la registrada en California, sino que  la incidencia de este delito en nuestro estado va en rápido aumento, mientras que en la tierra del Terminator permanece estable.

Salvo que contemos a los muertos de las películas de Hollywood, es sustancialmente más peligroso Coahuila que California.

Pero entrémosle al tema. ¿Qué tan inseguro es Coahuila?

Para dirimir esta duda, habría que aprovechar el método sugerido por el Gobernador, y comparar nuestro desempeño con el de otras entidades. Empecemos revisando las estadísticas de robos anuales, por cada 100,000 habitantes por supuesto. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 2007 Coahuila era el estado más seguro de la región, y por mucho. Las tasas de robos en Nuevo León y Tamaulipas casi duplicaban a la de nuestro estado. Sin embargo, para el 2009 emparejamos los cartones. La incidencia de robos en Coahuila creció en 80%, mientras que en el resto de la región permaneció estable. Pasamos de 6,450 robos anuales en la primera mitad del 2007 a 11,700 en el mismo periodo del 2009.

Si comparamos el número de muertes asociadas al crimen organizado (ejecuciones, bajas por enfrentamiento y bajas por agresión contra la autoridad) la fotografía es más dramática. De acuerdo con la misma fuente, en el 2007 se registraron 18 homicidios de este tipo en nuestro estado, 80 en Tamaulipas y 130 en Nuevo León. Dos años después el “ranking” en la región cambió radicalmente.

El número de este tipo de homicidios bajó un poco en Nuevo León, creció hasta 90 en Tamaulipas y se disparó hasta 180 en Coahuila. ¡Un crecimiento de 1000% en dos años!

Hay quien dice que estas estadísticas solo reflejan el fracaso de la estrategia federal de combate al crimen.

Por ejemplo el diputado Ruben Moreira, en un artículo publicado el 3 de Abril en El Universal, sugiere que la estrategia federal es utilizada con fines electorales, que el discurso presidencial es “radical” y “fundamentalista”, y que “la estrategia de seguridad está produciendo víctimas entre aquellos que se supone deberían ser los beneficiarios”. Quizá tiene razón, pero olvida decir que la responsabilidad de brindar seguridad es compartida, y que la estrategia del Gobierno Estatal es exactamente la misma que la del Gobierno Federal: militarizar las policías.

Al día de hoy, los jefes de policía de 10 municipios, los cinco principales mandos de la policía estatal, y el Subsecretario de Readaptación Social son ex-militares. Según Isabel Arvide, una periodista reclutada para dirigir esta estrategia, Coahuila cuenta con “el grupo más numeroso de militares en situación de retiro que se desempeñan en funciones de seguridad pública en una entidad de la República”. El Ombudsman nacional ya criticó duramente el “Modelo Coahuila”, y por razones de espacio no voy a ahondar en el tema.

Sin embargo, vale preguntar, ¿si la estrategia es tan mala, para que la replicamos?

Coahuila nunca había sido tan inseguro como ahora. Y no creo que negar la existencia del problema o endilgarle la responsabilidad al Presidente ayude mucho.

Estoy de acuerdo en que las ciudades de Coahuila requieren de obras viales. Como repetidamente señalan nuestras autoridades, los niveles de congestión vehicular se han incrementado, y los ciudadanos pierden mucho tiempo cruzando su ciudad de un lado a otro. Sin embargo, decir que la construcción de algunos puentes y avenidas son necesarios no equivale a decir que este tipo de obras bastan.

Saltillo sumará 34 puentes vehiculares en esta administración, incluido un distribuidor vial de (cuando menos) $900 millones de pesos. En Torreón, la llegada del PRI a la alcaldía coincidió con la liberación de cuantiosos recursos para terminar los 10 puentes del Sistema Vial Revolución. En Piedras Negras y Monclova se preparan anuncios similares.

Así como el martillo le ve cara de clavo a cualquier problema, nuestros gobernantes le ven cara de puente a cualquier intersección vehicular.

Pero, ¿cuál fue la última inversión pública de nuestro estado en materia de transporte público? ¿Qué fue del tren suburbano de Saltillo, anunciado por el Gobernador el día 30 de enero de 2008? ¿En qué quedó la promesa del alcalde de modernizar el servicio de transporte urbano? ¿Por qué ninguna ciudad coahuilense cuenta con un plan de movilidad no motorizada, como ya tienen Guadalajara, Chihuahua y Culiacán? ¿Por qué tampoco han aprovechado los recursos del Programa Federal de Apoyo al Transporte Masivo del Fondo Nacional de Infraestructura, como ya hicieron cerca de 15 ciudades del país?

Nuestras autoridades pretenden resolver el problema de movilidad urbana a base de una estrategia única: construir más y más infraestructura vial. Dicha ruta es tan cuerda como atacar el sobrepeso comprando pantalones más anchos.

Lo que es peor, los grandes proyectos de desarrollo urbano –como el suburbio estudiantil en Arteaga y el suburbio industrial en Derramadero- fueron diseñados sin considerar que la única manera eficiente de acceder a ellos es viajando en automóvil. Los 5,000 estudiantes y profesores que viajarán 13 kilómetros al este hasta la nueva Ciudad Universitaria, y los 10,000 trabajadores que recorrerán 23 kilómetros al sur para laborar en el “Valle Chrysler”, cuentan con pocas alternativas para desplazarse hasta allá. Ambos proyectos están en marcha, y sin embargo las autoridades han dicho poco sobre como pretenden acomodar esta demanda adicional de viajes sobre nuestras calles.

¿Cuál es la idea? ¿Que los universitarios se transporten en coche, congestionando los nuevos puentes de Fundadores, o que se vayan a vivir a Arteaga, acelerando la perdida de densidad en Saltillo? ¿Que las empresas de Derramadero continúen proveyendo transporte a sus empleados, o que estos se muden a un lugar todavía carente de servicios públicos? Estas parecen ser las únicas opciones sobre la mesa, pues no existe estrategia de transporte público asociada a estos proyectos.

Lo que si anunciaron nuestros funcionarios hace poco es la construcción de ocho puentes peatonales en Saltillo. Peor es nada, dirán algunos, pero lo cierto es que el simple anuncio demuestra quien tiene prioridad en nuestra capital. La premisa del gobierno es reveladora: El peatón es quien debe modificar su recorrido y subir escaleras, para que el automovilista pueda ahorrarse un semáforo. Curiosamente, en las ciudades donde verdaderamente se toma en cuenta a los peatones, no existen los puentes peatonales.

Es un tanto paradójico que el gobierno “de la gente”, ignore de una manera tan evidente a “la gente” que no usa el automóvil.

No es poca, por cierto. En nuestro país, aproximadamente el 80% de los viajes se hacen en transporte público, y no debe sorprender que el 20% que viaja en automóvil corresponda al segmento más rico de la población. Curioso esquema el coahuilense. Los impuestos de todos se utilizan para que unos cuantos circulen con mayor velocidad. Y mientras tanto los camiones están en pésimo estado, las nuevas avenidas no tienen banquetas y no hay un solo kilómetro de ciclopistas. Solo los coches tienen permiso de circular sobre las magnas obras de infraestructura vial de este sexenio. Es como si el gobierno hubiese renunciado a la posibilidad de dar alternativas de movilidad a la ciudadanía.

El anuncio que grabó Ernesto Laguardia para el Gobierno del Estado resume este asunto bastante bien. En el texto, la frase: “Coahuila, el lugar que camina al ritmo de la gente”. En la foto: un puente con carros y sin peatones.

Un mensaje clarísimo: O circulas en automóvil, o no “caminas” como la “gente”.

La propuesta de reforma fiscal del Gobernador de Coahuila tiene elementos revolucionarios. Propone reducir la tasa del Impuesto al Valor Agregado al 10% y establecer una tasa única del 15% para el Impuesto sobre la Renta. Además ofrece transferir la responsabilidad recaudatoria y el control sobre el gasto de estos impuestos a los gobiernos locales, asignando el IVA a los municipios y el ISR a los estados. Según Moreira, la Federación puede absorber el golpe recortando su burocracia, y los gobiernos locales podrán balancear sus finanzas con estos recursos. Suena bien, pero para evaluar ambos postulados necesitamos revisar los números.

Sacar estos recursos del Presupuesto Federal implica una reducción de ingresos de 1,200 miles de millones de pesos anuales. Si los estados recaudan estos impuestos a las tasas propuestas por Moreira, obtendrían menos de dos terceras partes de esta cantidad. El déficit generado -482 mil millones de pesos- equivale a eliminar de un plumazo el presupuesto anual de dieciséis estados del tamaño de Coahuila. Se puede argumentar que las tasas más bajas estimularán la economía, pero esto nunca sería suficiente para compensar el faltante.

¿Dónde vamos a abrocharnos el cinturón?

El Gobernador no ha dado detalles. Si desaparecemos las Secretarias de Función Pública, Reforma Agraria y Turismo ahorraríamos sólo $11 mil millones de pesos. Si eliminamos el Poder Legislativo y el IFE dejaríamos de gastar 18 mil millones. Recortar todo el presupuesto de la Presidencia, PGR, Sedesol, Salud, Semarnat, Segob, Hacienda, Defensa y Marina permitiría un ahorro de apenas $336 mil millones más. El Programa Carretero vale $39 mil millones (incluidos $1,197 para Coahuila), el Fondo para Zonas Metropolitanas asciende a $7,500 mdp (incluidos $391 para la Laguna y $50 para Saltillo), y el Programa Oportunidades nos cuesta $63 mil millones.  ¿Eliminamos todo lo anterior?

Suponiendo que hacerlo fuese factible y deseable, habría que despejar algunas dudas.

¿Cómo lograremos que las administraciones que cobran mal el predial cobren bien el IVA? ¿Qué hay de la equidad? Quitarle cien pesos a un pobre es mucho más doloroso que quitarle mil a un millonario. ¿Realmente queremos una tasa de ISR que trata igual a los desiguales? Si el Gobierno Federal ya no tendrá dinero ¿como cerramos la brecha entre estados ricos y pobres? Y hablando de pobres, ¡pobres contadores! En vez de lidiar únicamente con el SAT tendrán que entenderse con autoridades fiscales de 32 entidades federativas y de cerca de 2,500 municipios. ¿Dónde queda la simplificación?

Aunque si somos egoístas…

Lo único que debría importarnos a la hora de evaluar el Plan Moreira es su efecto sobre las finanzas del estado. Según la Ley de Ingresos vigente, Coahuila espera recibir este año $20,200 mdp vía “ingresos y aportaciones federales”. De aprobarse el Plan Moreira, estas transferencias dejan de tener razón de ser. Finalmente, solo existen porque en 1978 se firmó el Convenio Nacional de Coordinación Fiscal en el que los estados cedieron a la Federación las potestades tributarias que les serían devueltas. ¿Podemos sustituir este monto con lo que recaudemos de IVA e ISR?

Aparentemente no. De acuerdo con datos del Centro de Estudios de Finanzas Públicas, en el 2009 los coahuilenses pagamos $15,500 mdp por estos impuestos. Es decir, Coahuila enfrentaría su propio boquete financiero, ¡aún sin reducir tasas! Aunque sorprenda, no mandamos más en impuestos que lo que nos devuelven. La mayor parte de los recursos que envía la Federación a los estados no viene de fuentes tributarias, sino del petróleo. Y ese no es mas coahuilense que yucateco.

Nuestra recaudación es además relativamente baja por dos razones. Las grandes empresas manufactureras como Peñoles y GM pagan ISR donde están sus domicilios fiscales y no donde están sus fábricas. Dado que el DF recauda el 60% del ISR nacional, Ebrard estará feliz con la propuesta moreirista. Además, el IVA esta plagado de exenciones. Ya se cobra al 11% en la frontera, y las importaciones y exportaciones bajo el esquema de maquila (que es muy común en Coahuila) tienen tasa cero.

Queremos ser claros. El diagnóstico del Gobernador no es equivocado.

Coahuila es  un perdedor neto bajo el actual esquema de coordinación fiscal, particularmente al consideramos su aportación al PIB. Los gobiernos locales si requieren mayor autonomía financiera, y los diferentes órdenes de gobierno deberían compartir la responsabilidad de cobrar impuestos. Sin embargo, el Plan Moreira no resuelve el problema, y podría profundizarlo.

Cuidado; a veces sale peor el caldo que las albóndigas.

* Carlos fue mi compañero en la Maestría. Actualmente trabaja como instructor asistente del curso “Complex Budgeting and Financial Management” en la Escuela Kennedy de Gobierno de Harvard. Pueden contactarlo en carlos.barragan@hks.harvard.edu

Me llamó la atención encontrar pocas notas sobre el suceso en las páginas de opinión de los periódicos de la localidad… hasta que abrí mi correo electrónico, y encontré este texto de Mario Dávila Flores. Lo reproduzco aquí completo, tanto por la reelevancia del tema como por la agudeza del autor.

¿Y a ustedes, qué les pareció el evento?

El Cacerolazo
Por Mario Dávila Flores

(columnista invitado)

El motivo oficial o declarado de la marcha y concentración de protesta organizada– ignoramos a que costo– por el PRI estatal, fue protestar en contra de la política económica del Gobierno Federal, y en especial, contra el Presidente Felipe Calderón. Cuando hablamos de política económica, nos referimos a sus dos componentes: la política fiscal y la política monetaria, así que conviene pasar una revista a la situación que impera en México en estos dos pilares de la conducción económica del país.

Política Fiscal.

Su diseño, implementación y ejecución corresponden al Gabinete Económico, siendo esta política liderada por la Secretaría de Hacienda, sin embargo, muchas de sus determinaciones principales pasan por la aprobación del Poder Legislativo, como es el caso del Presupuesto Federal, que es una de las principales herramientas de la política fiscal, y que tiene que ser aprobado por el Congreso, lo cual significa que existe una corresponsabilidad entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

¿Cómo podemos caracterizar la política fiscal de México en este momento? Destaca desde luego su orientación al equilibrio, pues el tener un déficit presupuestal de alrededor del 2% del PIB se compara muy favorablemente con los indicadores de un gran número de países, entre los que se encuentran los más desarrollados del mundo, como: Estados Unidos, los de la Unión Europea, con algunas excepciones, y varias naciones asiáticas como Japón e incluso China, cuyo rasgo fundamental, son los elevados desequilibrios fiscales que presentan.

En efecto, se trata de porcentajes deficitarios de dos dígitos, y que están provocando sacudidas en los mercados mundiales, con manifestaciones preocupantes en Grecia, España, Portugal, Irlanda e Italia, por mencionar a los más vulnerables. En México, ese no es el caso, gracias al manejo eficiente y prudente de las finanzas macroeconómicas, y pese al agotamiento del recurso petrolero, ya se están contemplando nuevas alternativas, entre las que se incluye una verdadera reforma fiscal, para mantener el equilibrio en las finanzas públicas.

Si contamos con finanzas sanas, ¿cuál es entonces el sustento de la crítica de los priístas de Coahuila a dicha política? Objetivamente no hay razones para entender tal protesta, sin embargo, se manejaron otros argumentos como son el desempleo y el mentado gasolinazo. Respecto al primero de ellos, su magnitud creció efectivamente a raíz del desplome de la demanda en los Estados Unidos, pero incluso, el desempleo en México, que ronda el 5% está por debajo del que prevalece en la Unión Americana y en Europa. Además, ¿se puede culpar al Presidente de la República o al Secretario de Hacienda, de la dependencia de nuestras exportaciones? ¿Constituye lo anterior una responsabilidad exclusiva de ellos dos?

Pues bajo el mismo argumento, existen varios gobernadores en cuyas entidades hay una gran dependencia de la industria automotriz, la que al desplomarse en Estados Unidos, disparó el desempleo en sus respectivos estados. ¿Se les puede culpar también a ellos del aumento en el desempleo?

Finalmente está el famoso y magnificado gasolinazo, cuyo incremento oscila alrededor del dos por ciento, y que incluso estos aumentos de precio no son suficientes para evitar el subsidio a los combustibles, que ascienden a 35 mil millones de pesos al año; además estos ajustes de precios significan mayores ingresos para los estados. Quienes abogan por el subsidio total a las gasolinas, pretenden ocultar la realidad: este producto tiene un costo de producción, que se debe pagar, ya sea vía nuestros bolsillos de manera directa, o indirectamente cuando el gobierno lo subsidia.

La Política Monetaria.

Este segundo componente de la política económica tiene como objetivo preservar la estabilidad monetaria, combatiendo la inflación, estando a cargo del Banco de México, cuyo órgano máximo de autoridad es la Junta de Gobierno, siendo su representante el Gobernador de la institución. Pese a la burbuja inflacionaria de los primeros meses de este año, que tanto el PAN como el PRI contribuyeron a formar, las proyecciones apuntan a una inflación anual del orden del cinco por ciento. Nada comparable por ejemplo, con la que trae Hugo Chávez en Venezuela.

¿Por qué tanto escándalo de los tricolores? Se les olvidó acaso, cuando en los sexenios de Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, llegamos a tener tasas de inflación superiores al 150%, y le quitamos tres ceros al peso. Hagan un poco de memoria. Y si hoy con una inflación del cinco por ciento, movieron 20 o 30 mil gentes, proporcionalmente, con una inflación del 150% debieron haber movilizado cerca de 900 mil en su momento, lo que desde luego no hicieron por obvias razones.

Por lo tanto, y pese a los pataleos sin sustento, en materia monetaria por suerte tenemos una razonable estabilidad, lo que significa que aquí tampoco existen motivos reales para cuestionar la política económica. En consecuencia, a falta de argumentos objetivos, se puede pensar que el famoso cacerolazo fue ante todo una manifestación de poder comarcano de carácter eminentemente político.

He recibido una cantidad inusual de comentarios sobre mi último artículo en Vanguardia. Hay aplausos y buyas, consejos y reclamos, aclaraciones sobre este texto e ideas para los próximos. Que bueno. El punto del artículo es que necesitamos más diálogo, más contraste de ideas, más energía cívica.

Llámeme loco, pero yo más bien pienso que el tema compete a la sociedad civil en general.

¿Por qué es “partidista” pedir una explicación respecto del 20% de duplicaciones que registra el padrón de este programa? ¿Por qué es “inmoral” cuestionar que dicho programa sea manejado por la oficina de gestoría del despacho del Gobernador y no por la dependencia facultada legalmente para atender a la población vulnerable del Estado? ¿Qué tiene de malo solicitar los nombres y apellidos de quienes reciben estos apoyos? O dicho de otra forma, ¿Desde cuando el desorden administrativo, el posible uso político de los recursos públicos y la opacidad de nuestro Gobierno compete exclusivamente a los panistas?

Sin embargo, hay algo de razón en el argumento oficial. Mas allá de los liderazgos panistas, han sido contadas las voces que han planteado públicamente estas preguntas. ¿Dónde quedó la voz tronante de la Cámara de Comercio de Saltillo? ¿Qué fue del liderazgo moral del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada? ¿Dónde está la sociedad civil?

En otras épocas, asuntos más triviales que el Monedero-gate hubiesen detonado una gran movilización por parte de los líderes de opinión en Coahuila. Ahí estarían los directivos de las cámaras, los grandes empresarios y los presidentes de las ONGs organizando protestas y pagando desplegados exigiendo explicaciones puntuales a nuestros funcionarios. En lugar de susurros y rumores, habría cuestionamientos fuertes, claros y de frente.

Pero el silencio ya no sorprende.

Hoy Coahuila es feudo de los Moreira, un sitio donde la sociedad civil se ha vuelto tímida, y en algunos casos hasta cómplice. Pocos levantaron la voz cuando diversos medios del estado perdieron misteriosamente su vocación crítica para convertirse en cajas de resonancia del aparato propagandístico del Estado. Pocos chistaron cuando los organismos autónomos –como el IEPCC, el Tribunal Electoral y el ICAI- vieron acotada su independencia. Pocos se rebelaron cuando el grupo en el poder ordenó a los alcaldes de las principales ciudades del estado renunciar anticipadamente a su compromiso con los electores. Y los ejemplos abundan. En el Coahuila del siglo XXI, el gobierno puede posponer sus pagos a proveedores, continuar con una politica agresiva de endeudamiento y dejar sin presupuesto operativo a muchas dependencias gubernamentales, sin que estas decisiones –oportunas o no- generen un sana discusión ciudadana.

Ante nuestra creciente complacencia, la familia Moreira se ha convertido en dueña y señora de la política coahuilense y hoy no trina ni un chilero en un poste sin que ellos lo autoricen. Pero lo sorprendente no es que el Gobierno teja fino en su estrategia de operación política, sino que esta resulte tan barata. Para granjearse a algunos ha bastado mencionarlos en un libro, o brindarles un homenaje, o becarlos para viajar a Cuba o Washington. Otros guardan silencio para proteger la carrera política de un hijo, o algún contrato con el gobierno. Quizá las instituciones salgan más caras, pero parece que también tienen precio. ¿Habrá alguna relación entre las donaciones de terrenos para edificios de algunas Cámaras y su conspicuo silencio? Y el recién anunciado Cristo de $40 millones de pesos para el Parque las Maravillas, ¿no es parte de una estrategia de acercamiento con destacados miembros de la jerarquía eclesiástica?

El silencio preocupa, pues anuncia lo que está por venir.

Sin reparar en ello, transitamos de una democracia incipiente a un mundo de autómatas, donde el contraste de opiniones y la formación de criterios independientes es cada vez más escaso. En este Coahuila Orwelliano, el Gran Hermano opera sin contrapesos y puede darse el lujo de leernos en voz alta esa cita terrible de la novela ¨1984¨:

“No nos contentamos con una obediencia negativa, ni siquiera con la sumisión más abyecta. Cuando por fin te rindas a nosotros, tendrá que impulsarle a ello tu libre voluntad. No destruimos a los herejes porque se nos resisten; mientras nos resisten no los destruimos. Los convertirnos, captamos su mente, los reformamos. Al hereje político lo traemos a nuestro lado, no en apariencia, sino verdaderamente, en cuerpo y alma. Lo hacemos uno de nosotros antes de matarlo”.

O en términos más llaneros: La sociedad civil está siendo domesticada.

Por eso nuestros gobernantes pueden andar con las braguetas desabrochadas, y no hay quien les diga nada.

Dice el Gobernador que no entrará en “grillas con panistas”. Que prefiere “dedicarse a cosas importantes”, y que no piensa entretenerse con “tarugadas”. Así respondió ayer ante el señalamiento de que uno de los principales programas de asistencia social de su Gobierno es manejado con fines electorales. La reacción no corresponde a la investidura de su cargo. Pero no solo eso. Tampoco es la mejor estrategia para defenderse. Sería más fácil y contundente abrir la información del programa y permitir una investigación independiente.

Repasemos los hechos. El pasado 3 de enero el nuevo titular de Sedesol, Jorge Torres, reconoció la existencia de irregularidades en el “Monedero de la Gente“, un programa que consiste en un subsidio de $200 pesos mensuales para complementar el gasto de 150 mil coahuilenses. Según ventilaron diversos medios, una auditoría descubrió duplicaciones ¡en el 20% del padrón de beneficiarios! Dichas anomalías fueron confirmadas por el Gobernador, quien desde el 6 de enero anunció el relanzamiento del programa con nuevo nombre y nuevas reglas de operación.

Hasta aquí no hay nada que respalde la sospecha de que estos monederos fueron utilizados para aceitar la maquinaria electoral priísta. De hecho, la explicación ofrecida inicialmente por Moreira parece razonable, y en todo caso sencilla de comprobar. Según el Gobernador, las duplicaciones se deben al hambre y desesperación de los coahuilenses, quienes aprovechando fallas en la supervisión del programa registraron indebidamente a hijos y cónyuges. Es decir, las anomalías habrían sido causadas por una monumental falta de control administrativo, y no necesariamente por el manejo político de nuestros impuestos.

Sin embargo las declaraciones de la ex Secretaria de Desarrollo Social, María Esther Monsivais, brindan elementos para pensar lo contrario. En un desplegado a plana completa en el Periódico Zócalo, Monsivais declaró que “en ningún momento la operación del (Monedero de la Gente) estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, sino que éste fue operado por la Procuraduría Social y de Atención Ciudadana”, enfatizando que “si hubo algún detalle, yo no me enteré”.

Resulta entonces que los $700 millones de pesos asignados a este programa no son administrados por la dependencia responsable del combate a la pobreza en Coahuila, esa que está facultada legalmente para “brindar apoyo a los grupos sociales vulnerables de la Entidad” (Artículo 28, fracc. III de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado). Inexplicablemente, el Monedero de la Gente es operado por la Procuraduría Social, una oficina adscrita al despacho del Ejecutivo Estatal y que según su portal electrónico, fue creada únicamente “para conocer, atender y tramitar todas las peticiones dirigidas al Gobernador del Estado”.

Que raro. La característica esencial de la Procuraduría Social es su discrecionalidad. Los funcionarios ahí adscritos acompañan al Gobernador en sus giras, recogiendo solicitudes de apoyos para cubrir recetas médicas, pagar algún recibo de luz, financiar graduaciones o completar la renta. Los beneficiarios de la Procuraduría Social reciben lo que Mancur Olson llamó “incentivos selectivos”, favores especiales utilizados para generar un sentimiento de lealtad hacia quien los otorga. Si como afirma Monsivais, la Sedesol no conoció los detalles de la operación del Monedero de la Gente, tenemos que preguntar: ¿Qué es este programa? ¿Una estrategia para apoyar a la población vulnerable o un instrumento para repartir (o quizá reciprocar) favores?

La forma es fondo, y en este caso la forma fortalece la sospecha. ¿Cómo habrían reaccionado las autoridades estatales si Ernesto Cordero, ex titular de Sedesol Federal, ventilara que una oficina de gestoría de Los Pinos administra el Programa Oportunidades? ¿Acaso no serían los Moreira los primeros en demandar una investigación ante la primera muestra de irregularidades?

Para despejar dudas, nuestras autoridades deberían abrir la información del Monedero de la Gente, como ya solicitó el Senador Anaya. Hacerse de la vista gorda y ordenar un cambio cosmético al programa no basta. Es preciso confirmar si las irregularidades encontradas en el padrón fueron producto de una indebida estrategia electoral, o como dice el Gobernador, de lamentables omisiones administrativas. ¿Quién decidía la entrega de las tarjetas? ¿Las lideresas o los funcionarios? ¿Cuáles son los nombres duplicados? ¿Los más connotados activistas del partido gobernante en las colonias populares, o los más pobres y desesperados coahuilenses?

Plantear estas preguntas es un elemental derecho ciudadano. Toda la gente –incluso la que el Gobernador considera ociosa, taruga, buscapleitos y grilla- merece respuestas.

El Partido del Orden probó con sus decisiones que no sabía ni como mandar ni como servir; ni como vivir ni como dejar morir; ni como sufrir la República ni como derribarla; ni como hacer valer la Constitución ni como tirarla por la borda; ni como cooperar con el Gobernante, ni como romper con él. ¿A quién, entonces, se encomendó para encontrar una salida de tantas contradicciones? Al calendario, a dejar que los eventos pasaran. El partido dejó de creer que podía influenciar los resultados con sus acciones. Por lo tanto dejó que fuera la coyuntura la que tuviese el poder sobre el partido. Y así, fue entregando uno y otro recurso hasta que quedó impotente.

Creo que algo similar le sucede al PAN en Coahuila. ¿Algún militante de este partido que piense diferente?

En un universo paralelo, construido en la imaginación del académico Mario Dávila, la “Nación Chichimeca” se separa de México, importa “mejores prácticas” de Venezuela y Cuba, reinventa sus instituciones, y finalmente enfrenta con entusiasmo los retos del futuro. La saga completa, en Apalabrados:

• La Nación Chichimeca (I)
• La Nación Chichimeca (II)
• La Nación Chichimeca (III): El Imperio Contrataca

Troy Davis.

Tras 16 años esperando a que se cumpla su sentencia de pena de muerte en Georgia, Estados Unidos, todavía debaten sobre su probable inocencia. La pistola no ha sido encontrada. Siete de los nueve testigos que declararon en su contra se han contradecido o han solicitado que se borre su testimonio. Muchos de ellos han aceptado que fueron presionados por la policía para declarar. Tras revisar el caso, Amnistía Internacional concluyó que no hay pruebas contundentes contra el acusado. Vean el video de abajo.

Quien sabe. En una de esas lo sueltan en un par de años con una palmada en la espalda y un “usted disculpe”. O a lo mejor lo matan, con dudas y todo, con tal de demostrar mano dura en la lucha contra la delincuencia.

Lo bueno es que en México los ministerios públicos y los jueces nunca se equivocan. Fiu.

Crédito fotográfico: Jaume d’Urgell

Dice Moreira que ampliar la participación accionaria del gobierno en Aguas de Saltillo tiene sentido, porque los españoles le cobran precios muy altos a “la gente”.

En sus propias palabras:

“Está bien que cobren y que sean cobrones, pero no que sean cabrones con la gente”

Soy un convencido que el gobierno puede ser tan o más eficiente que el capital privado en la provisión de servicios públicos. Sin embargo, hay algo que no entiendo: El gobierno ya tiene mayoría accionaria en Aguas de Saltillo. En lugar de comprar más acciones, puede ejercer esa mayoría para controlar las “ineficiencias” y “sobrecobros”. En otras palabras, ¿por qué gastar recursos públicos en ampliar una mayoría que ya se tiene?

Por supuesto que la medida será bien recibida. El sentimiento anti-gachupín sigue galopando en la idiosincracia del mexicano. ¿Pero que no es esto populismo puro? El accionista mayoritario -es decir, el gobierno- podría alcanzar el objetivo que busca ejerciendo su peso en el Consejo de Administración de la empresa. Con el 51% de las acciones, puede reducir el reparto de utilidades de la empresa, y dirigirlos a subsidiar el consumo de los sectores mas pobres o a ampliar la red de agua.

Pero no, hay que convertir a los españoles en los malos. Es más rentable electoralmente.

1) El PRI postuló buenos candidatos: Alcaldes con amplias redes de apoyo y demostrado arrastre electoral (como Chuy Mario Flores en Piedras Negras), jóvenes promesas de la política local (como Enrique Martínez y Francisco Tobías en Saltillo) y políticos con profundo trabajo de base (como Salvador Hernández Vélez en Torreón). No todos fueron seleccionados por ser “amigos” del Gobernador, sino por tener posibilidades reales de éxito. Hay que reconocerlo, es notable el trabajo político de Rubén Moreira.

2) El PAN entregó la plaza sin pelear: Quizá presionado por el calderonismo para no complicar las discusiones de la reforma energética, o simplemente por no aprovechar a sus cuadros más competitivos, el panismo coahuilense nadó de muertito. No hubo pronunciamientos duros, ni una estrategia coherente, ni un análisis profundo de las debilidades de la actual administración. Salvo en contados momentos, sus grandes liderazgos marcaron sana distancia del proceso, quizá temerosos de asumir los costos de una derrota que juzgaron a priori inevitable. Si los asesores de Guillermo Anaya creen que perder toda la Legislatura es buena estrategia para llegar al Palacio Rosa, viven en otro planeta.

3) Votaron pocos, pero más de los esperados. Las elecciones que no ponen en juego alcaldías, gubernatura o presidencia tienden a tener un perfil bajo, pues la gente no percibe que el resultado impactará en sus vidas. En la elección de febrero en el Estado de Hidalgo –donde solo votaron por diputados locales- participó el 37% del padrón. En 2003, la última vez que elegimos Diputados Federales sin que se renovara al mismo tiempo la Presidencia de la República, la participación fue del 33.22% de los coahuilenses. Me cuento entre los que pronosticaban porcentajes mucho menores para el domingo pasado. No fue así. Votó el 40% de nuestro listado nominal.

4) Con tiempos de campaña tan cortos, el partido en el poder tiene una ventaja estructural. Dado que no hay tiempo para comparar a los candidatos durante la campaña, gana quien haya alcanzado mayor visibilidad en el pasado. Por supuesto, es más fácil “placear” a tus cuadros si controlas al gobierno. Dicha realidad hace aún mas notable la derrota del PAN en Torreón, un claro ejemplo de voto de castigo contra su alcalde.

Los resultados de esta elección me dejan con sentimientos encontrados. Por una parte, el PRI merecía ganar. Aún quienes dudan de la calidad de su proyecto de gobierno, tienen que reconocer que la oposición no presentó una alternativa competitiva. El PRI hizo su tarea y evitó dormirse en sus laureles, mientras que el PAN se derrotó a si mismo antes de empezar.

Sin embargo, preocupa que el resto de este sexenio transcurra sin voces de oposición en la Legislatura que obliguen a la mesura, a la negociación y a la transparencia. Sin duda, la nueva correlación de fuerzas permite al Gobierno del Estado auto-regularse y auto-fiscalizarse, creando un incentivo permanente para el abuso y el dispendio.

Los nuevos diputados tendrán que ser proactivos para evitar convertir al Congreso en una irrelevante oficialía de partes del Palacio Rosa. Coahuila les agradecerá que combinen su legítima fidelidad al proyecto político del Gobernador con una irrestricta defensa a la autonomía del Poder Legislativo. Es evidente que en sus votaciones tenderán naturalmente a la unanimidad. Si esta es producto de un trabajo libre de negociación y de consenso, enaltecerán con ella la función legislativa. Pero si por el contrario su unanimidad es síntoma de sumisión acrítica, Coahuila regresará a la peor época del autoritarismo y simulación.

Ojala que Humberto Moreira –convertido efectivamente en rey por voluntad popular- muestre su estatura y sensibilidad atendiendo a las voces mesuradas que todavía lo rodean. Con una oposición inexistente, la sabia advertencia de Lord Acton parece escrita para Coahuila: “el poder tiende a corromper, pero el poder absoluto corrompe absolutamente”.