Imagen: Marc Guerrien

En un par de años, mi ciudad se ha llenado de bardas y de rejas. Ahí están las que hoy rodean a los edificios del Congreso y del Tribunal Superior, a la Universidad Autónoma de Coahuila, al Restaurante La Canasta y a la entrada del Kinder del Colegio Ignacio Zaragoza. ¡Hasta la Delegación de la Fiscalía de Coahuila tuvo que amurallarse! Supongo que esta tendencia es todavía más evidente en Torreón, una ciudad que promedió más de dos homicidios diarios en el 2011. Y esta metamorfosis no es exclusiva de comercios, escuelas y oficinas públicas. Tanto en Saltillo como en Torreón las viviendas ubicadas en colonias tradicionales tienden a depreciarse, pues la gente corre hacia la supuesta seguridad que brindan los fraccionamientos cerrados.
La receta parece obvia: “Nosotros adentro, los criminales afuera”. Dado que la calle, la plaza, el parque y la banqueta son irremediablemente peligrosos, concluimos que hay que evitarlos a toda costa. En lugar de pasear en un parque, vamos al centro comercial. En lugar vivir en un barrio, buscamos desarrollos amurallados y con acceso controlado. Alguna vez nos enseñaron a evitar hablar con extraños. A nuestros hijos no les damos ni siquiera la oportunidad.

Consideramos que nuestra seguridad depende de que nuestros destinos sean impenetrables y nuestros trayectos rápidos y sin escalas. Por ello quienes instalan cámaras y alarmas están haciendo el negocio de sus vidas. Por eso quienes levantan bardas no se dan abasto. La ciudad podrá incendiarse, pero no importa, pues nos hemos resignado a que lo que está afuera de nuestro perímetro privado ya no es “nuestro”. Mientras los invasores avanzan y conquistan, nosotros nos atrincheramos en un refugio.
Ya no hay niños jugando en las calles, pedaleando bicicletas y explorando callejones. Ya no existen mecedoras en las puertas de las casas, donde los viejos intercambiaban historias y tomaban el fresco. Muchos no conocemos a nuestros vecinos. Quizás ni siquiera los hemos visto. La incapacidad de nuestras autoridades nos ha convencido de que estar en la calle es estar en peligro. Por ello, antes de salir, verificamos si hay “código rojo”. Por ello viajamos pegados al retrovisor, preocupados de encontrar camionetas sospechosas. Por ello ya no respondemos a un cerrón con gritos y claxonazos. Hasta eso, el miedo nos ha vuelto civilizados. Aprendimos a vivir como presas en un mundo de predadores.
Este texto peca de nostálgico. Si las autoridades están desbordadas, lo racional es modificar nuestros patrones de vida. Sin embargo vale la pena preguntarnos, ¿será cierto que vivir encerrados equivale a vivir más seguros? ¿No sería más efectivo, como sugirió hace tanto Jane Jacobs, multiplicar los ojos en las calles y cuidarnos los unos a los otros?
Curiosamente, las balaceras, persecuciones y arrestos de alto nivel ocurren más frecuentemente en las grandes avenidas y en exclusivos fraccionamientos. La velocidad de las autopistas, y la privacidad y seguridad que ofrecen las altas bardas benefician también a los maleantes. No hay estadística plenamente confiable, pero de 51 balaceras documentadas por los medios impresos en Saltillo, solo un par ha tocado las zonas más céntricas de la ciudad. Mientras tanto, al menos 17 se han concentrado cerca del Boulevard Colosio y de la Carretera a Los González, avenidas flanqueadas por interminables bardas. Compruébelo usted mismo, visitando el sitio www.balaceras.crowdmap.com

¿Donde estaremos más seguros?

¿Aquí?

¿O acá?

Llegamos así a la segunda noticia que captó mi atención recientemente. Resulta que un operativo de la SEDENA, la Policía Federal y la Fiscalía del Estado demostró que las paredes más resguardadas del Estado son más porosas que un queso Gruyere. Fue necesario movilizar a 435 agentes para catear el penal de Saltillo, a pesar de que supuestamente está bajo control de las autoridades. Aún no sabemos que es lo que buscaban, pero sin duda comprobaron el ingreso cotidiano de drogas, alcohol, muebles de lujo y armamento. En otras palabras, si a pesar de bardas, cámaras y guardias los delincuentes meten (¿y sacan?) lo que quieren de la cárcel, ¿que tanta protección ofrecen unas paredes para nuestras escuelas y casas?

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Quizás están hasta el copete de comparativos de México con Brasil (si no, pueden colmar el apetito aquí y aquí y aquí). Pero ni modo, les tengo otro más. El Economist Intelligence Unit (EIU) publicó recientemente un “Indice de Ciudades Verdes” comparando 17 ciudades latinoamericanas bajo diversos indicadores de desempeño ambiental (organizados alrededor de ocho temas: calidad del aire, instituciones, energía y CO2, usos de suelo, transporte, deshechos, agua y servicios sanitarios). Aquí pueden descargar el reporte completo. Otra vez, los brasileños lideran la tabla del subcontinente, mientras que los mexicanos seguimos ahí, entre azul y buenas noches, perdidos en la bola.

Vale decir que este Índice dista de ser perfecto como herramienta para medir el desempeño. Por ejemplo, su canasta de indicadores no es solamente de “efectos” (como calidad del aire), sino que también incluye “tratamientos” (como el tamaño de la red de transporte masivo). Si lo piensan, esto resulta tan equivocado como utilizar “número de pastillas recetadas” para evaluar el trabajo de un médico. Sin embargo el comparativo es útil y bienvenido, pues sirve para darnos una idea aproximada de cómo vamos.

La multicitada Curitiba -verdadera Meca de los urbanistas- es la “metropoli más verde” del subcontinente. Al menos así quedó titulado el comunicado de prensa que circuló tras el reporte de la EIU. Sin embargo este no me parece el hallazgo más relevante del Índice.

Pueden leer el resto acá.

(ACTUALIZACION: Me dicen extraoficialmente que se maneja un costo por máquina de $3,000 por unidad. Independientemente de lo que esto implica en términos de la calidad de las máquinas, debo ajustar mis estimados. No será 10 veces el presupuesto 2010 de la SEDESOL local, sino solamente 5).

(ACTUALIZACION: Ni tu ni yo. $420 millones de pesos).

Pero retomo el tema, pues independientemente de la conveniencia o no del programa de regalos navideños, creo que el episodio de las laptops recuerda que la forma es fondo.

Dice El Norte, (requiere password):

La convocatoria internacional número 35054003-003-10, que se lanzó el 28 de octubre, establece que la empresa ganadora tendrá 20 días naturales, a partir de que se emita el fallo de la licitación, para dar las primeras 30 mil computadoras portátiles al Gobierno de Coahuila.

Un número similar de laptops se deberá entregar 30 días después del primer embarque, mientras que las restantes 40 mil se harán llegar 80 días después del fallo.

Hasta donde se, el Congreso sigue sin haber recibido una solicitud para hacer este gasto (psst, diputados, chequen por ahí el artículo 102 de la Constitución del Estado). Tampoco se ha aclarado que el costo vaya a cubrirse con subejercicios presupuestales, algo que sería inexplicable, pues el Gobierno ha incrementado significativamente su nivel de endeudamiento. Y si algo ha dicho la gente del Gobierno del Estado, es que los recursos les faltan, no que les sobran.

Por lo tanto, creo que las computadoras se pagarán con recursos del presupuesto 2011.

Además de recordarnos que el Congreso local es de chocolate (pues se gasta antes de que siquiera se discuta el presupuesto), el episodio sugiere una estrategia para que el Gobernador capitalice personalmente los recursos de todo su sexenio, incluso los que serán gastados después de su multi-anunciada renuncia.

El hace el favor (vean el minuto 5:46 de este video), y el entrega el regalo navideño.

Que otros nos preocupemos por la cuesta de enero.

Mmmm… donde más he visto eso?

(ACTUALIZACION 20/Nov/2010: Cancelaron hasta enero. Las máquinas salían un poco más caras de lo que creían.)

Humberto Moreira se fijó en Martiniano.

Lo invitó a su V Informe de Gobierno, y en pleno evento lo pasó al escenario para entregarle una tarjeta. Con ella, dijo el Gobernador, la familia de Martiniano tendrá acceso gratuito a

“hospitalización, parto, cesáreas, medicina preventiva, consulta externa, vacunación, laboratorio, rayos x, rehabilitación física, dotación de medicamentos, medicina de especialidad, atención mental, cirugía de cataratas, implantes cocleares, prótesis oculares y de miembros inferiores, trasplante de medula ósea, transplante de córnea, programa de labio y paladar hendido”.

Y el beneficio no será solo para Martiniano, sino para un millón de coahuilenses.

El Coliseo en Torreón, sede del Informe, se volvió loco con el anuncio. ¡Mo-rei-ra!, ¡Mo-rei-ra! De un plumazo, el líder generoso se presentó ante todos como lo que es. El salvador de la gente, el campeón de los pobres, el hijo del pueblo.

Curiosamente, en ningún momento habló el Gobernador del Seguro Popular, un programa federal creado desde 2004 para atender la misma población. Dicho programa ya cuenta con 562,000 afiliados en Coahuila, y su operación es administrada sin fanfarrias por el Gobierno del Estado. En los últimos cuatro años, Coahuila recibió $982 millones de pesos del Gobierno Federal para subsidiar la atención brindada a beneficiarios de este seguro, que cubre no solo la mayor parte de lo anunciado por Moreira, sino también enfermedades catastróficas y tratamiento para 275 de los principales padecimientos (el catalogo completo puede consultarse aquí, en pdf).

Me pregunto si Martiniano tiene Seguro Popular, y si realmente será necesario que alguien le conceda como favor lo que tiene como derecho.

Si en algo se distingue “la tarjeta de la salud” del Seguro Popular es en su concepción filosófica. El Seguro Popular fue diseñado para universalizar el acceso a la salud. Sin estar exento de críticas o limitaciones (por ejemplo esta y esta), el objetivo es que cualquier mexicano, por el simple hecho de serlo, tenga cobertura médica. En cambio la tarjeta, como muchos de los programas sociales del Gobernador, está conceptualizado como un beneficio selectivo, que no constituye derechos, sino consolida clientelas.

(lean por ejemplo esta nota, e imaginen el amplísimo espacio discrecional para definir quien recibirá una “tarjeta plus” y quien no. Recibirla será un favor, no un derecho. Por cierto, llama la atención que aparentemente serán funcionarios de SEDESOL, y no de SALUD, los que harán el padrón de beneficiarios).

El punto es que Martiniano no sabe que el Estado mexicano impulsa –con recursos de todos- una política pública de salud. Lo único que recuerda es que Moreira le dio una tarjeta.

O pregúntenle.

A pesar del tono festivo del anuncio, hay escasa información disponible. ¿Cuanto va a costar? ¿Cuáles son los estándares de servicio que va a ofrecer? ¿Cómo evitarán que la tarjeta responda a estrategias electorales o repita el triste desorden del “Monedero de la Gente”? ¿Y en que manera duplica, sustituye, complementa o se apropia del Seguro Popular?

El programa comenzó “a partir del lunes”, y al menos Martiniano ya está afiliado. Sin embargo, el Congreso no ha autorizado recursos para fondearlo, la Secretaría de Salud no ha publicado reglas de operación, y el texto oficial del V Informe de Gobierno –único documento que revisaran los diputados – ¡ni siquiera toca el tema!

Si realmente cubrirá los servicios prometidos, la tarjeta no será barata ni sencilla de operar. No es casual que hoy hablen tanto acerca de la posible quiebra del IMSS o que la principal crítica al Seguro Popular sea precisamente su falta de financiamiento (explicable, según Lakin (2010) por la resistencia mostrada por las entidades federativas a pagar la parte de la cuota que les corresponde, y por su negativa a cobrarle a los usuarios la prima originalmente prevista en el programa). El texto del Informe (pg 79) presume que los hospitales del Estado cuentan con 720 camas censables.

¿Dónde y con qué recursos atenderán gratuitamente a ese millón de coahuilenses?

Aunque a veces parezca, el Gobernador no es el Rey Midas y todo lo que anuncia tiene que pagarse. Las opciones para financiar este programa no son muchas: Podrían pagar los beneficiarios, pero el Gobernador aclaró que el servicio será gratuito. Podrían pagarlo nuestros hijos, pero dada la deuda de $7,500 millones adquirida durante esta administración, el margen de maniobra es angosto. O podríamos pagarlo todos a través de impuestos, en un esquema similar al que ya ha propuesto Santiago Levy, pero el propio Gobernador está impulsando reformas en sentido contrario, viendo como baja los impuestos.

Quizá solo quede una cuarta opción. Prometer algo, despedirse, y dejar que otros se preocupen por cumplirlo y financiarlo.

Finalmente, como dijo Martiniano en el evento, los coahuilenses “le agradecemos de antemano”.

ACTUALIZACION: Quizá ya empezamos. No ha pasado una semana, y el millón ya se hizo chiquito.

La idea de Shoup es cobrar “un precio que garantice que en todo momento haya el 15% de los espacios disponibles”, e invertir la totalidad de esos ingresos en mejorar el entorno urbano de las áreas donde se recaudó este dinero.

Si, la idea es polémica. Pero no por ello equivocada.

Por cierto, para los interesados, aquí hay una entrevista de Don Shoup con Streetsblog, acá una reseña de una plática de Eran Ben Joseph sobre estacionamientos, y finalmente acá hay un artículo editorial que escribí para Vanguardia cuando leí por primera vez el libro de Shoup.

La Embajada Norteamericana mantiene una alerta sobre la situación de inseguridad que se vive en Coahuila. El mensaje a sus ciudadanos es claro: si no tienen a que ir no vayan, y si tienen a que ir piénsenlo dos veces. La alerta llega después de una sangrienta racha que incluyó balaceras en centros comerciales y bares, presuntamente asociadas con la disputa de grupos criminales por el control de la plaza.

No exageren, respondió con aplomo el Gobernador Moreira: “si agregamos 30 años de muertes en Coahuila, nos da a un año de muertes en California”.

La declaración merece un poco de debate, no solo por su inconsistencia con la realidad, sino por su falta de cuidado analítico. No es válido comparar peras como Coahuila con manzanas como California, ni siquiera cuando nos hieren el orgullo. El segundo tiene quince veces más población que el primero, por lo que cualquier comparativo en números absolutos es francamente ridículo. El argumento es tan falaz como decir que un coche de cuatro asientos con seis pasajeros va menos lleno que un autobús de cuarenta asientos con solo diez tripulantes.

Si comparamos la tasa en lugar de comparar el número total de homicidios, aparece un dato que sin ponernos al nivel  de Afganistán (o de Chihuahua), sirve para entender los temores diplomáticos. No solo importa que la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en Coahuila es cuatro veces superior a la registrada en California, sino que  la incidencia de este delito en nuestro estado va en rápido aumento, mientras que en la tierra del Terminator permanece estable.

Salvo que contemos a los muertos de las películas de Hollywood, es sustancialmente más peligroso Coahuila que California.

Pero entrémosle al tema. ¿Qué tan inseguro es Coahuila?

Para dirimir esta duda, habría que aprovechar el método sugerido por el Gobernador, y comparar nuestro desempeño con el de otras entidades. Empecemos revisando las estadísticas de robos anuales, por cada 100,000 habitantes por supuesto. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 2007 Coahuila era el estado más seguro de la región, y por mucho. Las tasas de robos en Nuevo León y Tamaulipas casi duplicaban a la de nuestro estado. Sin embargo, para el 2009 emparejamos los cartones. La incidencia de robos en Coahuila creció en 80%, mientras que en el resto de la región permaneció estable. Pasamos de 6,450 robos anuales en la primera mitad del 2007 a 11,700 en el mismo periodo del 2009.

Si comparamos el número de muertes asociadas al crimen organizado (ejecuciones, bajas por enfrentamiento y bajas por agresión contra la autoridad) la fotografía es más dramática. De acuerdo con la misma fuente, en el 2007 se registraron 18 homicidios de este tipo en nuestro estado, 80 en Tamaulipas y 130 en Nuevo León. Dos años después el “ranking” en la región cambió radicalmente.

El número de este tipo de homicidios bajó un poco en Nuevo León, creció hasta 90 en Tamaulipas y se disparó hasta 180 en Coahuila. ¡Un crecimiento de 1000% en dos años!

Hay quien dice que estas estadísticas solo reflejan el fracaso de la estrategia federal de combate al crimen.

Por ejemplo el diputado Ruben Moreira, en un artículo publicado el 3 de Abril en El Universal, sugiere que la estrategia federal es utilizada con fines electorales, que el discurso presidencial es “radical” y “fundamentalista”, y que “la estrategia de seguridad está produciendo víctimas entre aquellos que se supone deberían ser los beneficiarios”. Quizá tiene razón, pero olvida decir que la responsabilidad de brindar seguridad es compartida, y que la estrategia del Gobierno Estatal es exactamente la misma que la del Gobierno Federal: militarizar las policías.

Al día de hoy, los jefes de policía de 10 municipios, los cinco principales mandos de la policía estatal, y el Subsecretario de Readaptación Social son ex-militares. Según Isabel Arvide, una periodista reclutada para dirigir esta estrategia, Coahuila cuenta con “el grupo más numeroso de militares en situación de retiro que se desempeñan en funciones de seguridad pública en una entidad de la República”. El Ombudsman nacional ya criticó duramente el “Modelo Coahuila”, y por razones de espacio no voy a ahondar en el tema.

Sin embargo, vale preguntar, ¿si la estrategia es tan mala, para que la replicamos?

Coahuila nunca había sido tan inseguro como ahora. Y no creo que negar la existencia del problema o endilgarle la responsabilidad al Presidente ayude mucho.

Recientemente leí sobre el esfuerzo del Gobierno Brasileño para normar –al menos un poco- los criterios para elegir entre diferentes proyectos de infraestructura de transporte.

El esfuerzo forma parte del Plan Nacional de Movilidad Sostenible, promovido por el Ministerio para las Ciudades.

Me gustó, por su claridad, y por su compromiso con la construcción de una ciudad que no necesariamente debe depender del automóvil. Estos son algunos de sus criterios:

1. Privilegiar el movimiento de personas, no de vehículos
2. Privilegiar proyectos de transporte público sobre proyectos de transporte privado.
3. Privilegiar proyectos que den accesibilidad universal (incluyendo a personas con discapacidad).
4. Privilegiar sistemas de transporte regulados y controlados socialmente sobre sistemas de transporte no regulados.
5. Privilegiar intervenciones basadas en una red de transporte sobre intervenciones aisladas.
6. Privilegiar proyectos multimodales sobre proyectos limitados a un solo modo de transporte.
7. Privilegiar proyectos con mayores posibilidades de reducir la pobreza y reducir la exclusión social.
8. Privilegiar aquellos proyectos que brinden mayor acceso a las personas más pobres a los servicios públicos.
9. Privilegiar intervenciones que promuevan y fortalezcan la densificación urbana, que protejan el patrimonio cultural, ambiental, arquitectónico y de paisaje de las ciudades.

Para los interesados, aquí les dejo una presentación de Luis Antonio Lindau, quien encabeza el Centro de Transporte Sustentable de Brasil. Podrán ver imagenes de los proyectos más innovadores de transporte público que bajo estos criterios están siendo impulsados en Sao Paulo (Expresso Tiradentes), Curitiba (Linha Verde) y Porto Alegre (Portais da Cidade).

(Si no aparece una pantalla de slideshare con la presentación, o si está muy lenta, también pueden descargar la presentación siguiendo este vínculo)

La propuesta de reforma fiscal del Gobernador de Coahuila tiene elementos revolucionarios. Propone reducir la tasa del Impuesto al Valor Agregado al 10% y establecer una tasa única del 15% para el Impuesto sobre la Renta. Además ofrece transferir la responsabilidad recaudatoria y el control sobre el gasto de estos impuestos a los gobiernos locales, asignando el IVA a los municipios y el ISR a los estados. Según Moreira, la Federación puede absorber el golpe recortando su burocracia, y los gobiernos locales podrán balancear sus finanzas con estos recursos. Suena bien, pero para evaluar ambos postulados necesitamos revisar los números.

Sacar estos recursos del Presupuesto Federal implica una reducción de ingresos de 1,200 miles de millones de pesos anuales. Si los estados recaudan estos impuestos a las tasas propuestas por Moreira, obtendrían menos de dos terceras partes de esta cantidad. El déficit generado -482 mil millones de pesos- equivale a eliminar de un plumazo el presupuesto anual de dieciséis estados del tamaño de Coahuila. Se puede argumentar que las tasas más bajas estimularán la economía, pero esto nunca sería suficiente para compensar el faltante.

¿Dónde vamos a abrocharnos el cinturón?

El Gobernador no ha dado detalles. Si desaparecemos las Secretarias de Función Pública, Reforma Agraria y Turismo ahorraríamos sólo $11 mil millones de pesos. Si eliminamos el Poder Legislativo y el IFE dejaríamos de gastar 18 mil millones. Recortar todo el presupuesto de la Presidencia, PGR, Sedesol, Salud, Semarnat, Segob, Hacienda, Defensa y Marina permitiría un ahorro de apenas $336 mil millones más. El Programa Carretero vale $39 mil millones (incluidos $1,197 para Coahuila), el Fondo para Zonas Metropolitanas asciende a $7,500 mdp (incluidos $391 para la Laguna y $50 para Saltillo), y el Programa Oportunidades nos cuesta $63 mil millones.  ¿Eliminamos todo lo anterior?

Suponiendo que hacerlo fuese factible y deseable, habría que despejar algunas dudas.

¿Cómo lograremos que las administraciones que cobran mal el predial cobren bien el IVA? ¿Qué hay de la equidad? Quitarle cien pesos a un pobre es mucho más doloroso que quitarle mil a un millonario. ¿Realmente queremos una tasa de ISR que trata igual a los desiguales? Si el Gobierno Federal ya no tendrá dinero ¿como cerramos la brecha entre estados ricos y pobres? Y hablando de pobres, ¡pobres contadores! En vez de lidiar únicamente con el SAT tendrán que entenderse con autoridades fiscales de 32 entidades federativas y de cerca de 2,500 municipios. ¿Dónde queda la simplificación?

Aunque si somos egoístas…

Lo único que debría importarnos a la hora de evaluar el Plan Moreira es su efecto sobre las finanzas del estado. Según la Ley de Ingresos vigente, Coahuila espera recibir este año $20,200 mdp vía “ingresos y aportaciones federales”. De aprobarse el Plan Moreira, estas transferencias dejan de tener razón de ser. Finalmente, solo existen porque en 1978 se firmó el Convenio Nacional de Coordinación Fiscal en el que los estados cedieron a la Federación las potestades tributarias que les serían devueltas. ¿Podemos sustituir este monto con lo que recaudemos de IVA e ISR?

Aparentemente no. De acuerdo con datos del Centro de Estudios de Finanzas Públicas, en el 2009 los coahuilenses pagamos $15,500 mdp por estos impuestos. Es decir, Coahuila enfrentaría su propio boquete financiero, ¡aún sin reducir tasas! Aunque sorprenda, no mandamos más en impuestos que lo que nos devuelven. La mayor parte de los recursos que envía la Federación a los estados no viene de fuentes tributarias, sino del petróleo. Y ese no es mas coahuilense que yucateco.

Nuestra recaudación es además relativamente baja por dos razones. Las grandes empresas manufactureras como Peñoles y GM pagan ISR donde están sus domicilios fiscales y no donde están sus fábricas. Dado que el DF recauda el 60% del ISR nacional, Ebrard estará feliz con la propuesta moreirista. Además, el IVA esta plagado de exenciones. Ya se cobra al 11% en la frontera, y las importaciones y exportaciones bajo el esquema de maquila (que es muy común en Coahuila) tienen tasa cero.

Queremos ser claros. El diagnóstico del Gobernador no es equivocado.

Coahuila es  un perdedor neto bajo el actual esquema de coordinación fiscal, particularmente al consideramos su aportación al PIB. Los gobiernos locales si requieren mayor autonomía financiera, y los diferentes órdenes de gobierno deberían compartir la responsabilidad de cobrar impuestos. Sin embargo, el Plan Moreira no resuelve el problema, y podría profundizarlo.

Cuidado; a veces sale peor el caldo que las albóndigas.

* Carlos fue mi compañero en la Maestría. Actualmente trabaja como instructor asistente del curso “Complex Budgeting and Financial Management” en la Escuela Kennedy de Gobierno de Harvard. Pueden contactarlo en carlos.barragan@hks.harvard.edu

Imagen preparada por Alain Bertaud

Esta otra imagen muestra la superficie ocupada por la ciudad de Phoenix, Arizona (2002). Como pueden ver, dentro de ella podrían caber Roma, San Francisco, Paris, toda la isla de Manhattan… y aún así sobraría espacio.

El estilo de vida posible en cada una de estas ciudades es radicalmente distinto. En Phoenix manejas, en Paris caminas. En Atlanta puedes vivir en barrios socialmente homogéneos, mientras que en Barcelona es imposible dejar de percibir la diversidad existente. La población de los dos tipos de ciudades aquí mostradas tienen relativamente el mismo nivel de ingresos, pero vivir en una ciudad desparramada no se parece nada a vivir en una ciudad compacta.

Y en México, ¿a cuál de estas ciudades queremos parecernos?

(Por cierto, la imagen de Phoenix la saqué de un documental preparado por el Lincoln Land Institute que es MUY recomendable. Aquí les dejo la liga a un fragmento del video en You Tube).

En el caso de los estudiantes, la tarifa especial representa no solo un apoyo al gasto familiar, sino una inteligente inversión para el futuro. En la medida en que el precio de los coches ha decrecido y las ciudades continúan desparramándose territorialmente, los sistemas de transporte público tienden a perder clientela. Cada vez más personas –incluso muchas de bajos ingresos- optan por adquirir un automóvil. Solo si las nuevas generaciones aprenden a ver al transporte público como alternativa de movilidad podremos contener esta tendencia. Pensemos pues en la tarifa de estudiante como una promoción de bienvenida.

En el caso de los adultos mayores y personas con discapacidad, el descuento es un acto de elemental justicia. Las limitaciones físicas se manifiestan habitualmente como limitaciones de movilidad, que condenan a estas personas a una vida de aislamiento o dependencia. Si bien un descuento en el transporte nunca será suficiente para restituir su fortaleza o habilidades, cuando menos sirve para aligerarles un poco la carga, y para mandar un mensaje de que nosotros, como sociedad, somos solidarios.

Ambos tipos de apoyos son legítimos e importantes. Sin embargo, la manera en que están estructurados es profundamente ineficiente e inequitativa. A los regidores les ha parecido buena idea establecer los descuentos sin nunca definir de donde vendrán los recursos para pagarlos. Su cálculo es que los concesionarios absorberán el golpe ajustando su margen de utilidad, y por ello presentan la medida al público como un triunfo sobre los grupos de interés que controlan el servicio. Sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad.

Cada estudiante, adulto mayor y persona con discapacidad que aborda un camión representa 1.50 o 6 pesos que no ingresan a la caja. Esos mismos recursos son los que el concesionario deja de invertir en el sistema, posponiendo el mantenimiento de sus unidades, extendiendo los turnos de sus chóferes, o reduciendo los horarios de servicio. Y cuando ya no pueden economizar, los concesionarios elevan nuevamente la voz, exigiendo otro incremento a las tarifas. Como resultado, quienes realmente pagan el costo de estos descuentos –expresados en un servicio de pésima calidad y en eventuales incrementos- no son los concesionarios, sino el resto de los usuarios del transporte público.

Si el Ayuntamiento desea ofrecer una alternativa que realmente pueda competir con al automóvil, esta política equivale a dispararse en el pie. Dado que la actual estructura del descuento profundiza y acelera el deterioro de las unidades, nuestro sistema de transporte público es cada día menos atractivo para los usuarios. Pero eso no es todo. Mientras que la sociedad en su conjunto determina dar el descuento –por razones válidas por supuesto-, solo aquellos que no tienen carro terminan pagando su costo. ¿No habrá una manera menos ineficiente y más equitativa de otorgar estos beneficios?

Para empezar, hace falta saber cuanto cuesta este descuento. Por ejemplo –y aclaro que es cálculo de servilleta- si asumimos que hay 150,000 estudiantes que durante cada día del calendario escolar usan transporte público para ir y regresar a sus casas, tenemos que el descuento a estudiantes le cuesta a la sociedad $90 millones de pesos anualmente. ¿Por qué no imaginar un esquema en el que el Gobierno del Estado, la SEP y las instituciones de educación superior absorban este costo? Para poner el monto en perspectiva, $90 millones es el costo aproximado de uno de los puentes construidos este año en la ciudad, o el 13% del costo programado para el “Monedero de la Gente”. El Estado ya subsidia uniformes, seguros, focos, pisos, viajes, becas, farmacias y un larguísimo etcétera. ¿Por qué no subsidiar también el transporte público?

Mi opinión es que las tarifas diferenciadas deben continuar, e incluso que los descuentos deben incrementarse. Pero para otorgarlos sin castigar al resto de los usuarios es preciso sacar su costo de la hoja de balance de los transportistas y diseñar un esquema que garantice que el dinero eventualmente aportado por el gobierno se traduzca en mejoras al sistema.Urge disipar la ilusión óptica que nubla el cálculo de algunos funcionarios: El “descuento” sí genera costos, y no son los concesionarios quienes pagan.

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Roberto Arrucha escribió una respuesta a este artículo en su blog. Pueden leerla, junto con mi respuesta, acá.

Por cierto, el hecho de que el costo de este descuento sea absorbido por el gobierno no necesariamente implica que este tipo de apoyos no puedan expandirse. Las comparaciones son odiosas, pero hay que ver este caso.

Recibo dos reacciones sobre mi artículo de ayer en Vanguardia.

Francisco Aldama dice –y dice bien- que  si los municipios quieren romper el vínculo de dependencia con los Estados y con la Federación, deberían comenzar cobrando lo que ya les corresponde:

“Los municipios NO INGRESAN recursos. Si te fijas en la encuesta de INDESOL INEGI la recaudación de impuesto predial es pésima, ya que depende de catastros viejos, obsoletos y con tasas de gravamen ínfimas. Lo mismo ocurre con los servicios públicos, los cuales en muchos casos tienen que ser subsidiados mediante otros ingresos (normalmente de la federación), lo cual a su vez crea distorsiones gigantes en esos mercados”.

Por su parte, mi amigo puertoriqueño Deepak Lamba Nieves (que por cierto mantiene un excelente blog), lanza las señales de alerta. Dar facultades a funcionarios municipales poco preparados puede causar un verdadero desorden:

“…creo que el otro lado de la moneda es el siguiente: cuántos municipios están capacitados para gravar nuevos impuestos, coordinar funciones importantes como la administración escolar, manejar proyectos públicos sin que el dinero desaparezca, etc. Si bien los municipios deben de ejercer mayores poderes y resposabilidades en la administración de lo público, muchos tienen que aprender a profesionalizarse. En Puerto Rico había un alcalde que le llamaban “El Amolao”; este hombre sólo hablaba de beber Heineken (que les llamaba “Palmolives”-como el jabón) y de una estatua de Cristobal Colón que llegaba al cielo (su supuesto gran legado-que nunca se dio). No me quiero imaginar al “Amolao” tomando decisiones con un pote de dinero más sustancial, y mucho menos decidiendo la política en las escuelas. Me imagino que en MX hay historias similares. ¿Cómo lidiamos con esto?

Coincido con ambos, hasta cierto punto. Es un hecho que hay un profundo rezago en la capacidad administrativa de los Ayuntamientos. Algunos no hacen su chamba –como dice Aldama-, y otros hacen estupideces sin rendir cuentas –como señala Lamda Nieves. Sin embargo creo que estos argumentos no deben descarrilar el análisis. El hecho de que enfrentar al mejor pitcher no justifica abandonar el turno al bat. Finalmente, no solo en los municipios se cuecen habas: También hay baja recaudación de impuestos federales, y conozco a más de un puñado funcionarios estatales que gastan en sus propias “Palmolives”.

El punto de mi artículo es sencillo: Para tener autonomía municipal, es indispensable tener autonomía financiera. Debemos crear los incentivos para que los municipios eficienten el cobro de predial, y debemos permitirles experimentar con otras fuentes de ingresos. La pregunta, como dice Deepak, es ¿cómo?

Aquí una idea, que aunque tiene muchos problemas técnicos, planteo con ánimo de iniciar un debate: Crear un menú de herramientas disponibles para los municipios -impuesto predial, impuesto al consumo, impuesto a cigarros, gasolina y alcohol y otras-. Cada Ayuntamiento decide cual mezcla de herramientas escoger. Para incentivar la recaudación, se condiciona la entrega de participaciones federales  a la recaudación local total. Así, el presupuesto municipal se diseña teniendo la capacidad de recaudación como parámetro principal. Los ciudadanos sabrían que las obras municipales dependen de sus impuestos, y los funcionarios sabría con quien tienen que quedar bien. Creo que con un mecanismo así, hasta “el Amolao” dejaría de pensar en su estatua de Colón, o cuando menos tendría que reducirle la estatura.

• La derecha pronostica muchas distorsiones asociadas con los impuestos (si se cobra mucho se consume menos), y por lo mismo, esta preocupada por el crecimiento del gobierno. La izquierda ve menos elasticidad en la oferta y en la demanda, y por lo mismo, esta menos preocupada por las distorsiones fiscales.
• La derecha ve a las externalidades (ejemplo: contaminación como resultado de inversión industrial) como ocasionales e excepcionales fallas del mercado que requieren intervención gubernamental. La izquierda cree que las externalidades son mucho más comunes.
• La derecha ve a la competencia como una regla natural de la economía, y al control del mercado como un elemento limitado en magnitud y duración. La izquierda ve como las grandes corporación ejercen tal poderío monopólico que debe ser limitadas por regulación estatal.
• La derecha ve a la gente como seres predominantemente racionales, que toman las mejores decisiones dadas las limitantes que enfrentan. La izquierda cree que la gente es influenciada y comete tantos errores que el gobierno debe proteger a la población.
• La derecha ve al gobierno como un mecanismo terriblemente ineficiente en la distribución de los recursos. En el mejor de los casos es controlado por grupos de interés, y en el peor por evidente corrupción de sus funcionarios. La izquierda ve al gobierno como la institución que mejor puede contraponerse a un mercado sin control.
• Finalmente, otro tema divide a la izquierda y a la derecha –quizás el más importante: la distribución del ingreso. ¿Es justo o injusto dejar que el mercado decida quien es rico y quien es pobre?

En un México como el nuestro: abismo entre ricos y pobres, imposición de la ley del mas fuerte, monopolios por doquier y pésima calidad de educación, no puedo sino confesarme irremediablemente de izquierda.

Pero no del PRD!