Martiniano es voceador de periódicos, autoempleado, cabeza de familia. Como millones en México, no tiene seguro médico. Cada que algún familiar cae enfermo, Martiniano ve como su patrimonio se evapora. La visita al doctor, así sea para atenderse de gripa, puede costarle su quincena. Ni que decir de emprender la lucha contra un cáncer. El diagnóstico sería sentencia, pues ni vendiendo su casa alcanzaría para la cuenta. Según la Constitución, el acceso a la salud es un derecho. Sin embargo, Martiniano no está afiliado ni al IMSS ni al ISSSTE. Está solo. Desprotegido.

Humberto Moreira se fijó en Martiniano.

Lo invitó a su V Informe de Gobierno, y en pleno evento lo pasó al escenario para entregarle una tarjeta. Con ella, dijo el Gobernador, la familia de Martiniano tendrá acceso gratuito a

“hospitalización, parto, cesáreas, medicina preventiva, consulta externa, vacunación, laboratorio, rayos x, rehabilitación física, dotación de medicamentos, medicina de especialidad, atención mental, cirugía de cataratas, implantes cocleares, prótesis oculares y de miembros inferiores, trasplante de medula ósea, transplante de córnea, programa de labio y paladar hendido”.

Y el beneficio no será solo para Martiniano, sino para un millón de coahuilenses.

El Coliseo en Torreón, sede del Informe, se volvió loco con el anuncio. ¡Mo-rei-ra!, ¡Mo-rei-ra! De un plumazo, el líder generoso se presentó ante todos como lo que es. El salvador de la gente, el campeón de los pobres, el hijo del pueblo.

Curiosamente, en ningún momento habló el Gobernador del Seguro Popular, un programa federal creado desde 2004 para atender la misma población. Dicho programa ya cuenta con 562,000 afiliados en Coahuila, y su operación es administrada sin fanfarrias por el Gobierno del Estado. En los últimos cuatro años, Coahuila recibió $982 millones de pesos del Gobierno Federal para subsidiar la atención brindada a beneficiarios de este seguro, que cubre no solo la mayor parte de lo anunciado por Moreira, sino también enfermedades catastróficas y tratamiento para 275 de los principales padecimientos (el catalogo completo puede consultarse aquí, en pdf).

Me pregunto si Martiniano tiene Seguro Popular, y si realmente será necesario que alguien le conceda como favor lo que tiene como derecho.

Si en algo se distingue “la tarjeta de la salud” del Seguro Popular es en su concepción filosófica. El Seguro Popular fue diseñado para universalizar el acceso a la salud. Sin estar exento de críticas o limitaciones (por ejemplo esta y esta), el objetivo es que cualquier mexicano, por el simple hecho de serlo, tenga cobertura médica. En cambio la tarjeta, como muchos de los programas sociales del Gobernador, está conceptualizado como un beneficio selectivo, que no constituye derechos, sino consolida clientelas.

(lean por ejemplo esta nota, e imaginen el amplísimo espacio discrecional para definir quien recibirá una “tarjeta plus” y quien no. Recibirla será un favor, no un derecho. Por cierto, llama la atención que aparentemente serán funcionarios de SEDESOL, y no de SALUD, los que harán el padrón de beneficiarios).

El punto es que Martiniano no sabe que el Estado mexicano impulsa –con recursos de todos- una política pública de salud. Lo único que recuerda es que Moreira le dio una tarjeta.

O pregúntenle.

A pesar del tono festivo del anuncio, hay escasa información disponible. ¿Cuanto va a costar? ¿Cuáles son los estándares de servicio que va a ofrecer? ¿Cómo evitarán que la tarjeta responda a estrategias electorales o repita el triste desorden del “Monedero de la Gente”? ¿Y en que manera duplica, sustituye, complementa o se apropia del Seguro Popular?

El programa comenzó “a partir del lunes”, y al menos Martiniano ya está afiliado. Sin embargo, el Congreso no ha autorizado recursos para fondearlo, la Secretaría de Salud no ha publicado reglas de operación, y el texto oficial del V Informe de Gobierno –único documento que revisaran los diputados – ¡ni siquiera toca el tema!

Si realmente cubrirá los servicios prometidos, la tarjeta no será barata ni sencilla de operar. No es casual que hoy hablen tanto acerca de la posible quiebra del IMSS o que la principal crítica al Seguro Popular sea precisamente su falta de financiamiento (explicable, según Lakin (2010) por la resistencia mostrada por las entidades federativas a pagar la parte de la cuota que les corresponde, y por su negativa a cobrarle a los usuarios la prima originalmente prevista en el programa). El texto del Informe (pg 79) presume que los hospitales del Estado cuentan con 720 camas censables.

¿Dónde y con qué recursos atenderán gratuitamente a ese millón de coahuilenses?

Aunque a veces parezca, el Gobernador no es el Rey Midas y todo lo que anuncia tiene que pagarse. Las opciones para financiar este programa no son muchas: Podrían pagar los beneficiarios, pero el Gobernador aclaró que el servicio será gratuito. Podrían pagarlo nuestros hijos, pero dada la deuda de $7,500 millones adquirida durante esta administración, el margen de maniobra es angosto. O podríamos pagarlo todos a través de impuestos, en un esquema similar al que ya ha propuesto Santiago Levy, pero el propio Gobernador está impulsando reformas en sentido contrario, viendo como baja los impuestos.

Quizá solo quede una cuarta opción. Prometer algo, despedirse, y dejar que otros se preocupen por cumplirlo y financiarlo.

Finalmente, como dijo Martiniano en el evento, los coahuilenses “le agradecemos de antemano”.

ACTUALIZACION: Quizá ya empezamos. No ha pasado una semana, y el millón ya se hizo chiquito.

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Etiquetas: salud publica

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