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10 Feb
2010

Tarifa especial, ilusión óptica

politicas publicas, Tren y camión, Vanguardia

El Cabildo de Saltillo determinó hace poco que la tarifa del transporte colectivo sería la siguiente: 6 pesos general, 4.50 pesos estudiantes y adultos mayores y sin costo para aquellas personas con capacidades diferentes. Esta diferenciación tarifaria, común en muchas partes del mundo, tiene mucho sentido.

En el caso de los estudiantes, la tarifa especial representa no solo un apoyo al gasto familiar, sino una inteligente inversión para el futuro. En la medida en que el precio de los coches ha decrecido y las ciudades continúan desparramándose territorialmente, los sistemas de transporte público tienden a perder clientela. Cada vez más personas –incluso muchas de bajos ingresos- optan por adquirir un automóvil. Solo si las nuevas generaciones aprenden a ver al transporte público como alternativa de movilidad podremos contener esta tendencia. Pensemos pues en la tarifa de estudiante como una promoción de bienvenida.

En el caso de los adultos mayores y personas con discapacidad, el descuento es un acto de elemental justicia. Las limitaciones físicas se manifiestan habitualmente como limitaciones de movilidad, que condenan a estas personas a una vida de aislamiento o dependencia. Si bien un descuento en el transporte nunca será suficiente para restituir su fortaleza o habilidades, cuando menos sirve para aligerarles un poco la carga, y para mandar un mensaje de que nosotros, como sociedad, somos solidarios.

Ambos tipos de apoyos son legítimos e importantes. Sin embargo, la manera en que están estructurados es profundamente ineficiente e inequitativa. A los regidores les ha parecido buena idea establecer los descuentos sin nunca definir de donde vendrán los recursos para pagarlos. Su cálculo es que los concesionarios absorberán el golpe ajustando su margen de utilidad, y por ello presentan la medida al público como un triunfo sobre los grupos de interés que controlan el servicio. Sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad.

Cada estudiante, adulto mayor y persona con discapacidad que aborda un camión representa 1.50 o 6 pesos que no ingresan a la caja. Esos mismos recursos son los que el concesionario deja de invertir en el sistema, posponiendo el mantenimiento de sus unidades, extendiendo los turnos de sus chóferes, o reduciendo los horarios de servicio. Y cuando ya no pueden economizar, los concesionarios elevan nuevamente la voz, exigiendo otro incremento a las tarifas. Como resultado, quienes realmente pagan el costo de estos descuentos –expresados en un servicio de pésima calidad y en eventuales incrementos- no son los concesionarios, sino el resto de los usuarios del transporte público.

Si el Ayuntamiento desea ofrecer una alternativa que realmente pueda competir con al automóvil, esta política equivale a dispararse en el pie. Dado que la actual estructura del descuento profundiza y acelera el deterioro de las unidades, nuestro sistema de transporte público es cada día menos atractivo para los usuarios. Pero eso no es todo. Mientras que la sociedad en su conjunto determina dar el descuento –por razones válidas por supuesto-, solo aquellos que no tienen carro terminan pagando su costo. ¿No habrá una manera menos ineficiente y más equitativa de otorgar estos beneficios?

Para empezar, hace falta saber cuanto cuesta este descuento. Por ejemplo –y aclaro que es cálculo de servilleta- si asumimos que hay 150,000 estudiantes que durante cada día del calendario escolar usan transporte público para ir y regresar a sus casas, tenemos que el descuento a estudiantes le cuesta a la sociedad $90 millones de pesos anualmente. ¿Por qué no imaginar un esquema en el que el Gobierno del Estado, la SEP y las instituciones de educación superior absorban este costo? Para poner el monto en perspectiva, $90 millones es el costo aproximado de uno de los puentes construidos este año en la ciudad, o el 13% del costo programado para el “Monedero de la Gente”. El Estado ya subsidia uniformes, seguros, focos, pisos, viajes, becas, farmacias y un larguísimo etcétera. ¿Por qué no subsidiar también el transporte público?

Mi opinión es que las tarifas diferenciadas deben continuar, e incluso que los descuentos deben incrementarse. Pero para otorgarlos sin castigar al resto de los usuarios es preciso sacar su costo de la hoja de balance de los transportistas y diseñar un esquema que garantice que el dinero eventualmente aportado por el gobierno se traduzca en mejoras al sistema.Urge disipar la ilusión óptica que nubla el cálculo de algunos funcionarios: El “descuento” genera costos, y no son los concesionarios quienes pagan.

Roberto Arrucha escribió una respuesta a este artículo en su blog. Pueden leerla, junto con mi respuesta, acá.

Por cierto, el hecho de que el costo de este descuento sea absorbido por el gobierno no necesariamente implica que este tipo de apoyos no puedan expandirse. Las comparaciones son odiosas, pero hay que ver este caso.

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  • http://pulse.yahoo.com/_BV7ODY6JH7EMYYISK7GVFZF6YI Timothy Abbott

    pues… aca un cd victoria tamaulipas, ase un tiempo hubo un apoyo economico (a lo que entendi bastante grande) a los consecionarios para que invirtieran en la compra de unidades nuevas o porlomenos darles mantenimiento, cosa que solo fue aprovechada por un par de rutas de microbuses y las demas desaparecieron el dinero.

    diran, habra que exigir que demuestren en que invirtieron el dinero, pero eso se hizo y sin embargo nos topamos conque es increiblemente facil conseguir una factura falsa de un taller mecanico y de las refaccionarias, para decir que si se hizo el mantenimiento de las unidades.

    veo que el articulo es bastante viejo pero me lo acavo de topar por casualidad buscando algo en google.

    saludos