Es entendible que las grandes obras públicas generen algo de oposición entre la población, sobre todo cuando los beneficios se dispersan entre millones de habitantes, y los costos se concentran en aquellos pocos que viven más cerca del proyecto. El ejemplo de antología es la oposición de los campesinos de Atenco a la construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Por más beneficios para la nación, el campesino afectado no puede concebir su vida sin su milpa. Para el, los beneficios del aeropuerto son mínimos (salvo que sea viajero frecuente), mientras que el valor de su tierra es infinito (ahí enterró al tío Juan). ¡Claro que va a protestar!

A pesar de su importancia, hay poco escrito sobre este tema en México. ¿Cuál es la dinámica de estas protestas, y que mecanismos de compensación serían factibles y justos para desatorar proyectos? ¿Qué estructura institucional podría funcionar para que estas discuciones formen parte del proceso de toma de decisiones, en un diálogo de ciudadanos con funcionarios, y no en un combate de machetes contra bulldozers? ¿Cómo podemos evaluar los costos para los afectados, y que estrategias podemos implementar para que estos participen de los beneficios prometidos por las obras?… y quizá más importante, ¿cómo podemos evaluar si el proyecto en verdad vale la pena, desde la perspectiva de la población y no del funcionario?

Esto pienso mientras leo en la revista académica del CIDE un artículo de Carlos Vilalta Perdomo: “El voto de la oposición al segundo piso del periférico”. En el texto, el autor analiza el plebiscito conducido por el Gobierno del DF en el 2002 para legitimar la más grande obra vial construida en la capital desde 1978. Como todos sabemos, el “sí” ganó, con 66% de los votos emitidos, y la obra es una realidad…

Sin embargo, el análisis estadístico-espacial conducido por Vilalta sugiere que aún tomando en cuenta factores de identidad partidista y de nivel socioeconómico, la oposición al proyecto fue mayor en aquellos distritos electorales contiguos a la obra. Este descubrimiento tiene graves implicaciones en materia de equidad. Aunque el costo de la obra para los vecinos más cercanos (en molestias por la construcción, ruido, congestión, estética urbana, etc) es sustancialmente mayor, su voto valió igual que el de aquellos capitalinos que viven lejos del periférico.

¿Qué piensan ustedes? ¿Hubiese sido justo sobreponderar los votos de los vecinos más afectados por la obra?

Foto: “Sin Retorno” de devilpato1

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Etiquetas: Infraestructura, participacion

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