Imagen: Marc Guerrien

En un par de años, mi ciudad se ha llenado de bardas y de rejas. Ahí están las que hoy rodean a los edificios del Congreso y del Tribunal Superior, a la Universidad Autónoma de Coahuila, al Restaurante La Canasta y a la entrada del Kinder del Colegio Ignacio Zaragoza. ¡Hasta la Delegación de la Fiscalía de Coahuila tuvo que amurallarse! Supongo que esta tendencia es todavía más evidente en Torreón, una ciudad que promedió más de dos homicidios diarios en el 2011. Y esta metamorfosis no es exclusiva de comercios, escuelas y oficinas públicas. Tanto en Saltillo como en Torreón las viviendas ubicadas en colonias tradicionales tienden a depreciarse, pues la gente corre hacia la supuesta seguridad que brindan los fraccionamientos cerrados.
La receta parece obvia: “Nosotros adentro, los criminales afuera”. Dado que la calle, la plaza, el parque y la banqueta son irremediablemente peligrosos, concluimos que hay que evitarlos a toda costa. En lugar de pasear en un parque, vamos al centro comercial. En lugar vivir en un barrio, buscamos desarrollos amurallados y con acceso controlado. Alguna vez nos enseñaron a evitar hablar con extraños. A nuestros hijos no les damos ni siquiera la oportunidad.

Consideramos que nuestra seguridad depende de que nuestros destinos sean impenetrables y nuestros trayectos rápidos y sin escalas. Por ello quienes instalan cámaras y alarmas están haciendo el negocio de sus vidas. Por eso quienes levantan bardas no se dan abasto. La ciudad podrá incendiarse, pero no importa, pues nos hemos resignado a que lo que está afuera de nuestro perímetro privado ya no es “nuestro”. Mientras los invasores avanzan y conquistan, nosotros nos atrincheramos en un refugio.
Ya no hay niños jugando en las calles, pedaleando bicicletas y explorando callejones. Ya no existen mecedoras en las puertas de las casas, donde los viejos intercambiaban historias y tomaban el fresco. Muchos no conocemos a nuestros vecinos. Quizás ni siquiera los hemos visto. La incapacidad de nuestras autoridades nos ha convencido de que estar en la calle es estar en peligro. Por ello, antes de salir, verificamos si hay “código rojo”. Por ello viajamos pegados al retrovisor, preocupados de encontrar camionetas sospechosas. Por ello ya no respondemos a un cerrón con gritos y claxonazos. Hasta eso, el miedo nos ha vuelto civilizados. Aprendimos a vivir como presas en un mundo de predadores.
Este texto peca de nostálgico. Si las autoridades están desbordadas, lo racional es modificar nuestros patrones de vida. Sin embargo vale la pena preguntarnos, ¿será cierto que vivir encerrados equivale a vivir más seguros? ¿No sería más efectivo, como sugirió hace tanto Jane Jacobs, multiplicar los ojos en las calles y cuidarnos los unos a los otros?
Curiosamente, las balaceras, persecuciones y arrestos de alto nivel ocurren más frecuentemente en las grandes avenidas y en exclusivos fraccionamientos. La velocidad de las autopistas, y la privacidad y seguridad que ofrecen las altas bardas benefician también a los maleantes. No hay estadística plenamente confiable, pero de 51 balaceras documentadas por los medios impresos en Saltillo, solo un par ha tocado las zonas más céntricas de la ciudad. Mientras tanto, al menos 17 se han concentrado cerca del Boulevard Colosio y de la Carretera a Los González, avenidas flanqueadas por interminables bardas. Compruébelo usted mismo, visitando el sitio www.balaceras.crowdmap.com

¿Donde estaremos más seguros?

¿Aquí?

¿O acá?

Llegamos así a la segunda noticia que captó mi atención recientemente. Resulta que un operativo de la SEDENA, la Policía Federal y la Fiscalía del Estado demostró que las paredes más resguardadas del Estado son más porosas que un queso Gruyere. Fue necesario movilizar a 435 agentes para catear el penal de Saltillo, a pesar de que supuestamente está bajo control de las autoridades. Aún no sabemos que es lo que buscaban, pero sin duda comprobaron el ingreso cotidiano de drogas, alcohol, muebles de lujo y armamento. En otras palabras, si a pesar de bardas, cámaras y guardias los delincuentes meten (¿y sacan?) lo que quieren de la cárcel, ¿que tanta protección ofrecen unas paredes para nuestras escuelas y casas?

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Distinguido Señor Gobernador,

Darle la bienvenida al Palacio Rosa sería pecar de ingenuidad. Cualquiera que siga la política del Coahuila, sabe bien que usted gobierna desde hace mucho tiempo. Sin embargo vale la pena resaltar que hoy arranca formalmente su sexenio, pues esta fecha tiene implicaciones que trascienden al ritual. A partir de hoy, usted ya no tiene que compartir aplausos con su hermano ni puede responsabilizar de sus decisiones a quien cubrió el interinato. Hoy termina el interludio que permitió al Gobierno Estatal renegociar una deuda mantenida en secreto, validar créditos contratados ilegalmente, incrementar significativamente los impuestos y recortar burocracia y programas sociales sin que usted o su hermano carguen con el costo político. Si bien puede argumentarse que estas medidas fueron necesarias, también fueron inconsistentes con la oferta política que tanto usted como el PRI pusieron a consideración de la ciudadanía.

¿Se acuerda? En el 2009 el PRI-Coahuila (que usted presidía), ofreció en su Plataforma Electoral “fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación del desempeño de los servidores públicos, para evitar la discrecionalidad y el desvío de recursos” (p. 6). En esa misma Plataforma, los candidatos a diputado del PRI se comprometieron a “fortalecer las finanzas estatales con recursos propios sin afectar a la población con más gravámenes” (pg. 58). Hasta el militante más convencido tiene que aceptar que ambas promesas resultaron huecas. No debemos $8 mil millones como registraba Hacienda en Abril, ni $20 mil millones como afirmaban los panistas durante la campaña, ni $34 mil millones considerados en el decreto aprobado por el Congreso en Agosto. El monto real es mayor, todavía se mantiene en secreto, y aún nadie explica de manera contundente a donde fueron a parar los recursos. Y lo que es peor, nuestros Legisladores tuvieron que faltar a su palabra de no incrementar impuestos.

Cuando usted era diputado federal, reaccionó vigorosamente ante una discrepancia similar. En 2010 el Presidente Calderón negoció con el PRI-nacional un incremento al IVA, “para cubrir un boquete fiscal”, y en lugar de aceptarlo usted encabezó una legítima insurrección de legisladores. Lo vimos indignado dando entrevistas, escribiendo artículos, organizando marchas y usando la tribuna para recordarle a prominentes miembros del partido que las promesas de campaña deben cumplirse.

Dado que usted es desde hace tiempo el líder máximo del PRI en Coahuila, ¿por qué no ha mostrado indignación ante la renegociación de la deuda, ante los aumentos de impuestos, ante los recortes a los presupuestos y sobre todo ante la violación de la plataforma del partido? Es difícil imaginar que estas decisiones no le hayan sido consultadas. De hecho, su complacencia sugiere que fueron adoptadas con su beneplácito, y que usted ha podido deslindarse de ellas aprovechando que aún no comenzaba su sexenio.

Afortunadamente ese argumento deja de tener validez el día de hoy.

Usted llega al poder con 700,000 votos, y con una mayoría abrumadora en el Congreso Local. Podríamos afirmar que usted será coronado rey por aclamación, y resignarnos a que el único sistema formal de pesos y contrapesos en el Estado sea el aportado por su consciencia y vocación democrática. Algo similar ocurrió tras la elección de su hermano Humberto hace seis años, quien lamentablemente se dejó llevar por el canto de las sirenas. Sin temor a ser fiscalizados o a perder una elección, los miembros de su equipo relajaron los controles y se arrogaron el derecho a jugar a ser el Rey Midas. Hoy vemos las consecuencias. Si usted es diferente, anticipará este riesgo, y recordará que 440,000 coahuilenses votaron por otras alternativas, aún antes de conocer los detalles de la deuda. A pesar de que estas voces no tendrán debida representación en el Congreso, son una minoría política que merece respeto y atención.

Si usted tiene estatura de estadista, reconocerá que las críticas de quienes hoy se declaran indignados no necesariamente son malintencionadas ni producto de sesudas conspiraciones. Al contrario, representan el incipiente resurgimiento de una ciudadanía que durante demasiado tiempo vivió aletargada por la apatía y la propaganda. Su decepción y molestia es cuando menos entendible.  Ignorar a quienes se manifiestan en las calles, perseguir a quienes han pedido respuestas y expulsar a los militantes que se han atrevido a disentir puede parecer una manera atractiva para demostrar autoridad, pero no disipará las dudas que aún persisten sobre la legitimidad de su llegada a la Gubernatura. ¿Qué recibirá prioridad en su sexenio, Señor Moreira? ¿Proteger el buen nombre de su antecesor, o servir a los coahuilenses que demandan respuestas?

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Bueno, el caso es que Salvador Camarena (@salcamarena), vio alguno de estos tweets, y me invitó a participar en su programa tras el Informe. Aquí pueden escuchar el resultado:

Esto no es un ataque personal, sino una crítica respetuosa. No pretendo insultar, sino poner en la mesa una discusión que buena falta hace sobre la fragilidad de la división de poderes en Coahuila. Y es que tengo que ser claro. Esta Legislatura será recordada como la más dócil y cuestionable de nuestra historia moderna.

Los últimos meses fueron de escándalo. Las campañas electorales y la llegada de Humberto Moreira a la política nacional pusieron a Coahuila bajo la lupa. Semana a semana afloran nuevos detalles, evidenciando lo que muchos suponíamos: Las finanzas del Estado fueron devastadas por el exceso y el descontrol. No solo confirmamos que el monto de la deuda creció exponencialmente durante este sexenio, sino además que el Gobierno Estatal nos mintió sistemáticamente sobre su manejo y tamaño.

Resulta que hay deuda por fuera de los libros, que hay deuda contratada con autorizaciones falsificadas y que hay deuda cuyo destino y propósito no está claro. Hubo muchas obras, pero ni de cerca tantas como para justificar más de 140 mil millones recibidos como presupuesto ordinario en el sexenio, más 33 mil millones adicionales en deuda pública. Resulta que hay que cancelar súbitamente programas sociales, desocupar burócratas, subir impuestos y llegar a acuerdos urgentes y poco transparentes con los bancos.

¿Cómo pudo suceder esto? El culpable favorito es Javier Villarreal, el funcionario que hoy nadie defiende. Lo tildan de maldito, de desleal, de irresponsable. Será el diablo mismo, pero parece ridículo pensar que Villarreal actuó solo, como si trabajara desde la estratósfera, sin jefe, sin pares, sin auditores. En todas las democracias existen contrapesos diseñados para evitar o al menos para detectar a tiempo los errores y excesos. Para encontrar que pasó, debemos preguntarnos por qué fallaron estos mecanismos.

¿Quiénes autorizan los presupuestos? ¿Quiénes estiman los ingresos y fijan el destino del gasto? ¿Quiénes reciben, auditan y aprueban las cuentas públicas del gobierno? ¿Quiénes tienen la facultad constitucional de autorizar los endeudamientos del estado? ¿Quiénes deben velar por el cumplimiento de las leyes? ¿Quiénes realizan la glosa de los informes de gobierno? ¿Quiénes cuestionan a los funcionarios del gabinete? ¿Quiénes crearon el SATEC, el súper-ministerio que dirigió Javier Villarreal?

Ustedes, señores diputados. Nuestras leyes les otorgan atribuciones suficientes para prevenir, identificar o detener problemas. El Congreso existe precisamente para evitar que el Ejecutivo se desboque, pero ustedes jamás jalaron las riendas. ¿Por qué no lo hicieron?

Quizá estaban engañados. Como bien declaró el Presidente del Congreso apenas el 5 de agosto, la deuda autorizada formalmente por ustedes ascendía solo a 7,700 millones. ¿Pero que hicieron al descubrir, en fechas recientes, que existen compromisos por 25 mil millones adicionales? No los vi gritar, ni exigir cuentas, ni siquiera plantear preguntas. Se limitaron a aprobar un decreto urgente (pdf), un cheque en blanco que no solo permitió al gobierno negociar un salvavidas de los bancos, sino que además legitimó retroactivamente todos los compromisos adquiridos a espaldas de ustedes mismos. Si en algún momento fueron víctimas, hoy son cómplices.

Diputado Fernando de las Fuentes, Presidente del Congreso (foto: Vanguardia)

Nunca había visto un decreto tan importante ser aprobado con tanta celeridad. ¿Por qué decir “si” antes de conocer montos, plazos, tasas, garantías y consecuencias de los pagos de la deuda? El gobierno firmó un acuerdo con la banca casi al día siguiente de que ustedes aprobaron su decreto. ¿Pero acaso conocieron oportunamente el costo y las condiciones del refinanciamiento? ¿Discutieron los funcionarios alguna opción con ustedes? Aún ahora, ¿tienen copia del acuerdo que comprometerá las finanzas coahuilenses por 20 años?

En las democracias los grandes planes y sus financiamientos son aprobados por el Legislativo antes de que el Ejecutivo se aventure a gastar un centavo. Acá el gobierno gastó por la libre, involucró al Congreso solo para legitimar y tapar los hoyos, y hasta el final negoció con la banca, ya con la soga en el cuello. El orden de los factores si afecta al resultado.

Me indigna su falta de indignación. Entiendo que algunos de ustedes miden cada paso, cuidando no caer de la gracia de sus jefes políticos. Pero no se equivoquen. Están en el Congreso para representarnos a nosotros.

En esa ciudad los espacios son más pequeños, pero todo queda más cerca. La arquitectura privilegia los detalles, esos que solo pueden apreciarse a bajas velocidades. Tomar el camión no es indicador de clase social, y moverse en bicicleta no implica arriesgar el pellejo. Los autos no requieren ir a 80 kilómetros por hora, y sus conductores entienden poco a poco que deben adaptarse a la ciudad en lugar de esperar a que la ciudad se adapte a ellos.

Como es una ciudad diseñada para compartirse, los espacios públicos llevan prioridad sobre los privados. Construir altas bardas para proteger las viviendas no resulta indispensable, pues la constante presencia de vecinos y transeúntes representa un mejor disuasivo contra robos y asaltos. Salimos a esas calles a vivir la vida diaria, no solo viajando de un destino a otro, sino además paseando, conviviendo, y disfrutando de las imágenes y sonidos que nos brinda la ciudad.

Por el otro lado está la visión de la ciudad “moderna”. Quienes la defienden aspiran a reproducir aquí las grandes autopistas de Houston, y han declarado con gusto una guerra sin cuartel contra los semáforos. En esa ciudad la modernidad se mide en minutos de viaje, pues de la casa a la escuela, de la escuela al trabajo y del trabajo a la casa no hay más que desagradables minutos de cemento y asfalto que buscamos minimizar a toda costa.

La razón es que la ciudad “moderna”, así entendida, no es más que un conjunto de burbujas. El parque está adentro de la burbuja de mi fraccionamiento. El restaurante adentro de la burbuja de mi centro comercial. Igual pasa con la escuela o el trabajo. Dentro de estos espacios privados nos sentimos cómodos, seguros, felices. Fuera de ellos existe un espacio físico -la ciudad- que ocupamos pero que no sentimos nuestro. Quizá por ello, para movernos de una burbuja a otra, preferimos utilizar el automóvil, que finalmente es otra burbuja.

Quién aspira a la ciudad “moderna” busca principalmente evitar que las burbujas ajenas se encimen sobre las suyas. El Estado que compra este discurso transforma aquel objetivo en programa de gobierno: Promueve la urbanización de las periferias, levanta vías de alta velocidad y garantiza una sobreoferta de estacionamientos. Pronto tenemos espacios más amplios, pero ubicados más y más lejos, en sitios que nos vuelven dependientes en la movilidad privada.

Son dos ciudades distintas las que resultan de estas visiones contradictorias, como distintas son las políticas públicas necesarias para implementar cualquiera de ellas. Independientemente del tipo de ciudad que prefiramos de manera individual, lo cierto es que promover las dos visiones de manera simultánea es cuando menos problemático, pues las acciones tomadas en un sentido tienden a hacer menos efectivas a las acciones tomadas en contrario.

Hay pasos peatonales, ¿pero cuantos de ustedes cruzarían por gusto a pie una avenida como el Periférico del DF? ¿Cuántos estudiantes recorrerán en bicicleta los 13 kilómetros que separan a Saltillo de la nueva Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila, a pesar de la nueva ciclovía? ¿Cuántos de ustedes pasean con sus hijos en sus colonias, no durante la notable excepcionalidad de las “Rutas Recreativas” que organizan algunas ciudades el domingo, sino de manera cotidiana?

En efecto, en muchas de nuestras urbes hace falta una discusión abierta y plural sobre el tipo de ciudad que desean sus habitantes. Es indispensable alinear la política urbana de los Gobiernos Estatales, que frecuentemente tienen el presupuesto y el control fáctico de la agenda, con la de los Municipios, que no solo tienen la responsabilidad sobre la ciudad, sino también el contacto más cercano con los sueños y aspiraciones de los vecinos. Impulsar dos proyectos contradictorios de desarrollo de forma simultánea no es más que cultivar la esquizofrenia urbana, un camino claro para que los mejores proyectos den resultados desalentadores.

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(Una versión de este artículo, ajustada para Saltillo, apareció publicada en el Periódico Vanguardia)

Terminó la bacanal. La música ya no suena, no queda vino en las botellas y la mayoría de las mujeres y hombres que participaron han perdido su vigor. Exhaustos, los selectos invitados comienzan a despertar del trance. Lo que sucedió a puerta cerrada, durante casi seis años, fue una verdadera orgía, en la que todo se permitió. Los invitados pudieron gritar, bailar, beber y amar sin límite. Tomaron para sí mismos todo aquello que desearon, y mientras lo hicieron, recibieron tantos vítores y aplausos que quedaron convencidos de que el placer era parte de su destino manifiesto.

Muchos de los invitados a la fiesta eran hombres buenos. Los hemos visto, y platicado con ellos. Algunos son ciudadanos comprometidos con nuestras ciudades,  seguramente con futuros promisorios. Pero un día recibieron la invitación para formar parte del círculo rojo. Cruzaron la puerta y lentamente se quitaron la venda. Quizá se sorprendieron, pues el gran proyecto social que defendían no corresponde a la orgía que pudieron atestiguar. Tomaron una copa, pensando que hacer, y luego tomaron dos. Algunos de ellos concluyeron que podrían limpiar la casa por dentro, que podrían convencer al resto de que la degeneración de la pachanga traería un costo para todos. Pero no pudieron -o no quisieron- navegar contra la corriente. Quizá tomaron una tercera copa, y les gustó la música. O quizá calcularon que el costo de salir a la calle y hablar fuerte sobre lo que sucedía adentro de la casa sería demasiado alto.

El caso es que flotaron con el resto. Asumieron que las cosas así son, que la moral es un árbol que da moras, y que quien pierde la vergüenza no sabe lo que gana.  Probablemente concluyeron que solo un loco dejaría pasar la oportunidad de participar en la fiesta del siglo. Algunos hicieron negocios, otros conquistaron puestos públicos. Mejor adentro que afuera, mejor protegido que en la intemperie, mejor violador que violado. Se sintieron intocables, y al menos durante los últimos seis años lo han sido.

Pero poco a poco despiertan y miran a su alrededor. La bacanal ha terminado. Muebles rotos, ventanas quebradas, cuerpos cubiertos de vomito ajeno. Desde afuera les piden cuentas, pues el secreto de la orgía se ha hecho público. La pasión con la que defendían el proyecto del anfitrión es cada vez menos vigorosa, y quizá solo sostenida por el miedo a que los señalen como cómplices. Lo cierto es que muchos tomaron del vino y comieron del banquete que les pusieron enfrente. Hoy les palpita la cabeza, les duele el cuerpo entero, sienten la garganta seca.

Se encuentran ante una encrucijada. Aceptar que sucedió la orgía es validar a los críticos, diciendo que en efecto fueron desordenados, opacos, irresponsables, cínicos o timoratos. Por eso ahora tratan de limpiar la casa con el mayor sigilo. Su esperanza es que la gente mire hacia otro lado, olvidando el episodio. Hoy recortan el gasto, reorganizan la contabilidad, renegocian las deudas. Han seleccionado un par de chivos expiatorios, y parecen listos para crucificarlos en caso necesario.

Unos sonríen como si hubiesen olvidado todo, como si no hubieran visto nada. Otros disparan argumentos simplones a la menor provocación: “se hicieron muchas cosas buenas”, “el jefe es un hombre sensible”, “el gobierno federal anda peor”, “es un perverso ataque”, “las obras están a la vista”.

Pero los vecinos sabemos lo que pasó. Aquí hubo una fiesta, y una fiesta en grande. Algunos ya revisamos las cuentas, y hemos comprobado que los números no cuadran. Basta revisar los informes de gobierno para verificar que la deuda que contrajeron a nombre de nuestros hijos y de nuestros nietos es mucho mayor al costo de todas las cosas buenas que hicieron en los últimos años. Que nadie lo dude: Nos endeudaron para pagar su borrachera.

Me pregunto que más tendría que suceder para que los miembros de mi generación de priístas coahuilenses tomen distancia y cuestionen seriamente a nuestros líderes. ¿Dónde están las voces críticas en ese partido supuestamente democrático? ¿Qué dicen los diputados y los jóvenes funcionarios de la evidente bacanal? ¿En qué momento hipotecaron su libertad, su capacidad crítica, su idealismo y sus valores? ¿Cuándo se volvieron tan ambiciosos que dejaron de distinguir entre lealtad y complicidad? ¿Son víctimas que apenas se dan cuenta del desastre que facilitaron, o colaboradores concientes de que para avanzar sus carreras políticas y empresariales había que someterse y callar?

No lo sé. Lo único claro es que la bacanal ha terminado, y que tanto los funcionarios que entregan como los que reciben tendrán mucho que explicar.

Coahuila no sabe a cuanto asciende su deuda pública. Hacienda dice que debemos $32 mil millones. El titular del SATEC reconoce $22 mil. Las calificadoras Fitch y Standard and Poors prendieron los focos rojos hace meses, estimando la deuda pública del Estado en $14 mil millones y cuestionando la opacidad de su manejo. El Presidente del Congreso, aquel órgano encargado de autorizar el presupuesto y vigilar las cuentas, conoce solamente de $8 mil, mientras que los panistas denunciaron que créditos por al menos $3 mil millones adicionales fueron contratados por el Gobierno con documentos falsos.

Mientras tanto el Gobernador interino, que antes fue Tesorero, no ha validado una cifra específica. En sus declaraciones se ha limitado a explicar que el monto del endeudamiento es “correctamente manejable”. Quizá así sea, pero no podemos estar seguros porque nadie ha clarificado con exactitud y contundencia cuanto debe Coahuila. Por lo pronto, lo único que sabemos es que debemos mucho y que nunca habíamos debido tanto.

Los efectos se perciben cada vez con mayor fuerza. Hay proveedores que no han logrado cobrar sus servicios al Gobierno. Los bancos están nerviosos. Existen rumores crecientes de recortes en la nómina gubernamental. Los programas estrella del Gobierno en turno están siendo acotados o condicionados -como sucedió con el programa de los “uniformes de la gente”-, o de plano cancelados -como pasó con las “tarjetas del hogar”. Y algunos otros compromisos quedan en el aire, como la entrega de las 100,000 computadoras personales que el entonces Gobernador Moreira prometió -sin nunca cumplirles- a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila y a los profesores del SNTE.

Dado el manejo atípico de la contabilidad gubernamental en este sexenio, transformar al “Gobierno de la Gente” en el “Gobierno del Orden” será una tarea complicada y dolorosa. De no ser por la identidad partidista pero sobre todo por la cercanía filial que une a Rubén con Humberto la entrega sería políticamente sangrienta. ¿Quién en su sano juicio recibiría la Secretaría de Finanzas sin chistar? ¿Cuántos asuntos, cuantos problemas, que seguramente rayarán en la línea de lo que no es ético y no es legal tendrán que resolverse lejos de la luz pública para no afectar el legado de quienes entregan?

Hace apenas seis años, la entrega de las finanzas gubernamentales detonó un importante debate público. El entonces Gobernador Enrique Martínez presumió haber dejado la casa en orden, y con deuda cero. No pasaron muchos días después del cambio de administración para que el Moreirismo disputara esos números. El encabezado a ocho columnas del Periódico Vanguardia el día 13 de diciembre de 2005 fue implacable: “Destapan deuda de EMM”. La nota describe como Jorge Torres, recién designado por Humberto Moreira como Tesorero, presentó un informe al Congreso en el que desmentía la existencia de la “deuda cero”. Resulta que al llegar encontró $523 millones de pesos pendientes de pago a proveedores. ¡Qué barbaridad!

Allá en 2005, cuando deber millones era más escandaloso que deber miles de millones

¿Qué habría dicho Jorge Torres en el 2005 si al recibir su oficina hubiese encontrado adeudos por $32,000 millones de pesos en lugar de cuentas por pagar por solo $523 mdp? ¿Habría dicho, como dice ahora, que tal nivel de deuda es “correctamente manejable”? ¿Y por qué ahora que es Gobernador no instruye a su Tesorero acudir al Congreso a presentar un informe igual al que el mismo presentó en el 2005?

Si el Gobernador Interino estuviese comprometido con la transparencia y con la rendición de cuentas podría hacerlo, pues existen argumentos para defender el endeudamiento del sexenio que termina. Podría dar un número concreto y detallar que obras se hicieron con los recursos, cuál será la afectación al margen de acción del próximo gobierno y que providencias “correctas” se están tomando para “manejar” el adeudo.

Al no hacerlo, el Gobernador está permitiendo que crezca la suspicacia. Si no da un número, creeremos que los $32,000 millones es la cifra correcta y si no detalla puntualmente el destino de los recursos, nos obliga a hacer cálculos de servilleta en los que el Gobierno no queda bien parado. Por ejemplo, los puentes en Saltillo, incluyendo el “Mega Distribuidor Vial”, representan una inversión total aproximada de $4,000 millones de pesos. Asumiendo que cada una de las cinco regiones del estado tuvieron una inyección de recursos similar, ¿dónde quedó el resto?

Jorge Torres pasó en seis años de ser el funcionario que “destapó la deuda de Enrique Martínez” a ser quien “tapó la deuda de Humberto Moreira”. Supongo que alguien deberá premiarle su lealtad. Ojala no lo castiguen regresándolo a Finanzas.

Esa tensión suele llevar a estrategias que generan resultados malos por limitados. Hay por ejemplo quien le apuesta a la “gran visión”, dedicando su tiempo en generar bellos documentos llenos de mapas a colores condenados a coleccionar polvo en algún escritorio. Pienso en ciudades que invierten en grandes “planes de movilidad sustentable”, técnicamente inmaculados, pero que por una causa u otra nunca se implementan. Por el otro lado, hay quien le apuesta al “pragmatismo”, impulsando proyectos pequeños, bien definidos y de alta visibilidad, pero que frecuentemente no hacen más que generar algunos islotes de orden y belleza en un mar de desmadre urbano absoluto. Pienso por ejemplo en el Ecobici del DF, una chulada… si vives o trabajas en la Condesa.

Ambas estrategias tienen grandes puntos a favor, pero creo que cuando la balanza se inclina por una de ellas en detrimento de la otra, el planificador urbano hace solo la mitad de su trabajo. Supongo que lo que quiero decir es que uno de los retos que enfrentan quienes practican esta disciplina es balancear el soñar con el hacer, el idealismo con el pragmatismo y el plan con el programa. Concentrarse en uno solo de los lados de esta ecuación lleva frecuentemente a planes que no pueden implementarse, o a proyectos que no pueden escalarse.

Pienso que muchos, por querer posicionarse como “estadistas” que piensan “en el largo plazo” y que pretenden poner “lo técnico por encima de lo político”, terminan como grandes ineficaces. Y pienso que otros, por concentrarse en “dar resultados” con “soluciones concretas”, terminan frecuentemente profundizando las disparidades que en teoría quieren combatir.

¿Cómo balancear las recomendaciones del visionario Daniel Burnham, que recomendaba “no hacer planes pequeños”, con las del pragmático Jaime Lerner, quien sugiere hacer “acupuntura urbana”? ¿Bajo qué condiciones tiene sentido invertir en salvar el árbol, y bajo cuales es práctico más bien pensar en el bosque completo?

Creo que para impactar realmente en la ciudad, las acciones de acupuntura urbana requieren de un plan que les permita expandirse o multiplicarse, aunque sea de forma gradual. Igualmente creo que para que las grandes visiones escapen del escritorio requieren diseñarse pensando -desde el inicio- en como van a implementarse.

Visión y acción. El urbanismo no es sobre escoger entre una y la otra, sino sobre como balancear las dos.

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El anuncio de este nuevo programa fue todo menos intrascendente. Con aquella primera tarjeta, el Gobernador daba el banderazo a una ambiciosa política local, que prometía extender el derecho a la salud a los ciudadanos que no alcanzan cobertura del ISSSTE o del IMSS. La mecánica descrita era tan simple como escueta. El Gobierno entregaría un millón de estas tarjetas, y sus portadores podrían usarlas para acceder a una larga lista de servicios médicos, que incluía rayos x, hospitalización, consultas, partos y cesáreas, trasplantes de médula, cirugías de cataratas, implantes cocleares y traslados interurbanos en ambulancias equipadas.

(Acá pueden descargar un pdf con el texto del discurso de HMV. La parte relevante está en la página 2)

Sin duda, la Tarjeta representa el programa social más ambicioso que se ha planteado a los coahuilenses en la historia moderna, y precisamente por ello merece escrutinio cuidadoso. No ha pasado un año, y la semblanza del Profesor Humberto Moreira, disponible en la página web del Gobierno del Estado, ya lo califica como un éxito rotundo, afirmando llanamente que la creación de la Tarjeta de la Salud

“dio acceso gratuito a los servicios de salud y hospitalarios de toda la población”.

Suena re-bien, ¿habrá sido así? Me encantaría compartir el optimismo, pero la escasa información disponible solo permite concluir que este programa ha sido transparente.

Transparentemente obscuro.

Sus reglas de operación no están publicadas, no hay un funcionario o una oficina pública claramente responsable, no existe un presupuesto aprobado ni se ha ventilado una sola evaluación. No sabemos con claridad cuantos servicios se han dado, quienes son los beneficiarios, bajo que criterios los seleccionaron o cuanto ha invertido el Gobierno en el programa. Vamos, el programa no registra ni una sola mención en el motor de búsqueda de la página web de la Secretaría de Salud, y no aparece mencionado ni una sola vez en el texto oficial del Quinto Informe de Gobierno.

Solo gracias a declaraciones esporádicas sabemos que el programa existe, mientras los detalles más básicos de su operación se mantienen bajo tinieblas. Puedo afirmarlo pues ya solicité, vía el sistema dispuesto por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, algunos datos básicos del programa tales como:

1. Las reglas de operación del programa.
2. El número de “tarjetas de la salud” que se han entregado desde el anuncio el programa, desagregado por municipio.
3. El número de tarjetahabientes que se han presentado a solicitar un servicio, desagregando por municipio el número de cada uno de los servicios que mencionó el entonces Gobernador en su discurso.
4. El número y tipo de servicios que efectivamente se han ofrecido a los tarjetahabientes, desagregado por unidad de atención y municipio.
5. El costo total que ha representado para el estado este programa, desagregado por concepto de gasto.

La respuesta del Gobierno del Estado fue kafkiana.

Mi primer intento fue en la Secretaría de Salud (solicitud número 00226211), donde me contestaron que

“El programa de “Tarjetas de Salud” no es administrado por la Secretaría de Salud. Se le sugiere realizar su cuestionamiento a la Secretaría de Desarrollo Social.”

Obediente, solicité la información a SEDESOL (solicitud número 00226311), donde me remiten a esta liga que no tiene nada que ver con el programa, aclarando que dicha dependencia

“no opera programas vinculados en el rubro de salud”.

Dos solicitudes, un mes, y el Gobierno aún no podía clarificar ni siquiera quien opera el programa.

Pregunté entonces a la Procuraduría Social (solicitud 00260711), una dependencia adscrita al Despacho del Ejecutivo, “creada para conocer, atender y tramitar todas las peticiones dirigidas al Gobernador del Estado”. Lo hice pues aunque la operación de un programa como la Tarjeta de la Salud no corresponde a las atribuciones de esa oficina, recordé que ahí operaron el “Monedero de la Gente”.

¿Se acuerdan del Monedero? Era un programa también basado en tarjetas repartidas a ciudadanos, que tuvo que cancelarse cuando el Gobernador reconoció la existencia de padrones de beneficiarios duplicados. Pues piensa mal y acertarás. Resulta que la misma dependencia que manejaba mal el reparto de monederos es ahora la encargada de operar la principal política de salud del Estado de Coahuila.

Esto me respondieron, por primera vez vía un oficio:

La respuesta dice mucho por lo que dice. Por ejemplo, menciona que se han entregado 363,811 tarjetas, una cantidad que no solo es inferior al millón prometido por el Gobernador, sino que me tiene preguntándome como hace sus cálculos el Secretario de Salud. Por supuesto que hay muchas explicaciones razonables del rezago, ¿pero entonces por qué la semblanza oficial del Profesor Moreira dice que la Tarjeta dio servicios gratuitos a TODA la población? Es como decir que somos campeones del mundo por haber acudido al Mundial, ¿no?

En todo caso, la respuesta de la Procuraduría Social dice mucho más por lo que NO dice. Por ejemplo, notarán que en el segundo párrafo admite de que quien se encarga de repartir las tarjetas no tiene las reglas de operación del programa. ¿Debemos entender entonces que desconocen los criterios establecidos para seleccionar a los beneficiarios? ¿Cómo y bajo que criterios determinan a quien le toca tarjeta y a quien no? ¿Cómo y bajo que criterios determinan cuantas tarjetas repartir en cada municipio? ¿A ojo de buen cubero? ¿Será que cada tarjeta implica una aventura burocrática como esta que relata en su queja un cuidadano? ¿O será que hay que conocer a la persona correcta, como le sucedió a Martiniano?

La respuesta de la Procuraduría Social concede además que no cuenta con información sobre la cantidad, tipo y ubicación de los servicios que han solicitado los beneficiarios. Es decir, Salud no sabe quienes son los beneficiarios y la Procuraduría Social no sabe cuales han sido los beneficios. Poniendo el rompecabezas junto, nadie en el Gobierno parece saber cuanto cuesta la Tarjeta de la Salud, ni cuanto ha mejorado la salud de los coahuilenses como consecuencia del programa.

No podemos descartar la posibilidad de que los funcionarios que respondieron estas solicitudes son incompetentes. Sin embargo, hablamos de tres dependencias distintas y de un programa clave para la administración. La hipótesis de incompetencia colectiva requiere demasiadas coincidencias, y siento demasiado respeto por nuestros servidores públicos como para creerla posible. Aventuro entonces una alternativa. En su ánimo por posicionarse como aquel que “dio acceso gratuito a los servicios de salud y hospitalarios de toda la población”, el entonces Gobernador condenó a sus subalternos a ser descaradamente opacos.

¿Ustedes como lo ven?

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Dice el Gobernador Electo que el suyo será “el gobierno del orden”. Enhorabuena. Hay mucho que ordenar.

La llamada fue por demás extraña. Después de un intercambio de gracias y de nada, aproveché para preguntarle sobre las condiciones del crédito, y para pedirle detalles específicos sobre el destino del dinero. Finalmente mi texto había pedido eso: claridad y transparencia. Creo que no le gustó el cuestionamiento, como supongo que tampoco le han gustado otras cosas que he escrito en VANGUARDIA desde entonces. Al menos nunca me ha vuelto a llamar.

Hoy recuerdo esta pequeña anécdota pues acabo de leer los reportes que recién publicaron Fitch Ratings y Standard and Poor’s  (S&P), bajando la calificación crediticia de Coahuila. Dado que el Gobierno no es transparente en sus finanzas, estos reportes ofrecen información invaluable. Son breves, están disponibles de forma gratuita en la red y son lo suficientemente claros para dar una idea del manejo económico de nuestro estado.

Este es el resumen: Al 31 de diciembre de 2010, nuestro estado había contratado deuda por un total de 14,636 millones de pesos, de los cuales 8 mil 706 corresponden a deuda directa contratada en cuatro créditos bancarios, 3 mil 750 son factorajes de “cadenas productivas” (relacionada con pagos a proveedores de obra pública) y 2 mil 180 es deuda contraída por organismos descentralizados como PRODEMI y FINCOAH. Fitch registra que tras años de seguir una política de no endeudamiento, “el Estado duplicó su deuda bancaria entre 2009 y 2010, manteniendo asimismo niveles elevados de líneas de crédito de corto plazo y de deuda de sus organismos descentralizados”.

Según Standard and Poor’s, al cierre del 2011 el servicio de la deuda directa absorberá “por lo menos” el 15 por ciento de los ingresos discrecionales del Estado, y según Fitch, un tanto más conservador, Coahuila estará pagando a sus acreedores 500 millones de pesos al año hasta el 2023. Para dar un poco de perspectiva, este monto equivale al presupuesto anual combinado de los municipios de San Pedro y de Monclova.

Si contrastamos el tamaño de la deuda contra los ingresos discrecionales, la deuda directa de Coahuila es cuatro veces la de Querétaro y ya es comparable con la de Nuevo León, un estado largamente atribulado por las malas decisiones financieras de sus gobernantes. Continuar con el rumbo actual, según S&P, “podría requerir de financiamiento adicional o presionaría gradualmente la posición de liquidez”.

Sobra decir que los 3 mil 500 millones del crédito que discutíamos en el 2008 hoy parecen cacahuates. Lo que me sorprende es que se mantenga la misma resistencia a dar explicaciones. Pareciera que lo que era un estilo personal se convirtió en política de gobierno. VANGUARDIA ya lo ha señalado, pero las calificadoras lo resumen de manera contundente. Para S&P, “la política financiera del estado es poco clara y la difusión de su información financiera es parcial”, mientras que Fitch concluye que existe una “falta de claridad en las políticas y prácticas administrativas del Estado en lo relacionado al endeudamiento actual, futuro y su registro contable”.

¿Cómo pasamos de una autorización del Congreso en el 2008 para endeudarnos por 3 mil 500 millones de pesos, a una deuda al cierre del 2010 de al menos 14 mil 600 mdp? ¿Fue parte de un plan, o producto de arrebatadas decisiones de corto plazo? Si la deuda era necesaria, si los recursos estuvieron bien invertidos y si tenemos para pagar, ¿por qué la opacidad? Finalmente el elevado monto y el acelerado crecimiento de la deuda coahuilense no son malos en si mismos. En muchos contextos tiene sentido invertir hoy para cosechar después. ¿Pero qué hizo Humberto, endeudarnos para ayudarnos a crecer o para permitirse el lujo de gobernar como un Rey Midas que un día anunciaba un Distribuidor Vial de 1 mil 400 millones, y el otro prometía regalar 100 mil computadoras personales?

Estamos en época de elecciones, y es buen momento para reflexionar sobre el rumbo del Estado. ¿Cómo afectarán los compromisos adquiridos por esta administración a la capacidad de gestión de los futuros gobernantes? ¿Podrán cumplir los compromisos que hoy están firmando, o tendrán que pasarle nuevamente la factura a las futuras generaciones?

Lea los reportes de Fitch y de Standard and Poors y fórmese su propia opinión. Si no los encuentra en la red, mándeme un email a onesimo@mit.edu y con gusto se los hago llegar.

Sin tapujos, Rubén ofreció 

“ejercer un gobierno responsable, democrático, mesurado, transparente e incluyente”,

y se comprometió a impulsar

“una nueva dimensión en la rendición de cuentas que no tendrá precedente en el país” (pg. 6).

Quizá sea solo retórica coyuntural, pero es notable la distancia que separa estas promesas de Rubén de la forma en que ejerció el gobierno su hermano. Seamos claros. La administración que termina fue tan responsable que su líder abandonó el barco para hacer política partidista,  tan democrática que avasalló a todo aquel que manifestó una opinión encontrada, tan mesurada que endeudó al estado con al menos $8,267 millones de pesos (¡3.8 millones de pesos de deuda por cada día del sexenio!), y tan transparente que el 15% de las solicitudes de información presentadas por ciudadanos se pierden en el sistema.

Al comprometerse con la rendición de cuentas, Rubén plantea en realidad un viraje de 180 grados.  Por ejemplo, el “Gobierno de la Gente” entregó miles de zapatos y de despensas y de tinacos y de medicamentos y de tarjetas telefónicas y de “apoyos” de $200 pesos. Sin embargo las reglas de operación y los padrones de beneficiarios se mantienen en secreto y no existe ni una sola evaluación seria e independiente que pueda certificar el impacto real de alguno de estos programas. Lamentablemente parecen haberse ejecutado con tal falta de rigor que contamos con pocos elementos para distinguirlos de las más burdas prácticas de populismo clientelar.

Si Rubén está comprometido con lo que dijo en su discurso, su administración tendría que ser profundamente diferente a la de Humberto. Es claro que liarse a gritos con funcionarios federales no reduce la tasa de homicidios, que prometerle computadoras personales a los maestros y estudiantes universitarios no eleva la calidad de la educación superior y que repartir tarjetas con dinero a través de las lideresas de las colonias no reduce la pobreza. Para rendir buenas cuentas lo que importa son los resultados y no la foto.

Al menos en el papel, Rubén afirma no tenerle miedo a la transparencia, al diálogo con el Congreso y a la interpelación de los ciudadanos. ¿Será en serio? Cualquiera que se haya detenido a pensar sobre la campaña del “No al Hermano” debería preguntárselo. Finalmente en un universo de total transparencia, rigurosa mesura, irrestricta democracia y absoluto compromiso con la rendición de cuentas una sucesión entre hermanos no tendría por que afectar negativamente el curso del gobierno. ¿Pero qué tan lejos estamos de ese nirvana?

Pensemos en hipotéticos. ¿Qué pasaría si Rubén descubre que funcionarios claves de la administración de su hermano se enriquecieron ilícitamente o asignaron contratos fuera de norma? ¿Qué haría si algunos de los programas bandera del “Gobierno de la Gente”, esos que ya prometió continuar, demuestran su ineficacia tras una evaluación técnica? ¿Como reaccionaría ante solicitudes de información que pudiesen comprometer el legado de Humberto? ¿Qué llevará mano, la “nueva dimensión en la rendición de cuentas” o cuidar las espaldas de su hermano?

Aún otorgando el beneficio de la duda, en toda administración se cometen errores y excesos que hay que ventilar y corregir. Pienso en el escándalo del Monedero de la Gente, que simplemente se aventó abajo del tapete, o en el manejo de la PRODEMI, que recauda casi el 10% del valor del carbón que producen los mineros sin rendir cuentas. Recuerdo el sobrecosto de muchas obras, como la del Megadistribuidor Vial, que pasó de $900 millones anunciados a $1400 millones sin que ningún auditor se haya despeinado. O que decir del malogrado “Modelo Coahuila” de seguridad, que comenzó por militarizar nuestras policías municipales para después ser cancelado sin mayor explicación. ¿Continuará este estilo con Rubén?

No sabemos la respuesta, pues hasta ahora “la nueva dimensión en rendición de cuentas” no pasa de ser la dimensión desconocida de Rubén. Por lo pronto ya guardé copia del discurso. Igual y hace falta recordárselo.

Las extorsiones.

Los secuestros.

Las ejecuciones.

La infiltración del narco en las policías municipales. La pérdida de inversiones y el creciente número de empresarios autoexiliados.

Estos y no los debates sobre las “campañas negras” son los temas verdaderamente prioritarios para Coahuila.

Sin embargo estamos a escasas semanas de la elección, y todavía no sabemos que proponen los candidatos a Gobernador para recuperar la tranquilidad de nuestras calles. Es cierto que las campañas inician formalmente el 16 de Mayo, pero las Plataformas Electorales de los partidos, que contienen las propuestas de sus candidatos, ¡fueron registradas desde el 16 de Abril en el Instituto Electoral! De acuerdo con la Ley de Transparencia (Art 29, Fracc. III, pdf), estos documentos tienen carácter público desde el momento en que se registran, por lo que deberían estar a disposición de la ciudadanía interesada en formarse un criterio propio. Sin embargo, ni en el IEPCC ni en las páginas web de los partidos se puede acceder a ellos. Sorprendentemente, reciben el trato de secreto de Estado, como si contar con una ciudadanía informada fuese contrario al interés público.

Que triste. Aparentemente los partidos y los organismos autónomos prefieren que las propuestas acumulen polvo, mientras los espacios se llenan con discusiones vacuas sobre las “campañas negras” de hermanos y compadres.

Este periodo de un mes, entre el registro de las Plataformas Electorales y el arranque de las campañas, podría haber servido para que la sociedad civil y los medios de comunicación evaluaran y compararan las propuestas de los candidatos. Las campañas son tan cortas, que al desaprovechar el tiempo nos arriesgamos a que el futuro se decida a base de spots y frases preconstruidas. Ya sabemos que los candidatos van a prometernos seguridad. Sin embargo es indispensable forzar pronto una comparación detallada sobre como, cuando, con quien, con que recursos y donde piensan implementar sus promesas.

Para razonar nuestro voto, necesitamos comparar el diagnóstico de cada partido sobre la evidente crisis de inseguridad que vive Coahuila. Es necesario saber si los candidatos creen que basta aventarle la bolita al Gobierno Federal, o si traen algo nuevo a la mesa. Si no les gusta la estrategia de Calderón, ¿qué alternativa proponen? Si aceptan que el Gobierno local es corresponsable de la actual crisis, ¿qué cambios concretos sugieren? ¿Con qué métricas van a evaluar su desempeño? ¿Qué compromisos, medibles y exigibles, están dispuestos a asumir?

No olvidemos el contexto. Nuestro Estado está sufriendo la peor crisis de inseguridad de su historia moderna. Es cierto que el problema es nacional y que hay entidades en condiciones peores, pero nadie puede negar que hoy por hoy los coahuilenses viven con más miedo que nunca, y que la situación no ha dejado de deteriorarse en los últimos cinco años. Si una lección podemos extraer de la gestiones de Humberto Moreira y de Felipe Calderón es que ningún coahuilense está a salvo.

¿Qué proponen los candidatos al respecto? Si en algún lugar están detallados sus compromisos es precisamente en las Plataformas Electorales, esas que hoy son resguardadas ilegalmente bajo llave. Vaya papelones del Instituto Electoral y del Instituto de Acceso a la Información, al permitir con su pasividad que estos documentos se mantengan fuera del alcance ciudadano. ¿Qué no es misión del IEPC “estimular la participación ciudadana en asuntos de interés comunitario”? ¿Qué no es función del ICAI “garantizar el acceso a la información y la transparencia”? ¿Cómo confiar en estos organismos “autónomos”, cuando ponen los intereses de los partidos por encima de los intereses de los ciudadanos? ¿Será este asunto un presagio de su actitud frente a la elección?

Ya perdimos un mes con las propuestas guardadas en un cajón. A partir del arranque formal de las campañas quedarán solo 45 días para conocer y contrastar las ideas de quienes aspiran a gobernarnos. No queda mucho tiempo para razonar el voto. Ojala pronto los partidos y los organismos “autónomos” se dignen a cumplir con la ley, pues a pesar de lo que opinen sus estrategas políticos y sus indolentes funcionarios, acceder a las Plataformas Electorales es nuestro derecho. Hay demasiado en juego como para tomarlo con calma.

Las sociedades democráticas son aquellas que logran aprovechar de forma constructiva estas diferencias. No me refiero solo al proceso mediante el cual ponemos un par de opciones en la boleta y votamos para descubrir la opinión mayoritaria, sino al más arduo proceso de deliberar. Cuando ante una decisión recurrimos al típico “levanten la mano quienes están de acuerdo”, nos privamos de las ideas, iniciativa y respaldo de quienes no lo están. Y en ocasiones, esa pérdida es terriblemente costosa. Es factible que haya un aspecto que no hemos considerado. Es probable que para implementar la decisión sea necesario el respaldo de todos. Y es posible que la mayoría esté sencillamente equivocada.

El valor de la pluralidad no es solamente esotérica.

También sirve para tomar mejores decisiones. Incluso quienes se encuentran en una posición de fuerza se vuelven vulnerables al acallar la crítica y cerrar espacios a perspectivas diferentes. La razón es que las decisiones, cuando son impuestas, pierden legitimidad.

Elegir por aclamación supone que las alternativas han sido suficientemente discutidas. Justificar una posición diciendo que “la mayoría manda” implica asumir que las mayorías no se equivocan ni cometen arbitrariedades. Y lo que es peor, implica creer que “estar en la mayoría” representa un estado permanente, y que ningún argumento podría modificar las preferencias momentáneas del público.

La democracia no es sencillamente un sistema de selección de gobiernos a partir de elecciones periódicas, sino un reconocimiento permanente de la pluralidad en nuestra sociedad. La discusión pública obliga a todos los actores a justificarse mutuamente, un proceso indispensable para moderar posiciones y prevenir abusos. Para mantenerla viva es indispensable proteger y fortalecer los espacios para la deliberación, y fortalecer las oportunidades disponibles para que el “otro” participe y contribuya.

Y esto, en Coahuila, poco a poco lo hemos perdido.

El gran éxito electoral del PRI ha permitido ejercer el poder con holgura, pero también comienza a generar cierta soberbia. No se percibe la más mínima apertura a la crítica. Ante quienes piensan diferente, no existe intento de persuasión, sino tan solo invitaciones al “callejón de los trancazos”. La defensa absoluta de absolutamente todo debería levantar algunas cejas. Finalmente, ninguna burocracia es perfecta. Y sin embargo en Coahuila la más mínima mención del desorden del monedero de la gente, de la escasa transparencia, de los notables sobre-costos en las obras, del exponencial crecimiento de la deuda o del manejo patrimonial del presupuesto son respondidos con insultos personales.

Y mientras tanto, el estruendo de los aplausos y la multiplicidad de las trompetas inhiben una revisión balanceada de aciertos y errores. Si, son muchos los triunfos, pero no hay contrapesos para prevenir excesos. Ni el Congreso, ni los partidos, ni el empresariado, ni los medios, ni los organismos autónomos juegan ese papel en nuestra sociedad. El saberse seguros ganadores de la próxima elección permite a la clase gobernante un amplio margen en sus decisiones, y acrecienta peligrosamente su tolerancia al riesgo. Nuestros líderes son audaces por naturaleza. Solo que ahora pueden ser audaces sin temor alguno.

En términos prácticos, hoy existe un solo partido en Coahuila, y dentro de este vale una sola corriente.

La toma de decisiones es vertical y no hay suficientes espacios para disentir. La candidatura del PRI para el Gobierno del Estado, por ejemplo, se decidió hace mucho. Cuando le cortaron las alas a los alcaldes. Cuando cerraron el espacio para el lucimiento de los legisladores. Cuando se amplificó el control gubernamental sobre los medios. Cuando los Secretarios del Gabinete comenzaron a reportarle al líder del partido.  Y cuando el propio Gobernador dejo en claro su disposición a compartir el poder con su hermano.

Pero ya habrá tiempo de escribir sobre esto.

El punto ahora es sencillamente señalar que la unanimidad es sospechosa. Habrá quien piense que la ausencia de competencia dentro del PRI resulta de la falta de arreos de quienes podrían disputarle la candidatura a Rubén Moreira. Yo más bien creo que cualquier priísta pragmático sabe que competir contra quien ya de facto gobierna es un ejercicio francamente ocioso. Celebrar que “la mayoría decidió” implica reconocer que la forma en que se construyó esa mayoría es legítima. Yo tengo mis reservas.

A pesar de los ambiciosos planes que están en curso, la realidad es que su administración todavía no tiene logros sustanciales que presumir al respecto.

Al llegar a su cargo, el nuevo alcalde recibió un profundo diagnóstico elaborado por especialistas del Consejo de Transporte y Vialidad de Nuevo León, que detalla mucho de lo que ya sabemos: Saltillo tiene demasiados camiones mal distribuidos. Como resultado el servicio es tan intenso en algunas calles y en algunos horarios que los camiones causan congestión severa, pero tan escaso en otras zonas que deja incomunicados a quienes no tienen automóvil.

(por cierto, recordé este artículo que escribí en enero 2008 sobre el tema)

Ya nadie disputa que el sistema debe ser objeto de una profunda renovación. El ruido, la congestión y la contaminación producidas por los camiones que operan actualmente afectan a todos. Muchos concesionarios sobreviven con márgenes estrechos, lo que les impide invertir en mantenimiento y capacitación. El servicio en algunas áreas comienza muy tarde y termina muy temprano. Los transbordos implican pagar una segunda o tercera tarifa, lo que encarece el servicio, particularmente para los más pobres que viven más lejos.

Y más allá de las fallas operativas, el actual servicio se caracteriza por faltas de respeto permanentes a la ciudadanía.

Las unidades no son accesibles para personas discapacitadas. Los altos escalones y angostas puertas dificultan el acceso, sobre todo para los adultos mayores y para quienes viajan cargando el mandado y un par de hijos. Algunos choferes, en permanente competencia con otras unidades de la misma ruta, manejan como Fittipaldis postmodernos. Quien quiera bajar, frecuentemente tiene que saltar a la calle sin que el camión haga una parada total. Para subir, hay que estirar el brazo y esperar a que un piadoso chofer haga el favor de detenerse.

A un año de administración de Jericó, este diagnóstico no ha cambiado.

Es cierto, pintaron los taxis de amarillo, pero sigue pendiente la transformación que el alcalde prometió en su campaña y en su discurso de toma de posesión. En aquella ocasión Jericó fue enfático, prometiendo una “gran revolución” en los primeros 100 días de administración con “nuevas rutas, imagen, nuevo trato a los usuarios”.

En Marzo Jericó redefinió su agenda de cambio, presentando un cronograma ambicioso pero factible. Según dijo entonces, para Octubre de 2010 quedaría listo un sistema de prepago, y a más tardar en Enero del 2012 vendría “la modificación de rutas, el arranque de las troncales, luego el reordenamiento de las paradas y sacar de circulación casi 300 unidades” (Vanguardia, 01/03/10). El tiempo corre, y aparentemente ya vamos tarde. Al cierre de 2010, lo único claro es que aunque el proyecto sigue vivo, la implementación del prepago fue pospuesto, el plazo fatal para implementar el resto de los cambios se amplió hasta Abril 2012 y los concesionarios ya retomaron sus tradicionales demandas de aumentos a la tarifa.

Como en todo proyecto transformador, el diablo está en los detalles. Jericó tiene en sus manos un reto mayúsculo, que requiere alinear muchas partes independientes. Para destrabar el tema, deberá clarificar competencias y promover reformas jurídicas, conseguir financiamiento del sector privado o de otros niveles de gobierno y navegar las complejidades del planteamiento técnico. Para avanzar, deberá encontrar maneras de compensar a los ciudadanos afectados por su proyecto y negociar con los transportistas que hoy dominan la industria. Pero quizá más importante, necesita entusiasmar a los apáticos y convencer a los escépticos, y eso solo será posible si abre sus planes a la ciudadanía, explicando con detalles el por qué de los retrasos y la urgencia de seguir adelante.

Bien advertía Maquiavelo al Príncipe sobre la dificultad de intentar cambios trascendentes.

Los beneficiarios del status quo combatirán la propuesta con gran intensidad, mientras que solo tibieza debe esperarse de los posibles beneficiarios de la reforma. Sin cultivar el apoyo de la sociedad civil, el proyecto podría descarrilarse, pues no faltarán asesores pragmáticos que sugieran concentrarse en obras menos problemáticas y más lucidoras. Creo que Jericó debe decidir pronto si este es el proyecto que marcará su administración, o si es solo una cosita más, que suena bien, pero que no marca la diferencia.

Quizá en el informe del próximo año tendremos la respuesta.

¿No habrá otra opción?

El concepto es importante, particularmente cuando hablamos de infraestructura urbana. Siempre existirán diferentes destinos posibles para el presupuesto público, cada uno respaldado por intereses dispuestos a mobilizarse aplaudiendo o condenando la decisión tomada. El Gobernante, al subir alguna opción a la mesa y dejar fuera a otras, está en efecto “decidiendo” que voces se activan, que preguntas se hacen y que alianzas se forman. La idea puede resumirse con las palabras de otro clásico, Schattschneider, quien concluyó que “el control sobre las alternativas es el instrumento supremo del poder”.

Pienso en esto pues hace mucho que nadie dice nada sobre el proyecto de construir un tren suburbano para unir Saltillo con el suburbio industrial de Derramadero.

"Va sobre ruedas tren suburbano" Foto: El Heraldo

¿Se acuerdan? El Gobernador lo anunció con bombo y platillo, reclamando la paternidad de la idea y afirmando que “resolvería todo el movimiento diario de trabajadores” (Vanguardia, 30/enero/2008). Si dicha propuesta quedó en el tintero fue simplemente porque tenía demasiado viento en contra. Por motivos logísticos, es sumamente complejo y costoso que convivan en una misma vía trenes de carga con trenes de pasajeros. Además, realizar la inversión antes de que exista suficiente demanda de pasajeros en Derramadero colocaría a la eventual  empresa operadora en una intolerable situación de riesgo financiero. Simplemente sería imposible operar este tren sin un muy significativo subsidio o sin cobrar tarifas prohibitivas para las mayorías. Sin embargo, a pesar de sus falencias, aquel proyecto sigue siendo memorable, pues es la última vez en la que alguien en alguna posición de autoridad planteó una inversión valiente, importante, ambiciosa y concreta en materia de transporte público para Saltillo.

Uno habría pensado que al descubrir que el tren suburbano no era factible, nuestras autoridades habrían redireccionado su energía y recursos a impulsar otra opción similar.

Finalmente, tendría sentido que un “Gobierno de la Gente” impulse obras de infraestructura que beneficien a la mayoría de la “Gente”, esa que transita la ciudad sin coche. La cancelación del suburbano pudo haber sido la excusa perfecta para ahora sí destrabar la reforma integral del sistema de transporte urbano de nuestra ciudad, esa propuesta tan prometida por nuestros candidatos y tan congelada por nuestros gobernantes. Si ese proyecto no les gustaba podrían haber construido, con los mismos recursos pensados para el tren, un sistema de autobuses articulados hacia Ramos Arizpe que liberara a los empresarios de su dependencia en camiones privados para movilizar a su personal. Igualmente, nuestro Gobierno podría haber masificado un sistema de autobuses escolares que llevaran a bajo costo a los niños a las escuelas, reduciendo con ello la presión de tráfico que se registra en horas pico.

Las alternativas de transporte sustentable eran muchas. Pero lamentablemente el fracaso del suburbano parece haber convencido a nuestras autoridades que era mejor no volver a decidir nada importante sobre el tema.

¿Para que meterse en camisa de once varas mejorando el transporte colectivo, si es posible alcanzar mayores réditos políticos invirtiendo en puentes y pasos a desnivel?

Ahí si, pura miel sobre hojuelas. Los puentes son obras visibles  y demuestran su utilidad -aunque sea efímera- al día siguiente a su inauguración. No desplazan a nadie, no hace falta operarlos ni concesionarlos, su consumo es gratuito y su mantenimiento mínimo. No importa que en mediano plazo su efecto como mitigadores del tráfico desaparezca. Para quien piensa en términos de la siguiente elección, basta que al arrancar la obra los puentes produzcan ciudadanos apantallados y constructores contentos. Algunos muy contentos, por cierto, como aquella empresa regiomontana que logró $800 millones de pesos por su trabajo en el Distribuidor Vial el Indio, una obra que por cierto incrementó su costo en 45% sin que nadie se despeine.

Escribo esto porque la experiencia de Saltillo podría servirle a Torreón.

Hace unos días, un regidor reveló que aquella ciudad utilizará recursos de su Fondo Metropolitano para impulsar un Metrobús que uniría Matamoros, Torreón, Gómez Palacio y Lerdo. Como con el Suburbano, no faltarán obstáculos ni presiones en contra del proyecto. Sin embargo, ojala que esta gran idea sobreviva, se concrete y deje un buen sabor de boca.

No vaya a ser que nuestros líderes decidan nuevamente que decidir en este tema no vale la pena.

Humberto Moreira se fijó en Martiniano.

Lo invitó a su V Informe de Gobierno, y en pleno evento lo pasó al escenario para entregarle una tarjeta. Con ella, dijo el Gobernador, la familia de Martiniano tendrá acceso gratuito a

“hospitalización, parto, cesáreas, medicina preventiva, consulta externa, vacunación, laboratorio, rayos x, rehabilitación física, dotación de medicamentos, medicina de especialidad, atención mental, cirugía de cataratas, implantes cocleares, prótesis oculares y de miembros inferiores, trasplante de medula ósea, transplante de córnea, programa de labio y paladar hendido”.

Y el beneficio no será solo para Martiniano, sino para un millón de coahuilenses.

El Coliseo en Torreón, sede del Informe, se volvió loco con el anuncio. ¡Mo-rei-ra!, ¡Mo-rei-ra! De un plumazo, el líder generoso se presentó ante todos como lo que es. El salvador de la gente, el campeón de los pobres, el hijo del pueblo.

Curiosamente, en ningún momento habló el Gobernador del Seguro Popular, un programa federal creado desde 2004 para atender la misma población. Dicho programa ya cuenta con 562,000 afiliados en Coahuila, y su operación es administrada sin fanfarrias por el Gobierno del Estado. En los últimos cuatro años, Coahuila recibió $982 millones de pesos del Gobierno Federal para subsidiar la atención brindada a beneficiarios de este seguro, que cubre no solo la mayor parte de lo anunciado por Moreira, sino también enfermedades catastróficas y tratamiento para 275 de los principales padecimientos (el catalogo completo puede consultarse aquí, en pdf).

Me pregunto si Martiniano tiene Seguro Popular, y si realmente será necesario que alguien le conceda como favor lo que tiene como derecho.

Si en algo se distingue “la tarjeta de la salud” del Seguro Popular es en su concepción filosófica. El Seguro Popular fue diseñado para universalizar el acceso a la salud. Sin estar exento de críticas o limitaciones (por ejemplo esta y esta), el objetivo es que cualquier mexicano, por el simple hecho de serlo, tenga cobertura médica. En cambio la tarjeta, como muchos de los programas sociales del Gobernador, está conceptualizado como un beneficio selectivo, que no constituye derechos, sino consolida clientelas.

(lean por ejemplo esta nota, e imaginen el amplísimo espacio discrecional para definir quien recibirá una “tarjeta plus” y quien no. Recibirla será un favor, no un derecho. Por cierto, llama la atención que aparentemente serán funcionarios de SEDESOL, y no de SALUD, los que harán el padrón de beneficiarios).

El punto es que Martiniano no sabe que el Estado mexicano impulsa –con recursos de todos- una política pública de salud. Lo único que recuerda es que Moreira le dio una tarjeta.

O pregúntenle.

A pesar del tono festivo del anuncio, hay escasa información disponible. ¿Cuanto va a costar? ¿Cuáles son los estándares de servicio que va a ofrecer? ¿Cómo evitarán que la tarjeta responda a estrategias electorales o repita el triste desorden del “Monedero de la Gente”? ¿Y en que manera duplica, sustituye, complementa o se apropia del Seguro Popular?

El programa comenzó “a partir del lunes”, y al menos Martiniano ya está afiliado. Sin embargo, el Congreso no ha autorizado recursos para fondearlo, la Secretaría de Salud no ha publicado reglas de operación, y el texto oficial del V Informe de Gobierno –único documento que revisaran los diputados – ¡ni siquiera toca el tema!

Si realmente cubrirá los servicios prometidos, la tarjeta no será barata ni sencilla de operar. No es casual que hoy hablen tanto acerca de la posible quiebra del IMSS o que la principal crítica al Seguro Popular sea precisamente su falta de financiamiento (explicable, según Lakin (2010) por la resistencia mostrada por las entidades federativas a pagar la parte de la cuota que les corresponde, y por su negativa a cobrarle a los usuarios la prima originalmente prevista en el programa). El texto del Informe (pg 79) presume que los hospitales del Estado cuentan con 720 camas censables.

¿Dónde y con qué recursos atenderán gratuitamente a ese millón de coahuilenses?

Aunque a veces parezca, el Gobernador no es el Rey Midas y todo lo que anuncia tiene que pagarse. Las opciones para financiar este programa no son muchas: Podrían pagar los beneficiarios, pero el Gobernador aclaró que el servicio será gratuito. Podrían pagarlo nuestros hijos, pero dada la deuda de $7,500 millones adquirida durante esta administración, el margen de maniobra es angosto. O podríamos pagarlo todos a través de impuestos, en un esquema similar al que ya ha propuesto Santiago Levy, pero el propio Gobernador está impulsando reformas en sentido contrario, viendo como baja los impuestos.

Quizá solo quede una cuarta opción. Prometer algo, despedirse, y dejar que otros se preocupen por cumplirlo y financiarlo.

Finalmente, como dijo Martiniano en el evento, los coahuilenses “le agradecemos de antemano”.

ACTUALIZACION: Quizá ya empezamos. No ha pasado una semana, y el millón ya se hizo chiquito.

“El Mega Distribuidor El Indio de Saltillo es la obra más importante de México”.

Así de plano. Ya no basta promover el proyecto cumbre del Moreirismo como “un ícono arquitectónico del Saltillo moderno“,como “la inversión más grande en la historia de Coahuila“, ni como el “el distribuidor más imponente del Norte de México“. Ya es simplemente “la obra más im-por-tan-te” de nuestro país. Fanfarrias, confeti y aplausos.  Insignificantes aparecen a su lado la línea 12 del Metro o la Ecobici del DF, la implementación de la Fase 2 del Sistema Integrado de Transporte de León o la terminal multimodal de transporte en Ecatepec. Apantallados con el tamaño de una obra que ahorrará dos semáforos, la nota ignora que con el mismo presupuesto habríamos podido construir la primera línea de Metrobús en Saltillo.

La estridencia retórica y el contenido acrítico sugiere que Vanguardia, Zocalo, El Heraldo, Milenio, El Diario y La Crónica publicaron el mismo boletín gubernamental, casi palabra por palabra. Alguno lo publicó más de una vez. El funcionario que redactó este boletín debe estar de plácemes, pues logró que sus jefes obtuvieran un sonoro “auto-bombo” sin merecerlo (que por cierto no ha sido el primer intento).

La nota sorprende, pues existe un creciente consenso internacional sobre lo poco efectivo que son estas inversiones para reducir los niveles de congestión. El político inaugura su obra y se toma la foto, solo para descubrir, unos años después, que la multimillonaria inversión fue inútil. No solo hizo más atractivo el coche como medio de transporte, sino que la ciudad perdió tiempo y recursos para promover estrategias de movilidad sustentable.  No es casual que ciudades como Seul, Boston y San Francisco hayan derribado obras similares para sustituirlas con parques. Tampoco es casual que otras como Jakarta, Bogotá, Quito, Curitiba, Ottawa, Porto Alegre, Guayaquil, Cali, Lima, Hangzhou, Ahmedabad, Johanesburgo, Nueva York, y muchas más prioricen reformar su sistema de autobuses antes de continuar haciendo autopistas urbanas.

Cualquier urbanista independiente pensaría dos veces antes de aplaudir con trompetas una obra como el “Megadistribuidor”.

Por ello sorprende que la cita sea atribuida a Mayra Gamboa y a Richard de Pirro, fundadores del Instituto Mexicano de Urbanismo (IMU), una “institución sin fines de lucro que reúne a profesionistas de diversas disciplinas… con el objeto de promover el diseño adecuado del entorno urbano y la previsión para su crecimiento”.

Curioso, le escribí a Mayra Gamboa para preguntarle cuales fueron los criterios de evaluación, como realizaron su estudio, y quienes participaron en el proceso. Con gran gentileza, me contestó lo siguiente:

En efecto nosotros realizamos una visita el viernes pasado a Saltillo para ver esta obra, invitados por el gobierno estatal para dar nuestra apreciación sobre la misma. Es cierto que quedamos muy impresionados con el volumen de recursos empleados en una obra que nosotros consideramos bien lograda en aspectos de ingeniería civil, sin embargo, con inquietudes en cuanto su impacto urbano…

… En nuestra visita y reuniones con autoridades de las secretarías de obras públicas y medio ambiente del Estado, destacamos esta problemática que han experimentado principalmente las ciudades norteamericanas al premiar el uso del automóvil sobre otras formas de movilidad y también manifestamos nuestra inquietud sobre la falta de atención al transporte público y al peatón en el diseño del megadistribuidor, que sólo se atiende en el nivel de calle, y que si bien, mejora las condiciones anteriores al incorporar para el peatón un cruce semaforizado con una disminución de carriles, evidentemente, no se trata de una obra de beneficio de este grupo de población…

Esas (y otras) inquietudes fueron eliminadas del texto circulado a los medios. La gente del IMU podría haber dado cátedra en fariseo y el contenido del boletín de prensa no hubiese cambiado.

La razón es clara: No los invitaron para evaluar, sino para legitimar.

Afortunadamente el IMU ya publicó esta nota aclaratoria (recomendable) en la que se deslindan de haber hecho cualquier evaluación e invitan a los Saltillenses a

“cuestionarse sobre el modelo de ciudad que desean y generar una visión de largo plazo que contribuya a un mejor entendimiento sobre la ciudad tradicional y peatonal que abandonaron por el modelo basado en el automóvil”.

Callaron los mariachis. El título del comunicado dice todo:

“El Megadistribuidor vial de Saltillo, una obra “magna” para una ciudad sin peatones”.

A buscar nuevos trompetistas.

En la industria de la  comunicación todo es mensaje, tanto lo que se dice como lo que se calla, tanto el espacio que ocupan las notas como el número de veces con que estas se repiten. Vamos, hasta la disposición de corregir algo publicado previamente, o la voluntad de abrir espacios y tratar con respeto a quienes adoptan posiciones contrarias a la línea editorial del medio transmite un mensaje al público.

El ciudadano no es ni ingenuo ni idiota, y aprende poco a poco procesar la información que recibe, marcando distancia o leyendo entre líneas.

Sin embargo el que como ciudadanos pragmáticos estemos dispuestos a vivir desprovistos de un periodismo impoluto y quijotesco, no implica resignarnos a que esta profesión sea colonizada por mercenarios o improvisados. Mal harían los ciudadanos y los propios periodistas en permitirlo. La construcción de una sociedad plenamente democrática requiere no sólo de una prensa puntillosa sino también de una prensa con altos estándares éticos y de calidad informativa. Y a veces hace falta recordárselos.

Ahora que estamos próximos a iniciar un nuevo proceso electoral en Coahuila, bien harían los medios en clarificar sus políticas editoriales.

Si desean presentarse ante el público como actores imparciales, que nos digan que porcentaje de sus notas cubren a cada uno de los candidatos. Si presumen de independencia, que publiquen mensualmente que porcentaje de sus ingresos vienen de contratos de publicidad con entidades del gobierno. Si venden credibilidad, pues que su personal con conflictos de interés se excuse de tomar decisiones editoriales. Y si van a tomar partido por un candidato (algo que por cierto es legítimo), que lo hagan de manera clara y respaldándose en argumentos dignos de transparentarse.

Hacerlo no sería inventar el hilo negro. Por ejemplo, el Los Angeles Times anuncia su apoyo a un candidato en cada elección celebrada dentro de su área de influencia. Previo a los comicios, publica un editorial definiendo su postura, y explicando como y por que llegó a dicha conclusión. Igualmente las revistas The Economist y Nexos han tomado la decisión de promover causas como la legalización de la marihuana. Sin embargo lo hacen de frente, basándose en argumentos claros y no como resultado de un contrato de publicidad.

Igual podrían nuestros medios promover y facilitar la crítica de sus lectores y establecer mecanismos internos de rendición de cuentas.

No hay manera más rápida de detectar errores ni mejor antídoto para evitar excesos que sometiendo al medio al mismo escrutinio que practican sus reporteros hacia afuera. No es casual que los editores del New York Times mantengan una línea abierta con sus lectores a través de un ejecutivo que funge como “editor público” y que cuenta con autonomía e independencia suficiente para señalar y corregir situaciones que ponen en peligro la integridad del diario.
Existen estándares mínimos aceptados en todo el mundo, que muchos medios locales dejan de lado frecuentemente, a veces por que no les queda de otra, a veces por errores involuntarios y a veces porque sencillamente no respetan a su público. El verificar la veracidad de lo que declara un entrevistado, el no sacar de contexto una declaración, el mantener la congruencia entre el texto de una nota y su encabezado, el evitar hasta donde sea posible el uso de fuentes anónimas y el mantener el área editorial separada del área comercial, suenan como postulados obvios.

¿Sin embargo, cuantos medios locales respetan estas normas?

La próxima campaña electoral será una gran oportunidad para responder esta pregunta. Me siento privilegiado de colaborar en un periódico que toma estos asuntos de forma seria, y que busca permanentemente retroalimentarse de sus lectores. Pero el mejor juez será el lector, el televidente y el radioescucha. Aprovechemos la oportunidad, y pongamos a los medios en la boleta.

Sucede que esos Planes pocas veces se veían reflejados en la realidad.

Una vez presentados eran sujetos a despiadadas modificaciones. “Por aquí no pasa la calle, pues el terreno es de Don Sutano”. “Por allá el edificio merece más pisos, pues el constructor es Don Mengano”. “¿Ciclopistas? Pues solo que quieras mover a los ambulantes.” “¿Y qué pasó con aquel lote que queríamos reservar para un parque? Pues ya está ocupado por el Movimiento del líder Perengano”.

Pronto del “Plan” no queda casi nada, y de la función técnica y estética de la planificación urbana menos. Los actores en esta historia pronto aprenden a anticipar el resultado. El planificador deja de frustrarse y se vuelve un poco cínico. Ya no hace corajes cuando le piden modificar un uso de suelo, ni se atormenta porque la avenida que imaginó como paseo existe convertida en un suplicio.

Igualmente, el político aprende a utilizar selectivamente el “Plan”. Cuando le conviene lo que ahí dicen, muestra el documento ante el público como herramienta de legitimación. Pero cuando el Plan estorba, permite que duerma el sueño de los justos. Y los ciudadanos, esos que sufren el embotellamiento o quienes ven como la ciudad pierde su esplendor, simplemente comentan entre si: “Vaya, pues si lo que le hace falta a esta ciudad es un poco de planificación urbana”.

Quizá el problema es que seguimos creyendo que la planificación urbana es solamente un trabajo técnico, en el que los ciudadanos deben observar pasivos mientras los expertos diseñan y los políticos implementan. Nada más falso. La verdadera planificación urbana –esa que si puede incidir en el futuro de la ciudad- es un trabajo permanente de discusión política, que requiere de amplia participación y transparencia para tener legitimidad.

Así entendido, el urbanismo no se trata de plantear una visión sino de cómo la construimos juntos.

No basta diseñar, hay que escuchar, entusiasmar, compensar y convencer. El reto es encontrar formas de incorporar las presiones que hoy descarrilan los Planes de los expertos, y que típicamente representan favores personales y tratos en lo obscurito, a un proceso transparente, plural y democrático. El reto es hacer de cada ciudadano un urbanista, aprovechando la planificación urbana como excusa para convertir nuestra diversidad en fortaleza.

Escribo esto pues Saltillo está todavía a tiempo para detonar una gran discusión ciudadana sobre su futuro. Ya no es un pequeño pueblo, pero tampoco es una ciudad ingobernable. De cierta manera, la personalidad de Saltillo todavía puede modificarse. ¿Será una ciudad donde los vecinos se saluden o donde aprieten el paso para no tener que intercambiar gruñidos? ¿Será un lugar verde o gris, alegre o apesumbrado? ¿Será otra urbe de guetos y ciudadelas, o un espacio que facilite la inclusión y tolerancia?

Lo que hoy construimos habla.

Las bardas altas, las calles sin banquetas, los espacios sin árboles y las cada vez más grandes distancias que nos separan dicen mucho sobre la ciudad que habitarán nuestros hijos. Los reglamentos que prohíben casas chicas garantizan que solo quienes puedan pagar casas grandes habiten en esas zonas. Las normas que exigen estacionamientos en demasía inflan artificialmente el atractivo del coche. Cada permiso de construcción, cada reglamento, cada plan parcial importa. Y cuando los ciudadanos guardan silencio no son los técnicos quienes toman decisiones, sino aquellos que por alguna circunstancia tienen el poder para ignorar las reglas o mejor aún, para lograr que estas se cambien.

En ninguna elección para alcalde se vota por un plan concreto para la ciudad. Nadie en Saltillo votó por los puentes de Moreira o por las rutas recreativas de Jericó. En ningún panfleto se habló de Ciudad Derramadero o de Ciudad Universitaria. Y sin embargo todas estas decisiones, en mayor o menor medida, afectan como disfrutamos o como sufrimos nuestra ciudad. Es tiempo de asumir el ejercicio de imaginar el futuro de la ciudad como una oportunidad para construir ciudadanía. Que la ciudad crezca y que se desarrolle, pero con la participación de todos.

Ayer fue el día mundial sin auto, y la bicicleta de Darío celebró guardada como siempre. Ni siquiera esa fecha sirvió como excusa para desempolvarla, para recordarla, para darle vida. La rutina de Darío transcurrió de manera normal. Un desayuno apresurado y un recorrido en silencio, donde lo único que rompe el fastidio del tráfico es el ocasional claxonazo o el ruidoso comercial de una mueblería en la radio. Al llegar a su destino Darío sustituye el asiento del coche por el asiento de la oficina. Quizá no lo parezca, pero al finalizar la jornada Darío puede contar casi diez horas sentado, siempre bajo un techo y cuatro paredes. Y eso es todos los días.

Antes Darío caminaba y pedaleaba con frecuencia, convirtiendo sus recorridos en paseos. Pero tanto él como la ciudad han cambiado. El tiene más prisa, y ella es menos accesible. A él le piden ser “más eficiente” y a ella le han ordenado ser “más moderna”. Darío se convenció que pedalear no era para adultos, y la ciudad decidió que los coches eran más importantes que las personas. Hoy Darío maneja, no solo a los sitios lejanos, sino incluso cuando necesita comprar leche en la tienda de la esquina.

El asunto es algo paradójico, pues dado el creciente nivel de congestión que muestran nuestras calles, la bici tiende a ser –para muchos recorridos- el medio de transporte urbano más rápido que existe. Y a juzgar por las estrategias impulsadas por las ciudades más progresistas del mundo (que incluyen, por ejemplo, la demolición de distribuidores viales y la implementación de sistemas de bicicletas públicas) la modernidad que nos presumen llega con ochenta años de retraso.

Darío escuchó alguna vez que el 45% de los gases de efecto invernadero que liberamos a la atmósfera provienen del sector transporte y que 7 de cada 10 adultos en México sufren de problemas de sobrepeso u obesidad. Vio la película de Al Gore en el cine y su novia le ha pedido que baje de peso.  Y sin embargo, a la primera oportunidad, Darío decidió comprarse un coche. Algunos lo molestan diciendo que lo único que quería era apantallar a su novia, pero la verdad es que con las mensualidades que Darío paga por el auto, la boda tendrá que esperar. Más que un pequeño lujo o un símbolo de estatus, ese coche refleja un estilo de vida que la ciudad le ha impuesto a sus pobladores.

La ciudad habla, y le dice a Darío que el coche es indispensable.

No le brinda ningún lugar para amarrar su bici, y sin embargo obliga a los constructores a tapizar la ciudad de cajones de estacionamiento. Mientras que anuncia millonarias inversiones en nuevos puentes y distribuidores viales, gasta poco en señalizar las calles para facilitarle la vida al peatón y sigue posponiendo la construcción de infraestructura para el ciclista. Las cuadras son cada vez más largas, las banquetas cada vez más angostas y la “nueva” arquitectura está diseñada para apreciarse sólo a altas velocidades. Basta revisar los reglamentos de tránsito y el destino de los presupuestos públicos, las prioridades de nuestros políticos y los temas que interesan a nuestros funcionarios para concluir, junto con Darío, que pretender moverse en bici o a pie es remar contracorriente.

Por todo esto sería difícil –e injusto- criticar las decisiones de Darío.

Sustituir el coche por la bicicleta, aunque sea un solo día, aunque sea para un solo trayecto, parece una decisión enorme. Se requiere valentía, un poco de sentido de la aventura y mucho amor por la ciudad. Quien se atreva tiene que retar a un océano de automóviles indispuestos a compartir la avenida. Tiene que hacer valer su derecho a la ciudad frente a quienes creen que el respeto al otro depende del tamaño del vehículo que lo transporta, y debe hacerse notar frente a autoridades que se niegan a reconocer su existencia. Solo así, construyendo masa crítica, será posible romper el ciclo que nos arrastra ya hacia la autodependencia.

Es difícil ser optimista. La bicicleta de Darío sabe que seguirá en el armario mucho tiempo más. Sabe también que sus pedales representan únicamente una parte de la solución al problema de movilidad de nuestra ciudad. Pero no deja de esperar su turno. Sueña, como tantas bicicletas, en el momento en el que la ciudad recuerde que el auto es una opción, y no la única opción.