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13 Feb
2012

Gobernadores de los Municipios

Animal Político, Coahuila, Políticas públicas y Urbanismo

Los gobernadores mexicanos cuentan con muchos instrumentos para ejercer su liderazgo y para impulsar políticas públicas. Para empezar, si su partido tiene mayoría en el Congreso, su voluntad es prácticamente ley. La aprobación de presupuestos y cuentas públicas, la glosa de los informes, los ajustes al organigrama del Gobierno y el nombramiento de magistrados, consejeros, comisionados, procuradores y demás funcionarios pasan como mantequilla. Si su mayoría en el Congreso es absoluta (más del 50% de los diputados) no hay debate, sino legitimación. No hay relación entre pares, sino subordinación. No hay división de poderes, sino una especie de monarquía sexenal.

Tal concentración de poder no es excepcional. De hecho, un interesante análisis de Victor Reynoso, publicado en Nexos, muestra que en 22 entidades federativas el partido del Gobernador tiene mayoría, y que en 13 entidades dicha mayoría es absoluta (más del 50% de los escaños). Ser electo gobernador debe ser bonito, pero ser electo emperador debe serlo mucho más.

(Por cierto, hablando de emperadores, me acordé de este artículo que escribí en Octubre del 2008, cuando el PRI en Coahuila ganó 20 de 20 distritos electorales locales. Así nos fue).

Pero aún asumiendo que los Congresos locales pudieran y quisieran actuar con independencia, los gobernadores van de gane. Tienen acceso casi irrestricto a los micrófonos para colocar temas en la agenda. Tienen bajo su mando una amplia estructura burocrática, que sirve tanto para generar e implementar proyectos como para acomodar aliados y premiar a quienes ayudan a destrabar conflictos políticos. Sus proyectos tienen seis años para madurar, más tiempo que ningún otro funcionario local electo. Y sobre todo, tienen dinero, mismo que incluso durante la mas astringente coyuntura económica pueden canalizar casi discrecionalmente a los proyectos de su preferencia.

Los alcaldes, en cambio, son rehenes de su circunstancia. No existe la reelección, por lo que el futuro profesional del Presidente Municipal depende de la buena relación que logre cultivar con el Gobernador. Los regidores, salvo contadas excepciones, deben su cargo al partido y al Gobernador y no a la ciudadanía y al Alcalde. El personal del Ayuntamiento vive inundado por demandas ciudadanas, y por lo mismo pasa más tiempo apagando incendios que planificando el futuro de la ciudad. Y los presupuestos municipales están prácticamente comprometidos para pagar nóminas y servicios, por lo que existe poco margen financiero para obras y proyectos estratégicos.

Por estas razones, el municipio libre es tan real como un unicornio. Más allá de lo que digan nuestras leyes, la autonomía municipal está acotada por limitantes políticas, técnicas y financieras.

Artículo 115 Constitucional procesado y enlatado

Estas son las reglas del juego. Los políticos que aspiran a las alcaldías lo saben y modifican su comportamiento en consecuencia. Trabajan para ganar popularidad, pero trabajan mucho más para ganarse la simpatía del Gobernador. No son tontos. Saben que lo único más difícil que ser electos sin apoyo del Gobernador es ejercer el cargo “por la libre”, definiendo sus prioridades de manera independiente. Por ejemplo, los alcaldes de mi estado han visto como el Gobernador puede financiarse con recursos municipales (como sucedió con los recursos del Programa Hábitat que le corresponden a Torreón), forzar decisiones que le corresponden al Alcalde y a su Cabildo (como sucedió en Saltillo con la autopista urbana o en Torreón con la Gran Plaza), absorber proyectos municipales (como pasó con el Bosque Urbano en Saltillo), ordenar cambios a los reglamentos del Ayuntamiento (como acaba de ocurrir con los horarios de venta de alcohol), o de plano condenar a la inactividad a los municipios dispuestos a defender su autonomía (como sucedió en Torreón durante la gestión panista de José Ángel Pérez).

Quizá por ello es común que los proyectos que anuncia un alcalde sean recibidos con escepticismo. ¿Tendrá el dinero? ¿Podrá convencer a los opositores? ¿Acabará a tiempo? Y, si es tan importante, ¿por qué no lo ha respaldado el Gobernador? En cambio, los anuncios de obras de infraestructura urbana de los gobernadores parecen verdaderamente mágicos. Zim-zalabim: ¡Otro paso de desnivel para aquella ciudad! Abracadabra: ¡Una boulevard para la capital! Supercalifragilístico: ¡Chorromil millones en obra pública para chorromil obras en chorromil municipios!

Todos los astros se alinean con una sugerencia del Gobernador. No ha terminado de leer su discurso, y todos asumen que el Congreso autorizó el presupuesto, que los Cabildos modificarán sus planes de desarrollo urbano y otorgarán los permisos de construcción, que los Alcaldes consideran que la obra es más importante que las alternativas disponibles y que los ciudadanos nos daremos por consultados. No son pocos los estados en los que basta un anuncio del Gobernador para que nadie cuestione la relevancia, oportunidad y conveniencia de estos proyectos. Vamos, muchos estados tienen una democracia tan pero tan eficiente, que los consensos nacen en cuanto el Gobernador decide.

Valga un ejemplo. En mi ciudad, el anterior Gobernador invirtió $3,000 millones de pesos en aproximadamente 30 puentes y pasos a desnivel. Impresionante, ¿no? Pero resulta que el Alcalde tiene atorada la construcción de un importante biblioparque, y sus proyectos de modernización del transporte público, de cambio de luminarias y de expansión del drenaje no parecen avanzar. Las barreras son una mezcla de obstáculos políticos y financieros que nunca afectaron a los proyectos estatales. Las obras del Gobernador se movieron como gacelas (aunque resultaron ser gacelas con esteroides), mientras que los proyectos del Alcalde caminan a paso de tortuga. Y parece que nada ha cambiado. El nuevo Gobernador acaba de decidir de forma absolutamente discrecional que el puente número 31 merece más respaldo técnico, político y financiero que todos los proyectos del Presidente Municipal (que ni siquiera puede quejarse).

Aún sin entrar a valorar cual proyecto es mejor para la ciudad, me parece que hay una discusión de fondo en la mesa. ¿Será de verdad eficiente y adecuado que sean los gobernadores y no los alcaldes y sus cabildos quienes tomen las decisiones más importantes de infraestructura en los municipios de México? ¿En serio deben los Gobiernos Estatales decidir sobre plazas, banquetas y avenidas, proyectos de transporte urbano, reservas territoriales y políticas de desarrollo urbano? ¿Por qué no incrementar las transferencias financieras a los municipios en lugar de hacer las inversiones de forma directa? ¿O por qué no al menos establecer fondos de infraestructura, con reglas de operación claras y transparentes, accesibles a los Ayuntamientos?

Supongo que hay diversos argumentos en contra. Dirán que los gobiernos estatales sean más profesionales. Dirán que en ese nivel de gobierno existen mejores instrumentos de rendición de cuentas. Dirán que los estados están mejor posicionados para impulsar proyectos en zonas metropolitanas.  Y dirán que los alcaldes son capturados más facilmente por grupos de intereses locales, como los terratenientes y los constructores. Cada una de estas amenazas existe, por supuesto, pero todas podrían mitigarse.

Me parece que lo importante es el principio. No me parece congruente que los gobernadores sean paladines del federalismo cuando negocian con el Gobierno Federal, y verdaderos virreyes cuando tratan con los municipios.

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Podemos seguir la conversación en Twitter: @oneflores

  • Marisol Vanegas

    Me interesa su opinión: ante este panorama, qué utilidad tiene entonces el fortalecimiento de los grupos ciudadanos?? sirve de algo o estamos condenados? y recurrir a la conveniencia de tener alcaldes “puestos” por los gobernadores???