Distinguido Señor Gobernador,

Darle la bienvenida al Palacio Rosa sería pecar de ingenuidad. Cualquiera que siga la política del Coahuila, sabe bien que usted gobierna desde hace mucho tiempo. Sin embargo vale la pena resaltar que hoy arranca formalmente su sexenio, pues esta fecha tiene implicaciones que trascienden al ritual. A partir de hoy, usted ya no tiene que compartir aplausos con su hermano ni puede responsabilizar de sus decisiones a quien cubrió el interinato. Hoy termina el interludio que permitió al Gobierno Estatal renegociar una deuda mantenida en secreto, validar créditos contratados ilegalmente, incrementar significativamente los impuestos y recortar burocracia y programas sociales sin que usted o su hermano carguen con el costo político. Si bien puede argumentarse que estas medidas fueron necesarias, también fueron inconsistentes con la oferta política que tanto usted como el PRI pusieron a consideración de la ciudadanía.

¿Se acuerda? En el 2009 el PRI-Coahuila (que usted presidía), ofreció en su Plataforma Electoral “fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación del desempeño de los servidores públicos, para evitar la discrecionalidad y el desvío de recursos” (p. 6). En esa misma Plataforma, los candidatos a diputado del PRI se comprometieron a “fortalecer las finanzas estatales con recursos propios sin afectar a la población con más gravámenes” (pg. 58). Hasta el militante más convencido tiene que aceptar que ambas promesas resultaron huecas. No debemos $8 mil millones como registraba Hacienda en Abril, ni $20 mil millones como afirmaban los panistas durante la campaña, ni $34 mil millones considerados en el decreto aprobado por el Congreso en Agosto. El monto real es mayor, todavía se mantiene en secreto, y aún nadie explica de manera contundente a donde fueron a parar los recursos. Y lo que es peor, nuestros Legisladores tuvieron que faltar a su palabra de no incrementar impuestos.

Cuando usted era diputado federal, reaccionó vigorosamente ante una discrepancia similar. En 2010 el Presidente Calderón negoció con el PRI-nacional un incremento al IVA, “para cubrir un boquete fiscal”, y en lugar de aceptarlo usted encabezó una legítima insurrección de legisladores. Lo vimos indignado dando entrevistas, escribiendo artículos, organizando marchas y usando la tribuna para recordarle a prominentes miembros del partido que las promesas de campaña deben cumplirse.

Dado que usted es desde hace tiempo el líder máximo del PRI en Coahuila, ¿por qué no ha mostrado indignación ante la renegociación de la deuda, ante los aumentos de impuestos, ante los recortes a los presupuestos y sobre todo ante la violación de la plataforma del partido? Es difícil imaginar que estas decisiones no le hayan sido consultadas. De hecho, su complacencia sugiere que fueron adoptadas con su beneplácito, y que usted ha podido deslindarse de ellas aprovechando que aún no comenzaba su sexenio.

Afortunadamente ese argumento deja de tener validez el día de hoy.

Usted llega al poder con 700,000 votos, y con una mayoría abrumadora en el Congreso Local. Podríamos afirmar que usted será coronado rey por aclamación, y resignarnos a que el único sistema formal de pesos y contrapesos en el Estado sea el aportado por su consciencia y vocación democrática. Algo similar ocurrió tras la elección de su hermano Humberto hace seis años, quien lamentablemente se dejó llevar por el canto de las sirenas. Sin temor a ser fiscalizados o a perder una elección, los miembros de su equipo relajaron los controles y se arrogaron el derecho a jugar a ser el Rey Midas. Hoy vemos las consecuencias. Si usted es diferente, anticipará este riesgo, y recordará que 440,000 coahuilenses votaron por otras alternativas, aún antes de conocer los detalles de la deuda. A pesar de que estas voces no tendrán debida representación en el Congreso, son una minoría política que merece respeto y atención.

Si usted tiene estatura de estadista, reconocerá que las críticas de quienes hoy se declaran indignados no necesariamente son malintencionadas ni producto de sesudas conspiraciones. Al contrario, representan el incipiente resurgimiento de una ciudadanía que durante demasiado tiempo vivió aletargada por la apatía y la propaganda. Su decepción y molestia es cuando menos entendible.  Ignorar a quienes se manifiestan en las calles, perseguir a quienes han pedido respuestas y expulsar a los militantes que se han atrevido a disentir puede parecer una manera atractiva para demostrar autoridad, pero no disipará las dudas que aún persisten sobre la legitimidad de su llegada a la Gubernatura. ¿Qué recibirá prioridad en su sexenio, Señor Moreira? ¿Proteger el buen nombre de su antecesor, o servir a los coahuilenses que demandan respuestas?

Twitter: @oneflores

No puede decirse que lo recaudado por está vía será utilizado para pagar el mantenimiento de los parques y museos. A diferencia de la GRAN mayoría de los organismos del Gobierno de Coahuila, ni el Instituto de Cultura (que administra los museos) ni el Instituto del Deporte (que administra los parques) sufrieron un recorte significativo en el nuevo presupuesto. Pueden verificarlo en este comparativo. Los recursos que tenían el año pasado ya eran suficientes para el mantenimiento de sus instalaciones. Es decir, con este nuevo cobro, los usuarios de los parques y de los museos estarán subsidiando otras actividades del gobierno.

¿Alguna idea de cuales?

Vaya despedida del “Gobierno de la Gente”. Mil veces sería preferible cobrar cuota para que la gente que tiene coche use los puentes que cobrar cuota para que la gente (que quiza no tiene coche) use los parques. La cuestión, al final del día, es ideológica. Ya he escrito sobre este tema antes. Si bien nos gustaría subisdiar todas las cosas todo el tiempo, hacerlo es financieramente imposible. ¿Por qué les parece a los diputados más justo y legítimo cobrar por acceder a un parque que por utilizar los puentes? ¿Por qué es la sociedad entera y no solo los usuarios quienes subsidian el uso de estas infraestructuras viales, y por qué tienen que ser solo los usuarios y no la sociedad entera la que paga por mantener nuestros parques?

Hay mucho que criticar respecto al manejo financiero del Gobierno del Estado de Coahuila. La opacidad, la falta de claridad respecto al destino de los recursos, la posible falsificación de documentos, la docilidad del Congreso, etc. Son tantos temas, que el que aquí discuto parece menor. No lo es.

Esto no es un ataque personal, sino una crítica respetuosa. No pretendo insultar, sino poner en la mesa una discusión que buena falta hace sobre la fragilidad de la división de poderes en Coahuila. Y es que tengo que ser claro. Esta Legislatura será recordada como la más dócil y cuestionable de nuestra historia moderna.

Los últimos meses fueron de escándalo. Las campañas electorales y la llegada de Humberto Moreira a la política nacional pusieron a Coahuila bajo la lupa. Semana a semana afloran nuevos detalles, evidenciando lo que muchos suponíamos: Las finanzas del Estado fueron devastadas por el exceso y el descontrol. No solo confirmamos que el monto de la deuda creció exponencialmente durante este sexenio, sino además que el Gobierno Estatal nos mintió sistemáticamente sobre su manejo y tamaño.

Resulta que hay deuda por fuera de los libros, que hay deuda contratada con autorizaciones falsificadas y que hay deuda cuyo destino y propósito no está claro. Hubo muchas obras, pero ni de cerca tantas como para justificar más de 140 mil millones recibidos como presupuesto ordinario en el sexenio, más 33 mil millones adicionales en deuda pública. Resulta que hay que cancelar súbitamente programas sociales, desocupar burócratas, subir impuestos y llegar a acuerdos urgentes y poco transparentes con los bancos.

¿Cómo pudo suceder esto? El culpable favorito es Javier Villarreal, el funcionario que hoy nadie defiende. Lo tildan de maldito, de desleal, de irresponsable. Será el diablo mismo, pero parece ridículo pensar que Villarreal actuó solo, como si trabajara desde la estratósfera, sin jefe, sin pares, sin auditores. En todas las democracias existen contrapesos diseñados para evitar o al menos para detectar a tiempo los errores y excesos. Para encontrar que pasó, debemos preguntarnos por qué fallaron estos mecanismos.

¿Quiénes autorizan los presupuestos? ¿Quiénes estiman los ingresos y fijan el destino del gasto? ¿Quiénes reciben, auditan y aprueban las cuentas públicas del gobierno? ¿Quiénes tienen la facultad constitucional de autorizar los endeudamientos del estado? ¿Quiénes deben velar por el cumplimiento de las leyes? ¿Quiénes realizan la glosa de los informes de gobierno? ¿Quiénes cuestionan a los funcionarios del gabinete? ¿Quiénes crearon el SATEC, el súper-ministerio que dirigió Javier Villarreal?

Ustedes, señores diputados. Nuestras leyes les otorgan atribuciones suficientes para prevenir, identificar o detener problemas. El Congreso existe precisamente para evitar que el Ejecutivo se desboque, pero ustedes jamás jalaron las riendas. ¿Por qué no lo hicieron?

Quizá estaban engañados. Como bien declaró el Presidente del Congreso apenas el 5 de agosto, la deuda autorizada formalmente por ustedes ascendía solo a 7,700 millones. ¿Pero que hicieron al descubrir, en fechas recientes, que existen compromisos por 25 mil millones adicionales? No los vi gritar, ni exigir cuentas, ni siquiera plantear preguntas. Se limitaron a aprobar un decreto urgente (pdf), un cheque en blanco que no solo permitió al gobierno negociar un salvavidas de los bancos, sino que además legitimó retroactivamente todos los compromisos adquiridos a espaldas de ustedes mismos. Si en algún momento fueron víctimas, hoy son cómplices.

Diputado Fernando de las Fuentes, Presidente del Congreso (foto: Vanguardia)

Nunca había visto un decreto tan importante ser aprobado con tanta celeridad. ¿Por qué decir “si” antes de conocer montos, plazos, tasas, garantías y consecuencias de los pagos de la deuda? El gobierno firmó un acuerdo con la banca casi al día siguiente de que ustedes aprobaron su decreto. ¿Pero acaso conocieron oportunamente el costo y las condiciones del refinanciamiento? ¿Discutieron los funcionarios alguna opción con ustedes? Aún ahora, ¿tienen copia del acuerdo que comprometerá las finanzas coahuilenses por 20 años?

En las democracias los grandes planes y sus financiamientos son aprobados por el Legislativo antes de que el Ejecutivo se aventure a gastar un centavo. Acá el gobierno gastó por la libre, involucró al Congreso solo para legitimar y tapar los hoyos, y hasta el final negoció con la banca, ya con la soga en el cuello. El orden de los factores si afecta al resultado.

Me indigna su falta de indignación. Entiendo que algunos de ustedes miden cada paso, cuidando no caer de la gracia de sus jefes políticos. Pero no se equivoquen. Están en el Congreso para representarnos a nosotros.

Terminó la bacanal. La música ya no suena, no queda vino en las botellas y la mayoría de las mujeres y hombres que participaron han perdido su vigor. Exhaustos, los selectos invitados comienzan a despertar del trance. Lo que sucedió a puerta cerrada, durante casi seis años, fue una verdadera orgía, en la que todo se permitió. Los invitados pudieron gritar, bailar, beber y amar sin límite. Tomaron para sí mismos todo aquello que desearon, y mientras lo hicieron, recibieron tantos vítores y aplausos que quedaron convencidos de que el placer era parte de su destino manifiesto.

Muchos de los invitados a la fiesta eran hombres buenos. Los hemos visto, y platicado con ellos. Algunos son ciudadanos comprometidos con nuestras ciudades,  seguramente con futuros promisorios. Pero un día recibieron la invitación para formar parte del círculo rojo. Cruzaron la puerta y lentamente se quitaron la venda. Quizá se sorprendieron, pues el gran proyecto social que defendían no corresponde a la orgía que pudieron atestiguar. Tomaron una copa, pensando que hacer, y luego tomaron dos. Algunos de ellos concluyeron que podrían limpiar la casa por dentro, que podrían convencer al resto de que la degeneración de la pachanga traería un costo para todos. Pero no pudieron -o no quisieron- navegar contra la corriente. Quizá tomaron una tercera copa, y les gustó la música. O quizá calcularon que el costo de salir a la calle y hablar fuerte sobre lo que sucedía adentro de la casa sería demasiado alto.

El caso es que flotaron con el resto. Asumieron que las cosas así son, que la moral es un árbol que da moras, y que quien pierde la vergüenza no sabe lo que gana.  Probablemente concluyeron que solo un loco dejaría pasar la oportunidad de participar en la fiesta del siglo. Algunos hicieron negocios, otros conquistaron puestos públicos. Mejor adentro que afuera, mejor protegido que en la intemperie, mejor violador que violado. Se sintieron intocables, y al menos durante los últimos seis años lo han sido.

Pero poco a poco despiertan y miran a su alrededor. La bacanal ha terminado. Muebles rotos, ventanas quebradas, cuerpos cubiertos de vomito ajeno. Desde afuera les piden cuentas, pues el secreto de la orgía se ha hecho público. La pasión con la que defendían el proyecto del anfitrión es cada vez menos vigorosa, y quizá solo sostenida por el miedo a que los señalen como cómplices. Lo cierto es que muchos tomaron del vino y comieron del banquete que les pusieron enfrente. Hoy les palpita la cabeza, les duele el cuerpo entero, sienten la garganta seca.

Se encuentran ante una encrucijada. Aceptar que sucedió la orgía es validar a los críticos, diciendo que en efecto fueron desordenados, opacos, irresponsables, cínicos o timoratos. Por eso ahora tratan de limpiar la casa con el mayor sigilo. Su esperanza es que la gente mire hacia otro lado, olvidando el episodio. Hoy recortan el gasto, reorganizan la contabilidad, renegocian las deudas. Han seleccionado un par de chivos expiatorios, y parecen listos para crucificarlos en caso necesario.

Unos sonríen como si hubiesen olvidado todo, como si no hubieran visto nada. Otros disparan argumentos simplones a la menor provocación: “se hicieron muchas cosas buenas”, “el jefe es un hombre sensible”, “el gobierno federal anda peor”, “es un perverso ataque”, “las obras están a la vista”.

Pero los vecinos sabemos lo que pasó. Aquí hubo una fiesta, y una fiesta en grande. Algunos ya revisamos las cuentas, y hemos comprobado que los números no cuadran. Basta revisar los informes de gobierno para verificar que la deuda que contrajeron a nombre de nuestros hijos y de nuestros nietos es mucho mayor al costo de todas las cosas buenas que hicieron en los últimos años. Que nadie lo dude: Nos endeudaron para pagar su borrachera.

Me pregunto que más tendría que suceder para que los miembros de mi generación de priístas coahuilenses tomen distancia y cuestionen seriamente a nuestros líderes. ¿Dónde están las voces críticas en ese partido supuestamente democrático? ¿Qué dicen los diputados y los jóvenes funcionarios de la evidente bacanal? ¿En qué momento hipotecaron su libertad, su capacidad crítica, su idealismo y sus valores? ¿Cuándo se volvieron tan ambiciosos que dejaron de distinguir entre lealtad y complicidad? ¿Son víctimas que apenas se dan cuenta del desastre que facilitaron, o colaboradores concientes de que para avanzar sus carreras políticas y empresariales había que someterse y callar?

No lo sé. Lo único claro es que la bacanal ha terminado, y que tanto los funcionarios que entregan como los que reciben tendrán mucho que explicar.

Coahuila no sabe a cuanto asciende su deuda pública. Hacienda dice que debemos $32 mil millones. El titular del SATEC reconoce $22 mil. Las calificadoras Fitch y Standard and Poors prendieron los focos rojos hace meses, estimando la deuda pública del Estado en $14 mil millones y cuestionando la opacidad de su manejo. El Presidente del Congreso, aquel órgano encargado de autorizar el presupuesto y vigilar las cuentas, conoce solamente de $8 mil, mientras que los panistas denunciaron que créditos por al menos $3 mil millones adicionales fueron contratados por el Gobierno con documentos falsos.

Mientras tanto el Gobernador interino, que antes fue Tesorero, no ha validado una cifra específica. En sus declaraciones se ha limitado a explicar que el monto del endeudamiento es “correctamente manejable”. Quizá así sea, pero no podemos estar seguros porque nadie ha clarificado con exactitud y contundencia cuanto debe Coahuila. Por lo pronto, lo único que sabemos es que debemos mucho y que nunca habíamos debido tanto.

Los efectos se perciben cada vez con mayor fuerza. Hay proveedores que no han logrado cobrar sus servicios al Gobierno. Los bancos están nerviosos. Existen rumores crecientes de recortes en la nómina gubernamental. Los programas estrella del Gobierno en turno están siendo acotados o condicionados -como sucedió con el programa de los “uniformes de la gente”-, o de plano cancelados -como pasó con las “tarjetas del hogar”. Y algunos otros compromisos quedan en el aire, como la entrega de las 100,000 computadoras personales que el entonces Gobernador Moreira prometió -sin nunca cumplirles- a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila y a los profesores del SNTE.

Dado el manejo atípico de la contabilidad gubernamental en este sexenio, transformar al “Gobierno de la Gente” en el “Gobierno del Orden” será una tarea complicada y dolorosa. De no ser por la identidad partidista pero sobre todo por la cercanía filial que une a Rubén con Humberto la entrega sería políticamente sangrienta. ¿Quién en su sano juicio recibiría la Secretaría de Finanzas sin chistar? ¿Cuántos asuntos, cuantos problemas, que seguramente rayarán en la línea de lo que no es ético y no es legal tendrán que resolverse lejos de la luz pública para no afectar el legado de quienes entregan?

Hace apenas seis años, la entrega de las finanzas gubernamentales detonó un importante debate público. El entonces Gobernador Enrique Martínez presumió haber dejado la casa en orden, y con deuda cero. No pasaron muchos días después del cambio de administración para que el Moreirismo disputara esos números. El encabezado a ocho columnas del Periódico Vanguardia el día 13 de diciembre de 2005 fue implacable: “Destapan deuda de EMM”. La nota describe como Jorge Torres, recién designado por Humberto Moreira como Tesorero, presentó un informe al Congreso en el que desmentía la existencia de la “deuda cero”. Resulta que al llegar encontró $523 millones de pesos pendientes de pago a proveedores. ¡Qué barbaridad!

Allá en 2005, cuando deber millones era más escandaloso que deber miles de millones

¿Qué habría dicho Jorge Torres en el 2005 si al recibir su oficina hubiese encontrado adeudos por $32,000 millones de pesos en lugar de cuentas por pagar por solo $523 mdp? ¿Habría dicho, como dice ahora, que tal nivel de deuda es “correctamente manejable”? ¿Y por qué ahora que es Gobernador no instruye a su Tesorero acudir al Congreso a presentar un informe igual al que el mismo presentó en el 2005?

Si el Gobernador Interino estuviese comprometido con la transparencia y con la rendición de cuentas podría hacerlo, pues existen argumentos para defender el endeudamiento del sexenio que termina. Podría dar un número concreto y detallar que obras se hicieron con los recursos, cuál será la afectación al margen de acción del próximo gobierno y que providencias “correctas” se están tomando para “manejar” el adeudo.

Al no hacerlo, el Gobernador está permitiendo que crezca la suspicacia. Si no da un número, creeremos que los $32,000 millones es la cifra correcta y si no detalla puntualmente el destino de los recursos, nos obliga a hacer cálculos de servilleta en los que el Gobierno no queda bien parado. Por ejemplo, los puentes en Saltillo, incluyendo el “Mega Distribuidor Vial”, representan una inversión total aproximada de $4,000 millones de pesos. Asumiendo que cada una de las cinco regiones del estado tuvieron una inyección de recursos similar, ¿dónde quedó el resto?

Jorge Torres pasó en seis años de ser el funcionario que “destapó la deuda de Enrique Martínez” a ser quien “tapó la deuda de Humberto Moreira”. Supongo que alguien deberá premiarle su lealtad. Ojala no lo castiguen regresándolo a Finanzas.

El anuncio de este nuevo programa fue todo menos intrascendente. Con aquella primera tarjeta, el Gobernador daba el banderazo a una ambiciosa política local, que prometía extender el derecho a la salud a los ciudadanos que no alcanzan cobertura del ISSSTE o del IMSS. La mecánica descrita era tan simple como escueta. El Gobierno entregaría un millón de estas tarjetas, y sus portadores podrían usarlas para acceder a una larga lista de servicios médicos, que incluía rayos x, hospitalización, consultas, partos y cesáreas, trasplantes de médula, cirugías de cataratas, implantes cocleares y traslados interurbanos en ambulancias equipadas.

(Acá pueden descargar un pdf con el texto del discurso de HMV. La parte relevante está en la página 2)

Sin duda, la Tarjeta representa el programa social más ambicioso que se ha planteado a los coahuilenses en la historia moderna, y precisamente por ello merece escrutinio cuidadoso. No ha pasado un año, y la semblanza del Profesor Humberto Moreira, disponible en la página web del Gobierno del Estado, ya lo califica como un éxito rotundo, afirmando llanamente que la creación de la Tarjeta de la Salud

“dio acceso gratuito a los servicios de salud y hospitalarios de toda la población”.

Suena re-bien, ¿habrá sido así? Me encantaría compartir el optimismo, pero la escasa información disponible solo permite concluir que este programa ha sido transparente.

Transparentemente obscuro.

Sus reglas de operación no están publicadas, no hay un funcionario o una oficina pública claramente responsable, no existe un presupuesto aprobado ni se ha ventilado una sola evaluación. No sabemos con claridad cuantos servicios se han dado, quienes son los beneficiarios, bajo que criterios los seleccionaron o cuanto ha invertido el Gobierno en el programa. Vamos, el programa no registra ni una sola mención en el motor de búsqueda de la página web de la Secretaría de Salud, y no aparece mencionado ni una sola vez en el texto oficial del Quinto Informe de Gobierno.

Solo gracias a declaraciones esporádicas sabemos que el programa existe, mientras los detalles más básicos de su operación se mantienen bajo tinieblas. Puedo afirmarlo pues ya solicité, vía el sistema dispuesto por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, algunos datos básicos del programa tales como:

1. Las reglas de operación del programa.
2. El número de “tarjetas de la salud” que se han entregado desde el anuncio el programa, desagregado por municipio.
3. El número de tarjetahabientes que se han presentado a solicitar un servicio, desagregando por municipio el número de cada uno de los servicios que mencionó el entonces Gobernador en su discurso.
4. El número y tipo de servicios que efectivamente se han ofrecido a los tarjetahabientes, desagregado por unidad de atención y municipio.
5. El costo total que ha representado para el estado este programa, desagregado por concepto de gasto.

La respuesta del Gobierno del Estado fue kafkiana.

Mi primer intento fue en la Secretaría de Salud (solicitud número 00226211), donde me contestaron que

“El programa de “Tarjetas de Salud” no es administrado por la Secretaría de Salud. Se le sugiere realizar su cuestionamiento a la Secretaría de Desarrollo Social.”

Obediente, solicité la información a SEDESOL (solicitud número 00226311), donde me remiten a esta liga que no tiene nada que ver con el programa, aclarando que dicha dependencia

“no opera programas vinculados en el rubro de salud”.

Dos solicitudes, un mes, y el Gobierno aún no podía clarificar ni siquiera quien opera el programa.

Pregunté entonces a la Procuraduría Social (solicitud 00260711), una dependencia adscrita al Despacho del Ejecutivo, “creada para conocer, atender y tramitar todas las peticiones dirigidas al Gobernador del Estado”. Lo hice pues aunque la operación de un programa como la Tarjeta de la Salud no corresponde a las atribuciones de esa oficina, recordé que ahí operaron el “Monedero de la Gente”.

¿Se acuerdan del Monedero? Era un programa también basado en tarjetas repartidas a ciudadanos, que tuvo que cancelarse cuando el Gobernador reconoció la existencia de padrones de beneficiarios duplicados. Pues piensa mal y acertarás. Resulta que la misma dependencia que manejaba mal el reparto de monederos es ahora la encargada de operar la principal política de salud del Estado de Coahuila.

Esto me respondieron, por primera vez vía un oficio:

La respuesta dice mucho por lo que dice. Por ejemplo, menciona que se han entregado 363,811 tarjetas, una cantidad que no solo es inferior al millón prometido por el Gobernador, sino que me tiene preguntándome como hace sus cálculos el Secretario de Salud. Por supuesto que hay muchas explicaciones razonables del rezago, ¿pero entonces por qué la semblanza oficial del Profesor Moreira dice que la Tarjeta dio servicios gratuitos a TODA la población? Es como decir que somos campeones del mundo por haber acudido al Mundial, ¿no?

En todo caso, la respuesta de la Procuraduría Social dice mucho más por lo que NO dice. Por ejemplo, notarán que en el segundo párrafo admite de que quien se encarga de repartir las tarjetas no tiene las reglas de operación del programa. ¿Debemos entender entonces que desconocen los criterios establecidos para seleccionar a los beneficiarios? ¿Cómo y bajo que criterios determinan a quien le toca tarjeta y a quien no? ¿Cómo y bajo que criterios determinan cuantas tarjetas repartir en cada municipio? ¿A ojo de buen cubero? ¿Será que cada tarjeta implica una aventura burocrática como esta que relata en su queja un cuidadano? ¿O será que hay que conocer a la persona correcta, como le sucedió a Martiniano?

La respuesta de la Procuraduría Social concede además que no cuenta con información sobre la cantidad, tipo y ubicación de los servicios que han solicitado los beneficiarios. Es decir, Salud no sabe quienes son los beneficiarios y la Procuraduría Social no sabe cuales han sido los beneficios. Poniendo el rompecabezas junto, nadie en el Gobierno parece saber cuanto cuesta la Tarjeta de la Salud, ni cuanto ha mejorado la salud de los coahuilenses como consecuencia del programa.

No podemos descartar la posibilidad de que los funcionarios que respondieron estas solicitudes son incompetentes. Sin embargo, hablamos de tres dependencias distintas y de un programa clave para la administración. La hipótesis de incompetencia colectiva requiere demasiadas coincidencias, y siento demasiado respeto por nuestros servidores públicos como para creerla posible. Aventuro entonces una alternativa. En su ánimo por posicionarse como aquel que “dio acceso gratuito a los servicios de salud y hospitalarios de toda la población”, el entonces Gobernador condenó a sus subalternos a ser descaradamente opacos.

¿Ustedes como lo ven?

—

Dice el Gobernador Electo que el suyo será “el gobierno del orden”. Enhorabuena. Hay mucho que ordenar.

La llamada fue por demás extraña. Después de un intercambio de gracias y de nada, aproveché para preguntarle sobre las condiciones del crédito, y para pedirle detalles específicos sobre el destino del dinero. Finalmente mi texto había pedido eso: claridad y transparencia. Creo que no le gustó el cuestionamiento, como supongo que tampoco le han gustado otras cosas que he escrito en VANGUARDIA desde entonces. Al menos nunca me ha vuelto a llamar.

Hoy recuerdo esta pequeña anécdota pues acabo de leer los reportes que recién publicaron Fitch Ratings y Standard and Poor’s  (S&P), bajando la calificación crediticia de Coahuila. Dado que el Gobierno no es transparente en sus finanzas, estos reportes ofrecen información invaluable. Son breves, están disponibles de forma gratuita en la red y son lo suficientemente claros para dar una idea del manejo económico de nuestro estado.

Este es el resumen: Al 31 de diciembre de 2010, nuestro estado había contratado deuda por un total de 14,636 millones de pesos, de los cuales 8 mil 706 corresponden a deuda directa contratada en cuatro créditos bancarios, 3 mil 750 son factorajes de “cadenas productivas” (relacionada con pagos a proveedores de obra pública) y 2 mil 180 es deuda contraída por organismos descentralizados como PRODEMI y FINCOAH. Fitch registra que tras años de seguir una política de no endeudamiento, “el Estado duplicó su deuda bancaria entre 2009 y 2010, manteniendo asimismo niveles elevados de líneas de crédito de corto plazo y de deuda de sus organismos descentralizados”.

Según Standard and Poor’s, al cierre del 2011 el servicio de la deuda directa absorberá “por lo menos” el 15 por ciento de los ingresos discrecionales del Estado, y según Fitch, un tanto más conservador, Coahuila estará pagando a sus acreedores 500 millones de pesos al año hasta el 2023. Para dar un poco de perspectiva, este monto equivale al presupuesto anual combinado de los municipios de San Pedro y de Monclova.

Si contrastamos el tamaño de la deuda contra los ingresos discrecionales, la deuda directa de Coahuila es cuatro veces la de Querétaro y ya es comparable con la de Nuevo León, un estado largamente atribulado por las malas decisiones financieras de sus gobernantes. Continuar con el rumbo actual, según S&P, “podría requerir de financiamiento adicional o presionaría gradualmente la posición de liquidez”.

Sobra decir que los 3 mil 500 millones del crédito que discutíamos en el 2008 hoy parecen cacahuates. Lo que me sorprende es que se mantenga la misma resistencia a dar explicaciones. Pareciera que lo que era un estilo personal se convirtió en política de gobierno. VANGUARDIA ya lo ha señalado, pero las calificadoras lo resumen de manera contundente. Para S&P, “la política financiera del estado es poco clara y la difusión de su información financiera es parcial”, mientras que Fitch concluye que existe una “falta de claridad en las políticas y prácticas administrativas del Estado en lo relacionado al endeudamiento actual, futuro y su registro contable”.

¿Cómo pasamos de una autorización del Congreso en el 2008 para endeudarnos por 3 mil 500 millones de pesos, a una deuda al cierre del 2010 de al menos 14 mil 600 mdp? ¿Fue parte de un plan, o producto de arrebatadas decisiones de corto plazo? Si la deuda era necesaria, si los recursos estuvieron bien invertidos y si tenemos para pagar, ¿por qué la opacidad? Finalmente el elevado monto y el acelerado crecimiento de la deuda coahuilense no son malos en si mismos. En muchos contextos tiene sentido invertir hoy para cosechar después. ¿Pero qué hizo Humberto, endeudarnos para ayudarnos a crecer o para permitirse el lujo de gobernar como un Rey Midas que un día anunciaba un Distribuidor Vial de 1 mil 400 millones, y el otro prometía regalar 100 mil computadoras personales?

Estamos en época de elecciones, y es buen momento para reflexionar sobre el rumbo del Estado. ¿Cómo afectarán los compromisos adquiridos por esta administración a la capacidad de gestión de los futuros gobernantes? ¿Podrán cumplir los compromisos que hoy están firmando, o tendrán que pasarle nuevamente la factura a las futuras generaciones?

Lea los reportes de Fitch y de Standard and Poors y fórmese su propia opinión. Si no los encuentra en la red, mándeme un email a onesimo@mit.edu y con gusto se los hago llegar.

Sin tapujos, Rubén ofreció 

“ejercer un gobierno responsable, democrático, mesurado, transparente e incluyente”,

y se comprometió a impulsar

“una nueva dimensión en la rendición de cuentas que no tendrá precedente en el país” (pg. 6).

Quizá sea solo retórica coyuntural, pero es notable la distancia que separa estas promesas de Rubén de la forma en que ejerció el gobierno su hermano. Seamos claros. La administración que termina fue tan responsable que su líder abandonó el barco para hacer política partidista,  tan democrática que avasalló a todo aquel que manifestó una opinión encontrada, tan mesurada que endeudó al estado con al menos $8,267 millones de pesos (¡3.8 millones de pesos de deuda por cada día del sexenio!), y tan transparente que el 15% de las solicitudes de información presentadas por ciudadanos se pierden en el sistema.

Al comprometerse con la rendición de cuentas, Rubén plantea en realidad un viraje de 180 grados.  Por ejemplo, el “Gobierno de la Gente” entregó miles de zapatos y de despensas y de tinacos y de medicamentos y de tarjetas telefónicas y de “apoyos” de $200 pesos. Sin embargo las reglas de operación y los padrones de beneficiarios se mantienen en secreto y no existe ni una sola evaluación seria e independiente que pueda certificar el impacto real de alguno de estos programas. Lamentablemente parecen haberse ejecutado con tal falta de rigor que contamos con pocos elementos para distinguirlos de las más burdas prácticas de populismo clientelar.

Si Rubén está comprometido con lo que dijo en su discurso, su administración tendría que ser profundamente diferente a la de Humberto. Es claro que liarse a gritos con funcionarios federales no reduce la tasa de homicidios, que prometerle computadoras personales a los maestros y estudiantes universitarios no eleva la calidad de la educación superior y que repartir tarjetas con dinero a través de las lideresas de las colonias no reduce la pobreza. Para rendir buenas cuentas lo que importa son los resultados y no la foto.

Al menos en el papel, Rubén afirma no tenerle miedo a la transparencia, al diálogo con el Congreso y a la interpelación de los ciudadanos. ¿Será en serio? Cualquiera que se haya detenido a pensar sobre la campaña del “No al Hermano” debería preguntárselo. Finalmente en un universo de total transparencia, rigurosa mesura, irrestricta democracia y absoluto compromiso con la rendición de cuentas una sucesión entre hermanos no tendría por que afectar negativamente el curso del gobierno. ¿Pero qué tan lejos estamos de ese nirvana?

Pensemos en hipotéticos. ¿Qué pasaría si Rubén descubre que funcionarios claves de la administración de su hermano se enriquecieron ilícitamente o asignaron contratos fuera de norma? ¿Qué haría si algunos de los programas bandera del “Gobierno de la Gente”, esos que ya prometió continuar, demuestran su ineficacia tras una evaluación técnica? ¿Como reaccionaría ante solicitudes de información que pudiesen comprometer el legado de Humberto? ¿Qué llevará mano, la “nueva dimensión en la rendición de cuentas” o cuidar las espaldas de su hermano?

Aún otorgando el beneficio de la duda, en toda administración se cometen errores y excesos que hay que ventilar y corregir. Pienso en el escándalo del Monedero de la Gente, que simplemente se aventó abajo del tapete, o en el manejo de la PRODEMI, que recauda casi el 10% del valor del carbón que producen los mineros sin rendir cuentas. Recuerdo el sobrecosto de muchas obras, como la del Megadistribuidor Vial, que pasó de $900 millones anunciados a $1400 millones sin que ningún auditor se haya despeinado. O que decir del malogrado “Modelo Coahuila” de seguridad, que comenzó por militarizar nuestras policías municipales para después ser cancelado sin mayor explicación. ¿Continuará este estilo con Rubén?

No sabemos la respuesta, pues hasta ahora “la nueva dimensión en rendición de cuentas” no pasa de ser la dimensión desconocida de Rubén. Por lo pronto ya guardé copia del discurso. Igual y hace falta recordárselo.

Las extorsiones.

Los secuestros.

Las ejecuciones.

La infiltración del narco en las policías municipales. La pérdida de inversiones y el creciente número de empresarios autoexiliados.

Estos y no los debates sobre las “campañas negras” son los temas verdaderamente prioritarios para Coahuila.

Sin embargo estamos a escasas semanas de la elección, y todavía no sabemos que proponen los candidatos a Gobernador para recuperar la tranquilidad de nuestras calles. Es cierto que las campañas inician formalmente el 16 de Mayo, pero las Plataformas Electorales de los partidos, que contienen las propuestas de sus candidatos, ¡fueron registradas desde el 16 de Abril en el Instituto Electoral! De acuerdo con la Ley de Transparencia (Art 29, Fracc. III, pdf), estos documentos tienen carácter público desde el momento en que se registran, por lo que deberían estar a disposición de la ciudadanía interesada en formarse un criterio propio. Sin embargo, ni en el IEPCC ni en las páginas web de los partidos se puede acceder a ellos. Sorprendentemente, reciben el trato de secreto de Estado, como si contar con una ciudadanía informada fuese contrario al interés público.

Que triste. Aparentemente los partidos y los organismos autónomos prefieren que las propuestas acumulen polvo, mientras los espacios se llenan con discusiones vacuas sobre las “campañas negras” de hermanos y compadres.

Este periodo de un mes, entre el registro de las Plataformas Electorales y el arranque de las campañas, podría haber servido para que la sociedad civil y los medios de comunicación evaluaran y compararan las propuestas de los candidatos. Las campañas son tan cortas, que al desaprovechar el tiempo nos arriesgamos a que el futuro se decida a base de spots y frases preconstruidas. Ya sabemos que los candidatos van a prometernos seguridad. Sin embargo es indispensable forzar pronto una comparación detallada sobre como, cuando, con quien, con que recursos y donde piensan implementar sus promesas.

Para razonar nuestro voto, necesitamos comparar el diagnóstico de cada partido sobre la evidente crisis de inseguridad que vive Coahuila. Es necesario saber si los candidatos creen que basta aventarle la bolita al Gobierno Federal, o si traen algo nuevo a la mesa. Si no les gusta la estrategia de Calderón, ¿qué alternativa proponen? Si aceptan que el Gobierno local es corresponsable de la actual crisis, ¿qué cambios concretos sugieren? ¿Con qué métricas van a evaluar su desempeño? ¿Qué compromisos, medibles y exigibles, están dispuestos a asumir?

No olvidemos el contexto. Nuestro Estado está sufriendo la peor crisis de inseguridad de su historia moderna. Es cierto que el problema es nacional y que hay entidades en condiciones peores, pero nadie puede negar que hoy por hoy los coahuilenses viven con más miedo que nunca, y que la situación no ha dejado de deteriorarse en los últimos cinco años. Si una lección podemos extraer de la gestiones de Humberto Moreira y de Felipe Calderón es que ningún coahuilense está a salvo.

¿Qué proponen los candidatos al respecto? Si en algún lugar están detallados sus compromisos es precisamente en las Plataformas Electorales, esas que hoy son resguardadas ilegalmente bajo llave. Vaya papelones del Instituto Electoral y del Instituto de Acceso a la Información, al permitir con su pasividad que estos documentos se mantengan fuera del alcance ciudadano. ¿Qué no es misión del IEPC “estimular la participación ciudadana en asuntos de interés comunitario”? ¿Qué no es función del ICAI “garantizar el acceso a la información y la transparencia”? ¿Cómo confiar en estos organismos “autónomos”, cuando ponen los intereses de los partidos por encima de los intereses de los ciudadanos? ¿Será este asunto un presagio de su actitud frente a la elección?

Ya perdimos un mes con las propuestas guardadas en un cajón. A partir del arranque formal de las campañas quedarán solo 45 días para conocer y contrastar las ideas de quienes aspiran a gobernarnos. No queda mucho tiempo para razonar el voto. Ojala pronto los partidos y los organismos “autónomos” se dignen a cumplir con la ley, pues a pesar de lo que opinen sus estrategas políticos y sus indolentes funcionarios, acceder a las Plataformas Electorales es nuestro derecho. Hay demasiado en juego como para tomarlo con calma.

Por ello, muchas de sus estructuras partidarias están diseñadas bajo una lógica corporativa, vertical, donde los votos de “las bases” se pagaban con puestos y favores para los “cuadros”. Dentro del lenguaje priísta tradicional, el gobernante “da línea” mientras los “liderazgos” “operan” y “movilizan”. El ciudadano representa el eslabón más débil de esta “estructura”, robado de su individualidad y empaquetado para fines propagandísticos bajo definiciones amorfas como “la gente” o “el pueblo”.

Este sistema fue durante décadas profundamente eficaz. Solo gracias a él podemos entender la reinvención priísta de cada sexenio, asociada a la personalidad e identidad ideológica del gobernante en turno. Hay un PRI de Miguel Alemán, uno de Echeverría, otro de Zedillo, todos diferentes. Solo gracias a ese control interno podía mantenerse una especie de congruencia, aunque fuese temporal, en las bancadas del partido en los Congresos, en las alcaldías y gubernaturas. Hoy que Salinas critica la polarización entre “neopopulistas” y “neoliberales” hace falta recordar que el PRI es tan amplio que da cabida a ambos.

Sin embargo, este modelo no funciona bien en ambientes de competitividad electoral. Cuando hay la posibilidad de alternancia, la disciplina se resquebraja, porque cada voto cuenta. El ciudadano se empodera, y quien se arroga representatividad para negociar canonjías se debilita. Para gobernar en dicho entorno, es preciso plantear alternativas, justificar decisiones, rendir cuentas y mantener canales directos con la población.

Tras la derrota electoral del 2000, se abrió la posibilidad de replantear el significado de ser priísta. Soy de aquellos que vio con optimismo esa oportunidad. Quizá por primera vez en su historia, el PRI podría  priorizar al ciudadano antes que a la estructura, y a su programa antes que al candidato. Tal vez la coyuntura de la derrota serviría para definir un moderno proyecto de nación, que sin requerir un retorno al autoritarismo pudiese generar puentes y mandatos capaces de romper la parálisis.

Lamentablemente, dicho proceso de deliberación interna ha estado mediado por quienes llenaron el hueco dejado por el Presidente. Algunos gobernadores han asumido la franquicia como propia, encontrando en los peores excesos del pasado herramientas efectivas para afianzar su cacicazgo. Un ejemplo claro es el PRI de Coahuila, donde no hay mayor programa que aceitar la maquinaria para la elección del hermano del actual Gobernador con licencia. ¿Cuál es la diferencia entre el “dedazo” del PRI de otra época, y el actual en Coahuila? Como antaño, el Gobernante eligió a su sucesor, utilizando los recursos del gobierno y los canales del partido para legitimarlo.

El problema de la candidatura de Rubén Moreira no es el nepotismo. Es coahuilense, y tiene el mismo derecho que cualquier otro ciudadano a ser votado. Sin embargo su candidatura está viciada de origen, pues se construyó artificialmente desde el poder, justo como se hacía en los setenta a nivel nacional.

Hasta en la sopa

Los apologistas afirman que Rubén ganó esa candidatura a pulso, por su trayectoria como Presidente del Partido y como Diputado Federal. Pero eso es mirar la ecuación al revés. Rubén no es candidato porque fue Presidente del PRI y diputado, sino más bien fue Presidente del PRI y diputado porque ya era el candidato.  Su popularidad y margen de acción es producto de su aparente inevitabilidad.

Las señales de su ungimiento fueron claras, sobre todo para quienes sin deberle lealtad filial a Humberto Moreira, podrían construir una alternativa dentro del PRI. A los alcaldes los obligaron a renunciar para irse de diputados locales. Los Secretarios que intentaron brillar con luz propia salieron del Gabinete. A los diputados federales con tamaños les escatimaron sus logros. La “nueva clase política”, esa que los Moreira instalaron en Coahuila, representa bien lo que en otros lares describen como “dictadura de carpa amplia”, “donde todos caben, siempre y cuando no olviden quien es el anfitrión”.

Dicho modelo, aunque efectivo, representa un enorme retroceso democrático, que ya empieza a reflejarse en la cultura política de nuestros funcionarios y en el diseño de nuestras instituciones. Pero además, depende para subsistir de un priísmo dócil y acrítico, incompatible con el ejercicio de una ciudadanía plena. Convencidos de la solidez del castillo de cristal que han levantado, se rehúsan a ver la fragilidad que los rodea. Si ese es el partido que Humberto Moreira busca replicar a nivel nacional, caminamos para atrás.

Las sociedades democráticas son aquellas que logran aprovechar de forma constructiva estas diferencias. No me refiero solo al proceso mediante el cual ponemos un par de opciones en la boleta y votamos para descubrir la opinión mayoritaria, sino al más arduo proceso de deliberar. Cuando ante una decisión recurrimos al típico “levanten la mano quienes están de acuerdo”, nos privamos de las ideas, iniciativa y respaldo de quienes no lo están. Y en ocasiones, esa pérdida es terriblemente costosa. Es factible que haya un aspecto que no hemos considerado. Es probable que para implementar la decisión sea necesario el respaldo de todos. Y es posible que la mayoría esté sencillamente equivocada.

El valor de la pluralidad no es solamente esotérica.

También sirve para tomar mejores decisiones. Incluso quienes se encuentran en una posición de fuerza se vuelven vulnerables al acallar la crítica y cerrar espacios a perspectivas diferentes. La razón es que las decisiones, cuando son impuestas, pierden legitimidad.

Elegir por aclamación supone que las alternativas han sido suficientemente discutidas. Justificar una posición diciendo que “la mayoría manda” implica asumir que las mayorías no se equivocan ni cometen arbitrariedades. Y lo que es peor, implica creer que “estar en la mayoría” representa un estado permanente, y que ningún argumento podría modificar las preferencias momentáneas del público.

La democracia no es sencillamente un sistema de selección de gobiernos a partir de elecciones periódicas, sino un reconocimiento permanente de la pluralidad en nuestra sociedad. La discusión pública obliga a todos los actores a justificarse mutuamente, un proceso indispensable para moderar posiciones y prevenir abusos. Para mantenerla viva es indispensable proteger y fortalecer los espacios para la deliberación, y fortalecer las oportunidades disponibles para que el “otro” participe y contribuya.

Y esto, en Coahuila, poco a poco lo hemos perdido.

El gran éxito electoral del PRI ha permitido ejercer el poder con holgura, pero también comienza a generar cierta soberbia. No se percibe la más mínima apertura a la crítica. Ante quienes piensan diferente, no existe intento de persuasión, sino tan solo invitaciones al “callejón de los trancazos”. La defensa absoluta de absolutamente todo debería levantar algunas cejas. Finalmente, ninguna burocracia es perfecta. Y sin embargo en Coahuila la más mínima mención del desorden del monedero de la gente, de la escasa transparencia, de los notables sobre-costos en las obras, del exponencial crecimiento de la deuda o del manejo patrimonial del presupuesto son respondidos con insultos personales.

Y mientras tanto, el estruendo de los aplausos y la multiplicidad de las trompetas inhiben una revisión balanceada de aciertos y errores. Si, son muchos los triunfos, pero no hay contrapesos para prevenir excesos. Ni el Congreso, ni los partidos, ni el empresariado, ni los medios, ni los organismos autónomos juegan ese papel en nuestra sociedad. El saberse seguros ganadores de la próxima elección permite a la clase gobernante un amplio margen en sus decisiones, y acrecienta peligrosamente su tolerancia al riesgo. Nuestros líderes son audaces por naturaleza. Solo que ahora pueden ser audaces sin temor alguno.

En términos prácticos, hoy existe un solo partido en Coahuila, y dentro de este vale una sola corriente.

La toma de decisiones es vertical y no hay suficientes espacios para disentir. La candidatura del PRI para el Gobierno del Estado, por ejemplo, se decidió hace mucho. Cuando le cortaron las alas a los alcaldes. Cuando cerraron el espacio para el lucimiento de los legisladores. Cuando se amplificó el control gubernamental sobre los medios. Cuando los Secretarios del Gabinete comenzaron a reportarle al líder del partido.  Y cuando el propio Gobernador dejo en claro su disposición a compartir el poder con su hermano.

Pero ya habrá tiempo de escribir sobre esto.

El punto ahora es sencillamente señalar que la unanimidad es sospechosa. Habrá quien piense que la ausencia de competencia dentro del PRI resulta de la falta de arreos de quienes podrían disputarle la candidatura a Rubén Moreira. Yo más bien creo que cualquier priísta pragmático sabe que competir contra quien ya de facto gobierna es un ejercicio francamente ocioso. Celebrar que “la mayoría decidió” implica reconocer que la forma en que se construyó esa mayoría es legítima. Yo tengo mis reservas.

A pesar de los ambiciosos planes que están en curso, la realidad es que su administración todavía no tiene logros sustanciales que presumir al respecto.

Al llegar a su cargo, el nuevo alcalde recibió un profundo diagnóstico elaborado por especialistas del Consejo de Transporte y Vialidad de Nuevo León, que detalla mucho de lo que ya sabemos: Saltillo tiene demasiados camiones mal distribuidos. Como resultado el servicio es tan intenso en algunas calles y en algunos horarios que los camiones causan congestión severa, pero tan escaso en otras zonas que deja incomunicados a quienes no tienen automóvil.

(por cierto, recordé este artículo que escribí en enero 2008 sobre el tema)

Ya nadie disputa que el sistema debe ser objeto de una profunda renovación. El ruido, la congestión y la contaminación producidas por los camiones que operan actualmente afectan a todos. Muchos concesionarios sobreviven con márgenes estrechos, lo que les impide invertir en mantenimiento y capacitación. El servicio en algunas áreas comienza muy tarde y termina muy temprano. Los transbordos implican pagar una segunda o tercera tarifa, lo que encarece el servicio, particularmente para los más pobres que viven más lejos.

Y más allá de las fallas operativas, el actual servicio se caracteriza por faltas de respeto permanentes a la ciudadanía.

Las unidades no son accesibles para personas discapacitadas. Los altos escalones y angostas puertas dificultan el acceso, sobre todo para los adultos mayores y para quienes viajan cargando el mandado y un par de hijos. Algunos choferes, en permanente competencia con otras unidades de la misma ruta, manejan como Fittipaldis postmodernos. Quien quiera bajar, frecuentemente tiene que saltar a la calle sin que el camión haga una parada total. Para subir, hay que estirar el brazo y esperar a que un piadoso chofer haga el favor de detenerse.

A un año de administración de Jericó, este diagnóstico no ha cambiado.

Es cierto, pintaron los taxis de amarillo, pero sigue pendiente la transformación que el alcalde prometió en su campaña y en su discurso de toma de posesión. En aquella ocasión Jericó fue enfático, prometiendo una “gran revolución” en los primeros 100 días de administración con “nuevas rutas, imagen, nuevo trato a los usuarios”.

En Marzo Jericó redefinió su agenda de cambio, presentando un cronograma ambicioso pero factible. Según dijo entonces, para Octubre de 2010 quedaría listo un sistema de prepago, y a más tardar en Enero del 2012 vendría “la modificación de rutas, el arranque de las troncales, luego el reordenamiento de las paradas y sacar de circulación casi 300 unidades” (Vanguardia, 01/03/10). El tiempo corre, y aparentemente ya vamos tarde. Al cierre de 2010, lo único claro es que aunque el proyecto sigue vivo, la implementación del prepago fue pospuesto, el plazo fatal para implementar el resto de los cambios se amplió hasta Abril 2012 y los concesionarios ya retomaron sus tradicionales demandas de aumentos a la tarifa.

Como en todo proyecto transformador, el diablo está en los detalles. Jericó tiene en sus manos un reto mayúsculo, que requiere alinear muchas partes independientes. Para destrabar el tema, deberá clarificar competencias y promover reformas jurídicas, conseguir financiamiento del sector privado o de otros niveles de gobierno y navegar las complejidades del planteamiento técnico. Para avanzar, deberá encontrar maneras de compensar a los ciudadanos afectados por su proyecto y negociar con los transportistas que hoy dominan la industria. Pero quizá más importante, necesita entusiasmar a los apáticos y convencer a los escépticos, y eso solo será posible si abre sus planes a la ciudadanía, explicando con detalles el por qué de los retrasos y la urgencia de seguir adelante.

Bien advertía Maquiavelo al Príncipe sobre la dificultad de intentar cambios trascendentes.

Los beneficiarios del status quo combatirán la propuesta con gran intensidad, mientras que solo tibieza debe esperarse de los posibles beneficiarios de la reforma. Sin cultivar el apoyo de la sociedad civil, el proyecto podría descarrilarse, pues no faltarán asesores pragmáticos que sugieran concentrarse en obras menos problemáticas y más lucidoras. Creo que Jericó debe decidir pronto si este es el proyecto que marcará su administración, o si es solo una cosita más, que suena bien, pero que no marca la diferencia.

Quizá en el informe del próximo año tendremos la respuesta.

Transparencia de información fiscal: El índice permite conocer el grado de disponibilidad de la información fiscal generada por los gobiernos estatales y la calidad de la misma, la cual servirá como insumo para evaluar no sólo su desempeño en el manejo, administración y ejecución de los recursos públicos, sino también para conocer las acciones realizadas por cada gobierno en aras de transparentar el desempeño de su gestión.

Indice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal 2010. Coahuila, lugar 21

Desempeño financiero: El índice interrelaciona “las principales variables de las entidades federativas: generación de ingresos propios, capacidad de ahorro e inversión, administración de su endeudamiento, así como el control que tienen sobre sus gastos corrientes, especialmente los administrativos”. En la edición anterior, Coahuila ocupó el lugar 9.

Indice de desempeño financiero. Coahuila, lugar 18

En sentido contrario de la igualdad jurídica que tienen los ciudadanos dentro de la casilla electoral, existe una distribución desigual de los recursos que pueden ser empleados para influenciar las decisiones de los votantes, y entre cada elección, de los funcionarios públicos… dada la existencia de desigualdades como estas, ¿quien manda realmente en una democracia?

Robert Dahl, “Who Governs?” (1962), pg 4-5

Mmmmmm…

(ACTUALIZACION: Me dicen extraoficialmente que se maneja un costo por máquina de $3,000 por unidad. Independientemente de lo que esto implica en términos de la calidad de las máquinas, debo ajustar mis estimados. No será 10 veces el presupuesto 2010 de la SEDESOL local, sino solamente 5).

(ACTUALIZACION: Ni tu ni yo. $420 millones de pesos).

Pero retomo el tema, pues independientemente de la conveniencia o no del programa de regalos navideños, creo que el episodio de las laptops recuerda que la forma es fondo.

Dice El Norte, (requiere password):

La convocatoria internacional número 35054003-003-10, que se lanzó el 28 de octubre, establece que la empresa ganadora tendrá 20 días naturales, a partir de que se emita el fallo de la licitación, para dar las primeras 30 mil computadoras portátiles al Gobierno de Coahuila.

Un número similar de laptops se deberá entregar 30 días después del primer embarque, mientras que las restantes 40 mil se harán llegar 80 días después del fallo.

Hasta donde se, el Congreso sigue sin haber recibido una solicitud para hacer este gasto (psst, diputados, chequen por ahí el artículo 102 de la Constitución del Estado). Tampoco se ha aclarado que el costo vaya a cubrirse con subejercicios presupuestales, algo que sería inexplicable, pues el Gobierno ha incrementado significativamente su nivel de endeudamiento. Y si algo ha dicho la gente del Gobierno del Estado, es que los recursos les faltan, no que les sobran.

Por lo tanto, creo que las computadoras se pagarán con recursos del presupuesto 2011.

Además de recordarnos que el Congreso local es de chocolate (pues se gasta antes de que siquiera se discuta el presupuesto), el episodio sugiere una estrategia para que el Gobernador capitalice personalmente los recursos de todo su sexenio, incluso los que serán gastados después de su multi-anunciada renuncia.

El hace el favor (vean el minuto 5:46 de este video), y el entrega el regalo navideño.

Que otros nos preocupemos por la cuesta de enero.

Mmmm… donde más he visto eso?

(ACTUALIZACION 20/Nov/2010: Cancelaron hasta enero. Las máquinas salían un poco más caras de lo que creían.)

Ayer, vía Twitter, me enteré que Pedro Ferriz de Con entrevistó al Gobernador de mi Estado. Dijo muchas cosas, entre ellas que Coahuila tiene una tasa de desempleo del 2%, muy por debajo de la tasa nacional (min 13:55).

Aprovechando que el INEGI acaba de publicar un comunicado sobre el tema, podemos revisar lo dicho.

No se de donde sacó el 2%, pues dice el INEGI:

Durante septiembre de 2010, las entidades que observaron las tasas de desocupación más altas fueron Tabasco con 8.23% de la PEA, Sonora 8.20%, Tamaulipas 7.70%, Tlaxcala 7.59%, Coahuila de Zaragoza 7.58%.

¿Y cuál ha sido el desempeño durante todo el sexenio, comparado con la media nacional (2005-2010)?

Tasa de desocupación nacional (línea roja) vs tasa de desocupación en Coahuila (línea verde) (click para ampliar)

De hecho, la tasa de desocupación para Coahuila en 2005 -4.5%-, casi se duplicó, colocándose en 8% en el segundo semestre de 2010. Acá pueden ver un desglose por trimestre.

Plop!

Por cierto, el Gobernador también presume mucho haber cumplido la meta de “crear 60,000 empleos”. Efectivamente, según el IMSS, durante este sexenio se han generado 35,791 empleos permanentes, y 25,901 empleos eventuales (comparando Oct 2010 vs Dic 2005). Dadas las condiciones existentes en el país, el dato es muy meritorio. Sin embargo, hay que resaltar que un trabajador eventual es aquel contratado “por obra o tiempo determinado” (e.g. terminada la casa, el albañil no tiene trabajo). Además, el número absoluto de empleos “creados” es una  estadística que (como todas) debería interpretarse con cuidado. No habla de cuantos empleos se han perdido (por ejemplo, el crecimiento neto de empleos permanentes entre Octubre de 2007 y Octubre 2010 ha sido prácticamente cero), ni cuanto ha crecido la población.

El manejo de los números. Siempre el manejo de los números. Como acá.

ACTUALIZACION:

Recomiendo que vean los comentarios a esta entrada. Hay una ampliación de mi parte, y un par de datos que brinda Martinillo que son muy muy interesantes.

Lo que si no tiene abuela, es el último párrafo.

De esta forma, durante su administración, el Gobernador Humberto Moreira Valdés hizo realidad en Coahuila el concepto de movilidad urbana sustentable, entendido como una forma ágil de moverse en la ciudad, a lo que se suma una mejor calidad de vida y desarrollo económico

Lo anterior, en completo respeto y trato por igual a los automovilistas, al transporte urbano, y a los peatones, preservando el medio ambiente con un menor consumo de energéticos y de emisiones contaminantes.

Dios santo. Lean acá para una lista de criterios de lo que si sería movilidad sostenible, y  lean acá para conocer el dictamen del Instituto Mexicano de Urbanismo sobre el Distribuidor.

El día de hoy, Carlos Loret de Mola escribe una columna en la que denuncia tres casos de nepotismo en México. El texto se titula “la esposa, el hermano, y la hija”, y su lectura bien vale la pena.

Les recomiendo leerlo en El Universal, porque resulta que los amigos del Periódico Zócalo de Saltillo olvidaron publicar el párrafo donde hablan de “el hermano”. Así de plano. Sacaron tijera para dejar solamente la crítica de Loret a la hermana (panista) y a la hija (perredista). Al hermano lo sacaron hasta del título.

¿Y el hermano?

Podría ser omisión fortuita, pero bueno, siendo Coahuila, siendo el Zócalo, y siendo el párrafo omitido acerca del hermano-candidato del hermano-gobernador, pues ya no hay de que sorprenderse. El episodio es solamente un ejemplo más de como la sociedad civil coahuilense está siendo domesticada.

Carlos Loret termina el párrafo que no pudieron leer los lectores del Zócalo con una puntiaguda pregunta:

¿Alguien creerá que la elección coahuilense será limpia?

Yo no. Y creo que los editores del Zócalo tampoco.

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ACTUALIZACION 1, 3 pm: Subí los screenshots porque aparentemente el Zócalo ya corrigió el título. Sorprendentemente dejaron el texto igual.

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ACTUALIZACION 2,  10 pm: Tras bastante ruido en twitter (que incluyó menciones y críticas de editorialistas de otros medios como Daniel Gerhenson, Genaro Lozano, Andrés Lajous, Carlos Arredondo, Gabriel Guerra Castellanos y Martha Tagle, así como esta “reconstrucción de los hechos”, y sendas discusiones vía tuits y re-tuits de más de un centenar de tuiteros), Carlos Loret de Mola publica lo siguiente:

Lo que sea de cada quien, twitter funciona. Es una herramienta invaluable para una ciudadanía dispuesta a hacer esto.

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ACTUALIZACION 3, 11 pm: … finalmente el Director del Zócalo pide una disculpa a los lectores, explicando que lo sucedido fue causado por un “grave y lamentable error de una editora”. Error humano pues, para nada línea editorial:

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ACTUALIZACION 4,  Miércoles, 9 am: Me avisa Enrique Alvarado en twitter que la columna de Loret apareció republicada (al menos en la versión electrónica), con esta nota de  disculpa:

NDR. A continuación publicamos el texto íntegro de la columna “Historias de Reportero” del prestigiado periodista Carlos Loret de Mola, que el día ayer, por un lamentable error, se publicó de manera distorsionada. Al hacerlo extendemos nuestras disculpas al autor y a nuestros lectores.

Sin duda se agradece el gesto. Aunque curiosamente, la notita de disculpa duró solamente una hora en línea, el texto se mantiene sin comentarios de los lectores (intenten dejar uno), y el artículo ya no aparece en la página principal del diario (¿misteriosos desaparecedores?). Digamos que la disculpa, los comentarios y texto fueron víctimas de otro lamentable error.

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ACTUALIZACION 5,  Miércoles 11 am:  En su columna de hoy, publicada sin tijera en Zócalo, Loret concluye:

Por razones “misteriosas”, la columna de ayer, titulada “La esposa, el hermano y la hija”, en un periódico de Coahuila se encogió y quedó sólo en “La esposa y la hija”.

Ni tan misteriosas las razones, pero bueno.

(Por cierto, ¿alguien sabe si publicaron el artículo completo y la disculpa en la edición impresa?)

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ACTUALIZACION 6, Miercoles 11 pm: David Nirvano me hace notar, vía twitter, que no es la primera vez que el Periódico Zócalo censura columnistas nacionales cuando hablan mal de Moreira. Apenas el pasado 2 de noviembre, decidieron no publicar la columna de Ricardo Alemán titulada “Calderón y Moreira, Regresa el Nepotismo” (la liga lleva al artículo, publicado en El Universal).

¿Y la columna del 2 de noviembre?

El propio columnista resumió así el asunto, vía twitter:

Una decisión del periódico, y no un “error de la editora”.

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ACTUALIZACION 7, Jueves, 8 am: Loret de Mola publica este “saciamorbos” en su nueva columna:

El mismo periódico de Coahuila censuró otra columna de este reportero en febrero de 2009: le borraron los párrafos que hacían referencia a los hermanos Moreira. Lo mismito que antier. Lástima que apenas se detectó.

Zócalo no editó la frase.

(por cierto que Le Rouge, un forista de “La Trinchera“, encontró la nota de febrero 2009 y re-publicó tanto la versión completa como la versión mocha acá).

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ACTUALIZACION 8, Jueves 1 pm: Un lector me envía un correo electrónico, donde me sugiere leer la columna de Loret de Mola del pasado 21 de octubre, titulada “El diputado arrepentido”. Trata sobre la toma de posesión del diputado Julio Cesar Godoy, acusado de narcotráfico por la PGR. En la versión del Universal, Loret concluye así:

A lo mejor dos candidaturas a gobernador se verán vulneradas por el caso Godoy: una perredista en Nayarit y la priísta de Coahuila. La primera porque el aspirante a candidato fue cómplice en el otorgamiento de fuero al cuestionado legislador y la segunda porque el abanderado familiar brincaba de alegría en su curul cuando Godoy logró tomar protesta como diputado federal.

Para no romper con lo que ya parece costumbre, la versión publicada en el Zócalo no incluye este párrafo.

Y sigue la mata dando.

En la industria de la  comunicación todo es mensaje, tanto lo que se dice como lo que se calla, tanto el espacio que ocupan las notas como el número de veces con que estas se repiten. Vamos, hasta la disposición de corregir algo publicado previamente, o la voluntad de abrir espacios y tratar con respeto a quienes adoptan posiciones contrarias a la línea editorial del medio transmite un mensaje al público.

El ciudadano no es ni ingenuo ni idiota, y aprende poco a poco procesar la información que recibe, marcando distancia o leyendo entre líneas.

Sin embargo el que como ciudadanos pragmáticos estemos dispuestos a vivir desprovistos de un periodismo impoluto y quijotesco, no implica resignarnos a que esta profesión sea colonizada por mercenarios o improvisados. Mal harían los ciudadanos y los propios periodistas en permitirlo. La construcción de una sociedad plenamente democrática requiere no sólo de una prensa puntillosa sino también de una prensa con altos estándares éticos y de calidad informativa. Y a veces hace falta recordárselos.

Ahora que estamos próximos a iniciar un nuevo proceso electoral en Coahuila, bien harían los medios en clarificar sus políticas editoriales.

Si desean presentarse ante el público como actores imparciales, que nos digan que porcentaje de sus notas cubren a cada uno de los candidatos. Si presumen de independencia, que publiquen mensualmente que porcentaje de sus ingresos vienen de contratos de publicidad con entidades del gobierno. Si venden credibilidad, pues que su personal con conflictos de interés se excuse de tomar decisiones editoriales. Y si van a tomar partido por un candidato (algo que por cierto es legítimo), que lo hagan de manera clara y respaldándose en argumentos dignos de transparentarse.

Hacerlo no sería inventar el hilo negro. Por ejemplo, el Los Angeles Times anuncia su apoyo a un candidato en cada elección celebrada dentro de su área de influencia. Previo a los comicios, publica un editorial definiendo su postura, y explicando como y por que llegó a dicha conclusión. Igualmente las revistas The Economist y Nexos han tomado la decisión de promover causas como la legalización de la marihuana. Sin embargo lo hacen de frente, basándose en argumentos claros y no como resultado de un contrato de publicidad.

Igual podrían nuestros medios promover y facilitar la crítica de sus lectores y establecer mecanismos internos de rendición de cuentas.

No hay manera más rápida de detectar errores ni mejor antídoto para evitar excesos que sometiendo al medio al mismo escrutinio que practican sus reporteros hacia afuera. No es casual que los editores del New York Times mantengan una línea abierta con sus lectores a través de un ejecutivo que funge como “editor público” y que cuenta con autonomía e independencia suficiente para señalar y corregir situaciones que ponen en peligro la integridad del diario.
Existen estándares mínimos aceptados en todo el mundo, que muchos medios locales dejan de lado frecuentemente, a veces por que no les queda de otra, a veces por errores involuntarios y a veces porque sencillamente no respetan a su público. El verificar la veracidad de lo que declara un entrevistado, el no sacar de contexto una declaración, el mantener la congruencia entre el texto de una nota y su encabezado, el evitar hasta donde sea posible el uso de fuentes anónimas y el mantener el área editorial separada del área comercial, suenan como postulados obvios.

¿Sin embargo, cuantos medios locales respetan estas normas?

La próxima campaña electoral será una gran oportunidad para responder esta pregunta. Me siento privilegiado de colaborar en un periódico que toma estos asuntos de forma seria, y que busca permanentemente retroalimentarse de sus lectores. Pero el mejor juez será el lector, el televidente y el radioescucha. Aprovechemos la oportunidad, y pongamos a los medios en la boleta.

13 de septiembre:

15 de septiembre:

Imagino que también publicarán una fe de erratas en la versión impresa, donde la nota original salió publicada a 8 columnas.