Publicado en Vanguardia el 26 de abril, 2007

Onesimo Flores Dewey

A nadie le gusta pagar el impuesto predial, sobre todo si no lo vemos reflejado en mejores servicios públicos. Por su impopularidad, los gobernantes hacen como que cobran, mientras nosotros gustosos hacemos como que pagamos. El resultado es trágico: arcas municipales periódicamente vacías y una dependencia absoluta en la Federación y en el Estado para sacar obras adelante.

El caso de dicho impuesto en la capital del Estado es digno de atención. Saltillo recauda vía predial poco menos del 10% de sus ingresos, por debajo del promedio de ciudades de su tamaño. Por poner un ejemplo, doloroso dado nuestro regionalismo exacerbado, Torreón recaudó de predial casi $44 millones de pesos más que Saltillo en el 2006, con una población menor y número de predios comparable. No es poca la diferencia: dicha cantidad es suficiente para cubrir el 90% de la deuda de la ciudad.

Existen varias hipótesis para explicar este fenómeno. Podría ser que los valores catastrales todavía están lejos de reflejar el valor comercial de las propiedades. A lo mejor las tasas son muy bajas, y no hay consenso político para subirlas. O quizá simplemente el Ayuntamiento no es eficiente recaudador.

El Instituto Coahuilense del Catastro tiene publicados en línea números que sugieren parte de la respuesta (ver mi post anterior, inclui fotos de las tablas). En el 2006, 43% de los propietarios de predios en Saltillo faltaron con su obligación ciudadana. Ahí si, estamos fallando. Aunque es mucho lo que el Ayuntamiento puede y debe hacer para facilitar el pago -por ejemplo Gómez Palacio, Durango acaba de anunciar que se podrán consultar saldos de predial por celular-, la responsabilidad cívica es intransferible.

La poca autonomía financiera del municipio tiene grandes implicaciones. En primer lugar, le quita flexibilidad al alcalde, pues tiene que someterse a las prioridades programáticas del Estado y Federación. En segundo lugar, es una excusa infalible que da lugar al “no hay, no se puede”. Finalmente, pone en riesgo el atractivo de la ciudad para los inversionistas.

La calificación que Standard and Poor’s le da a la ciudad es relativamente alta (mxA+). Sin embargo, tras su revisión de Noviembre 2006 esta fue colocada en “revisión especial con implicaciones negativas (credit watch negative)”. Esto no es poca cosa, Saltillo es actualmente la única ciudad con dicha tarjeta amarilla en el país.

Aunque la principal explicación está en el agresivo plan de endeudamiento para obra de esta administración, S&P advierte lo siguiente en su reporte: “La flexibilidad financiera del municipio sigue siendo limitada. A pesar del potencial de recaudación proporcionado por la sólida base económica del municipio, Saltillo continúa registrando ingresos propios como porcentaje de sus ingresos operativos inferiores al promedio registrado por los municipios calificados por Standard & Poor’s en México (33.2% vs 38.9% en 2005)”.

Una dimensión más del problema tiene que ver con las características del proceso anual para fijar el impuesto predial. ¿No le parece que deberían ser el Alcalde y su Cabildo los responsables? Solo controlando su política de ingresos podrían nuestras autoridades ser más proactivas con los egresos. Piénselo: ¿Quien se avienta el boleto de proponer una transformación del Centro Histórico o un rediseño del sistema de transporte público sin contar con las herramientas financieras necesarias?

El proceso debería ser una dialogo entre quien cobra y quien paga. Un acuerdo sin intermediarios en el que el gobernante ofrece obras y servicios concretos a cambio de nuestra contribución. Solo en esos términos podríamos establecer una cultura efectiva de rendición de cuentas.

Pero este no es el país de la maravillas. Quien fija las tasas del impuesto predial es el Congreso del Estado y no el Cabildo. Por razones evidentes, los diputados locales tienen prioridades que no necesariamente se alinean con las del municipio. Para muestra un botón: El Congreso Local ha fijado tasas de predial por debajo de las de la tenencia vehicular. Así como se oye, se cobran más impuestos por un carro que por una casa. No es sorpresa, pues la tenencia va para el Estado mientras el predial va a las arcas municipales.

Hablar de impuestos es sin duda impopular. De hecho, es el camino más rápido a una derrota electoral y al desempleo político. Sin embargo, en este espinoso tema se encuentra la llave para transformar la ciudad.

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Etiquetas: finanzas, impuesto, predial

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