Imagen: Marc Guerrien

En un par de años, mi ciudad se ha llenado de bardas y de rejas. Ahí están las que hoy rodean a los edificios del Congreso y del Tribunal Superior, a la Universidad Autónoma de Coahuila, al Restaurante La Canasta y a la entrada del Kinder del Colegio Ignacio Zaragoza. ¡Hasta la Delegación de la Fiscalía de Coahuila tuvo que amurallarse! Supongo que esta tendencia es todavía más evidente en Torreón, una ciudad que promedió más de dos homicidios diarios en el 2011. Y esta metamorfosis no es exclusiva de comercios, escuelas y oficinas públicas. Tanto en Saltillo como en Torreón las viviendas ubicadas en colonias tradicionales tienden a depreciarse, pues la gente corre hacia la supuesta seguridad que brindan los fraccionamientos cerrados.
La receta parece obvia: “Nosotros adentro, los criminales afuera”. Dado que la calle, la plaza, el parque y la banqueta son irremediablemente peligrosos, concluimos que hay que evitarlos a toda costa. En lugar de pasear en un parque, vamos al centro comercial. En lugar vivir en un barrio, buscamos desarrollos amurallados y con acceso controlado. Alguna vez nos enseñaron a evitar hablar con extraños. A nuestros hijos no les damos ni siquiera la oportunidad.

Consideramos que nuestra seguridad depende de que nuestros destinos sean impenetrables y nuestros trayectos rápidos y sin escalas. Por ello quienes instalan cámaras y alarmas están haciendo el negocio de sus vidas. Por eso quienes levantan bardas no se dan abasto. La ciudad podrá incendiarse, pero no importa, pues nos hemos resignado a que lo que está afuera de nuestro perímetro privado ya no es “nuestro”. Mientras los invasores avanzan y conquistan, nosotros nos atrincheramos en un refugio.
Ya no hay niños jugando en las calles, pedaleando bicicletas y explorando callejones. Ya no existen mecedoras en las puertas de las casas, donde los viejos intercambiaban historias y tomaban el fresco. Muchos no conocemos a nuestros vecinos. Quizás ni siquiera los hemos visto. La incapacidad de nuestras autoridades nos ha convencido de que estar en la calle es estar en peligro. Por ello, antes de salir, verificamos si hay “código rojo”. Por ello viajamos pegados al retrovisor, preocupados de encontrar camionetas sospechosas. Por ello ya no respondemos a un cerrón con gritos y claxonazos. Hasta eso, el miedo nos ha vuelto civilizados. Aprendimos a vivir como presas en un mundo de predadores.
Este texto peca de nostálgico. Si las autoridades están desbordadas, lo racional es modificar nuestros patrones de vida. Sin embargo vale la pena preguntarnos, ¿será cierto que vivir encerrados equivale a vivir más seguros? ¿No sería más efectivo, como sugirió hace tanto Jane Jacobs, multiplicar los ojos en las calles y cuidarnos los unos a los otros?
Curiosamente, las balaceras, persecuciones y arrestos de alto nivel ocurren más frecuentemente en las grandes avenidas y en exclusivos fraccionamientos. La velocidad de las autopistas, y la privacidad y seguridad que ofrecen las altas bardas benefician también a los maleantes. No hay estadística plenamente confiable, pero de 51 balaceras documentadas por los medios impresos en Saltillo, solo un par ha tocado las zonas más céntricas de la ciudad. Mientras tanto, al menos 17 se han concentrado cerca del Boulevard Colosio y de la Carretera a Los González, avenidas flanqueadas por interminables bardas. Compruébelo usted mismo, visitando el sitio www.balaceras.crowdmap.com

¿Donde estaremos más seguros?

¿Aquí?

¿O acá?

Llegamos así a la segunda noticia que captó mi atención recientemente. Resulta que un operativo de la SEDENA, la Policía Federal y la Fiscalía del Estado demostró que las paredes más resguardadas del Estado son más porosas que un queso Gruyere. Fue necesario movilizar a 435 agentes para catear el penal de Saltillo, a pesar de que supuestamente está bajo control de las autoridades. Aún no sabemos que es lo que buscaban, pero sin duda comprobaron el ingreso cotidiano de drogas, alcohol, muebles de lujo y armamento. En otras palabras, si a pesar de bardas, cámaras y guardias los delincuentes meten (¿y sacan?) lo que quieren de la cárcel, ¿que tanta protección ofrecen unas paredes para nuestras escuelas y casas?

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Quizá el estilo de vida mostrado en este video podría escapar pronto de los dibujos animados y convertirse en parte del paisaje diario en la Ciudad:

(Visto en CityFix)

Si bien esta posibilidad es real, lo cierto es que falta mucho para sacar al ciclismo urbano del doble nicho -geográfico y social- en que se encuentra. Vivir sin coche en una ciudad como el DF implica una de dos decisiones:  O limitas tu vida a una zona geográfica reducida (escogiendo estratégicamente la ubicación de tu vivienda, escuela y trabajo, y rezando para que nada cambie), o asumes los costos que implica vivir multi-modalmente.

(Pueden leer el resto del artículo pinchando aquí).

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Distinguido Señor Gobernador,

Darle la bienvenida al Palacio Rosa sería pecar de ingenuidad. Cualquiera que siga la política del Coahuila, sabe bien que usted gobierna desde hace mucho tiempo. Sin embargo vale la pena resaltar que hoy arranca formalmente su sexenio, pues esta fecha tiene implicaciones que trascienden al ritual. A partir de hoy, usted ya no tiene que compartir aplausos con su hermano ni puede responsabilizar de sus decisiones a quien cubrió el interinato. Hoy termina el interludio que permitió al Gobierno Estatal renegociar una deuda mantenida en secreto, validar créditos contratados ilegalmente, incrementar significativamente los impuestos y recortar burocracia y programas sociales sin que usted o su hermano carguen con el costo político. Si bien puede argumentarse que estas medidas fueron necesarias, también fueron inconsistentes con la oferta política que tanto usted como el PRI pusieron a consideración de la ciudadanía.

¿Se acuerda? En el 2009 el PRI-Coahuila (que usted presidía), ofreció en su Plataforma Electoral “fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación del desempeño de los servidores públicos, para evitar la discrecionalidad y el desvío de recursos” (p. 6). En esa misma Plataforma, los candidatos a diputado del PRI se comprometieron a “fortalecer las finanzas estatales con recursos propios sin afectar a la población con más gravámenes” (pg. 58). Hasta el militante más convencido tiene que aceptar que ambas promesas resultaron huecas. No debemos $8 mil millones como registraba Hacienda en Abril, ni $20 mil millones como afirmaban los panistas durante la campaña, ni $34 mil millones considerados en el decreto aprobado por el Congreso en Agosto. El monto real es mayor, todavía se mantiene en secreto, y aún nadie explica de manera contundente a donde fueron a parar los recursos. Y lo que es peor, nuestros Legisladores tuvieron que faltar a su palabra de no incrementar impuestos.

Cuando usted era diputado federal, reaccionó vigorosamente ante una discrepancia similar. En 2010 el Presidente Calderón negoció con el PRI-nacional un incremento al IVA, “para cubrir un boquete fiscal”, y en lugar de aceptarlo usted encabezó una legítima insurrección de legisladores. Lo vimos indignado dando entrevistas, escribiendo artículos, organizando marchas y usando la tribuna para recordarle a prominentes miembros del partido que las promesas de campaña deben cumplirse.

Dado que usted es desde hace tiempo el líder máximo del PRI en Coahuila, ¿por qué no ha mostrado indignación ante la renegociación de la deuda, ante los aumentos de impuestos, ante los recortes a los presupuestos y sobre todo ante la violación de la plataforma del partido? Es difícil imaginar que estas decisiones no le hayan sido consultadas. De hecho, su complacencia sugiere que fueron adoptadas con su beneplácito, y que usted ha podido deslindarse de ellas aprovechando que aún no comenzaba su sexenio.

Afortunadamente ese argumento deja de tener validez el día de hoy.

Usted llega al poder con 700,000 votos, y con una mayoría abrumadora en el Congreso Local. Podríamos afirmar que usted será coronado rey por aclamación, y resignarnos a que el único sistema formal de pesos y contrapesos en el Estado sea el aportado por su consciencia y vocación democrática. Algo similar ocurrió tras la elección de su hermano Humberto hace seis años, quien lamentablemente se dejó llevar por el canto de las sirenas. Sin temor a ser fiscalizados o a perder una elección, los miembros de su equipo relajaron los controles y se arrogaron el derecho a jugar a ser el Rey Midas. Hoy vemos las consecuencias. Si usted es diferente, anticipará este riesgo, y recordará que 440,000 coahuilenses votaron por otras alternativas, aún antes de conocer los detalles de la deuda. A pesar de que estas voces no tendrán debida representación en el Congreso, son una minoría política que merece respeto y atención.

Si usted tiene estatura de estadista, reconocerá que las críticas de quienes hoy se declaran indignados no necesariamente son malintencionadas ni producto de sesudas conspiraciones. Al contrario, representan el incipiente resurgimiento de una ciudadanía que durante demasiado tiempo vivió aletargada por la apatía y la propaganda. Su decepción y molestia es cuando menos entendible.  Ignorar a quienes se manifiestan en las calles, perseguir a quienes han pedido respuestas y expulsar a los militantes que se han atrevido a disentir puede parecer una manera atractiva para demostrar autoridad, pero no disipará las dudas que aún persisten sobre la legitimidad de su llegada a la Gubernatura. ¿Qué recibirá prioridad en su sexenio, Señor Moreira? ¿Proteger el buen nombre de su antecesor, o servir a los coahuilenses que demandan respuestas?

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Bueno, el caso es que Salvador Camarena (@salcamarena), vio alguno de estos tweets, y me invitó a participar en su programa tras el Informe. Aquí pueden escuchar el resultado:

Esto no es un ataque personal, sino una crítica respetuosa. No pretendo insultar, sino poner en la mesa una discusión que buena falta hace sobre la fragilidad de la división de poderes en Coahuila. Y es que tengo que ser claro. Esta Legislatura será recordada como la más dócil y cuestionable de nuestra historia moderna.

Los últimos meses fueron de escándalo. Las campañas electorales y la llegada de Humberto Moreira a la política nacional pusieron a Coahuila bajo la lupa. Semana a semana afloran nuevos detalles, evidenciando lo que muchos suponíamos: Las finanzas del Estado fueron devastadas por el exceso y el descontrol. No solo confirmamos que el monto de la deuda creció exponencialmente durante este sexenio, sino además que el Gobierno Estatal nos mintió sistemáticamente sobre su manejo y tamaño.

Resulta que hay deuda por fuera de los libros, que hay deuda contratada con autorizaciones falsificadas y que hay deuda cuyo destino y propósito no está claro. Hubo muchas obras, pero ni de cerca tantas como para justificar más de 140 mil millones recibidos como presupuesto ordinario en el sexenio, más 33 mil millones adicionales en deuda pública. Resulta que hay que cancelar súbitamente programas sociales, desocupar burócratas, subir impuestos y llegar a acuerdos urgentes y poco transparentes con los bancos.

¿Cómo pudo suceder esto? El culpable favorito es Javier Villarreal, el funcionario que hoy nadie defiende. Lo tildan de maldito, de desleal, de irresponsable. Será el diablo mismo, pero parece ridículo pensar que Villarreal actuó solo, como si trabajara desde la estratósfera, sin jefe, sin pares, sin auditores. En todas las democracias existen contrapesos diseñados para evitar o al menos para detectar a tiempo los errores y excesos. Para encontrar que pasó, debemos preguntarnos por qué fallaron estos mecanismos.

¿Quiénes autorizan los presupuestos? ¿Quiénes estiman los ingresos y fijan el destino del gasto? ¿Quiénes reciben, auditan y aprueban las cuentas públicas del gobierno? ¿Quiénes tienen la facultad constitucional de autorizar los endeudamientos del estado? ¿Quiénes deben velar por el cumplimiento de las leyes? ¿Quiénes realizan la glosa de los informes de gobierno? ¿Quiénes cuestionan a los funcionarios del gabinete? ¿Quiénes crearon el SATEC, el súper-ministerio que dirigió Javier Villarreal?

Ustedes, señores diputados. Nuestras leyes les otorgan atribuciones suficientes para prevenir, identificar o detener problemas. El Congreso existe precisamente para evitar que el Ejecutivo se desboque, pero ustedes jamás jalaron las riendas. ¿Por qué no lo hicieron?

Quizá estaban engañados. Como bien declaró el Presidente del Congreso apenas el 5 de agosto, la deuda autorizada formalmente por ustedes ascendía solo a 7,700 millones. ¿Pero que hicieron al descubrir, en fechas recientes, que existen compromisos por 25 mil millones adicionales? No los vi gritar, ni exigir cuentas, ni siquiera plantear preguntas. Se limitaron a aprobar un decreto urgente (pdf), un cheque en blanco que no solo permitió al gobierno negociar un salvavidas de los bancos, sino que además legitimó retroactivamente todos los compromisos adquiridos a espaldas de ustedes mismos. Si en algún momento fueron víctimas, hoy son cómplices.

Diputado Fernando de las Fuentes, Presidente del Congreso (foto: Vanguardia)

Nunca había visto un decreto tan importante ser aprobado con tanta celeridad. ¿Por qué decir “si” antes de conocer montos, plazos, tasas, garantías y consecuencias de los pagos de la deuda? El gobierno firmó un acuerdo con la banca casi al día siguiente de que ustedes aprobaron su decreto. ¿Pero acaso conocieron oportunamente el costo y las condiciones del refinanciamiento? ¿Discutieron los funcionarios alguna opción con ustedes? Aún ahora, ¿tienen copia del acuerdo que comprometerá las finanzas coahuilenses por 20 años?

En las democracias los grandes planes y sus financiamientos son aprobados por el Legislativo antes de que el Ejecutivo se aventure a gastar un centavo. Acá el gobierno gastó por la libre, involucró al Congreso solo para legitimar y tapar los hoyos, y hasta el final negoció con la banca, ya con la soga en el cuello. El orden de los factores si afecta al resultado.

Me indigna su falta de indignación. Entiendo que algunos de ustedes miden cada paso, cuidando no caer de la gracia de sus jefes políticos. Pero no se equivoquen. Están en el Congreso para representarnos a nosotros.

En esa ciudad los espacios son más pequeños, pero todo queda más cerca. La arquitectura privilegia los detalles, esos que solo pueden apreciarse a bajas velocidades. Tomar el camión no es indicador de clase social, y moverse en bicicleta no implica arriesgar el pellejo. Los autos no requieren ir a 80 kilómetros por hora, y sus conductores entienden poco a poco que deben adaptarse a la ciudad en lugar de esperar a que la ciudad se adapte a ellos.

Como es una ciudad diseñada para compartirse, los espacios públicos llevan prioridad sobre los privados. Construir altas bardas para proteger las viviendas no resulta indispensable, pues la constante presencia de vecinos y transeúntes representa un mejor disuasivo contra robos y asaltos. Salimos a esas calles a vivir la vida diaria, no solo viajando de un destino a otro, sino además paseando, conviviendo, y disfrutando de las imágenes y sonidos que nos brinda la ciudad.

Por el otro lado está la visión de la ciudad “moderna”. Quienes la defienden aspiran a reproducir aquí las grandes autopistas de Houston, y han declarado con gusto una guerra sin cuartel contra los semáforos. En esa ciudad la modernidad se mide en minutos de viaje, pues de la casa a la escuela, de la escuela al trabajo y del trabajo a la casa no hay más que desagradables minutos de cemento y asfalto que buscamos minimizar a toda costa.

La razón es que la ciudad “moderna”, así entendida, no es más que un conjunto de burbujas. El parque está adentro de la burbuja de mi fraccionamiento. El restaurante adentro de la burbuja de mi centro comercial. Igual pasa con la escuela o el trabajo. Dentro de estos espacios privados nos sentimos cómodos, seguros, felices. Fuera de ellos existe un espacio físico -la ciudad- que ocupamos pero que no sentimos nuestro. Quizá por ello, para movernos de una burbuja a otra, preferimos utilizar el automóvil, que finalmente es otra burbuja.

Quién aspira a la ciudad “moderna” busca principalmente evitar que las burbujas ajenas se encimen sobre las suyas. El Estado que compra este discurso transforma aquel objetivo en programa de gobierno: Promueve la urbanización de las periferias, levanta vías de alta velocidad y garantiza una sobreoferta de estacionamientos. Pronto tenemos espacios más amplios, pero ubicados más y más lejos, en sitios que nos vuelven dependientes en la movilidad privada.

Son dos ciudades distintas las que resultan de estas visiones contradictorias, como distintas son las políticas públicas necesarias para implementar cualquiera de ellas. Independientemente del tipo de ciudad que prefiramos de manera individual, lo cierto es que promover las dos visiones de manera simultánea es cuando menos problemático, pues las acciones tomadas en un sentido tienden a hacer menos efectivas a las acciones tomadas en contrario.

Hay pasos peatonales, ¿pero cuantos de ustedes cruzarían por gusto a pie una avenida como el Periférico del DF? ¿Cuántos estudiantes recorrerán en bicicleta los 13 kilómetros que separan a Saltillo de la nueva Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila, a pesar de la nueva ciclovía? ¿Cuántos de ustedes pasean con sus hijos en sus colonias, no durante la notable excepcionalidad de las “Rutas Recreativas” que organizan algunas ciudades el domingo, sino de manera cotidiana?

En efecto, en muchas de nuestras urbes hace falta una discusión abierta y plural sobre el tipo de ciudad que desean sus habitantes. Es indispensable alinear la política urbana de los Gobiernos Estatales, que frecuentemente tienen el presupuesto y el control fáctico de la agenda, con la de los Municipios, que no solo tienen la responsabilidad sobre la ciudad, sino también el contacto más cercano con los sueños y aspiraciones de los vecinos. Impulsar dos proyectos contradictorios de desarrollo de forma simultánea no es más que cultivar la esquizofrenia urbana, un camino claro para que los mejores proyectos den resultados desalentadores.

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(Una versión de este artículo, ajustada para Saltillo, apareció publicada en el Periódico Vanguardia)

Terminó la bacanal. La música ya no suena, no queda vino en las botellas y la mayoría de las mujeres y hombres que participaron han perdido su vigor. Exhaustos, los selectos invitados comienzan a despertar del trance. Lo que sucedió a puerta cerrada, durante casi seis años, fue una verdadera orgía, en la que todo se permitió. Los invitados pudieron gritar, bailar, beber y amar sin límite. Tomaron para sí mismos todo aquello que desearon, y mientras lo hicieron, recibieron tantos vítores y aplausos que quedaron convencidos de que el placer era parte de su destino manifiesto.

Muchos de los invitados a la fiesta eran hombres buenos. Los hemos visto, y platicado con ellos. Algunos son ciudadanos comprometidos con nuestras ciudades,  seguramente con futuros promisorios. Pero un día recibieron la invitación para formar parte del círculo rojo. Cruzaron la puerta y lentamente se quitaron la venda. Quizá se sorprendieron, pues el gran proyecto social que defendían no corresponde a la orgía que pudieron atestiguar. Tomaron una copa, pensando que hacer, y luego tomaron dos. Algunos de ellos concluyeron que podrían limpiar la casa por dentro, que podrían convencer al resto de que la degeneración de la pachanga traería un costo para todos. Pero no pudieron -o no quisieron- navegar contra la corriente. Quizá tomaron una tercera copa, y les gustó la música. O quizá calcularon que el costo de salir a la calle y hablar fuerte sobre lo que sucedía adentro de la casa sería demasiado alto.

El caso es que flotaron con el resto. Asumieron que las cosas así son, que la moral es un árbol que da moras, y que quien pierde la vergüenza no sabe lo que gana.  Probablemente concluyeron que solo un loco dejaría pasar la oportunidad de participar en la fiesta del siglo. Algunos hicieron negocios, otros conquistaron puestos públicos. Mejor adentro que afuera, mejor protegido que en la intemperie, mejor violador que violado. Se sintieron intocables, y al menos durante los últimos seis años lo han sido.

Pero poco a poco despiertan y miran a su alrededor. La bacanal ha terminado. Muebles rotos, ventanas quebradas, cuerpos cubiertos de vomito ajeno. Desde afuera les piden cuentas, pues el secreto de la orgía se ha hecho público. La pasión con la que defendían el proyecto del anfitrión es cada vez menos vigorosa, y quizá solo sostenida por el miedo a que los señalen como cómplices. Lo cierto es que muchos tomaron del vino y comieron del banquete que les pusieron enfrente. Hoy les palpita la cabeza, les duele el cuerpo entero, sienten la garganta seca.

Se encuentran ante una encrucijada. Aceptar que sucedió la orgía es validar a los críticos, diciendo que en efecto fueron desordenados, opacos, irresponsables, cínicos o timoratos. Por eso ahora tratan de limpiar la casa con el mayor sigilo. Su esperanza es que la gente mire hacia otro lado, olvidando el episodio. Hoy recortan el gasto, reorganizan la contabilidad, renegocian las deudas. Han seleccionado un par de chivos expiatorios, y parecen listos para crucificarlos en caso necesario.

Unos sonríen como si hubiesen olvidado todo, como si no hubieran visto nada. Otros disparan argumentos simplones a la menor provocación: “se hicieron muchas cosas buenas”, “el jefe es un hombre sensible”, “el gobierno federal anda peor”, “es un perverso ataque”, “las obras están a la vista”.

Pero los vecinos sabemos lo que pasó. Aquí hubo una fiesta, y una fiesta en grande. Algunos ya revisamos las cuentas, y hemos comprobado que los números no cuadran. Basta revisar los informes de gobierno para verificar que la deuda que contrajeron a nombre de nuestros hijos y de nuestros nietos es mucho mayor al costo de todas las cosas buenas que hicieron en los últimos años. Que nadie lo dude: Nos endeudaron para pagar su borrachera.

Me pregunto que más tendría que suceder para que los miembros de mi generación de priístas coahuilenses tomen distancia y cuestionen seriamente a nuestros líderes. ¿Dónde están las voces críticas en ese partido supuestamente democrático? ¿Qué dicen los diputados y los jóvenes funcionarios de la evidente bacanal? ¿En qué momento hipotecaron su libertad, su capacidad crítica, su idealismo y sus valores? ¿Cuándo se volvieron tan ambiciosos que dejaron de distinguir entre lealtad y complicidad? ¿Son víctimas que apenas se dan cuenta del desastre que facilitaron, o colaboradores concientes de que para avanzar sus carreras políticas y empresariales había que someterse y callar?

No lo sé. Lo único claro es que la bacanal ha terminado, y que tanto los funcionarios que entregan como los que reciben tendrán mucho que explicar.

Coahuila no sabe a cuanto asciende su deuda pública. Hacienda dice que debemos $32 mil millones. El titular del SATEC reconoce $22 mil. Las calificadoras Fitch y Standard and Poors prendieron los focos rojos hace meses, estimando la deuda pública del Estado en $14 mil millones y cuestionando la opacidad de su manejo. El Presidente del Congreso, aquel órgano encargado de autorizar el presupuesto y vigilar las cuentas, conoce solamente de $8 mil, mientras que los panistas denunciaron que créditos por al menos $3 mil millones adicionales fueron contratados por el Gobierno con documentos falsos.

Mientras tanto el Gobernador interino, que antes fue Tesorero, no ha validado una cifra específica. En sus declaraciones se ha limitado a explicar que el monto del endeudamiento es “correctamente manejable”. Quizá así sea, pero no podemos estar seguros porque nadie ha clarificado con exactitud y contundencia cuanto debe Coahuila. Por lo pronto, lo único que sabemos es que debemos mucho y que nunca habíamos debido tanto.

Los efectos se perciben cada vez con mayor fuerza. Hay proveedores que no han logrado cobrar sus servicios al Gobierno. Los bancos están nerviosos. Existen rumores crecientes de recortes en la nómina gubernamental. Los programas estrella del Gobierno en turno están siendo acotados o condicionados -como sucedió con el programa de los “uniformes de la gente”-, o de plano cancelados -como pasó con las “tarjetas del hogar”. Y algunos otros compromisos quedan en el aire, como la entrega de las 100,000 computadoras personales que el entonces Gobernador Moreira prometió -sin nunca cumplirles- a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila y a los profesores del SNTE.

Dado el manejo atípico de la contabilidad gubernamental en este sexenio, transformar al “Gobierno de la Gente” en el “Gobierno del Orden” será una tarea complicada y dolorosa. De no ser por la identidad partidista pero sobre todo por la cercanía filial que une a Rubén con Humberto la entrega sería políticamente sangrienta. ¿Quién en su sano juicio recibiría la Secretaría de Finanzas sin chistar? ¿Cuántos asuntos, cuantos problemas, que seguramente rayarán en la línea de lo que no es ético y no es legal tendrán que resolverse lejos de la luz pública para no afectar el legado de quienes entregan?

Hace apenas seis años, la entrega de las finanzas gubernamentales detonó un importante debate público. El entonces Gobernador Enrique Martínez presumió haber dejado la casa en orden, y con deuda cero. No pasaron muchos días después del cambio de administración para que el Moreirismo disputara esos números. El encabezado a ocho columnas del Periódico Vanguardia el día 13 de diciembre de 2005 fue implacable: “Destapan deuda de EMM”. La nota describe como Jorge Torres, recién designado por Humberto Moreira como Tesorero, presentó un informe al Congreso en el que desmentía la existencia de la “deuda cero”. Resulta que al llegar encontró $523 millones de pesos pendientes de pago a proveedores. ¡Qué barbaridad!

Allá en 2005, cuando deber millones era más escandaloso que deber miles de millones

¿Qué habría dicho Jorge Torres en el 2005 si al recibir su oficina hubiese encontrado adeudos por $32,000 millones de pesos en lugar de cuentas por pagar por solo $523 mdp? ¿Habría dicho, como dice ahora, que tal nivel de deuda es “correctamente manejable”? ¿Y por qué ahora que es Gobernador no instruye a su Tesorero acudir al Congreso a presentar un informe igual al que el mismo presentó en el 2005?

Si el Gobernador Interino estuviese comprometido con la transparencia y con la rendición de cuentas podría hacerlo, pues existen argumentos para defender el endeudamiento del sexenio que termina. Podría dar un número concreto y detallar que obras se hicieron con los recursos, cuál será la afectación al margen de acción del próximo gobierno y que providencias “correctas” se están tomando para “manejar” el adeudo.

Al no hacerlo, el Gobernador está permitiendo que crezca la suspicacia. Si no da un número, creeremos que los $32,000 millones es la cifra correcta y si no detalla puntualmente el destino de los recursos, nos obliga a hacer cálculos de servilleta en los que el Gobierno no queda bien parado. Por ejemplo, los puentes en Saltillo, incluyendo el “Mega Distribuidor Vial”, representan una inversión total aproximada de $4,000 millones de pesos. Asumiendo que cada una de las cinco regiones del estado tuvieron una inyección de recursos similar, ¿dónde quedó el resto?

Jorge Torres pasó en seis años de ser el funcionario que “destapó la deuda de Enrique Martínez” a ser quien “tapó la deuda de Humberto Moreira”. Supongo que alguien deberá premiarle su lealtad. Ojala no lo castiguen regresándolo a Finanzas.

Esa tensión suele llevar a estrategias que generan resultados malos por limitados. Hay por ejemplo quien le apuesta a la “gran visión”, dedicando su tiempo en generar bellos documentos llenos de mapas a colores condenados a coleccionar polvo en algún escritorio. Pienso en ciudades que invierten en grandes “planes de movilidad sustentable”, técnicamente inmaculados, pero que por una causa u otra nunca se implementan. Por el otro lado, hay quien le apuesta al “pragmatismo”, impulsando proyectos pequeños, bien definidos y de alta visibilidad, pero que frecuentemente no hacen más que generar algunos islotes de orden y belleza en un mar de desmadre urbano absoluto. Pienso por ejemplo en el Ecobici del DF, una chulada… si vives o trabajas en la Condesa.

Ambas estrategias tienen grandes puntos a favor, pero creo que cuando la balanza se inclina por una de ellas en detrimento de la otra, el planificador urbano hace solo la mitad de su trabajo. Supongo que lo que quiero decir es que uno de los retos que enfrentan quienes practican esta disciplina es balancear el soñar con el hacer, el idealismo con el pragmatismo y el plan con el programa. Concentrarse en uno solo de los lados de esta ecuación lleva frecuentemente a planes que no pueden implementarse, o a proyectos que no pueden escalarse.

Pienso que muchos, por querer posicionarse como “estadistas” que piensan “en el largo plazo” y que pretenden poner “lo técnico por encima de lo político”, terminan como grandes ineficaces. Y pienso que otros, por concentrarse en “dar resultados” con “soluciones concretas”, terminan frecuentemente profundizando las disparidades que en teoría quieren combatir.

¿Cómo balancear las recomendaciones del visionario Daniel Burnham, que recomendaba “no hacer planes pequeños”, con las del pragmático Jaime Lerner, quien sugiere hacer “acupuntura urbana”? ¿Bajo qué condiciones tiene sentido invertir en salvar el árbol, y bajo cuales es práctico más bien pensar en el bosque completo?

Creo que para impactar realmente en la ciudad, las acciones de acupuntura urbana requieren de un plan que les permita expandirse o multiplicarse, aunque sea de forma gradual. Igualmente creo que para que las grandes visiones escapen del escritorio requieren diseñarse pensando -desde el inicio- en como van a implementarse.

Visión y acción. El urbanismo no es sobre escoger entre una y la otra, sino sobre como balancear las dos.

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El anuncio de este nuevo programa fue todo menos intrascendente. Con aquella primera tarjeta, el Gobernador daba el banderazo a una ambiciosa política local, que prometía extender el derecho a la salud a los ciudadanos que no alcanzan cobertura del ISSSTE o del IMSS. La mecánica descrita era tan simple como escueta. El Gobierno entregaría un millón de estas tarjetas, y sus portadores podrían usarlas para acceder a una larga lista de servicios médicos, que incluía rayos x, hospitalización, consultas, partos y cesáreas, trasplantes de médula, cirugías de cataratas, implantes cocleares y traslados interurbanos en ambulancias equipadas.

(Acá pueden descargar un pdf con el texto del discurso de HMV. La parte relevante está en la página 2)

Sin duda, la Tarjeta representa el programa social más ambicioso que se ha planteado a los coahuilenses en la historia moderna, y precisamente por ello merece escrutinio cuidadoso. No ha pasado un año, y la semblanza del Profesor Humberto Moreira, disponible en la página web del Gobierno del Estado, ya lo califica como un éxito rotundo, afirmando llanamente que la creación de la Tarjeta de la Salud

“dio acceso gratuito a los servicios de salud y hospitalarios de toda la población”.

Suena re-bien, ¿habrá sido así? Me encantaría compartir el optimismo, pero la escasa información disponible solo permite concluir que este programa ha sido transparente.

Transparentemente obscuro.

Sus reglas de operación no están publicadas, no hay un funcionario o una oficina pública claramente responsable, no existe un presupuesto aprobado ni se ha ventilado una sola evaluación. No sabemos con claridad cuantos servicios se han dado, quienes son los beneficiarios, bajo que criterios los seleccionaron o cuanto ha invertido el Gobierno en el programa. Vamos, el programa no registra ni una sola mención en el motor de búsqueda de la página web de la Secretaría de Salud, y no aparece mencionado ni una sola vez en el texto oficial del Quinto Informe de Gobierno.

Solo gracias a declaraciones esporádicas sabemos que el programa existe, mientras los detalles más básicos de su operación se mantienen bajo tinieblas. Puedo afirmarlo pues ya solicité, vía el sistema dispuesto por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, algunos datos básicos del programa tales como:

1. Las reglas de operación del programa.
2. El número de “tarjetas de la salud” que se han entregado desde el anuncio el programa, desagregado por municipio.
3. El número de tarjetahabientes que se han presentado a solicitar un servicio, desagregando por municipio el número de cada uno de los servicios que mencionó el entonces Gobernador en su discurso.
4. El número y tipo de servicios que efectivamente se han ofrecido a los tarjetahabientes, desagregado por unidad de atención y municipio.
5. El costo total que ha representado para el estado este programa, desagregado por concepto de gasto.

La respuesta del Gobierno del Estado fue kafkiana.

Mi primer intento fue en la Secretaría de Salud (solicitud número 00226211), donde me contestaron que

“El programa de “Tarjetas de Salud” no es administrado por la Secretaría de Salud. Se le sugiere realizar su cuestionamiento a la Secretaría de Desarrollo Social.”

Obediente, solicité la información a SEDESOL (solicitud número 00226311), donde me remiten a esta liga que no tiene nada que ver con el programa, aclarando que dicha dependencia

“no opera programas vinculados en el rubro de salud”.

Dos solicitudes, un mes, y el Gobierno aún no podía clarificar ni siquiera quien opera el programa.

Pregunté entonces a la Procuraduría Social (solicitud 00260711), una dependencia adscrita al Despacho del Ejecutivo, “creada para conocer, atender y tramitar todas las peticiones dirigidas al Gobernador del Estado”. Lo hice pues aunque la operación de un programa como la Tarjeta de la Salud no corresponde a las atribuciones de esa oficina, recordé que ahí operaron el “Monedero de la Gente”.

¿Se acuerdan del Monedero? Era un programa también basado en tarjetas repartidas a ciudadanos, que tuvo que cancelarse cuando el Gobernador reconoció la existencia de padrones de beneficiarios duplicados. Pues piensa mal y acertarás. Resulta que la misma dependencia que manejaba mal el reparto de monederos es ahora la encargada de operar la principal política de salud del Estado de Coahuila.

Esto me respondieron, por primera vez vía un oficio:

La respuesta dice mucho por lo que dice. Por ejemplo, menciona que se han entregado 363,811 tarjetas, una cantidad que no solo es inferior al millón prometido por el Gobernador, sino que me tiene preguntándome como hace sus cálculos el Secretario de Salud. Por supuesto que hay muchas explicaciones razonables del rezago, ¿pero entonces por qué la semblanza oficial del Profesor Moreira dice que la Tarjeta dio servicios gratuitos a TODA la población? Es como decir que somos campeones del mundo por haber acudido al Mundial, ¿no?

En todo caso, la respuesta de la Procuraduría Social dice mucho más por lo que NO dice. Por ejemplo, notarán que en el segundo párrafo admite de que quien se encarga de repartir las tarjetas no tiene las reglas de operación del programa. ¿Debemos entender entonces que desconocen los criterios establecidos para seleccionar a los beneficiarios? ¿Cómo y bajo que criterios determinan a quien le toca tarjeta y a quien no? ¿Cómo y bajo que criterios determinan cuantas tarjetas repartir en cada municipio? ¿A ojo de buen cubero? ¿Será que cada tarjeta implica una aventura burocrática como esta que relata en su queja un cuidadano? ¿O será que hay que conocer a la persona correcta, como le sucedió a Martiniano?

La respuesta de la Procuraduría Social concede además que no cuenta con información sobre la cantidad, tipo y ubicación de los servicios que han solicitado los beneficiarios. Es decir, Salud no sabe quienes son los beneficiarios y la Procuraduría Social no sabe cuales han sido los beneficios. Poniendo el rompecabezas junto, nadie en el Gobierno parece saber cuanto cuesta la Tarjeta de la Salud, ni cuanto ha mejorado la salud de los coahuilenses como consecuencia del programa.

No podemos descartar la posibilidad de que los funcionarios que respondieron estas solicitudes son incompetentes. Sin embargo, hablamos de tres dependencias distintas y de un programa clave para la administración. La hipótesis de incompetencia colectiva requiere demasiadas coincidencias, y siento demasiado respeto por nuestros servidores públicos como para creerla posible. Aventuro entonces una alternativa. En su ánimo por posicionarse como aquel que “dio acceso gratuito a los servicios de salud y hospitalarios de toda la población”, el entonces Gobernador condenó a sus subalternos a ser descaradamente opacos.

¿Ustedes como lo ven?

—

Dice el Gobernador Electo que el suyo será “el gobierno del orden”. Enhorabuena. Hay mucho que ordenar.

La llamada fue por demás extraña. Después de un intercambio de gracias y de nada, aproveché para preguntarle sobre las condiciones del crédito, y para pedirle detalles específicos sobre el destino del dinero. Finalmente mi texto había pedido eso: claridad y transparencia. Creo que no le gustó el cuestionamiento, como supongo que tampoco le han gustado otras cosas que he escrito en VANGUARDIA desde entonces. Al menos nunca me ha vuelto a llamar.

Hoy recuerdo esta pequeña anécdota pues acabo de leer los reportes que recién publicaron Fitch Ratings y Standard and Poor’s  (S&P), bajando la calificación crediticia de Coahuila. Dado que el Gobierno no es transparente en sus finanzas, estos reportes ofrecen información invaluable. Son breves, están disponibles de forma gratuita en la red y son lo suficientemente claros para dar una idea del manejo económico de nuestro estado.

Este es el resumen: Al 31 de diciembre de 2010, nuestro estado había contratado deuda por un total de 14,636 millones de pesos, de los cuales 8 mil 706 corresponden a deuda directa contratada en cuatro créditos bancarios, 3 mil 750 son factorajes de “cadenas productivas” (relacionada con pagos a proveedores de obra pública) y 2 mil 180 es deuda contraída por organismos descentralizados como PRODEMI y FINCOAH. Fitch registra que tras años de seguir una política de no endeudamiento, “el Estado duplicó su deuda bancaria entre 2009 y 2010, manteniendo asimismo niveles elevados de líneas de crédito de corto plazo y de deuda de sus organismos descentralizados”.

Según Standard and Poor’s, al cierre del 2011 el servicio de la deuda directa absorberá “por lo menos” el 15 por ciento de los ingresos discrecionales del Estado, y según Fitch, un tanto más conservador, Coahuila estará pagando a sus acreedores 500 millones de pesos al año hasta el 2023. Para dar un poco de perspectiva, este monto equivale al presupuesto anual combinado de los municipios de San Pedro y de Monclova.

Si contrastamos el tamaño de la deuda contra los ingresos discrecionales, la deuda directa de Coahuila es cuatro veces la de Querétaro y ya es comparable con la de Nuevo León, un estado largamente atribulado por las malas decisiones financieras de sus gobernantes. Continuar con el rumbo actual, según S&P, “podría requerir de financiamiento adicional o presionaría gradualmente la posición de liquidez”.

Sobra decir que los 3 mil 500 millones del crédito que discutíamos en el 2008 hoy parecen cacahuates. Lo que me sorprende es que se mantenga la misma resistencia a dar explicaciones. Pareciera que lo que era un estilo personal se convirtió en política de gobierno. VANGUARDIA ya lo ha señalado, pero las calificadoras lo resumen de manera contundente. Para S&P, “la política financiera del estado es poco clara y la difusión de su información financiera es parcial”, mientras que Fitch concluye que existe una “falta de claridad en las políticas y prácticas administrativas del Estado en lo relacionado al endeudamiento actual, futuro y su registro contable”.

¿Cómo pasamos de una autorización del Congreso en el 2008 para endeudarnos por 3 mil 500 millones de pesos, a una deuda al cierre del 2010 de al menos 14 mil 600 mdp? ¿Fue parte de un plan, o producto de arrebatadas decisiones de corto plazo? Si la deuda era necesaria, si los recursos estuvieron bien invertidos y si tenemos para pagar, ¿por qué la opacidad? Finalmente el elevado monto y el acelerado crecimiento de la deuda coahuilense no son malos en si mismos. En muchos contextos tiene sentido invertir hoy para cosechar después. ¿Pero qué hizo Humberto, endeudarnos para ayudarnos a crecer o para permitirse el lujo de gobernar como un Rey Midas que un día anunciaba un Distribuidor Vial de 1 mil 400 millones, y el otro prometía regalar 100 mil computadoras personales?

Estamos en época de elecciones, y es buen momento para reflexionar sobre el rumbo del Estado. ¿Cómo afectarán los compromisos adquiridos por esta administración a la capacidad de gestión de los futuros gobernantes? ¿Podrán cumplir los compromisos que hoy están firmando, o tendrán que pasarle nuevamente la factura a las futuras generaciones?

Lea los reportes de Fitch y de Standard and Poors y fórmese su propia opinión. Si no los encuentra en la red, mándeme un email a onesimo@mit.edu y con gusto se los hago llegar.

Sin tapujos, Rubén ofreció 

“ejercer un gobierno responsable, democrático, mesurado, transparente e incluyente”,

y se comprometió a impulsar

“una nueva dimensión en la rendición de cuentas que no tendrá precedente en el país” (pg. 6).

Quizá sea solo retórica coyuntural, pero es notable la distancia que separa estas promesas de Rubén de la forma en que ejerció el gobierno su hermano. Seamos claros. La administración que termina fue tan responsable que su líder abandonó el barco para hacer política partidista,  tan democrática que avasalló a todo aquel que manifestó una opinión encontrada, tan mesurada que endeudó al estado con al menos $8,267 millones de pesos (¡3.8 millones de pesos de deuda por cada día del sexenio!), y tan transparente que el 15% de las solicitudes de información presentadas por ciudadanos se pierden en el sistema.

Al comprometerse con la rendición de cuentas, Rubén plantea en realidad un viraje de 180 grados.  Por ejemplo, el “Gobierno de la Gente” entregó miles de zapatos y de despensas y de tinacos y de medicamentos y de tarjetas telefónicas y de “apoyos” de $200 pesos. Sin embargo las reglas de operación y los padrones de beneficiarios se mantienen en secreto y no existe ni una sola evaluación seria e independiente que pueda certificar el impacto real de alguno de estos programas. Lamentablemente parecen haberse ejecutado con tal falta de rigor que contamos con pocos elementos para distinguirlos de las más burdas prácticas de populismo clientelar.

Si Rubén está comprometido con lo que dijo en su discurso, su administración tendría que ser profundamente diferente a la de Humberto. Es claro que liarse a gritos con funcionarios federales no reduce la tasa de homicidios, que prometerle computadoras personales a los maestros y estudiantes universitarios no eleva la calidad de la educación superior y que repartir tarjetas con dinero a través de las lideresas de las colonias no reduce la pobreza. Para rendir buenas cuentas lo que importa son los resultados y no la foto.

Al menos en el papel, Rubén afirma no tenerle miedo a la transparencia, al diálogo con el Congreso y a la interpelación de los ciudadanos. ¿Será en serio? Cualquiera que se haya detenido a pensar sobre la campaña del “No al Hermano” debería preguntárselo. Finalmente en un universo de total transparencia, rigurosa mesura, irrestricta democracia y absoluto compromiso con la rendición de cuentas una sucesión entre hermanos no tendría por que afectar negativamente el curso del gobierno. ¿Pero qué tan lejos estamos de ese nirvana?

Pensemos en hipotéticos. ¿Qué pasaría si Rubén descubre que funcionarios claves de la administración de su hermano se enriquecieron ilícitamente o asignaron contratos fuera de norma? ¿Qué haría si algunos de los programas bandera del “Gobierno de la Gente”, esos que ya prometió continuar, demuestran su ineficacia tras una evaluación técnica? ¿Como reaccionaría ante solicitudes de información que pudiesen comprometer el legado de Humberto? ¿Qué llevará mano, la “nueva dimensión en la rendición de cuentas” o cuidar las espaldas de su hermano?

Aún otorgando el beneficio de la duda, en toda administración se cometen errores y excesos que hay que ventilar y corregir. Pienso en el escándalo del Monedero de la Gente, que simplemente se aventó abajo del tapete, o en el manejo de la PRODEMI, que recauda casi el 10% del valor del carbón que producen los mineros sin rendir cuentas. Recuerdo el sobrecosto de muchas obras, como la del Megadistribuidor Vial, que pasó de $900 millones anunciados a $1400 millones sin que ningún auditor se haya despeinado. O que decir del malogrado “Modelo Coahuila” de seguridad, que comenzó por militarizar nuestras policías municipales para después ser cancelado sin mayor explicación. ¿Continuará este estilo con Rubén?

No sabemos la respuesta, pues hasta ahora “la nueva dimensión en rendición de cuentas” no pasa de ser la dimensión desconocida de Rubén. Por lo pronto ya guardé copia del discurso. Igual y hace falta recordárselo.

Las extorsiones.

Los secuestros.

Las ejecuciones.

La infiltración del narco en las policías municipales. La pérdida de inversiones y el creciente número de empresarios autoexiliados.

Estos y no los debates sobre las “campañas negras” son los temas verdaderamente prioritarios para Coahuila.

Sin embargo estamos a escasas semanas de la elección, y todavía no sabemos que proponen los candidatos a Gobernador para recuperar la tranquilidad de nuestras calles. Es cierto que las campañas inician formalmente el 16 de Mayo, pero las Plataformas Electorales de los partidos, que contienen las propuestas de sus candidatos, ¡fueron registradas desde el 16 de Abril en el Instituto Electoral! De acuerdo con la Ley de Transparencia (Art 29, Fracc. III, pdf), estos documentos tienen carácter público desde el momento en que se registran, por lo que deberían estar a disposición de la ciudadanía interesada en formarse un criterio propio. Sin embargo, ni en el IEPCC ni en las páginas web de los partidos se puede acceder a ellos. Sorprendentemente, reciben el trato de secreto de Estado, como si contar con una ciudadanía informada fuese contrario al interés público.

Que triste. Aparentemente los partidos y los organismos autónomos prefieren que las propuestas acumulen polvo, mientras los espacios se llenan con discusiones vacuas sobre las “campañas negras” de hermanos y compadres.

Este periodo de un mes, entre el registro de las Plataformas Electorales y el arranque de las campañas, podría haber servido para que la sociedad civil y los medios de comunicación evaluaran y compararan las propuestas de los candidatos. Las campañas son tan cortas, que al desaprovechar el tiempo nos arriesgamos a que el futuro se decida a base de spots y frases preconstruidas. Ya sabemos que los candidatos van a prometernos seguridad. Sin embargo es indispensable forzar pronto una comparación detallada sobre como, cuando, con quien, con que recursos y donde piensan implementar sus promesas.

Para razonar nuestro voto, necesitamos comparar el diagnóstico de cada partido sobre la evidente crisis de inseguridad que vive Coahuila. Es necesario saber si los candidatos creen que basta aventarle la bolita al Gobierno Federal, o si traen algo nuevo a la mesa. Si no les gusta la estrategia de Calderón, ¿qué alternativa proponen? Si aceptan que el Gobierno local es corresponsable de la actual crisis, ¿qué cambios concretos sugieren? ¿Con qué métricas van a evaluar su desempeño? ¿Qué compromisos, medibles y exigibles, están dispuestos a asumir?

No olvidemos el contexto. Nuestro Estado está sufriendo la peor crisis de inseguridad de su historia moderna. Es cierto que el problema es nacional y que hay entidades en condiciones peores, pero nadie puede negar que hoy por hoy los coahuilenses viven con más miedo que nunca, y que la situación no ha dejado de deteriorarse en los últimos cinco años. Si una lección podemos extraer de la gestiones de Humberto Moreira y de Felipe Calderón es que ningún coahuilense está a salvo.

¿Qué proponen los candidatos al respecto? Si en algún lugar están detallados sus compromisos es precisamente en las Plataformas Electorales, esas que hoy son resguardadas ilegalmente bajo llave. Vaya papelones del Instituto Electoral y del Instituto de Acceso a la Información, al permitir con su pasividad que estos documentos se mantengan fuera del alcance ciudadano. ¿Qué no es misión del IEPC “estimular la participación ciudadana en asuntos de interés comunitario”? ¿Qué no es función del ICAI “garantizar el acceso a la información y la transparencia”? ¿Cómo confiar en estos organismos “autónomos”, cuando ponen los intereses de los partidos por encima de los intereses de los ciudadanos? ¿Será este asunto un presagio de su actitud frente a la elección?

Ya perdimos un mes con las propuestas guardadas en un cajón. A partir del arranque formal de las campañas quedarán solo 45 días para conocer y contrastar las ideas de quienes aspiran a gobernarnos. No queda mucho tiempo para razonar el voto. Ojala pronto los partidos y los organismos “autónomos” se dignen a cumplir con la ley, pues a pesar de lo que opinen sus estrategas políticos y sus indolentes funcionarios, acceder a las Plataformas Electorales es nuestro derecho. Hay demasiado en juego como para tomarlo con calma.

Por ello, muchas de sus estructuras partidarias están diseñadas bajo una lógica corporativa, vertical, donde los votos de “las bases” se pagaban con puestos y favores para los “cuadros”. Dentro del lenguaje priísta tradicional, el gobernante “da línea” mientras los “liderazgos” “operan” y “movilizan”. El ciudadano representa el eslabón más débil de esta “estructura”, robado de su individualidad y empaquetado para fines propagandísticos bajo definiciones amorfas como “la gente” o “el pueblo”.

Este sistema fue durante décadas profundamente eficaz. Solo gracias a él podemos entender la reinvención priísta de cada sexenio, asociada a la personalidad e identidad ideológica del gobernante en turno. Hay un PRI de Miguel Alemán, uno de Echeverría, otro de Zedillo, todos diferentes. Solo gracias a ese control interno podía mantenerse una especie de congruencia, aunque fuese temporal, en las bancadas del partido en los Congresos, en las alcaldías y gubernaturas. Hoy que Salinas critica la polarización entre “neopopulistas” y “neoliberales” hace falta recordar que el PRI es tan amplio que da cabida a ambos.

Sin embargo, este modelo no funciona bien en ambientes de competitividad electoral. Cuando hay la posibilidad de alternancia, la disciplina se resquebraja, porque cada voto cuenta. El ciudadano se empodera, y quien se arroga representatividad para negociar canonjías se debilita. Para gobernar en dicho entorno, es preciso plantear alternativas, justificar decisiones, rendir cuentas y mantener canales directos con la población.

Tras la derrota electoral del 2000, se abrió la posibilidad de replantear el significado de ser priísta. Soy de aquellos que vio con optimismo esa oportunidad. Quizá por primera vez en su historia, el PRI podría  priorizar al ciudadano antes que a la estructura, y a su programa antes que al candidato. Tal vez la coyuntura de la derrota serviría para definir un moderno proyecto de nación, que sin requerir un retorno al autoritarismo pudiese generar puentes y mandatos capaces de romper la parálisis.

Lamentablemente, dicho proceso de deliberación interna ha estado mediado por quienes llenaron el hueco dejado por el Presidente. Algunos gobernadores han asumido la franquicia como propia, encontrando en los peores excesos del pasado herramientas efectivas para afianzar su cacicazgo. Un ejemplo claro es el PRI de Coahuila, donde no hay mayor programa que aceitar la maquinaria para la elección del hermano del actual Gobernador con licencia. ¿Cuál es la diferencia entre el “dedazo” del PRI de otra época, y el actual en Coahuila? Como antaño, el Gobernante eligió a su sucesor, utilizando los recursos del gobierno y los canales del partido para legitimarlo.

El problema de la candidatura de Rubén Moreira no es el nepotismo. Es coahuilense, y tiene el mismo derecho que cualquier otro ciudadano a ser votado. Sin embargo su candidatura está viciada de origen, pues se construyó artificialmente desde el poder, justo como se hacía en los setenta a nivel nacional.

Hasta en la sopa

Los apologistas afirman que Rubén ganó esa candidatura a pulso, por su trayectoria como Presidente del Partido y como Diputado Federal. Pero eso es mirar la ecuación al revés. Rubén no es candidato porque fue Presidente del PRI y diputado, sino más bien fue Presidente del PRI y diputado porque ya era el candidato.  Su popularidad y margen de acción es producto de su aparente inevitabilidad.

Las señales de su ungimiento fueron claras, sobre todo para quienes sin deberle lealtad filial a Humberto Moreira, podrían construir una alternativa dentro del PRI. A los alcaldes los obligaron a renunciar para irse de diputados locales. Los Secretarios que intentaron brillar con luz propia salieron del Gabinete. A los diputados federales con tamaños les escatimaron sus logros. La “nueva clase política”, esa que los Moreira instalaron en Coahuila, representa bien lo que en otros lares describen como “dictadura de carpa amplia”, “donde todos caben, siempre y cuando no olviden quien es el anfitrión”.

Dicho modelo, aunque efectivo, representa un enorme retroceso democrático, que ya empieza a reflejarse en la cultura política de nuestros funcionarios y en el diseño de nuestras instituciones. Pero además, depende para subsistir de un priísmo dócil y acrítico, incompatible con el ejercicio de una ciudadanía plena. Convencidos de la solidez del castillo de cristal que han levantado, se rehúsan a ver la fragilidad que los rodea. Si ese es el partido que Humberto Moreira busca replicar a nivel nacional, caminamos para atrás.

Sin duda el automovilista se siente agredido por el confinamiento de carriles, particularmente cuando la implementación no incluye ajustes a las vías aledañas o a los sistemas de semaforización para mitigar el tráfico. Muchas de sus voces críticas se unen a la exigencia de invertir en trenes o metros, bajo la idea de que estos modos de transporte circularían sobre derechos de vía abandonados o enterrados debajo de la tierra. El discurso opositor se repite de diversas formas pero diciendo siempre lo mismo: Inviertan en transporte público si quieren, pero siempre y cuando al hacerlo no afecten “mi derecho” a circular sin contratiempos en automóvil.

La actitud refleja una profunda inequidad. En nuestras ciudades, más del 70% de los viajes se hacen en transporte público, y sin embargo nadie está hablando de confinar el 70% de las avenidas. A lo mucho, se pide un carril por cada lado, que de cualquier manera ya está ocupado por estacionamientos o por cientos de microbuses que serían retirados con la implementación del sistema. Sin embargo, muchos gobiernos temen a la crítica, sobre todo cuando proviene de una clase media alta con recursos y acceso a micrófonos. Y por que no decirlo, muchos tomadores de decisiones no son usuarios del transporte público, por lo que sufren “la pérdida” de un carril en carne propia sin entender realmente el beneficio.

Nadie discute la superioridad del automóvil sobre el transporte urbano. Es más cómodo, rápido y práctico. Sin embargo, nuestras ciudades no tienen ni la infraestructura ni el presupuesto para acomodar a una población donde la mayoría se desplaza en coche, por lo que estas ventajas disminuyen entre más lo utilizamos. La congestión, la contaminación, la elevada accidentalidad, la pérdida de escala humana y la segregación social tienen entre sus causas el explosivo incremento del parque vehicular en nuestras ciudades. Cada automóvil adicional que se incorpora al tráfico disminuye nuestra capacidad conjunta de disfrutar nuestra ciudad. Por ello, aunque parezca un reto titánico, es urgente fortalecer alternativas de movilidad para las próximas décadas.

Hoy por hoy, muchos ciudadanos evitan el transporte público porque es inseguro, poco confiable, lento, complicado de entender y porque no va a donde queremos ir. Utilizarlo representa la última opción, frecuentemente reservada para quien no puede pagar otra cosa. Corresponde al gobierno solucionar esta problemática, intentando al menos aparejar los cartones. Las vías exclusivas representan un “premio” para quien está dispuesto a renunciar a la comodidad de la movilidad privada. Ellos, los que contaminan y congestionan menos, quienes hacen más ejercicio y no evitan la convivencia, merecen circular más rápido.

¿Qué culpa tiene el usuario de transporte público de esto?

Por esto celebro que el Gobierno de Marcelo Ebrard meta el acelerador para lograr el crecimiento del Sistema Metrobús. Han pasado solo algunas semanas del arranque de la Línea 3, y su Secretario de Transporte ya anunció los corredores 4 y 5. El sistema es imperfecto, le falta integración con otros modos de transporte y tiene profundas problemáticas que resolver. Además, fueron 10 los corredores prometidos en campaña y el tiempo se agota. Sin embargo el engranaje parece estar en marcha, y que bueno. La ciudad de México será muchísimo mejor ciudad cuando moverte en transporte público sea más rápido y conveniente que moverte en coche.

Mi artículo en Animal Político habla un poco sobre la evolución de microbusero a empresario. Pueden leerlo en esta liga.

Los economistas han pensado mucho sobre esto. Para algunos, como Tiebout, las ciudades no son sino son amalgamas de preferencias individuales, y la gente toma decisiones sobre en cual ubicarse dependiendo de la canasta de bienes y servicios que estas ofrecen. Su respuesta a estas preguntas sería sencilla: Si no te gusta lo que ofrece tu ciudad, “vota con los pies” y múdate a donde seas mayoría.  Por ejemplo, si te disgusta vivir en una urbe cada vez más auto-dependiente, con escasos espacios públicos, sin diversidad de usos de suelo y con densidades cada vez más bajas, puedes mudarte hacia la Condesa.

Lee el resto

He seguido la protesta de los vecinos de la Narvarte contra la instalación de una terminal del Metrobus, y la protesta en La Malinche contra la supervia Poniente. La pregunta es, ¿son diferentes? En ambos casos los opositores reclaman al GDF el no haber consultado lo suficiente sus decisiones, y el haber concentrado los costos de la obra en un reducido grupo de individuos. En ambos casos cuestionan el daño ambiental y urbano causado por la nueva infraestructura, y ponen en tela de juicio los beneficios que traerán las obras a la población una vez que operen. Ambos episodios recuerdan a la vez al malogrado Aeropuerto en Texcoco, también cancelado ante una protesta de ciudadanos inconformes con la obra.

….

La distinción entre ambos tipos de protesta es importante pues cada una tiene un propósito distinto. No es lo mismo dialogar con alguien que defiende su propiedad que con quien defiende una idea diferente de ciudad. La alternativa para destrabar protestas como la de la Narvarte es hacer modificaciones en los márgenes del proyecto, negociando de forma empática y respetuosa con los afectados. Pero una vez que existe un planteamiento razonable (y en todo caso defendible públicamente) en la mesa, no veo razón que justifique poner el interés de los vecinos sobre el interés de la ciudad. En cambio, en casos como el de la Supervía, el gobierno está obligado por la protesta no solo a negociar con los afectados directamente, sino también a escuchar y debatir con quienes han manifestado una visión distinta. Por supuesto que no es necesario alcanzar unanimidad absoluta. Pero al menos hay que mostrar apertura y disposición al debate. El decir que una obra ¨va porque va¨ implica una convicción de que ya no existe nada que discutir, que el opositor es un necio, y que sus puntos de vista no merecen ser valorados.

Confundir o echar en el mismo saco todas las protestas contra obras de infraestructura da pie a estrategias equivocadas, tanto del gobierno como de los mismos opositores, y conduce al escalamiento de los conflictos en la ciudad. En el caso de la Narvarte, no hacía falta dar una falsa apariencia de diálogo, sobre todo si no existía margen o justificación técnica para ceder. En el caso de la Supervía, las “putizas” de funcionarios contra activistas ayudan poco al proyecto del Gobierno. Para vencer o desactivar una causa ciudadana es necesario contar con mejores argumentos que los opositores.

Pueden leer el texto completo por acá.

Quizás están hasta el copete de comparativos de México con Brasil (si no, pueden colmar el apetito aquí y aquí y aquí). Pero ni modo, les tengo otro más. El Economist Intelligence Unit (EIU) publicó recientemente un “Indice de Ciudades Verdes” comparando 17 ciudades latinoamericanas bajo diversos indicadores de desempeño ambiental (organizados alrededor de ocho temas: calidad del aire, instituciones, energía y CO2, usos de suelo, transporte, deshechos, agua y servicios sanitarios). Aquí pueden descargar el reporte completo. Otra vez, los brasileños lideran la tabla del subcontinente, mientras que los mexicanos seguimos ahí, entre azul y buenas noches, perdidos en la bola.

Vale decir que este Índice dista de ser perfecto como herramienta para medir el desempeño. Por ejemplo, su canasta de indicadores no es solamente de “efectos” (como calidad del aire), sino que también incluye “tratamientos” (como el tamaño de la red de transporte masivo). Si lo piensan, esto resulta tan equivocado como utilizar “número de pastillas recetadas” para evaluar el trabajo de un médico. Sin embargo el comparativo es útil y bienvenido, pues sirve para darnos una idea aproximada de cómo vamos.

La multicitada Curitiba -verdadera Meca de los urbanistas- es la “metropoli más verde” del subcontinente. Al menos así quedó titulado el comunicado de prensa que circuló tras el reporte de la EIU. Sin embargo este no me parece el hallazgo más relevante del Índice.

Pueden leer el resto acá.

Las sociedades democráticas son aquellas que logran aprovechar de forma constructiva estas diferencias. No me refiero solo al proceso mediante el cual ponemos un par de opciones en la boleta y votamos para descubrir la opinión mayoritaria, sino al más arduo proceso de deliberar. Cuando ante una decisión recurrimos al típico “levanten la mano quienes están de acuerdo”, nos privamos de las ideas, iniciativa y respaldo de quienes no lo están. Y en ocasiones, esa pérdida es terriblemente costosa. Es factible que haya un aspecto que no hemos considerado. Es probable que para implementar la decisión sea necesario el respaldo de todos. Y es posible que la mayoría esté sencillamente equivocada.

El valor de la pluralidad no es solamente esotérica.

También sirve para tomar mejores decisiones. Incluso quienes se encuentran en una posición de fuerza se vuelven vulnerables al acallar la crítica y cerrar espacios a perspectivas diferentes. La razón es que las decisiones, cuando son impuestas, pierden legitimidad.

Elegir por aclamación supone que las alternativas han sido suficientemente discutidas. Justificar una posición diciendo que “la mayoría manda” implica asumir que las mayorías no se equivocan ni cometen arbitrariedades. Y lo que es peor, implica creer que “estar en la mayoría” representa un estado permanente, y que ningún argumento podría modificar las preferencias momentáneas del público.

La democracia no es sencillamente un sistema de selección de gobiernos a partir de elecciones periódicas, sino un reconocimiento permanente de la pluralidad en nuestra sociedad. La discusión pública obliga a todos los actores a justificarse mutuamente, un proceso indispensable para moderar posiciones y prevenir abusos. Para mantenerla viva es indispensable proteger y fortalecer los espacios para la deliberación, y fortalecer las oportunidades disponibles para que el “otro” participe y contribuya.

Y esto, en Coahuila, poco a poco lo hemos perdido.

El gran éxito electoral del PRI ha permitido ejercer el poder con holgura, pero también comienza a generar cierta soberbia. No se percibe la más mínima apertura a la crítica. Ante quienes piensan diferente, no existe intento de persuasión, sino tan solo invitaciones al “callejón de los trancazos”. La defensa absoluta de absolutamente todo debería levantar algunas cejas. Finalmente, ninguna burocracia es perfecta. Y sin embargo en Coahuila la más mínima mención del desorden del monedero de la gente, de la escasa transparencia, de los notables sobre-costos en las obras, del exponencial crecimiento de la deuda o del manejo patrimonial del presupuesto son respondidos con insultos personales.

Y mientras tanto, el estruendo de los aplausos y la multiplicidad de las trompetas inhiben una revisión balanceada de aciertos y errores. Si, son muchos los triunfos, pero no hay contrapesos para prevenir excesos. Ni el Congreso, ni los partidos, ni el empresariado, ni los medios, ni los organismos autónomos juegan ese papel en nuestra sociedad. El saberse seguros ganadores de la próxima elección permite a la clase gobernante un amplio margen en sus decisiones, y acrecienta peligrosamente su tolerancia al riesgo. Nuestros líderes son audaces por naturaleza. Solo que ahora pueden ser audaces sin temor alguno.

En términos prácticos, hoy existe un solo partido en Coahuila, y dentro de este vale una sola corriente.

La toma de decisiones es vertical y no hay suficientes espacios para disentir. La candidatura del PRI para el Gobierno del Estado, por ejemplo, se decidió hace mucho. Cuando le cortaron las alas a los alcaldes. Cuando cerraron el espacio para el lucimiento de los legisladores. Cuando se amplificó el control gubernamental sobre los medios. Cuando los Secretarios del Gabinete comenzaron a reportarle al líder del partido.  Y cuando el propio Gobernador dejo en claro su disposición a compartir el poder con su hermano.

Pero ya habrá tiempo de escribir sobre esto.

El punto ahora es sencillamente señalar que la unanimidad es sospechosa. Habrá quien piense que la ausencia de competencia dentro del PRI resulta de la falta de arreos de quienes podrían disputarle la candidatura a Rubén Moreira. Yo más bien creo que cualquier priísta pragmático sabe que competir contra quien ya de facto gobierna es un ejercicio francamente ocioso. Celebrar que “la mayoría decidió” implica reconocer que la forma en que se construyó esa mayoría es legítima. Yo tengo mis reservas.