Bueno, el caso es que Salvador Camarena (@salcamarena), vio alguno de estos tweets, y me invitó a participar en su programa tras el Informe. Aquí pueden escuchar el resultado:

Solo falta una cosa: la opinión de los ciudadanos.

Este tipo de eventos distan de ser la panacea, pero representan un mínimo indispensable. No solo obligan a las autoridades a refinar y clarificar sus argumentos, sino que también funcionan como una invaluable fuente de ideas. “¿Ya consideraron el efecto en las calles vecinas?”, “aquí falta un cruce peatonal”, “¿cuánto cuesta hacer un túnel?”, ¡Podemos construir un parque en el espacio que se recupere!”.

Nunca falta algún asistente que descalifique todo o algún aspecto del proyecto. La sesión ofrece no solo la oportunidad de ventilar estos puntos de vista, sino que permite entender mejor a los intereses que se consideran afectados. Bien manejada, la ocasión puede transformarse en una rara oportunidad de deliberación, detonando una búsqueda conjunta de ajustes y soluciones. Por supuesto que no siempre se puede darle gusto a todos, pero si podría hacerse un esfuerzo honesto y razonable.

La diferencia es que la conversación pública obliga a la justificación mutua. Quién esté a favor o en contra de alguna alternativa debe presentar argumentos que puedan plantearse y defenderse ante los demás. No puedes pararte ahí y decir que el proyecto beneficia a tu compadre o afecta a la empresa de quien contribuyó a tu campaña. Como mínimo, el gobierno debe explicar claramente que se gana y que se pierde con cada opción, y los ciudadanos explican que elementos les gustan, que les disgusta y con que intensidad. Eso ya representa un avance, pues la construcción de consensos es más factible cuando discutimos y planteamos alternativas que cuando anunciamos hechos consumados.

En este caso particular, existen al menos dos grupos de interés. Estarán quienes usan la autopista solo para regresar a sus hogares después de trabajar. Seguramente pedirán mantener una vía de alta velocidad, preferentemente a desnivel, que minimice cruces y semáforos. También estarán los vecinos, cansados de las barreras físicas que generan las estructuras de concreto y molestos porque no pueden cruzar la calle sin largos rodeos. Exigirán que se bajen los límites de velocidad, que haya más accesos locales en la avenida, y que el segundo piso sea sustituido por un boulevard arbolado.

Ambas son preocupaciones legítimas, que ciertamente se contraponen. Dicha tensión puede llevar al abuso (una se impone, sin considerar la otra) o a la parálisis (una riñe tanto con la otra, que no decidimos nada). Sin embargo, este tipo de reuniones puede ayudar para atemperar estos riesgos. Funcionan de manera opuesta a los mítines políticos, donde todos asistentes están previamente de acuerdo. Al contar con la presencia del “otro”, no son los discursos más radicales los que sobresalen, sino aquellos que proponen ajustes o mecanismos de compensación que nos permiten avanzar.

Por supuesto que es posible manipular estas sesiones. Además, no todos tienen los mismos incentivos o recursos para participar, ni la misma elocuencia, ni la misma calidad de información. Sin embargo, incluir el análisis público de alternativas en el proceso de toma de decisiones urbanas ayuda a mejorar la dinámica. No es lo mismo despertar una mañana y encontrar bulldozers trabajando frente a tu puerta, que haber tenido oportunidad de conocer las opciones e incidir en la decisión. De hecho, esa diferencia distingue claramente a las democracias de los regimenes autoritarios.

La sesión que describo se realizó hace días en el área metropolitana de Boston, donde curso mi postgrado. Me hizo pensar en el Aeropuerto de Texcoco, en la supervía en el DF, en la Vía Express en Guadalajara y en el nuevo estadio de los Rayados en Monterrey. Pensé también en los $1,400 millones de pesos gastados en el Megadistribuidor Vial de Saltillo, sin que nunca hayamos discutido públicamente las alternativas. En todos estos casos la cerrazón y la ausencia de diálogo han sido la norma. El gobernante, que tiene todas las respuestas, decide y después nos avisa. Hacerlo puede ser “eficiente”, pero solo si analizamos el tema de forma superficial. Sin deliberación pública perdemos buenas ideas, tiempo, dinero, legitimidad, transparencia y la oportunidad de construir ciudadanía.

Creo que es un buen tema para los politólogos. Tendremos mucho IFE, y elecciones limpias. Pero si juzgamos la transición democrática mexicana a partir de la manera en que nuestros gobiernos deciden el futuro de nuestras ciudades estamos jodidos.

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facebook/ciudadposible

Twitter: @oneflores

Terminó la bacanal. La música ya no suena, no queda vino en las botellas y la mayoría de las mujeres y hombres que participaron han perdido su vigor. Exhaustos, los selectos invitados comienzan a despertar del trance. Lo que sucedió a puerta cerrada, durante casi seis años, fue una verdadera orgía, en la que todo se permitió. Los invitados pudieron gritar, bailar, beber y amar sin límite. Tomaron para sí mismos todo aquello que desearon, y mientras lo hicieron, recibieron tantos vítores y aplausos que quedaron convencidos de que el placer era parte de su destino manifiesto.

Muchos de los invitados a la fiesta eran hombres buenos. Los hemos visto, y platicado con ellos. Algunos son ciudadanos comprometidos con nuestras ciudades,  seguramente con futuros promisorios. Pero un día recibieron la invitación para formar parte del círculo rojo. Cruzaron la puerta y lentamente se quitaron la venda. Quizá se sorprendieron, pues el gran proyecto social que defendían no corresponde a la orgía que pudieron atestiguar. Tomaron una copa, pensando que hacer, y luego tomaron dos. Algunos de ellos concluyeron que podrían limpiar la casa por dentro, que podrían convencer al resto de que la degeneración de la pachanga traería un costo para todos. Pero no pudieron -o no quisieron- navegar contra la corriente. Quizá tomaron una tercera copa, y les gustó la música. O quizá calcularon que el costo de salir a la calle y hablar fuerte sobre lo que sucedía adentro de la casa sería demasiado alto.

El caso es que flotaron con el resto. Asumieron que las cosas así son, que la moral es un árbol que da moras, y que quien pierde la vergüenza no sabe lo que gana.  Probablemente concluyeron que solo un loco dejaría pasar la oportunidad de participar en la fiesta del siglo. Algunos hicieron negocios, otros conquistaron puestos públicos. Mejor adentro que afuera, mejor protegido que en la intemperie, mejor violador que violado. Se sintieron intocables, y al menos durante los últimos seis años lo han sido.

Pero poco a poco despiertan y miran a su alrededor. La bacanal ha terminado. Muebles rotos, ventanas quebradas, cuerpos cubiertos de vomito ajeno. Desde afuera les piden cuentas, pues el secreto de la orgía se ha hecho público. La pasión con la que defendían el proyecto del anfitrión es cada vez menos vigorosa, y quizá solo sostenida por el miedo a que los señalen como cómplices. Lo cierto es que muchos tomaron del vino y comieron del banquete que les pusieron enfrente. Hoy les palpita la cabeza, les duele el cuerpo entero, sienten la garganta seca.

Se encuentran ante una encrucijada. Aceptar que sucedió la orgía es validar a los críticos, diciendo que en efecto fueron desordenados, opacos, irresponsables, cínicos o timoratos. Por eso ahora tratan de limpiar la casa con el mayor sigilo. Su esperanza es que la gente mire hacia otro lado, olvidando el episodio. Hoy recortan el gasto, reorganizan la contabilidad, renegocian las deudas. Han seleccionado un par de chivos expiatorios, y parecen listos para crucificarlos en caso necesario.

Unos sonríen como si hubiesen olvidado todo, como si no hubieran visto nada. Otros disparan argumentos simplones a la menor provocación: “se hicieron muchas cosas buenas”, “el jefe es un hombre sensible”, “el gobierno federal anda peor”, “es un perverso ataque”, “las obras están a la vista”.

Pero los vecinos sabemos lo que pasó. Aquí hubo una fiesta, y una fiesta en grande. Algunos ya revisamos las cuentas, y hemos comprobado que los números no cuadran. Basta revisar los informes de gobierno para verificar que la deuda que contrajeron a nombre de nuestros hijos y de nuestros nietos es mucho mayor al costo de todas las cosas buenas que hicieron en los últimos años. Que nadie lo dude: Nos endeudaron para pagar su borrachera.

Me pregunto que más tendría que suceder para que los miembros de mi generación de priístas coahuilenses tomen distancia y cuestionen seriamente a nuestros líderes. ¿Dónde están las voces críticas en ese partido supuestamente democrático? ¿Qué dicen los diputados y los jóvenes funcionarios de la evidente bacanal? ¿En qué momento hipotecaron su libertad, su capacidad crítica, su idealismo y sus valores? ¿Cuándo se volvieron tan ambiciosos que dejaron de distinguir entre lealtad y complicidad? ¿Son víctimas que apenas se dan cuenta del desastre que facilitaron, o colaboradores concientes de que para avanzar sus carreras políticas y empresariales había que someterse y callar?

No lo sé. Lo único claro es que la bacanal ha terminado, y que tanto los funcionarios que entregan como los que reciben tendrán mucho que explicar.

El anuncio de este nuevo programa fue todo menos intrascendente. Con aquella primera tarjeta, el Gobernador daba el banderazo a una ambiciosa política local, que prometía extender el derecho a la salud a los ciudadanos que no alcanzan cobertura del ISSSTE o del IMSS. La mecánica descrita era tan simple como escueta. El Gobierno entregaría un millón de estas tarjetas, y sus portadores podrían usarlas para acceder a una larga lista de servicios médicos, que incluía rayos x, hospitalización, consultas, partos y cesáreas, trasplantes de médula, cirugías de cataratas, implantes cocleares y traslados interurbanos en ambulancias equipadas.

(Acá pueden descargar un pdf con el texto del discurso de HMV. La parte relevante está en la página 2)

Sin duda, la Tarjeta representa el programa social más ambicioso que se ha planteado a los coahuilenses en la historia moderna, y precisamente por ello merece escrutinio cuidadoso. No ha pasado un año, y la semblanza del Profesor Humberto Moreira, disponible en la página web del Gobierno del Estado, ya lo califica como un éxito rotundo, afirmando llanamente que la creación de la Tarjeta de la Salud

“dio acceso gratuito a los servicios de salud y hospitalarios de toda la población”.

Suena re-bien, ¿habrá sido así? Me encantaría compartir el optimismo, pero la escasa información disponible solo permite concluir que este programa ha sido transparente.

Transparentemente obscuro.

Sus reglas de operación no están publicadas, no hay un funcionario o una oficina pública claramente responsable, no existe un presupuesto aprobado ni se ha ventilado una sola evaluación. No sabemos con claridad cuantos servicios se han dado, quienes son los beneficiarios, bajo que criterios los seleccionaron o cuanto ha invertido el Gobierno en el programa. Vamos, el programa no registra ni una sola mención en el motor de búsqueda de la página web de la Secretaría de Salud, y no aparece mencionado ni una sola vez en el texto oficial del Quinto Informe de Gobierno.

Solo gracias a declaraciones esporádicas sabemos que el programa existe, mientras los detalles más básicos de su operación se mantienen bajo tinieblas. Puedo afirmarlo pues ya solicité, vía el sistema dispuesto por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, algunos datos básicos del programa tales como:

1. Las reglas de operación del programa.
2. El número de “tarjetas de la salud” que se han entregado desde el anuncio el programa, desagregado por municipio.
3. El número de tarjetahabientes que se han presentado a solicitar un servicio, desagregando por municipio el número de cada uno de los servicios que mencionó el entonces Gobernador en su discurso.
4. El número y tipo de servicios que efectivamente se han ofrecido a los tarjetahabientes, desagregado por unidad de atención y municipio.
5. El costo total que ha representado para el estado este programa, desagregado por concepto de gasto.

La respuesta del Gobierno del Estado fue kafkiana.

Mi primer intento fue en la Secretaría de Salud (solicitud número 00226211), donde me contestaron que

“El programa de “Tarjetas de Salud” no es administrado por la Secretaría de Salud. Se le sugiere realizar su cuestionamiento a la Secretaría de Desarrollo Social.”

Obediente, solicité la información a SEDESOL (solicitud número 00226311), donde me remiten a esta liga que no tiene nada que ver con el programa, aclarando que dicha dependencia

“no opera programas vinculados en el rubro de salud”.

Dos solicitudes, un mes, y el Gobierno aún no podía clarificar ni siquiera quien opera el programa.

Pregunté entonces a la Procuraduría Social (solicitud 00260711), una dependencia adscrita al Despacho del Ejecutivo, “creada para conocer, atender y tramitar todas las peticiones dirigidas al Gobernador del Estado”. Lo hice pues aunque la operación de un programa como la Tarjeta de la Salud no corresponde a las atribuciones de esa oficina, recordé que ahí operaron el “Monedero de la Gente”.

¿Se acuerdan del Monedero? Era un programa también basado en tarjetas repartidas a ciudadanos, que tuvo que cancelarse cuando el Gobernador reconoció la existencia de padrones de beneficiarios duplicados. Pues piensa mal y acertarás. Resulta que la misma dependencia que manejaba mal el reparto de monederos es ahora la encargada de operar la principal política de salud del Estado de Coahuila.

Esto me respondieron, por primera vez vía un oficio:

La respuesta dice mucho por lo que dice. Por ejemplo, menciona que se han entregado 363,811 tarjetas, una cantidad que no solo es inferior al millón prometido por el Gobernador, sino que me tiene preguntándome como hace sus cálculos el Secretario de Salud. Por supuesto que hay muchas explicaciones razonables del rezago, ¿pero entonces por qué la semblanza oficial del Profesor Moreira dice que la Tarjeta dio servicios gratuitos a TODA la población? Es como decir que somos campeones del mundo por haber acudido al Mundial, ¿no?

En todo caso, la respuesta de la Procuraduría Social dice mucho más por lo que NO dice. Por ejemplo, notarán que en el segundo párrafo admite de que quien se encarga de repartir las tarjetas no tiene las reglas de operación del programa. ¿Debemos entender entonces que desconocen los criterios establecidos para seleccionar a los beneficiarios? ¿Cómo y bajo que criterios determinan a quien le toca tarjeta y a quien no? ¿Cómo y bajo que criterios determinan cuantas tarjetas repartir en cada municipio? ¿A ojo de buen cubero? ¿Será que cada tarjeta implica una aventura burocrática como esta que relata en su queja un cuidadano? ¿O será que hay que conocer a la persona correcta, como le sucedió a Martiniano?

La respuesta de la Procuraduría Social concede además que no cuenta con información sobre la cantidad, tipo y ubicación de los servicios que han solicitado los beneficiarios. Es decir, Salud no sabe quienes son los beneficiarios y la Procuraduría Social no sabe cuales han sido los beneficios. Poniendo el rompecabezas junto, nadie en el Gobierno parece saber cuanto cuesta la Tarjeta de la Salud, ni cuanto ha mejorado la salud de los coahuilenses como consecuencia del programa.

No podemos descartar la posibilidad de que los funcionarios que respondieron estas solicitudes son incompetentes. Sin embargo, hablamos de tres dependencias distintas y de un programa clave para la administración. La hipótesis de incompetencia colectiva requiere demasiadas coincidencias, y siento demasiado respeto por nuestros servidores públicos como para creerla posible. Aventuro entonces una alternativa. En su ánimo por posicionarse como aquel que “dio acceso gratuito a los servicios de salud y hospitalarios de toda la población”, el entonces Gobernador condenó a sus subalternos a ser descaradamente opacos.

¿Ustedes como lo ven?

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Dice el Gobernador Electo que el suyo será “el gobierno del orden”. Enhorabuena. Hay mucho que ordenar.

Sin tapujos, Rubén ofreció 

“ejercer un gobierno responsable, democrático, mesurado, transparente e incluyente”,

y se comprometió a impulsar

“una nueva dimensión en la rendición de cuentas que no tendrá precedente en el país” (pg. 6).

Quizá sea solo retórica coyuntural, pero es notable la distancia que separa estas promesas de Rubén de la forma en que ejerció el gobierno su hermano. Seamos claros. La administración que termina fue tan responsable que su líder abandonó el barco para hacer política partidista,  tan democrática que avasalló a todo aquel que manifestó una opinión encontrada, tan mesurada que endeudó al estado con al menos $8,267 millones de pesos (¡3.8 millones de pesos de deuda por cada día del sexenio!), y tan transparente que el 15% de las solicitudes de información presentadas por ciudadanos se pierden en el sistema.

Al comprometerse con la rendición de cuentas, Rubén plantea en realidad un viraje de 180 grados.  Por ejemplo, el “Gobierno de la Gente” entregó miles de zapatos y de despensas y de tinacos y de medicamentos y de tarjetas telefónicas y de “apoyos” de $200 pesos. Sin embargo las reglas de operación y los padrones de beneficiarios se mantienen en secreto y no existe ni una sola evaluación seria e independiente que pueda certificar el impacto real de alguno de estos programas. Lamentablemente parecen haberse ejecutado con tal falta de rigor que contamos con pocos elementos para distinguirlos de las más burdas prácticas de populismo clientelar.

Si Rubén está comprometido con lo que dijo en su discurso, su administración tendría que ser profundamente diferente a la de Humberto. Es claro que liarse a gritos con funcionarios federales no reduce la tasa de homicidios, que prometerle computadoras personales a los maestros y estudiantes universitarios no eleva la calidad de la educación superior y que repartir tarjetas con dinero a través de las lideresas de las colonias no reduce la pobreza. Para rendir buenas cuentas lo que importa son los resultados y no la foto.

Al menos en el papel, Rubén afirma no tenerle miedo a la transparencia, al diálogo con el Congreso y a la interpelación de los ciudadanos. ¿Será en serio? Cualquiera que se haya detenido a pensar sobre la campaña del “No al Hermano” debería preguntárselo. Finalmente en un universo de total transparencia, rigurosa mesura, irrestricta democracia y absoluto compromiso con la rendición de cuentas una sucesión entre hermanos no tendría por que afectar negativamente el curso del gobierno. ¿Pero qué tan lejos estamos de ese nirvana?

Pensemos en hipotéticos. ¿Qué pasaría si Rubén descubre que funcionarios claves de la administración de su hermano se enriquecieron ilícitamente o asignaron contratos fuera de norma? ¿Qué haría si algunos de los programas bandera del “Gobierno de la Gente”, esos que ya prometió continuar, demuestran su ineficacia tras una evaluación técnica? ¿Como reaccionaría ante solicitudes de información que pudiesen comprometer el legado de Humberto? ¿Qué llevará mano, la “nueva dimensión en la rendición de cuentas” o cuidar las espaldas de su hermano?

Aún otorgando el beneficio de la duda, en toda administración se cometen errores y excesos que hay que ventilar y corregir. Pienso en el escándalo del Monedero de la Gente, que simplemente se aventó abajo del tapete, o en el manejo de la PRODEMI, que recauda casi el 10% del valor del carbón que producen los mineros sin rendir cuentas. Recuerdo el sobrecosto de muchas obras, como la del Megadistribuidor Vial, que pasó de $900 millones anunciados a $1400 millones sin que ningún auditor se haya despeinado. O que decir del malogrado “Modelo Coahuila” de seguridad, que comenzó por militarizar nuestras policías municipales para después ser cancelado sin mayor explicación. ¿Continuará este estilo con Rubén?

No sabemos la respuesta, pues hasta ahora “la nueva dimensión en rendición de cuentas” no pasa de ser la dimensión desconocida de Rubén. Por lo pronto ya guardé copia del discurso. Igual y hace falta recordárselo.

Por ello, muchas de sus estructuras partidarias están diseñadas bajo una lógica corporativa, vertical, donde los votos de “las bases” se pagaban con puestos y favores para los “cuadros”. Dentro del lenguaje priísta tradicional, el gobernante “da línea” mientras los “liderazgos” “operan” y “movilizan”. El ciudadano representa el eslabón más débil de esta “estructura”, robado de su individualidad y empaquetado para fines propagandísticos bajo definiciones amorfas como “la gente” o “el pueblo”.

Este sistema fue durante décadas profundamente eficaz. Solo gracias a él podemos entender la reinvención priísta de cada sexenio, asociada a la personalidad e identidad ideológica del gobernante en turno. Hay un PRI de Miguel Alemán, uno de Echeverría, otro de Zedillo, todos diferentes. Solo gracias a ese control interno podía mantenerse una especie de congruencia, aunque fuese temporal, en las bancadas del partido en los Congresos, en las alcaldías y gubernaturas. Hoy que Salinas critica la polarización entre “neopopulistas” y “neoliberales” hace falta recordar que el PRI es tan amplio que da cabida a ambos.

Sin embargo, este modelo no funciona bien en ambientes de competitividad electoral. Cuando hay la posibilidad de alternancia, la disciplina se resquebraja, porque cada voto cuenta. El ciudadano se empodera, y quien se arroga representatividad para negociar canonjías se debilita. Para gobernar en dicho entorno, es preciso plantear alternativas, justificar decisiones, rendir cuentas y mantener canales directos con la población.

Tras la derrota electoral del 2000, se abrió la posibilidad de replantear el significado de ser priísta. Soy de aquellos que vio con optimismo esa oportunidad. Quizá por primera vez en su historia, el PRI podría  priorizar al ciudadano antes que a la estructura, y a su programa antes que al candidato. Tal vez la coyuntura de la derrota serviría para definir un moderno proyecto de nación, que sin requerir un retorno al autoritarismo pudiese generar puentes y mandatos capaces de romper la parálisis.

Lamentablemente, dicho proceso de deliberación interna ha estado mediado por quienes llenaron el hueco dejado por el Presidente. Algunos gobernadores han asumido la franquicia como propia, encontrando en los peores excesos del pasado herramientas efectivas para afianzar su cacicazgo. Un ejemplo claro es el PRI de Coahuila, donde no hay mayor programa que aceitar la maquinaria para la elección del hermano del actual Gobernador con licencia. ¿Cuál es la diferencia entre el “dedazo” del PRI de otra época, y el actual en Coahuila? Como antaño, el Gobernante eligió a su sucesor, utilizando los recursos del gobierno y los canales del partido para legitimarlo.

El problema de la candidatura de Rubén Moreira no es el nepotismo. Es coahuilense, y tiene el mismo derecho que cualquier otro ciudadano a ser votado. Sin embargo su candidatura está viciada de origen, pues se construyó artificialmente desde el poder, justo como se hacía en los setenta a nivel nacional.

Hasta en la sopa

Los apologistas afirman que Rubén ganó esa candidatura a pulso, por su trayectoria como Presidente del Partido y como Diputado Federal. Pero eso es mirar la ecuación al revés. Rubén no es candidato porque fue Presidente del PRI y diputado, sino más bien fue Presidente del PRI y diputado porque ya era el candidato.  Su popularidad y margen de acción es producto de su aparente inevitabilidad.

Las señales de su ungimiento fueron claras, sobre todo para quienes sin deberle lealtad filial a Humberto Moreira, podrían construir una alternativa dentro del PRI. A los alcaldes los obligaron a renunciar para irse de diputados locales. Los Secretarios que intentaron brillar con luz propia salieron del Gabinete. A los diputados federales con tamaños les escatimaron sus logros. La “nueva clase política”, esa que los Moreira instalaron en Coahuila, representa bien lo que en otros lares describen como “dictadura de carpa amplia”, “donde todos caben, siempre y cuando no olviden quien es el anfitrión”.

Dicho modelo, aunque efectivo, representa un enorme retroceso democrático, que ya empieza a reflejarse en la cultura política de nuestros funcionarios y en el diseño de nuestras instituciones. Pero además, depende para subsistir de un priísmo dócil y acrítico, incompatible con el ejercicio de una ciudadanía plena. Convencidos de la solidez del castillo de cristal que han levantado, se rehúsan a ver la fragilidad que los rodea. Si ese es el partido que Humberto Moreira busca replicar a nivel nacional, caminamos para atrás.

Los economistas han pensado mucho sobre esto. Para algunos, como Tiebout, las ciudades no son sino son amalgamas de preferencias individuales, y la gente toma decisiones sobre en cual ubicarse dependiendo de la canasta de bienes y servicios que estas ofrecen. Su respuesta a estas preguntas sería sencilla: Si no te gusta lo que ofrece tu ciudad, “vota con los pies” y múdate a donde seas mayoría.  Por ejemplo, si te disgusta vivir en una urbe cada vez más auto-dependiente, con escasos espacios públicos, sin diversidad de usos de suelo y con densidades cada vez más bajas, puedes mudarte hacia la Condesa.

Lee el resto

Obviamente, tuve que Googlear la efemérides. Resulta que hoy, hace 55 años, Rosa Parks se negó a ocupar un asiento en la parte de atrás del camión, detonando con ello una larga lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Si, el transporte público como herramienta en la lucha por la equidad.

Salud, a la memoria de Doña Rosa.

En sentido contrario de la igualdad jurídica que tienen los ciudadanos dentro de la casilla electoral, existe una distribución desigual de los recursos que pueden ser empleados para influenciar las decisiones de los votantes, y entre cada elección, de los funcionarios públicos… dada la existencia de desigualdades como estas, ¿quien manda realmente en una democracia?

Robert Dahl, “Who Governs?” (1962), pg 4-5

Mmmmmm…

Es, dígamos, la segunda parte del famoso video censurado, cuya historia bien resumió Rodrigo Díaz. Dadas las alrededor de 50,000 vistas logradas en varias versiones del video anterior, ojalá censuren este también.

En la industria de la  comunicación todo es mensaje, tanto lo que se dice como lo que se calla, tanto el espacio que ocupan las notas como el número de veces con que estas se repiten. Vamos, hasta la disposición de corregir algo publicado previamente, o la voluntad de abrir espacios y tratar con respeto a quienes adoptan posiciones contrarias a la línea editorial del medio transmite un mensaje al público.

El ciudadano no es ni ingenuo ni idiota, y aprende poco a poco procesar la información que recibe, marcando distancia o leyendo entre líneas.

Sin embargo el que como ciudadanos pragmáticos estemos dispuestos a vivir desprovistos de un periodismo impoluto y quijotesco, no implica resignarnos a que esta profesión sea colonizada por mercenarios o improvisados. Mal harían los ciudadanos y los propios periodistas en permitirlo. La construcción de una sociedad plenamente democrática requiere no sólo de una prensa puntillosa sino también de una prensa con altos estándares éticos y de calidad informativa. Y a veces hace falta recordárselos.

Ahora que estamos próximos a iniciar un nuevo proceso electoral en Coahuila, bien harían los medios en clarificar sus políticas editoriales.

Si desean presentarse ante el público como actores imparciales, que nos digan que porcentaje de sus notas cubren a cada uno de los candidatos. Si presumen de independencia, que publiquen mensualmente que porcentaje de sus ingresos vienen de contratos de publicidad con entidades del gobierno. Si venden credibilidad, pues que su personal con conflictos de interés se excuse de tomar decisiones editoriales. Y si van a tomar partido por un candidato (algo que por cierto es legítimo), que lo hagan de manera clara y respaldándose en argumentos dignos de transparentarse.

Hacerlo no sería inventar el hilo negro. Por ejemplo, el Los Angeles Times anuncia su apoyo a un candidato en cada elección celebrada dentro de su área de influencia. Previo a los comicios, publica un editorial definiendo su postura, y explicando como y por que llegó a dicha conclusión. Igualmente las revistas The Economist y Nexos han tomado la decisión de promover causas como la legalización de la marihuana. Sin embargo lo hacen de frente, basándose en argumentos claros y no como resultado de un contrato de publicidad.

Igual podrían nuestros medios promover y facilitar la crítica de sus lectores y establecer mecanismos internos de rendición de cuentas.

No hay manera más rápida de detectar errores ni mejor antídoto para evitar excesos que sometiendo al medio al mismo escrutinio que practican sus reporteros hacia afuera. No es casual que los editores del New York Times mantengan una línea abierta con sus lectores a través de un ejecutivo que funge como “editor público” y que cuenta con autonomía e independencia suficiente para señalar y corregir situaciones que ponen en peligro la integridad del diario.
Existen estándares mínimos aceptados en todo el mundo, que muchos medios locales dejan de lado frecuentemente, a veces por que no les queda de otra, a veces por errores involuntarios y a veces porque sencillamente no respetan a su público. El verificar la veracidad de lo que declara un entrevistado, el no sacar de contexto una declaración, el mantener la congruencia entre el texto de una nota y su encabezado, el evitar hasta donde sea posible el uso de fuentes anónimas y el mantener el área editorial separada del área comercial, suenan como postulados obvios.

¿Sin embargo, cuantos medios locales respetan estas normas?

La próxima campaña electoral será una gran oportunidad para responder esta pregunta. Me siento privilegiado de colaborar en un periódico que toma estos asuntos de forma seria, y que busca permanentemente retroalimentarse de sus lectores. Pero el mejor juez será el lector, el televidente y el radioescucha. Aprovechemos la oportunidad, y pongamos a los medios en la boleta.

Sucede que esos Planes pocas veces se veían reflejados en la realidad.

Una vez presentados eran sujetos a despiadadas modificaciones. “Por aquí no pasa la calle, pues el terreno es de Don Sutano”. “Por allá el edificio merece más pisos, pues el constructor es Don Mengano”. “¿Ciclopistas? Pues solo que quieras mover a los ambulantes.” “¿Y qué pasó con aquel lote que queríamos reservar para un parque? Pues ya está ocupado por el Movimiento del líder Perengano”.

Pronto del “Plan” no queda casi nada, y de la función técnica y estética de la planificación urbana menos. Los actores en esta historia pronto aprenden a anticipar el resultado. El planificador deja de frustrarse y se vuelve un poco cínico. Ya no hace corajes cuando le piden modificar un uso de suelo, ni se atormenta porque la avenida que imaginó como paseo existe convertida en un suplicio.

Igualmente, el político aprende a utilizar selectivamente el “Plan”. Cuando le conviene lo que ahí dicen, muestra el documento ante el público como herramienta de legitimación. Pero cuando el Plan estorba, permite que duerma el sueño de los justos. Y los ciudadanos, esos que sufren el embotellamiento o quienes ven como la ciudad pierde su esplendor, simplemente comentan entre si: “Vaya, pues si lo que le hace falta a esta ciudad es un poco de planificación urbana”.

Quizá el problema es que seguimos creyendo que la planificación urbana es solamente un trabajo técnico, en el que los ciudadanos deben observar pasivos mientras los expertos diseñan y los políticos implementan. Nada más falso. La verdadera planificación urbana –esa que si puede incidir en el futuro de la ciudad- es un trabajo permanente de discusión política, que requiere de amplia participación y transparencia para tener legitimidad.

Así entendido, el urbanismo no se trata de plantear una visión sino de cómo la construimos juntos.

No basta diseñar, hay que escuchar, entusiasmar, compensar y convencer. El reto es encontrar formas de incorporar las presiones que hoy descarrilan los Planes de los expertos, y que típicamente representan favores personales y tratos en lo obscurito, a un proceso transparente, plural y democrático. El reto es hacer de cada ciudadano un urbanista, aprovechando la planificación urbana como excusa para convertir nuestra diversidad en fortaleza.

Escribo esto pues Saltillo está todavía a tiempo para detonar una gran discusión ciudadana sobre su futuro. Ya no es un pequeño pueblo, pero tampoco es una ciudad ingobernable. De cierta manera, la personalidad de Saltillo todavía puede modificarse. ¿Será una ciudad donde los vecinos se saluden o donde aprieten el paso para no tener que intercambiar gruñidos? ¿Será un lugar verde o gris, alegre o apesumbrado? ¿Será otra urbe de guetos y ciudadelas, o un espacio que facilite la inclusión y tolerancia?

Lo que hoy construimos habla.

Las bardas altas, las calles sin banquetas, los espacios sin árboles y las cada vez más grandes distancias que nos separan dicen mucho sobre la ciudad que habitarán nuestros hijos. Los reglamentos que prohíben casas chicas garantizan que solo quienes puedan pagar casas grandes habiten en esas zonas. Las normas que exigen estacionamientos en demasía inflan artificialmente el atractivo del coche. Cada permiso de construcción, cada reglamento, cada plan parcial importa. Y cuando los ciudadanos guardan silencio no son los técnicos quienes toman decisiones, sino aquellos que por alguna circunstancia tienen el poder para ignorar las reglas o mejor aún, para lograr que estas se cambien.

En ninguna elección para alcalde se vota por un plan concreto para la ciudad. Nadie en Saltillo votó por los puentes de Moreira o por las rutas recreativas de Jericó. En ningún panfleto se habló de Ciudad Derramadero o de Ciudad Universitaria. Y sin embargo todas estas decisiones, en mayor o menor medida, afectan como disfrutamos o como sufrimos nuestra ciudad. Es tiempo de asumir el ejercicio de imaginar el futuro de la ciudad como una oportunidad para construir ciudadanía. Que la ciudad crezca y que se desarrolle, pero con la participación de todos.

Por ello hay que cuidar y fortalecer a nuestro Poder Legislativo, tanto en el nivel federal como local.

El Presidente y los Gobernadores deben respetar, y los legisladores deberían hacer valer, sus facultades constitucionales. Es cierto que hacerlo tiene costos en términos de eficiencia. La toma de decisiones se hace más lenta, y frecuentemente es preciso archivar la propuesta óptima para lograr la aprobación de la propuesta posible. Sin embargo quienes utilizan ese tipo de argumentos para descalificar la función legislativa tienen una pobre visión de la democracia. Es a través del contraste permanente de argumentos, llevado a cabo de forma transparente y de cara a la nación, como las iniciativas gubernamentales adquieren la legitimidad necesaria para lograr su implementación.

A veces es necesario, como diría el académico Larry Susskind, ir lento para poder ir más rápido.

Por ejemplo, la estrategia federal en contra del crimen es cada vez más impopular. Y en lugar de que las diferentes fuerzas políticas en el Congreso la asuman como una política de estado, pueden descalificarla –incluso a veces sin ofrecer una alternativa- precisamente porque proviene  de decisiones tomadas unilateralmente por el Presidente. Quizá por ello, al ver como el país se incendia, Calderón se ve obligado de pronto a someterse a un diálogo sobre el tema con actores ajenos a su gobierno. Es decir, a comenzar de nuevo. Al traste con el argumento de la eficiencia.

En este contexto, mala señal envía el Presidente al no acudir personalmente al Congreso a rendir cuentas.

Si bien ritos como el Informe no tendrían por que reflejar la sustancia en la relación entre poderes, lo cierto es que las formas si son fondo. Alguien le habrá dicho a Calderón que subirse a la tribuna era ponerse “de pechito”. Seguramente le recordaron algunas estampas de la historia de los informes presidenciales, como aquella del propio Vicente Fox en 1989, manifestándose ante Salinas con unas grandes orejas de burro, o la de Marcos Rascón en 1996 usando una máscara de cochino. Quizá los diputados que buscaron impedir la toma de protesta en 2007 tomarían la tribuna, mientras que otros usarían el tiempo para interrumpir con insultos.

¿Nos perdimos el folclor?

Es cierto, Calderón quedó protegido, pero con su ausencia la democracia mexicana pierde mucho más que folclor. Al ningunear al Congreso el Presidente rema exactamente en sentido contrario a lo que durante décadas exigió el panismo desde la oposición.

Pero es tan malo rehuir el diálogo con el Congreso, como reducirlo a la irrelevancia.

Y en eso hay gobernadores que no cantan mal las rancheras. Algunos tienen tal control sobre sus diputados que el Congreso local funciona como ventanilla de mero trámite, aprobando leyes que rayan en lo grotesco. Para muestra una perla coahuilense. La Constitución local establece que “no se hará ningún gasto que no esté comprendido en el Presupuesto o haya sido autorizado por el Congreso”. Pero en el Prespuesto de Egresos vigente en 2010, los propios legisladores le giran un cheque en blanco al Gobernador. Antes de saber si habría dinero adicional que repartir, autorizaron su gasto para lo que venga en gana al Gobernador (¿o acaso existe algo no quepa bajo los rubros mencionados por los legisladores: “programas sociales, prioritarios o de inversión pública?”). Y como esa hay muchas.

Quizá hoy puede entenderse que el Presidente evite exponerse a los tomatazos de sus opositores. Igual puede explicarse que un legislador local renuncie a sus facultades con tal de quedar bien con su jefe político. Pero para poder hablar de “vida republicana” hace falta que Presidente, Gobernadores y Congresistas asuman su rol, cuiden las formas y miren más allá de la coyuntura.

... Esperando a que les caiga del cielo.

El tiempo se le escapa al panismo en pequeños pleitos, la mayoría de carácter interno. Hace ya 25 días eligieron a su dirigente estatal, y es fecha que este no puede tomar posesión ni conformar su equipo de trabajo. Pero esto no es nuevo. Si en el PRI local solo manda una familia, en el PAN el sello es la balcanización de cualquier decisión. Cada candidatura, cada posicionamiento, cada estrategia, parece una nueva excusa para recordarnos que las tribus del panismo local no saben ponerse de acuerdo. Votan, pero no deliberan. Discuten, pero no se respaldan en sus decisiones. Su vida interna no refleja la “brega de eternidad” que imaginó Gómez Morín, esa que llamaba al debate interno como instrumento para formar consciencia cívica, sino más bien una “brega de vanidad” en la que sus liderazgos luchan solo por ampliar su rebanada del pastel.

Mientras tanto, los panistas con cargo público tampoco demuestran ser una opción atractiva de gobierno. Las delegaciones federales, muchas convertidas en agencias de empleo temporal, no han emergido como fuentes de ideas o como ejemplos de buena administración que inviten al contraste, y la bancada panista en el Congreso sobrevive no a partir de una agenda legislativa que entusiasme y aglutine a la ciudadanía sino en base al activismo de algunas individualidades. Torreón, la joya de su corona, fue entregada al PRI en la última elección por muchos factores, pero uno de ellos sin duda fue el sabotaje de grupos antagónicos hacia el interior del mismo PAN. En Saltillo, los panistas se han dejado apocar, y sus cuadros de mayor peso parecen haber abandonado el barco.

Pero la crisis del panismo coahuilense no es producto únicamente del choque entre sus personalidades, sino de una notoria ausencia de ideas e iniciativa. Este partido parece haber cedido a otros su misión fundacional de “señalar errores, indicar nuevos caminos, limpiar la administración, mejorar las instituciones y formar ciudadanos capaces de ocupar con rectitud y eficacia los puestos públicos”. El último escándalo, la valiente denuncia hecha por el Consejero Electoral Carlos Arredondo sobre posibles actos de corrupción hacia el interior del IEPCC, resume un poco la actitud del PAN: Dormir el sueño de los justos hasta que “alguien” haga “algo”, en lugar de aprovechar presencia, presupuesto y militancia para disputar a base de ideas el control sobre la agenda pública local.

Y el famoso Senador Anaya brilla por su ausencia. Han sido innumerables las ocasiones en las que hubiese podido mostrarse ante la ciudadanía como una alternativa. El profundo problema de inseguridad en Torreón, y el aparente abandono federal de esa plaza es tan solo un ejemplo. Además de defender al Presidente y acusar al Gobernador, ¿qué propone Anaya? ¿Cómo abordaría el problema? ¿Qué es lo que trae a la mesa?

Qué atrevimiento, dirán algunos. Criticar al PAN sin ser panista. Pero lo cierto es que el panismo local es corresponsable de los excesos que puede permitirse el grupo que nos gobierna. Sin oposición, el gobernante deja de considerar la posibilidad de perder el poder. Y al hacerlo, no encuentra razón para humildad, para el autocontrol, para la tolerancia de ideas diferentes y para la búsqueda de consensos más amplios. Cuando no existen alternativas competitivas, la democracia que existe en el papel se transforma en una farsa. El gobernante es electo, si, pero puede comportarse como rey. Y ahí están los síntomas, para quien quiera verlos.

Si los panistas creen que la sola referencia a sus triunfos en Oaxaca y Sinaloa bastan para capturar la imaginación del elector coahuilense, están muy equivocados. Primero tienen que despertar de su aletargamiento, hacer la tarea, levantar la mano y explicarle a la gente por qué merecen una oportunidad.

Rodolfo Torre, en paz descanse.

En semanas como esta ningún otro tema es relevante. El país se paraliza pues México está incendiado y los bomberos no se dan abasto. Mientras la población intenta acostumbrarse a vivir con miedo, sucesos como el asesinato del candidato del PRI a la Gubernatura de Tamaulipas, a unos días de la elección, cimbra nuevamente a nuestra sociedad. Ya van 22,700 muertos, pero no solo eso. Nadie está a salvo. Ni el delantero del América, ni el experto anti-secuestros, ni el cantante famoso, ni el líder moral del partido gobernante, ni mucho menos el mexicano que no se mete con nadie y que solo desea vivir en paz. Si la intención de los apóstoles de la violencia era mandar ese mensaje, pueden quedarse tranquilos.

Misión cumplida. Lograron que la pregunta ya no sea ¿quién fue? sino ¿quién sigue?

El empresario ya no busca hacer negocios, sino proteger a su familia y patrimonio. El turista la piensa dos veces antes de elegir nuestras playas. El alcalde con grandes proyectos encuentra que con solo atender la función policiaca tiene el plato lleno. Y resulta que competir por un cargo público implica arriesgar la vida. México está detenido, y cuando camina es hacia atrás. En el 2009, nuestra economía decreció 6.6%, una caída mayor a la observada en 1995, tras la crisis del peso (fuente en pdf). Hablar de la “Presidencia del Empleo” que prometió Calderón es invitar a la burla. El “desarrollo estabilizador” que derivó en el “milagro mexicano” de mediados del siglo pasado parece imposible de repetir, aún en una época en que hay economías emergentes -como la de China, India y Brasil- que avanzan a pasos agigantados. Si bien hay muchas causas que explican el pobre desempeño económico de México, lo cierto es que la pesadilla de la violencia nos está robando la oportunidad de soñar.

Nuestro líder, el Presidente de México, se ve cada vez más solo, ineficaz y terco.

Está perdiendo la batalla mediática, la batalla electoral, la batalla moral, y por supuesto, la guerra contra el narco. El día de ayer un editorial en El País -de España-, daba cuenta del drama mexicano, describiendo la existencia de una opinión pública dividida. Según el texto, de un lado están quienes sostienen que esta “guerra” es un esfuerzo innecesario, impulsado por un Presidente que encontró en el uniforme militar la oportunidad de legitimarse. Por el otro, hay quienes justifican la cruzada como única alternativa, pues reconocen que el narco ha infiltrado a las instituciones, y que por tanto es indispensable combatirlo como a un cáncer que se expande. Este análisis podrá reflejar la retórica polarizante de muchos actores políticos, pero lo cierto es que la mayoría de los mexicanos cambiamos de “bando” frecuentemente. Por supuesto queremos un combate frontal contra el crimen. Pero también nos preocupamos porque la estrategia no parece estar funcionando. Y en ese contexto, lo más grave no es el decreciente nivel de respaldo a la ruta marcada por el Presidente, sino que no hay ningún otro plan en la mesa capaz de galvanizar a los mexicanos.

El país no puede darse el lujo de esperar hasta la elección presidencial de 2012 para valorar alternativas claras.

Nos estamos incendiando, carajo. Fuera de la idea de sustituir las policías municipales con policías únicas estatales, hay pocas ideas ambiciosas en la mesa. Lo que se siente no solo es falta de coordinación, sino un profundo vacío de poder, en todos los niveles de gobierno, que los criminales están prestos para llenar.

Ante el más reciente magnicidio, un nuevo ejemplo. El Presidente llama a “la unidad de esfuerzos y voluntad de todas las fuerzas políticas”, mientras que el PRI, que controla a la mitad del Congreso y la mitad de las gubernaturas, responde marcando distancia, exigiendo una estrategia de seguridad “eficaz”. Pero la unidad que pide el Presidente, y la eficacia que reclaman los priístas, no pueden sostenerse en torno a conceptos vagos. ¿Tiene lógica pedir unidad en torno a una estrategia que ha demostrado su ineficacia? Y peor aún ¿puede haber -en un contexto federalista- una estrategia de seguridad eficaz sin unidad? Mientras estos reclamos cruzados no se transformen en propuestas concretas, capaces de generar corresponsabilidad en torno a objetivos claros y evaluables, seguiremos observando un lamentable diálogo entre sordos, justo en el peor de los momentos. Como si los bomberos estuviesen en huelga mientras México se incendia.

Son espacios para disfrutar la ciudad: para pasear, y saludar al vecino, y hacer ejercicio, y enamorarse.

La calle, cuando se transita a 60 kilómetros en coche, es un espacio eminentemente privado. Cada quien viaja en su cápsula. En cambio, la acera rara vez deja de ser pública. Quizá pensando en la importancia de estos “parques”, el ex-rector Alejandro Dávila se ha lanzado en una cruzada en su defensa. Desde hace varias semanas recorre la ciudad armado de una cámara fotográfica, documentando como los peatones simplemente no figuran en la agenda pública de la ciudad. Sus fotos muestran como en Saltillo, las banquetas han sido secuestradas. O más bien, concesionadas a alguien que no las valora salvo por su proximidad al automovilista.

Un triste paseo peatonal por Saltillo:

Un anuncio de banquetas que bloquea la banqueta.

A meter la panza o a bajarse a la avenida

¿Ya vieron que bonito puente al fondo?

Carrera de obstáculos

En sus últimas columnas en Vanguardia (aquí, acá, allá y acullá), el ex Rector explica con detalle la manera que los anuncios de Eumex, la empresa concesionaria, violan el contrato firmado con el municipio, y relata sus trágicas aventuras pidiendo la intervención del gobierno para rescatar estos espacios.

Con frustración, comparte el resultado de sus gestiones:

En dos ocasiones me entrevisté personalmente con ese funcionario (el director de Desarrollo Urbano) y le hice ver que tanto la Autoridad como Eumex están incumpliendo las disposiciones de diversos artículos de los Reglamentos de Desarrollo Urbano y de Anuncios, así como las del contrato celebrado entre Eumex y el Ayuntamiento.

A la fecha no he recibido respuesta por escrito a mi solicitud, ni se han atendido materialmente mis reclamos. El ingeniero Everardo Quezada, titular de esa Dirección, ofreció verbalmente reubicar dos paneles por mes. Y aunque la respuesta es insuficiente (como reza el refrán: “De lengua me como un taco,… y hasta dos”), hasta el momento nada ha ocurrido.

Urge atención en este asunto.

Urge. Que tome el teléfono el alcalde, y que le hable a los de Eumex igual que le habla a los de Aguas de Saltillo. Que quite esos anuncios, como quitó a los comerciantes de la Alameda. Que abra las calles a los peatones, no solo el domingo en la mañana, sino de forma permanente.

Y a ver si de pasadita arreglan este otro pendiente.

Foto: Ciudadanos en Red

Hace algunos días apareció en El Economista una inesperada crítica a los críticos de la Supervía Poniente, firmada por Gabriel Quadri, ex Presidente del Instituto Nacional de Ecología. El texto en el que este destacado ambientalista defiende el proyecto del GDF para extender el segundo piso del periférico hasta Santa Fe está construido sobre dos pilares, uno técnico y el otro político. En el primero, Quadri sostiene que la Supervía contribuirá para“remover un costosísimo estrangulamiento en el sistema circulatorio de la ciudad”, mientras que en el segundo denuncia “la cosmovisión de estanquillo” de los urbanistas, vecinos y ambientalistas que se oponen al proyecto, sugiriendo que actúan motivados por “un mezquino cálculo de poder en un juego de suma cero”.

El razonamiento técnico tiene elementos a su favor, y sin duda se presta para un rico debate.

Para concluir que la Supervía reducirá el congestionamiento en la ciudad, Quadri parece asumir que los cálculos de las autoridades son correctos: El fenómeno de tráfico inducido quedará minimizado por el cobro de cuotas a los automovilistas, los impactos sociales y ambientales de la obra serán efectivamente mitigados por la autoridad y la circulación de autobuses de RTP sobre la nueva vía -no en un carril confinado, sino en medio del tráfico- puede representar un “eficiente sistema expreso de transporte público”. Si bien Quadri reconoce que la Supervía puede acelerar el crecimiento de la mancha urbana, minimiza el efecto que esta obra tendrá sobre la ya de por si alta demanda de viajes a la zona, afirmando que el patrón de urbanización del poniente “parece ya irreversible” y que en todo caso “debe ser objeto de regulación territorial”.

En contraste los críticos de la Supervía, que por cierto incluyen al actual Presidente del INE (ver Reforma, Junio 5, 2010), sostenemos que esta obra no resolverá el tráfico y que su construcción agravará el problema. La mejora temporal a la circulación hará que más desarrolladores levanten más edificios y que más gente quiera viajar en más coches hacia Santa Fe, eliminando los añorados beneficios. Esa misma regulación sobre usos del suelo que no ha funcionado en el pasado, quedará doblemente rebasada ante las señales que esta obra envía al mercado inmobiliario. Y aún reconociendo lo mucho de positivo que tiene el diseño de la Supervía, como la inversión privada para financiarla y el cobro de cuotas a los automovilistas por su uso, lo cierto es que el proyecto no cambia un paradigma condenado al fracaso: pretender eliminar los embotellmientos sin generar alternativas dignas y eficientes al automóvil.

Pero este artículo no busca añadir a la discusión técnica sobre los efectos de la Supervía. Finalmente, los planteamientos de ambos lados están siendo ventilados en otros foros, y en todo caso la realidad está llena de matices. Bajo algunos supuestos, Quadri y los promotores de la Supervía tienen razón. Bajo otros, pecan de optimistas.

Lo que si urge es conectar esta discusión a una reflexión de mayor alcance sobre la planificación urbana en México.

Y para ello aprovecho el planteamiento político que Quadri pone en la mesa. Nuestro país viene de una larga tradición autoritaria en la toma de decisiones, y su transición democrática no ha permeado sobre los procesos de planificación. La secuencia de “decide, anuncia y defiende” continúa vigente, muchas veces con resultados desastrosos, como demuestra el malogrado Aeropuerto de Texcoco. La premisa es que las autoridades tienen el monopolio sobre la definición del interés público, y que los ciudadanos solo podemos participar cada vez que hay una elección. En ese contexto, no solo quienes se oponen, sino también quienes exigen información respecto de los proyectos del Gobierno son considerados estorbos al progreso. Son, como dice Quadri en El Economista, “micropolíticos”, que “empeñan su esfuerzo parroquial en movilizar grupos de interés para torpedear los proyectos”.

Con profundo respeto para el autor, el argumento parece reduccionista y un tanto intolerante. Hay “micropolíticos” en ambos lados de la batalla. Atrás de la oposición a la Supervía puede haber intereses, pero estos también existen detrás del bando contrario, y quizá más fuertes. El problema no es que estos sean manifestados, sino que alguna de las contrapartes pretenda que los intereses del otro no existen o que son ilegítimos. Nadie ha dicho que es necesario alcanzar la unanimidad para avanzar un proyecto, pero debería abrirse una discusión transparente que demuestre que todas las alternativas se han considerado, que los intereses de todos los afectados han sido suficientemente valorados, y que se han hecho esfuerzos razonables para atender satisfactoriamente sus preocupaciones. La secrecía con que se ha manejado este proyecto, su presentación como un hecho consumado, y la ausencia de una respuesta puntual a argumentos como el del tráfico inducido, sugieren que este no ha sido el caso de la Supervía.

El punto es que hacen falta mecanismos para democratizar la planificación urbana, en un contexto que permita sacar proyectos adelante sin cometer arbitrariedades.

Si buscamos evitar “juegos de suma cero”, es indispensable ir más allá de la movilización política de la protesta, pero también de la toma unilateral de decisiones por parte de la autoridad. La diversidad de nuestra sociedad debe ser fuente de innovación, y no justificación para descalificar a quien piensa diferente. Y en esta búsqueda de nuevas formas, los aliados del urbanismo sustentable como Gabriel Quadri tienen mucho que aportar.

(por cierto, acá hay otro texto que escribí sobre la Supervía)

Este país funciona aún bajo la lógica del intercambio de favores. Para obtener un empleo, el currículum no importa tanto como la recomendación. Para resolver un problema buscamos primero a un conocido. Decimos con holgura que “a nadie le amarga un dulce” o que “siempre sirve una conocida en un baile”, y celebramos las excepciones que nos benefician diciendo que “nos hizo justicia la revolución”.

La cooperación se sostiene, como describió Axelrod, a partir de la expectativa de reciprocidad.

Dicho modus operandi está profundamente enraizado en nuestro gobierno. Para que salga el apoyo del Procampo, el campesino asiste al mitin. Para garantizar un ascenso, el funcionario “dona” parte de su sueldo al partido. Para obtener contratos del gobierno, ayuda contribuir a las campañas políticas. Lamentablemente dicha relación de reciprocidad no vincula al ciudadano con el Estado en abstracto, sino con el funcionario en concreto. No genera derechos que den sentido a nuestra ciudadanía, sino que implica un intercambio de favores que  fortalece y perpetúa clientelas.
Este mecanismo es tremendamente útil para quien dispone del presupuesto público. Sencillamente hay pocas maneras tan efectivas para adquirir lealtades. Si te doy un una beca, un empleo o un apoyo, me debes tu voto, tu sentido crítico y tu lealtad. Los funcionarios con ambiciones guardan su lista de favores en cuadernos imaginarios. A aquel le conseguí un empleo, a este lo colé en la universidad, este otro “me la debe”. La relación entre el el funcionario dadivoso y el ciudadano afortunado es de agradecimiento personal y endeudamiento político. Esto no tendría nada de malo, si la deuda fuese un efecto secundario y no el principal objetivo del funcionario.

Pero cuando el presupuesto es utilizado para granjearse voluntades se incurre en injusticias, iniquidades e ineficiencias.

Permítame un ejemplo. El Gobernador anunció la entrega de una computadora portátil a cada estudiante de licenciatura y docentes de la UAdeC. Según el Gobernador, la decisión resultó de una gestión del Rector, que

“no dejó otra salida, mas que decir lo que el corazón nos dictó hacia la Universidad, que fué responderles que si” (el video del discurso está aquí).

Supongo que tampoco pudo negarse con los dirigentes del SNTE, o con el Rector de la Narro o con los directivos de los Tecnológicos. Según la última cuenta, que bien podría incrementarse, el Estado adquirirá este año 100,000 laptops para estudiantes y profesores de todo Coahuila. En solo quince días fueron comprometidos $600 millones de pesos del presupuesto, asumiendo máquinas de $6,000 (un precio razonable, según un intercambio de favores similar).

Pongamos el monto en perspectiva. El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología dispone apenas de $18 millones anuales. De hecho, el gasto en laptops representa 4 veces la aportación del Estado para la Ciudad Universitaria en Arteaga ($152 mdp), es mayor al presupuesto 2010 de la SEDESOL Coahuila ($580 mdp), y superior a la partida anual de sueldos de la Fiscalía General del Estado ($575 mdp).

Lamentablemente así definimos las prioridades de gasto en Coahuila. La aritmética de favores desplaza al análisis costo-beneficio.

¿Se habrán dado por enterados los diputados? El monto es muy significativo, y el artículo 102 de la Constitución del Estado prohibe expresamente gastos fuera del presupuesto o sin la autorización del Congreso. Si el recurso es de un ahorro, ¿dónde está el sub-ejercicio o el recorte a gastos previamente programados? Si hubo ingresos extraordinarios, ¿no hay necesidades mas apremiantes? Hace apenas meses tanto Fitch Ratings como Standard and Poor’s revisaron a la baja la calificación crediticia de Coahuila, por “el mayor dinamismo del gasto operacional respecto a los ingresos disponibles” y dada su “agresiva política de endeudamiento“. ¿A nadie preocupa gastar lo que no tenemos?

Aún quienes aplauden el proyecto deben reconocer que hay mejores maneras de acercar la tecnología a nuestros jóvenes.

Depositando $600 millones en el banco, el Estado obtendría rendimientos por $26.7 mdp anuales (a la tasa de CETES vigente hoy), suficientes para comprar 4,450 computadoras al año. En poco tiempo podríamos transformar todos los centros comunitarios, todas las bibliotecas y todas las escuelas de todos los niveles de Coahuila en verdaderas infotecas. Los equipos podrían renovarse periódicamente, asegurando que las futuras generaciones tengan acceso al mismo beneficio sin afectar nuevamente el presupuesto.

Pero las consideraciones de largo plazo importan poco para quienes prefieren registrar favores en sus cuadernos.

Por eso este país no cambia. Desde muy temprano socializamos a los jóvenes bajo la lógica del intercambio de favores. Les mostramos que las leyes, los criterios contables, y la optimización de recursos pueden ignorarse cuando se trata de pedir y repartir favores con dinero público. Y a diferencia de las laptops que repartirán nuestros gobernantes, esa lección durará para siempre.

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ACTUALIZACION:

Es 14 de Noviembre, y por fin encuentro una nota sobre la licitación (en El Norte, requiere password). Acá mi opinión

“Es cierto, la cosa en Coahuila esta que arde, pero la violencia es culpa de Felipe“.

Pensaba en eso, cuando un amigo que leyó mi texto me alertó de la golpiza que unos policías municipales le propinaron a unos profesionistas que pasaban por Sabinas. El cliché aquel de “ten miedo de quien te cuida” es hoy más realidad que nunca. Sería imposible culpar al Gobierno Federal de las actividades de la policía municipal, ¿no? ¿Qué es esta historia, un caso aislado de policías corruptos, o un síntoma del “Modelo Coahuila” de combate al crimen?

Desgraciadamente, no hay algún lugar que concentre estas historias. Pero todos las conocemos. Circulan en el café, en la escuela, en la reunión de amigos, en la piñata de los niños. Ya no son historias del vecino del amigo del primo. Hablan de uno mismo, de lo que pasó ayer, de lo que pasó enfrente de la casa.

Los coahuilenses tienen miedo. Más miedo que nunca. Ya basta.

Por cierto, el Contador Adrián Ortiz, patrón de los profesionistas golpeados en Sabinas, envió al Gobernador una carta relatando el suceso. Quizá solo por ello el caso no pasó desapercibido. Ojalá que más coahuilenses se animen a exigirle seguridad a nuestras autoridades. Para eso les pagamos.

La carta ya circula como cadena por correo electrónico, y me llegó esta mañana. Pueden leerla abajo.

Prof. HUMBERTO MOREIRA VALDES

Gobernador del Estado

Sr. JESUS MA. MONTEMAYOR

Alcalde de la cd. de Sabinas, Coahuila

Sr. GUSTAVO RESENDIZ

Director de seguridad pública municipal de Sabinas, Coah.

Sr. Gobernador, me dirijo a Usted para poner a su consideración hechos que sucedieron el día de ayer en la carretera a unos pocos kilómetros de Sabinas, Coah.,  que nos muestran una realidad que es terca y testaruda y se empeña en mostrar un Estado diferente al que quisiéramos que los inversionistas conocieran, sabemos que sus declaraciones siempre son con el objeto de dar una imagen de seguridad para que los inversionistas sientan que al venir en nuestro Estado no tendrán los problemas que hay en otras entidades y se generen los empleos que tanto se necesitan para nuestra economía.

Pero, se ha preguntado si los alcaldes y sus directores de seguridad pública comparten los mismos ideales?

El lunes 5 de abril ( ayer ) tres contadores del despacho que dirijo, Ortiz, Leos y Cia., S.C. se trasladaban al norte del estado a realizar trabajos de auditoria en las empresas que son clientes de nuestra firma, en un automóvil con el nombre del despacho en ambas puertas, los logotipos de la firma y de las firmas nacional e internacional que representamos, contadores cuyas edades oscilan entre los 23 y 26 años, egresados de la Universidad; y al pasar por la Cd. De Sabinas aproximadamente a la una de la tarde fueron interceptados por una patrulla de la policía municipal identificada con el número 8246, a la altura de una empresa cervecera, por una supuesta infracción de tránsito; los muchachos fueron bajados del automóvil a golpes y esposados, sin decirles el motivo de su detención, para ser trasladados a los separos de la policía municipal donde fueron incomunicados, desnudados y tratados como los peores delincuentes, golpeados con macanas y pateados por valientes policías que calzan botas, según los muchachos por ocho o mas  “ valientes representantes” de la ley, todo esto ante la mirada y el conocimiento del aún mas valiente Director de Seguridad Pública Municipal.

Afortunadamente uno de los muchachos pudo reportar lo que estaba pasando, al hacer una llamada por su celular que posteriormente le fue retirado y por lo cuál tuvo que resistir una andanada de golpes por su atrevimiento; llamada que nos permitió buscar ayuda tanto de la Policía Federal como de personas conocidas residentes en Sabinas y fue de esta forma como logramos que los liberaran no sin antes amenazarlos para que no dijeran lo que les había sucedido y recomendarles que regresaran a sus casas y que “ahí no había pasado nada”, entregándoles sus pertenencias completas, incluyendo las computadoras y maletas con papeles de trabajo.

Los muchachos fueron atendidos el mismo lunes por la noche en un hospital de Saltillo, después de ir a traerlos a la cd. de Monclova por el riesgo que corrían si seguían en la carretera en el mismo automóvil y con las amenazas que recibieron al ser “liberados”.

El resultado de la revisión médica es el siguiente: fractura de pelvis en uno de ellos, lastimadura de cuello, en otro y en el tercero al que le fue mejor, “solo” un hombro lastimado.

Ayer mismo cuando una de las personas que contactamos en Sabinas, le pidió  al director de seguridad pública una explicación de que estaba pasando este llamó a nuestra oficina para decir que ya estaba arreglado el problema de los muchachos y que los iba a soltar con el pago de una “multilla”, la cuál fue cubierta y el recibo que la ampara no especifica el “delito” o infracción cometida.

Después de lo sucedido los muchachos no quieren saber nada de transitar por nuestras carreteras, no sabemos como vamos a resolver los compromisos de trabajo que tenemos con las empresas que se encuentran fuera de Saltillo.

Sr. Gobernador a quien debemos de denunciar esto que esta sucediendo y que no trasciende por miedo a lo que pueda sucederle a quién lo haga, Usted es la máxima autoridad en nuestro estado y consideramos que es quién debe poner un hasta aquí a los abusos de las autoridades municipales, como en este caso; de otra forma los visitantes e inversionistas se van a alejar del Estado y los que pensaron en venir a invertir lo van a pensar mucho.

Creo que esto no le conviene a nadie.
Saltillo, Coah. Abril 6 de 2010

C.P. ADRIAN H. ORTIZ GAMEZ

Director de

Ortiz Leos y Cia., S.C.