Pronto me encontré sobre una deteriorada y angosta vía saturada por destartaladas unidades de transporte público y mototaxis. “Algunos de ellos van hasta Flor del Campo”, dijo el chofer, mientras un SAI ofrecía minutos de 99 a los transeúntes. “Pero no todos. Muchos van a Barranquilla, a otras ciudades. Estamos en la salida de Cartagena”.

Finalmente llegamos a la tierra prometida. Entendí por fin la testarudez de doña Rita, avecindada sin papeles en un barrio sin drenaje (“a mí de Loma Fresca me sacan muerta”). En cambio, Flor del Campo es un fraccionamiento en medio de la nada, donde los pobres comparten su aislamiento en casas iguales. Cierto, tienen servicios y piso y minutos de 98 pesos. Pero no hay escuela ni estación de policía ni hospital ni supermercado ni oportunidades de trabajo cercanas. El propietario de la pequeña tienda de abarrotes del complejo hace su agosto, como el tipo que oferta minutos de celular. Esa tiendita es lo único que salva a los vecinos de un trayecto de dos horas y media al céntrico Mercado de Bazurto. Ese teléfono es la última conexión con la vida urbana que dejaron kilómetros atrás.

Entristece observar cómo en la Latinoamérica contemporánea repetimos los mismos errores de los planificadores urbanos de los 50. Abrumados por la necesidad de dar soluciones rápidas al déficit de vivienda, continuamos desarrollando esquemas superficiales que en el mejor de los casos posponen los problemas y en el peor los profundizan irremediablemente. Observo Flor del Campo en Cartagena y pienso en los cientos de fraccionamientos monótonos y masivos financiados por el Infonavit en la periferia de las ciudades de México.

Parece que la creatividad está agotada. La estrategia de construir enormes complejos de bajo costo en las orillas urbanas domina la política de vivienda en el continente, y pocos la cuestionan. Sin darnos cuenta, generamos una política de segregación social que lleva a la creación de guetos para pobres. Todo lo que les damos en calidad de vivienda les cobramos con costos de traslado. Todo lo que les entregamos en certidumbre jurídica les quitamos en pérdida de capital social y sentido de pertenencia comunitaria. Y quedamos debiendo.

Sin embargo, existen alternativas. En ciudades con gran demanda inmobiliaria (Cartagena, el DF) es posible vincular permisos de construcción y políticas sociales. La idea no es cubana ni china ni rusa. Es práctica habitual en Boston o Curitiba. Aquel desarrollador que quiera construir una torre de apartamentos del lujo debe contribuir a un fondo de vivienda social o reservar algunas unidades dentro del proyecto para personas de escasos recursos. Sin cumplir con ese requerimiento, no hay permiso. Punto. Dicha política es utilizada para mitigar la despiadada fuerza del mercado que termina por desplazar y concentrar a los más pobres.

En el camino de regreso a Cartagena un colorido letrero reafirma el aislamiento que sufren los habitantes de fraccionamientos como Flor del Campo. “American Roasted Chicken. Muy cerca… a tres kilómetros”.