Si quieren hacer obras importantes, los Ayuntamientos están obligados a subordinar sus agendas a las prioridades establecidas por el Estado o por la Federación. A pesar de grandes esfuerzos por construir un verdadero federalismo fiscal, lo cierto es que en México los Ayuntamientos siguen siendo tratados como menores de edad. Siete de cada diez pesos que ejercen provienen de participaciones federales, distribuidas bajo las bases, montos y plazos que acuerdan las Secretarías de Finanzas y las legislaturas estatales. Visto desde la óptica municipal, poco ha cambiado. Antes decidía el Presidente, ahora decide el Gobernador.

En teoría, los Ayuntamientos tienen la facultad de planear el crecimiento de las ciudades. De acuerdo con el artículo 115 Constitucional, ellos son los que formulan, aprueban y administran sus planes de desarrollo. ¿Pero quién cree que la construcción del suburbio industrial de Derramadero, de la Ciudad Universitaria o del sistema de puentes y distribuidores viales que actualmente se levantan en nuestra ciudad dependen de los cabildos de Saltillo, Arteaga o Ramos Arizpe?

Los programas de obras municipales son negociados frecuentemente en condiciones de subordinación. Los términos son claros: tómalo o déjalo. Esta relación de dependencia convierte a muchos alcaldes en “hombres del Gobernador”, y a sus Ayuntamientos en poco más que oficialías de partes del Gobierno del Estado. Los alcaldes rebeldes son condenados a la intrascendencia (¿Torreón?), mientras que los pragmáticos terminan consultando hasta el tipo de adoquín que colocan en las banquetas.

Por supuesto que un pequeño resquicio de discrecionalidad municipal sobrevive. También es cierto que ciertas formas y rituales permanecen, como invitar al alcalde a las grandes inauguraciones. Sin embargo la rendición de cuentas continúa siendo hacia arriba –al son de “sí señor, como usted diga señor”-, y no hacia el ciudadano de a pie. Dinero mata a carita, y también a ideal constitucional.

Lo anterior viene a cuento porque la crisis económica ha abierto una inesperada ventana para explorar alternativas. Las participaciones federales a los gobiernos locales cayeron 21.3% en el primer semestre del año, colocando a cientos de municipios –de Yucatán a Baja California- al borde de la quiebra. En todo el país, los municipios están recortando servicios, cancelando obras o reduciendo sus nóminas. Tan solo en Coahuila, 16 municipios ya han solicitado al Congreso Local autorización para endeudarse, y el tsunami apenas comienza.

Contrario a lo que se piensa, la falta de liquidez de los Ayuntamientos no es pasajera. Aunque esta crisis ha complicado más las cosas, los tesoreros frecuentemente hacen malabares para lograr que los números cuadren. Dicha insolvencia crónica es producto de un diseño institucional que coloca a los municipios en una situación de permanente vulnerabilidad y dependencia. La solución no puede limitarse a “rescatar” o a “estabilizar” a los municipios, porque tarde o temprano volveremos a empezar. Si deseamos construir una autonomía real, es indispensable empoderar a los Ayuntamientos, poniendo a su alcance herramientas para que incrementen su captación de ingresos.

Las opciones pueden ser impopulares, y su implementación implica algunas ineficiencias. Sin embargo, muchas son más llevaderas que vivir en una ciudad en bancarrota, sin recursos para recoger la basura, mantener las calles o pagar a sus policías. Además del predial, ¿por qué no permitir a los municipios cobrar –si así lo consideran necesario- un impuesto local sobre alcohol y cigarros, o un sobre-cobro a la gasolina? ¿Por qué no romper el monopolio de LOTENAL y establecer loterías municipales? ¿Qué tal –Diosito me perdone- un IVA local?

Esta crisis representa una excusa ineludible para revisar la manera en la que financiamos a nuestras ciudades. El actual modelo no funciona, pues coloca a demasiados intermediarios entre los funcionarios que gastan los impuestos y los ciudadanos que los pagan. El resultado es una escasa vinculación entre ambos, que lleva a gastar de más y a pagar de menos. Los problemas financieros que enfrentan los municipios son síntoma de un problema más grande: El municipio libre es un mito.