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15 Jul
2009

Dejar de competir para ser competitivos

Desarrollo económico y empleo, Vanguardia

En un mundo donde el capital circula libremente, las políticas de desarrollo económico dominan la agenda de los gobiernos locales. Las obras y los programas más disímbolos se justifican bajo la premisa de generar y retener empleos. La palabra “competitividad” se utiliza igual para justificar la construcción un distribuidor vial que un subsidio millonario a una empresa privada; lo mismo para exentar impuestos, donar terrenos y construir ciudades satélite que para  intervenir en negociaciones sindicales. En nuestros estados y municipios, la paternidad de la llegada de nuevas industrias se disputa entre los políticos y se utiliza para calificar la eficacia del gobierno.

Esto es un tanto paradójico, pues las administraciones locales controlan pocas herramientas para impactar significativamente la actividad económica. Su voluntarismo es importante, pero están condenados a operar en los márgenes. No manejan la política monetaria, no regulan la entrada y salida de bienes de sus fronteras y no controlan los impuestos más importantes. Además, las estrategias locales son casi imposibles de evaluar. Cuando las cosas salen bien, se presumen como éxitos propios. Cuando no, siempre es posible culpar al Gobierno Federal o a las vicisitudes de la economía global.

Dada la dificultad para ligar una política pública específica a un número de empleos, los gobiernos locales sucumben a una terrible tentación: medir el éxito de sus intervenciones por el monto de los recursos invertidos. Esto es tan ridículo como evaluar un tratamiento médico por la cantidad de medicamento ingerido. Va un ejemplo reciente: El Gobierno de Coahuila anunció en Febrero un apoyo de $1.5 millones de dólares para evitar despidos en la planta de GM en Ramos Arizpe, sin poder decir a ciencia cierta si esta medida salvó 10 o 100 o 1000 empleos.

Lo que es peor, en los últimos años las oficinas estatales de “desarrollo económico” se han transformado casi exclusivamente en oficinas de “promoción de inversión extranjera”. Los funcionarios se dedican a armar paquetes para inversionistas, prometiendo siempre más que el estado vecino. Si Jalisco exenta el predial, Querétaro dona el terreno. Si Chihuahua subsidia la capacitación de los empleados, Coahuila construye una carretera hasta la puerta de la empresa. Inmiscuidos en esta dinámica, los gobiernos locales negocian desde una posición de desventaja. No saben, ni pueden saber, que ofrece el estado vecino y que tan cierta es la flexibilidad de la empresa para localizarse en otro sitio.

Los detalles de las negociaciones con las empresas se guardan bajo llave. Esta práctica podrá justificarse de mil maneras, pero marca un terrible precedente en términos de rendición de cuentas. Nunca he visto un reporte en el cual un gobierno local transparente el costo al erario por cada empleo atraído. Una vez cerrado el trato con el inversionista, nadie se preocupa por revisar si en verdad generó los empleos que prometió, o si cumplió sus promesas de utilizar proveedores locales. ¿Para qué?, si el éxito de la gestión está a la vista de todos, inmortalizada en esa foto del Gobernador inaugurando la nueva fábrica.

 

Este modelo de promoción industrial rindió frutos en una época de bonanza exportadora.  Sin embargo hoy representa una estrategia cara, poco sustentable y de alto riesgo. Así como un entrenador no puede poner toda su esperanza en el fichaje de un jugador estrella, los estados y municipios no pueden depender de la llegada del inversionista extranjero. Para triunfar, ambos requieren desarrollar a sus propias fuerzas básicas.

Y en esto estamos fallando. Los ingenieros mexicanos que trabajan en firmas como GM ya no sueñan con crear empresas o registrar patentes, sino en obtener su pase hacia los corporativos de Detroit o Nueva York. Me resisto a aceptar que esta crisis de emprendedurismo es característica cultural del subdesarrollo. Otros factores evitan que México siga los pasos de India, China y Brasil como gigante que despierta.

¿Falta de crédito? ¿Ausencia de tecnología? ¿Riesgos elevados para empresarios pioneros? Las causas son diversas, y por ello requerimos de una política de desarrollo económico dispuesta a experimentar con distintos remedios. El Gobierno Federal es demasiado pesado para hacer esto con suficiente agilidad, abriendo espacio para una contribución importante de los estados y municipios.

Tenemos 32 entidades federativas, y 32 laboratorios para probar diferentes estrategias. El único límite lo impone la creatividad local: fondos de capital semilla, programas de vinculación, subsidios a la investigación y desarrollo, establecimiento de misiones comerciales, y un largo etcétera. Replicando lo que funciona y compartiendo experiencias, los estados dejarán de ser competidores y comenzarán a ser competitivos.

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