Dice el Gobernador que no entrará en “grillas con panistas”. Que prefiere “dedicarse a cosas importantes”, y que no piensa entretenerse con “tarugadas”. Así respondió ayer ante el señalamiento de que uno de los principales programas de asistencia social de su Gobierno es manejado con fines electorales. La reacción no corresponde a la investidura de su cargo. Pero no solo eso. Tampoco es la mejor estrategia para defenderse. Sería más fácil y contundente abrir la información del programa y permitir una investigación independiente.

Repasemos los hechos. El pasado 3 de enero el nuevo titular de Sedesol, Jorge Torres, reconoció la existencia de irregularidades en el “Monedero de la Gente“, un programa que consiste en un subsidio de $200 pesos mensuales para complementar el gasto de 150 mil coahuilenses. Según ventilaron diversos medios, una auditoría descubrió duplicaciones ¡en el 20% del padrón de beneficiarios! Dichas anomalías fueron confirmadas por el Gobernador, quien desde el 6 de enero anunció el relanzamiento del programa con nuevo nombre y nuevas reglas de operación.

Hasta aquí no hay nada que respalde la sospecha de que estos monederos fueron utilizados para aceitar la maquinaria electoral priísta. De hecho, la explicación ofrecida inicialmente por Moreira parece razonable, y en todo caso sencilla de comprobar. Según el Gobernador, las duplicaciones se deben al hambre y desesperación de los coahuilenses, quienes aprovechando fallas en la supervisión del programa registraron indebidamente a hijos y cónyuges. Es decir, las anomalías habrían sido causadas por una monumental falta de control administrativo, y no necesariamente por el manejo político de nuestros impuestos.

Sin embargo las declaraciones de la ex Secretaria de Desarrollo Social, María Esther Monsivais, brindan elementos para pensar lo contrario. En un desplegado a plana completa en el Periódico Zócalo, Monsivais declaró que “en ningún momento la operación del (Monedero de la Gente) estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, sino que éste fue operado por la Procuraduría Social y de Atención Ciudadana”, enfatizando que “si hubo algún detalle, yo no me enteré”.

Resulta entonces que los $700 millones de pesos asignados a este programa no son administrados por la dependencia responsable del combate a la pobreza en Coahuila, esa que está facultada legalmente para “brindar apoyo a los grupos sociales vulnerables de la Entidad” (Artículo 28, fracc. III de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado). Inexplicablemente, el Monedero de la Gente es operado por la Procuraduría Social, una oficina adscrita al despacho del Ejecutivo Estatal y que según su portal electrónico, fue creada únicamente “para conocer, atender y tramitar todas las peticiones dirigidas al Gobernador del Estado”.

Que raro. La característica esencial de la Procuraduría Social es su discrecionalidad. Los funcionarios ahí adscritos acompañan al Gobernador en sus giras, recogiendo solicitudes de apoyos para cubrir recetas médicas, pagar algún recibo de luz, financiar graduaciones o completar la renta. Los beneficiarios de la Procuraduría Social reciben lo que Mancur Olson llamó “incentivos selectivos”, favores especiales utilizados para generar un sentimiento de lealtad hacia quien los otorga. Si como afirma Monsivais, la Sedesol no conoció los detalles de la operación del Monedero de la Gente, tenemos que preguntar: ¿Qué es este programa? ¿Una estrategia para apoyar a la población vulnerable o un instrumento para repartir (o quizá reciprocar) favores?

La forma es fondo, y en este caso la forma fortalece la sospecha. ¿Cómo habrían reaccionado las autoridades estatales si Ernesto Cordero, ex titular de Sedesol Federal, ventilara que una oficina de gestoría de Los Pinos administra el Programa Oportunidades? ¿Acaso no serían los Moreira los primeros en demandar una investigación ante la primera muestra de irregularidades?

Para despejar dudas, nuestras autoridades deberían abrir la información del Monedero de la Gente, como ya solicitó el Senador Anaya. Hacerse de la vista gorda y ordenar un cambio cosmético al programa no basta. Es preciso confirmar si las irregularidades encontradas en el padrón fueron producto de una indebida estrategia electoral, o como dice el Gobernador, de lamentables omisiones administrativas. ¿Quién decidía la entrega de las tarjetas? ¿Las lideresas o los funcionarios? ¿Cuáles son los nombres duplicados? ¿Los más connotados activistas del partido gobernante en las colonias populares, o los más pobres y desesperados coahuilenses?

Plantear estas preguntas es un elemental derecho ciudadano. Toda la gente –incluso la que el Gobernador considera ociosa, taruga, buscapleitos y grilla- merece respuestas.

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Etiquetas: Coahuila, lideresas, pobreza

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