Las autoridades municipales priorizan temas con alta rentabilidad electoral al definir su oferta de gobierno. Diseñan sus mensajes y construyen sus alianzas para agradar a quienes votan dentro de la circunscripción correspondiente. Como consecuencia las demandas de la población no residente, despectivamente denominada “flotante”, brillan por su ausencia en los cabildos. El aspirante a regidor en Ramos no busca acercarse a los trabajadores que viven fuera de su municipio. Los estudiantes que ocuparán la nueva Ciudad Universitaria no podrán usar la fuerza de sus números para voltear una elección en Arteaga. A pesar de que estos ciudadanos utilizan servicios y generan actividad económica, se pierden en el ambiente, como si fuesen parte inerte del escenario municipal. A la hora de articular demandas, presentar propuestas o despertar el interés de las autoridades municipales, ocupan el último lugar de la fila.

La invisibilidad de estos ciudadanos tiene explicación: No hay incentivos políticos para pensar regionalmente. La supervivencia electoral no depende de la construcción de éxitos metropolitanos, y nuestro sistema premia al munícipe que compite, no al que colabora con sus vecinos. Por ello es mucho más frecuente escuchar a un alcalde minimizar el trabajo del vecino que extender la mano con proyectos de coordinación. Aunque todos los habitantes de la metrópoli bebemos del mismo pozo, cada alcalde intenta llevar agua a su molino. El resultado dista de ser óptimo. En el contexto metropolitano, la competencia intermunicipal profundiza las desigualdades al interior de cada región y reduce la eficiencia en el ejercicio del gasto público.

Y vaya que hay temas que requieren de trabajo en equipo. El crimen no respeta las fronteras jurisdiccionales de las policías municipales. Al usuario no le importa si la ruta que lo transporta es regulada por una ciudad u otra. Las empresas que buscan instalarse en la región aprovechan sin miramientos la guerra de incentivos que fomentan los promotores industriales. Compartimos cuencas acuíferas que se agotan y la contaminación del aire afecta a todos por igual.

Si los temas más importantes para la vida urbana contemporánea tienen carácter metropolitano, debemos adecuar nuestras instituciones. Ceder la atención de estos temas al Estado, a la Federación o a quien levante la mano es renunciar al control local de nuestros problemas. Aunque parezca contradictorio, requerimos de colaboración metropolitana para proteger la autonomía municipal y para salvar a los Ayuntamientos de la irrelevancia.

¿Cómo lograr que el Alcalde de Ramos sea premiado políticamente por servir a los saltillenses que entran diariamente a su municipio? ¿Cómo fomentar que los regidores de Saltillo evalúen las consecuencias de sus decisiones sobre los pobladores de Arteaga? ¿Cómo construir una identidad regional basada en la colaboración y no en la competencia?

Comencemos por crear un espacio para buscar las respuestas. El 11 de junio de 2007, los municipios de Torreón, Lerdo y Gómez Palacio formalizaron su intención de asociarse como “Zona Metropolitana de La Laguna”. Matamoros se incluyó un año después. Dicho esfuerzo no solo permitió acceder a fondos federales adicionales, sino que brindó la excusa para detonar un proceso de integración que continua. En cambio, la agenda metropolitana del sureste de Coahuila todavía depende de las buenas relaciones entre los alcaldes, o del programa de obras del Gobierno Estatal.

Nuestros municipios no son islas, y las decisiones que toman o dejan de tomar sus gobernantes tienen implicaciones prácticas e inmediatas para quienes utilizan la ciudad, sean residentes o no. Los habitantes de esta metrópoli vamos en el mismo barco y enfrentamos las mismas tormentas. Es tiempo de que nuestras autoridades comiencen a remar juntas.

Imagen Isola Bella
por piotr.amigo