“Una vez que descubres de que puedes utilizar tus calles para mejorar la calidad de vida, así como la salud económica y ambiental de  tu ciudad, creo que estas ante un momento transformador. Por ello hay alcaldes en todo el mundo que comienzan a ver sus calles de una forma diferente… y no tienes que ser una ciudad grande como Nueva York para poder hacer cambios importantes que hacen la diferencia a millones de personas todos los días”

Jeanette Sadik-Kahn

Comisionada del Departamento de Transporte, Ciudad de Nueva York

Por ello hay que cuidar y fortalecer a nuestro Poder Legislativo, tanto en el nivel federal como local.

El Presidente y los Gobernadores deben respetar, y los legisladores deberían hacer valer, sus facultades constitucionales. Es cierto que hacerlo tiene costos en términos de eficiencia. La toma de decisiones se hace más lenta, y frecuentemente es preciso archivar la propuesta óptima para lograr la aprobación de la propuesta posible. Sin embargo quienes utilizan ese tipo de argumentos para descalificar la función legislativa tienen una pobre visión de la democracia. Es a través del contraste permanente de argumentos, llevado a cabo de forma transparente y de cara a la nación, como las iniciativas gubernamentales adquieren la legitimidad necesaria para lograr su implementación.

A veces es necesario, como diría el académico Larry Susskind, ir lento para poder ir más rápido.

Por ejemplo, la estrategia federal en contra del crimen es cada vez más impopular. Y en lugar de que las diferentes fuerzas políticas en el Congreso la asuman como una política de estado, pueden descalificarla –incluso a veces sin ofrecer una alternativa- precisamente porque proviene  de decisiones tomadas unilateralmente por el Presidente. Quizá por ello, al ver como el país se incendia, Calderón se ve obligado de pronto a someterse a un diálogo sobre el tema con actores ajenos a su gobierno. Es decir, a comenzar de nuevo. Al traste con el argumento de la eficiencia.

En este contexto, mala señal envía el Presidente al no acudir personalmente al Congreso a rendir cuentas.

Si bien ritos como el Informe no tendrían por que reflejar la sustancia en la relación entre poderes, lo cierto es que las formas si son fondo. Alguien le habrá dicho a Calderón que subirse a la tribuna era ponerse “de pechito”. Seguramente le recordaron algunas estampas de la historia de los informes presidenciales, como aquella del propio Vicente Fox en 1989, manifestándose ante Salinas con unas grandes orejas de burro, o la de Marcos Rascón en 1996 usando una máscara de cochino. Quizá los diputados que buscaron impedir la toma de protesta en 2007 tomarían la tribuna, mientras que otros usarían el tiempo para interrumpir con insultos.

¿Nos perdimos el folclor?

Es cierto, Calderón quedó protegido, pero con su ausencia la democracia mexicana pierde mucho más que folclor. Al ningunear al Congreso el Presidente rema exactamente en sentido contrario a lo que durante décadas exigió el panismo desde la oposición.

Pero es tan malo rehuir el diálogo con el Congreso, como reducirlo a la irrelevancia.

Y en eso hay gobernadores que no cantan mal las rancheras. Algunos tienen tal control sobre sus diputados que el Congreso local funciona como ventanilla de mero trámite, aprobando leyes que rayan en lo grotesco. Para muestra una perla coahuilense. La Constitución local establece que “no se hará ningún gasto que no esté comprendido en el Presupuesto o haya sido autorizado por el Congreso”. Pero en el Prespuesto de Egresos vigente en 2010, los propios legisladores le giran un cheque en blanco al Gobernador. Antes de saber si habría dinero adicional que repartir, autorizaron su gasto para lo que venga en gana al Gobernador (¿o acaso existe algo no quepa bajo los rubros mencionados por los legisladores: “programas sociales, prioritarios o de inversión pública?”). Y como esa hay muchas.

Quizá hoy puede entenderse que el Presidente evite exponerse a los tomatazos de sus opositores. Igual puede explicarse que un legislador local renuncie a sus facultades con tal de quedar bien con su jefe político. Pero para poder hablar de “vida republicana” hace falta que Presidente, Gobernadores y Congresistas asuman su rol, cuiden las formas y miren más allá de la coyuntura.

¿Un caso de identidad múltiple?

En Coahuila, el Ayuntamiento que no baila al son del Gobernador no tiene ninguna posibilidad de dar buenas cuentas al electorado.

El control que ejerce el Ejecutivo sobre los recursos públicos es férreo y absoluto, y que me perdonen los aludidos, pero en esta materia el Congreso del Estado ha demostrado ser de chocolate.

La Ley federal de la materia establece que al menos 20% de las participaciones que lleguen a las entidades federativas deberán distribuirse entre los municipios, “en la forma que determine la legislatura respectiva”. Subrayo que es “al menos” 20%. Nuestros diputados y su jefe bien podrían haber demostrado su disposición federalista ampliando este porcentaje, como ya han hecho los estados de Morelos, Aguascalientes, Colima, Hidalgo, Nayarit, Jalisco y Tabasco. Pero no, la Ley estatal que rige el reparto de recursos federales a los Ayuntamientos -aprobada apenas el pasado 11 de diciembre- se limita a confirmar el mínimo obligado. Es decir, en algo que ya está a su alcance, las autoridades de Coahuila se declaran conformes con un federalismo de “apenitas”.

Como los presupuestos son estimaciones sujetas a un margen de error, no es raro que finalmente entren a las arcas del estado recursos adicionales a los previstos, como ocurre cada vez que hay fluctuaciones en el precio del petróleo. Por lo mismo, la Legislatura local podría haber establecido reglas claras para distribuir estos recursos excedentes entre los municipios. Así lo han hecho ya los estados de Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato y Jalisco. En Coahuila en cambio, todos los Presupuestos de Egresos aprobados por la actual Legislatura permiten al Gobernador gastar cualquier excedente de forma discrecional (por ejemplo, el artículo 14 del Presupuesto de Egresos 2010).

Es decir, si los alcaldes desean ver obras en sus municipios están obligados a visitar el Palacio Rosa, y como diría Don Miguel Ramos Arizpe, acudir con quien manda para “mendigar favores”.

Cada año estos favores se convierten en un convenio mediante el cual los Ayuntamientos comprometen la mayor parte de su presupuesto discrecional con tal de acceder a los fondos controlados por el Estado. Por supuesto, la negociación no es entre iguales. El alcalde no tiene alternativa, pues el Gobernador es dueño del bate, de los guantes, de las bases, y del estadio completo. Para jugar, los Ayuntamientos prácticamente deben renunciar a su de por si mermada autonomía, para transformarse en meros brazos ejecutores del Gobierno Estatal.

Y en ocasiones ni eso. Los contratistas llegan pre-seleccionados. El diseño y el ritmo de las obras se definen en el Palacio Rosa. Los programas sociales, aquellos que pueden generar estructuras electorales, son administrados directamente por estructuras paralelas del Gobierno Estatal. Y a todo mundo debe quedarle claro quien merece las palmas. Hay de aquel alcalde que olvide mencionar en sus discursos -en ocasiones al principio y al final- que todo es posible gracias a la buena voluntad del Señor Gobernador. Con Él todo, sin Él nada.

Los jefes de policía son palomeados por el Gobierno estatal. Los contratos de publicidad no se otorgan ni se retiran sin la venia del “jefe”. Si el Ejecutivo considera, por razones sentimentales o estratégicas, que algún proyecto municipal es prioritario, simplemente lo absorbe -como fue el caso del Gran Bosque Urbano de Saltillo-. En cambio, aquellos proyectos municipales concebidos sin consultarse con el Palacio Rosa nacen muertos. Si no me creen, pueden preguntarle al ex-alcalde de Torreón por su intento de modernizar el transporte público.

Lo que ocurre con los Ayuntamientos coahuilenses es triste.

Dado que el Gobernador se asume como representante de “la gente”, y en virtud de no hay Congreso que diga basta, el orden de gobierno más cercano a la ciudadanía se torna cada vez más irrelevante. Ahora que está en la mesa de debates nacional la sustitución de las policías municipales por una estatal, me pregunto si la discusión tiene sentido en Coahuila. En los hechos, no solo la policía, sino el Ayuntamiento completo ya ha sido suplantado, minimizado o absorbido por el Estado. Y eso se llama centralismo, si, el mismo que el Gobernador denuncia frente a micrófonos nacionales.

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El Jefe de Gobierno del DF sacó la varita mágica. ¡Abracadabra! A partir del próximo viernes los comerciantes ambulantes tendrán que dejar el Centro Histórico de la capital. Perdonen que me declare incrédulo, pero la estrategia anunciada replica décadas de intentos fallidos por recuperar las calles de la informalidad.

Durante los 80s y 90s, se hicieron múltiples intentos por reubicar a los ambulantes. El resultado siempre fue el mismo. A regañadientes aceptan liberar las calles e instalarse en nuevos centros comerciales. Éxito y aplausos. Sin embargo, a la primera señal de caída en sus ventas los puesteros abandonan sus locales y corren a retomar las banquetas. Su mensaje es muy claro: No le voy a perder, háganle como quieran.

Lo mismo promete suceder –pero a gran escala- tras la implementación del plan Ebrard. Los ambulantes probarán suerte en otros lugares pero pronto la fuerza del mercado los regresará al Centro, el sitio con mayor flujo peatonal en la capital. El proceso es previsible: el comerciante es un ser racional y como tal busca cercanía con su clientela.

¿No será que es tiempo de intentar algo diferente? Al respecto, William Maloney nos sugiere revisitar nuestro diagnostico sobre la informalidad. Es más productivo entender al comercio ambulante como una clase emergente de pequeños empresarios que como un refugio de desempleados. Como tal, lo más inteligente es reconocer su existencia y tratar de aprovecharla.

Una alternativa para hacer esto es el establecimiento de una “zona franca de ambulantaje” en el Centro Histórico de la capital. Lo anterior no es sino reconocer la realidad. Buena parte de las calles de la parte oriente del Centro ya operan como enormes mercados al aire libre, donde la gente de bajos recursos convive y consume. Debe haber algo valioso bajo el caos que Ebrard busca expulsar por decreto, pues los productos y servicios ofrecidos por estos emprendedores siguen teniendo demanda.

Contrario a lo que se cree, el comerciante informal paga impuestos, solo que los cubre bajo la modalidad de cuotas a sus líderes y de mordidas a funcionarios y policías. A cambio de estas “contribuciones” recibe lo que la autoridad no quiere darle: un cierto grado de seguridad, un nivel mínimo de servicios y una ubicación con alto tráfico que facilite la rentabilidad de su negocio.

¿No sería más conveniente que el estado captara estos recursos? Imagine usted lo que podría recaudarse si los 8,000 ambulantes que operan entre el Palacio Nacional y el Mercado de La Merced canalizaran lo que gastan en cuotas y mordidas a la Tesorería del Gobierno del DF. Este dinero haría mucho para mejorar los servicios públicos del área, no solo para los comerciantes sino también para los vecinos.

Además del beneficio económico, el establecimiento de una zona franca de ambulantaje rompería la estructura clientelar que rige a la actividad. El derecho a vender en la calle ya no se obtendría a cambio de apoyar a un candidato o partido, sino en base a una clara definición de compromisos y obligaciones.

Desde luego, hay muchos problemas con esta idea. Para empezar, está la objeción legítima del comerciante formal. El ambulante representa una competencia desleal, y regularizarlo implica legitimar la ilegalidad. Mi respuesta es sencilla: hay que ser pragmáticos. Con o sin intervención pública, los ambulantes ahí están. Reconozcamos esto y busquemos esquemas para que los comerciantes formales en la “zona franca” cuenten con la misma flexibilidad fiscal que los ambulantes.

Tampoco podemos ignorar la clara relación que existe entre el comercio informal y la criminalidad. Es común que los productos ofertados en los puestos sean piratas o robados. Al respecto, creo que es más fácil controlar a los enemigos cuando están cerca. Bajo el esquema actual, el cochambre florece bajo las sombras, y la autoridad nunca se entera.

Ebrard tenía la oportunidad de regular al ambulantaje y mantener así un espacio de consumo para el capitalino con bajo poder adquisitivo. Sin duda alguna, el comercio informal del oriente del Centro Histórico del DF es el Palacio de Hierro de los pobres. Cualquier gobierno de izquierda debería preocuparse por preservarlo. En cambio decidió sacar su varita mágica. Abracadabra, que se desaparezcan los puestos. Al menos, mientras se toma la foto y busca la presidencia.

Para publicación en Vanguardia el 19 de julio, 2007

El Alcalde le entró al toro. No con medias tintas. No con amenazas vacías. Tras aplicar de manera puntual un reglamento aprobado casi por unanimidad en el Cabildo, ha transformado su ciudad. En solo noventa días, logró el retiro de casi 8000 anuncios publicitarios que dañaban la imagen urbana.

El controvertido reglamento prohíbe, casi en su totalidad, el uso de espacios urbanos para anuncios comerciales. Limita tanto el reparto de volantes en los cruceros como el sobrevuelo de la ciudad con fines publicitarios. Sin embargo, el énfasis está claramente en limpiar las calles de los gigantescos espectaculares que distraen automovilistas y causan contaminación visual.

La industria publicitaria y los intereses económicos que la respaldan describen la nueva normativa como “radical” y a su proponente como “fascista”. Sin embargo, las encuestas de opinión sugieren que la población respalda la medida. Cual arqueólogos modernos, los ciudadanos disfrutan redescubrir “maravillas” enterradas bajo las ruinas de los anuncios. Por fin, los monumentos y paisajes no tienen que competir con Coca-Cola o Pepsi.

El Alcalde Gilberto Kassab -de la ciudad de Sao Paulo en Brasil-, reconoce que su programa “Ciudad Limpia” es controversial. Sin embargo, se justifica diciendo que todos sus intentos por negociar un acuerdo con la industria fueron ignorados. Muchas estructuras publicitarias se seguían levantando al margen de la ley y se respiraba un clima de impunidad. De acuerdo con Kassab, la mano dura del gobierno fue la única manera para reestablecer el orden.

Otros en sus zapatos, habrían decidido hacerse de la vista gorda. Después de todo, el gobernante enfrenta una decisión incomoda: aceptar la instalación de “unos cuantos” anuncios mas, o quedar mal ante poderosos intereses económicos. Píenselo usted, ¿Qué es peor para el político, molestar poco a muchos ciudadanos, o lastimar mucho a unos cuantos empresarios?

En la mayoría de los casos al cálculo se define bajo el más burdo pragmatismo. Primero: se duda que los ciudadanos se movilicen por un asunto “tan menor”. Segundo: nunca estorba tener un amigo con infraestructura publicitaria para la próxima campaña electoral.

El Alcalde Kassab le entró al toro. No con medias tintas. No con amenazas vacías. Lejos de ser su tumba política, el programa Ciudad Limpia se aplaude en la prensa brasileña como “una rara victoria del interés publico sobre el privado, del orden sobre el desorden, de la estética sobre la fealdad y de la limpieza sobre la basura”. Las fotografías de la ciudad, tomadas por Tony de Marco (y disponibles en mi blog) hablan por si solas.

Afortunadamente, parece que en México comenzamos a tomar nota. En la capital del país, el Gobierno de Marcelo Ebrard ha comenzado a retirar anuncios del Periférico. Hasta rara se ve la famosa avenida del segundo piso, pues han bajado ¡alrededor de 150 espectaculares!

En Saltillo, los 47 anuncios colocados ilegalmente hace seis años detrás de los semáforos están siendo retirados. Lentísimos, pero ahí vamos. Ojala que la medida pronostique una revisión a fondo del resto de la publicidad exterior en la ciudad. ¿Cuántos espectaculares hay? ¿Tienen licencia vigente? ¿Cumplen con los requisitos señalados por el Reglamento de Anuncios de Saltillo?

Desde luego, falta mucho. Por lo general vamos paso a pasito, y nuestras ciudades siguen siendo rehenes de los anuncios espectaculares. No hay paseo exento de la foto de algún candidato o de la última novedad del Doctor Simi. Las calles están repletas de anuncios medianos, grandes y enormes de productos tan disímbolos como refrescos, tarot y teléfonos celulares.

Desde que nacimos, la publicidad ya había ideado formas para entrar a nuestras vidas. Todavía recuerdo que Chabelo presentaba las catafixias como cortesía de “Muebles Troncoso”, y que los ojos de Pipo eran ojos de “Mazapán Azteca”. Sin embargo, la industria publicitaria de hoy parece haberse vuelto floja. En lugar de atraer consumidores con argumentos y creatividad, buscan ganar por cansancio.

Desde luego, su comportamiento es reflejo de un sistema económico que privilegia la competencia. Aunque los anunciantes harían bien en acatar su eslogan de “nada con exceso, todo con medida”, lo cierto es que tienen todo el incentivo para tapizar la ciudad con su imagen. Finalmente, dirán los pragmáticos, el que no enseña no vende.

Por ello, la única manera de combatir la contaminación visual es manteniendo una estricta vigilancia gubernamental. No quedándonos en la simple aprobación de un reglamento, sino aplicándolo “a la brasileña”, sin demora ni miramientos.